V Encuentro sobre Racismo y Genocidio

El 19 y 20 de noviembre del año en curso, 380 mujeres y hombres de 101 organizaciones sociales que trabajan, entre otros, en los temas de Derechos Humanos, Justicia y Memoria Histórica – e incluyendo varias organizaciones que ACOGUATE acompaña o ha acompañado – participaron en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. Desde 2003, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han organizado este encuentro anual con el objetivo de crear un “espacio para debatir, reflexionar y sensibilizar entorno al racismo y el genocidio en Guatemala, sus causas, la necesidad de recuperar la memoria histórica y luchar por la justicia en las graves violaciones de derechos humanos.” El Encuentro se celebró bajo la lema de Justicia y Resistencia, garantías de la NO repetición.

Ponencia Inaugural – Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición
La ponencia inaugural del Encuentro, en la cual participaron Marc Drouin, Edgar Pérez, Luís Alexis Calderón y Florentino Gregorio Pérez, se hizo bajo el tema Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición. Pérez y Calderón presentaron, respectivamente, acerca de la sentencia y la apelación que se dieron en el caso de Río Negro, aldea de Rabinal, Baja Verapaz (Véanse artículos anteriores de este blog), mientras Florentino Gregorio Pérez habló acerca de la Jurisdicción Universal.

Destacaron unos elementos de la ponencia de Marc Drouin, quien expuso las conclusiones de investigaciones que había llevado a cabo en 2005. En su presentación, “El genocidio guatemalteco de 1982”, Drouin discutió sobre la definición de genocidio según la ley internacional y la aplicación de tal calificación a los crímenes cometidos en el altiplano guatemalteco a principios de los años 1980. Explicó que en estos años, el ejército guatemalteco siguió el mismo modus operandi en los ataques que cometió en contra de poblaciones indígenas en casi todo el altiplano guatemalteco, en distintas zonas y destacamentos militares –demostrando la intención genocida con la cual actuó el ejército guatemalteco. También planteó que una de las posibles ‘motivaciones’ tras esta intencionalidad de exterminar a las poblaciones Mayas se encuentra en el movimiento cooperativista que representaba un intento de parte de las poblaciones indígenas de organizarse para buscar su propio camino hacia el desarrollo y su independencia económica. Esta voluntad de buscar “una manera de no ir a la costa,” como explicó Drouin, ponía en peligro el esquema económico dominante que desde la colonización española está basado en la explotación de la mano de obra barata que representa la población indígena despojada de tierra y con escaso acceso a modos de producción.

A continuación, los participantes se dividieron en varias mesas de trabajo según diferentes áreas temáticas. Entre ellas estaban los temas de “Mujeres y Resistencia” y la “Re-militarización”.

Mesa de trabajo “Mujeres y Resistencia”
En el seminario “Mujeres y Resistencia”, se juntaron unas 40 participantes para discutir y compartir acerca de las formas en las cuales las mujeres están resistiendo en la coyuntura política actual. Andrea Barrios, representante del Sector de Mujeres abrió la mesa de trabajo presentando la experiencia que tuvo esa agrupación de mujeres en movilizarse y luchar para organizarse y tener un espacio como mujeres en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Explicó que en ese entonces, se planteó que el conflicto armado interno había afectado a las mujeres en una forma específica y que, por lo tanto, se tenía que incluir en los Acuerdos de Paz una respuesta específica. También se planteó que para mujeres Mayas durante el conflicto armado, el papel de reproducción social tomó un carácter de resistencia: el hecho de dar a luz y de cuidar niños en medio de una campaña genocida así como de mantener vivas costumbres, culturas e idiomas era de enfrentarse al intento de genocidio del ejército guatemalteco.

Barrios planteó que una confluencia de factores históricos se ha sumado para formar estructuras de poder – patriarcado, racismo, capitalismo neo-liberal – de las cuales estaban, y sigue siendo excluida la mayoría de las mujeres. El Sector de Mujeres ha llegado a un análisis de que, dada esta realidad, para muchas mujeres la resistencia empieza desde su casa y que el hecho de organizarse ya es una forma de resistencia. Asimismo, la idea sería empezar la resistencia desde lo personal y de vincularla a luchas sociales más amplias, es decir, recuperar espacios y territorios empezando con sus propios cuerpos.

Mesa de trabajo “Re-militarización y Acuerdos de Paz”
En la mesa de trabajo acerca del tema de “Re-militarización y Acuerdos de Paz”, Amilcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, hablaron sobre una nueva forma de militarización que se está dando en la coyuntura actual. Mencionaron al mismo tiempo que Guatemala ha sido militarizada permanentemente desde la revolución liberal en el año 1871. Afirmaron que, a pesar de que los Acuerdos de Paz de 1996 consignaban que el ejército tenía que redefinir sus funciones, su papel sigue igual. Justificando su presencia en algunas regiones por la presencia de narcotraficantes y por el aumento de violencia y delincuencia, el ejército sirve todavía hoy de herramienta para la estructura económica, imponiendo una estabilidad que asegura la explotación masiva de los recursos naturales y las inversiones extranjeras, y que mantiene fijos los poderes económicos. Pop y Canteo añadieron que, por lo visto, no es una casualidad que las áreas más re-militarizadas hoy en día se ubiquen cerca de los megaproyectos capitalistas.

Los ponentes en esta mesa de trabajo concluyeron que a casi doce años de la firma de la paz, el Estado guatemalteco no ha cumplido con las responsabilidades de justicia transicional que debían seguir los acuerdos de paz, sean la verdad, la justicia, la reparación, y la desmilitarización del país. También insistieron en la importancia de romper la impunidad, de la cual se beneficia el Ejército, relacionada tanto con eventos del conflicto armado como con eventos más recientes, para que exista una garantía de no repetición de los actos de genocidio y un ejercicio democrático funcional en el país.

“Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación”
En el foro de la mañana del 20 de noviembre, Luís Ramírez, Edgar Morales, Ramón Cadena y Alejandro Rodríguez presentaron sus ponencias como parte del foro titulado “Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación.”

Dos ponencias destacaron de este foro: la presentación de Edgar Morales, quien expuso el tema del punto de vista de los medios de comunicación, así como la presentación de Alejandro Rodríguez quien habló del punto de vista del Sistema de Justicia

Morales explicó que la mayoría de los medios de comunicación en Guatemala son medios comerciales de propiedad extranjera que tienen un objetivo fundamental lucrativo (y no informativo) y que, por lo tanto, no están actuando en el interés de la mayoría de los guatemaltecos. Afirmó que no piensa que sea muy probable que estos “des-medios de comunicación” se sumen a la lucha de los que buscan la justicia por un conflicto armado “que ellos mismos se encargaron de ocultar”. 2 Al contrario, propuso que, para que los medios de comunicación puedan contribuir a garantizar la no repetición de los hechos cometidos durante el conflicto armado interno, habría que empezar por la construcción de nuevos medios de comunicación alternativos y de mecanismos o redes propios de información en las comunidades.

En su ponencia, Alejandro Rodríguez, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), ofreció una exposición de cómo Guatemala se construyó históricamente como un estado racista y colonial basado en la exclusión y la explotación de los pueblos indígenas; en resumen: un estado de apartheid. Expuso también que, a pesar de que han estado sometidas a condiciones mínimas de existencia, los pueblos indígenas se han rebelado a lo largo de la historia del Estado guatemalteco para resistir a estas condiciones. Según Rodríguez, es esta lógica que condujo al Estado guatemalteco a adoptar las masacres y el genocidio como una política contra-insurgente en los años 1980. Por lo tanto, afirmó que el proceso de transformación del MP y de construcción de una Fiscalía de Derechos Humanos capaz de dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas no sólo es una forma de garantizar la no repetición sino también el cumplimiento de una “deuda histórica.”

Este último foro del V Encuentro sobre Racismo y Genocidio se terminó con una recomendación por parte de Ramón Cadena que invitaba a evitar caracterizar esta lucha por la verdad y la justicia como “utópica” – que significa que nunca se puede alcanzar – porque sí es alcanzable, precisando que la presencia en la sala de sobrevivientes y familiares de víctimas “atestigua que hay gente que tiene ánimo para seguir y que están buscando este cambio.”

Escrito por ACOGUATE
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Notas
1 Declaración Política “Justicia y Resistencia, Garantías de la No Repetición” Quinto Encuentro Sobre Racismo y Genocidio en Guatemala.
2 Edgar Morales, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
3 Alejandro Rodríguez, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
4 Ramón Cadena, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.

Finca Nueva Linda: Entrevista con Bety Reyes Toledo

El 31 de agosto del 2008 el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda marcó el cuarto aniversario de un desalojo violento y el quinto aniversario de su lucha exigiendo justicia por la desaparición del ex-administrador de la Finca Nueva Linda Héctor Reyes. Desde su desaparición en 2003, la familia de Héctor Reyes y el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda han presionado al Estado de Guatemala para que se esclarezca el caso. En 2004, la ocupación de la finca por parte del Movimiento como medida de presión resultó en uno de los desalojos más violentos en años recientes, durante el cual se murieron 9 campesinos y 3 policías, cuando la seguridad de la finca y las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron a los campesinos el 31 de agosto del mismo año. Posteriormente, el Movimiento se instaló en unas champas a la orilla de la carretera frente a la entrada de la Finca Nueva Linda para seguir exigiendo justicia en el caso de Héctor Reyes y el caso del desalojo.

El 30 de agosto de este año se juntaron para marcar el aniversario a la orilla de la carretera, celebrando el día después una misa para dar homenaje a los que se murieron durante el desalojo del 2004. El 1 de septiembre centenares de personas marcharon en la capital departamental de Retalhuleu para exigir la justicia ante las autoridades.

A lo largo de su estancia a la orilla de la carretera, el grupo ha sido víctima de amenazas e intimidación por parte del finquero y la seguridad de la finca. ACOGUATE ha acompañado el grupo desde 2006.

ACOGUATE: Son años que están llevando esta lucha. ¿Cuál es su impresión de esta larga lucha?

BRT: Ya [llevamos] cuatro años de lucha en la carretera. No hay nada fácil de estar allá resistiendo en la lucha, pero nosotros decimos de que le vamos a echar ganas donde podamos nosotros para ver que se esclarezca la desaparición de mi padre. Ya llevan 5 años desde la fecha en que se le llevaron y nosotros no sabemos nada. Por esos motivos, todavía seguimos allá en la orilla de la carretera. Nosotros no nos quitamos de allí hasta que se esclarezca la desaparición de mi padre, qué hicieron con él, hasta que se haga justicia.

ACOGUATE: Aparte del caso de Héctor Reyes, también hay el caso de la masacre [del desalojo en 2004]. ¿Cómo está el otro caso?

BRT: Igual está, no avanza el caso de 31 [de agosto]. Varios compañeros se murieron ¿y quién fue responsable? [El finquero] y las autoridades que vinieron a la par [de la seguridad de la finca]. No hay nada en este caso que avanza. No se ha hecho nada para que se haga justicia.

ACOGUATE: ¿Nos puede contar de las actividades del aniversario?

BRT: Estuvimos en el aniversario de 31 de agosto que se realizaba. Se hizo una actividad allí. Se puso una película donde se mira todo lo que pasó el 31 de agosto. Hubo mucha gente apoyando, recordando lo que pasó el 31 de agosto cuando se murieron los compañeros allí en el desalojo. Nos parecía bonito. La marcha del lunes también [estuvo bonito] porque hubo mucha gente. Así puede presionar al Ministerio Público para que puedan ellos agilizar o puedan hacer el caso que avance. Si no miramos nosotros de que sí, ellos nunca van a tomar los papeles a la mano y decir lo vamos a hacer. Tal vez haciendo estas marchas puedan tomar ellos de que estamos todavía nosotros viendo, que todavía estamos nosotros exigiendo la justicia.

ACOGUATE: ¿Cómo es la relación con las autoridades, por ejemplo el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el actual gobierno del Presidente Álvaro Colom?

BRT: No hemos visto ni un avance en el Ministerio Público. No hemos visto qué es lo que se ha hecho. No hemos visto que ellos tengan voluntad de hacer algo, de hacer que se capturen a los responsables. Si ellos estuvieran investigando ya se hubiera avanzado en algo pero no hay nada del caso, se está quedando...Ya cinco años, no es justo de que no se esclarezca la desaparición de él

Sabemos que los responsables todavía andan sueltos y tenemos nosotros la prueba que ellos lo fueron a traer, [el finquero] y [un miembro de la seguridad privada de la finca] y no hay nada de que ellos los puedan capturar. El Ministerio Público no hace nada para agilizar que se haga justicia.

De la PDH [Procuraduría de Derechos Humanos] no hemos tenido nada de información, tal vez voluntad no hay para seguir apoyando el grupo de Nueva Linda.

Hubo cambio de gobierno y [con] el cambio que hubo no se ha visto nada. Vamos en el cambio de gobierno quien es Álvaro Colom, con él no tenemos ni una esperanza tampoco. Nunca hemos tenido la reunión con ellos. No nos han escuchado a nosotros.

ACOGUATE: ¿Como ha sido la relación con los supuestos agresores, y también con la seguridad de la finca?

BRT: Ha sido un poco difícil con ellos porque nosotros estamos en la orilla de la carretera, los tenemos casi a la par. Hay momentos que las seguridades nos han sacado corriendo. Ellos nos han venido presionando. Intentaron envenenar el agua del chorro. Ocho días antes de que nosotros nos fuimos a Europa, fueron a tirar unas golosinas con veneno en el rancho para que las criaturas las comieran. Es una situación muy dura. Estamos amenazados por parte del finquero, también la seguridad del [finquero]…tenemos aquel temor de que nos puedan venir a hacer algo. No podemos estar tranquilos. Ellos saben que nosotros estamos peleando la ida de mi papa y para ellos no es fácil que nosotros estemos siguiendo esta lucha, entonces nosotros tenemos miedo que algún día nos puedan venir a hacer algo.

ACOGUATE: ¿Cómo es la situación del grupo, cómo es el ánimo del grupo de seguir? ¿Que tipo de apoyo ha recibido?

BRT: Nos han venido apoyando varias organizaciones que nos están echando la mano, dándonos el apoyo. Y por otro lado nos ha estado apoyando gente que mira que estamos en esta situación. Tal vez va a haber más gente, y así tal vez va a haber más presión. Ahorita nosotros sentimos más contentos, porque hay más apoyo con tanta gente que nos ha venido a apoyar. Ellos han decidido también a aguantar esta lucha [hasta] que haya justicia.

ACOGUATE: También ha hecho unos viajes. ¿Cómo ve esto de hacer público el caso a nivel internacional?

BRT: Tuvimos la gira en Europa. Yo fui allá por casi un mes. Hicimos el esfuerzo para ir a dar a conocer toda la impunidad que se está viviendo aquí en Guatemala...la verdad es que no es solo uno sino hay un montón de casos. Nosotros queremos llevar este caso que se esclarezca y que no haya todos los casos que andan en la impunidad.

Tal vez por medio de allá todos los países donde nosotros fuimos puedan presionar al gobierno de acá de Guatemala para que se agilice justicia, para que no todo se quede en la impunidad…nosotros tenemos bien claro de que ellos fueron responsables y, saber, con el apoyo de la gente que está alrededor nuestro, podamos lograr lo que nosotros estamos pidiendo, que se haga la justicia.

ACOGUATE: ¿Y a usted personalmente cómo le ha afectado esta lucha?

BRT: Para nosotros ha sido difícil cinco años de que él no ha estado. Es duro que hayan hecho esto con él porque con toda la gente él tenía amistad, nunca se portó mal con la gente. Él era bueno con todos...

Es duro llevar una lucha ya de cinco años, estar en la orilla de la carretera. Nosotros tenemos hijos y hay que darles estudios y estando uno allí uno no tiene como va a poder darles los estudios a los hijos. Hay momentos de que se enferma un hijo, uno no [puede] decir tengo a la mano de todo para poderlo sacar a un médico. No lo tenemos...

Pero nosotros hacemos lo posible para luchar para que el secuestro, el asesinato de mi papá no se quede en la impunidad. Estamos dispuestos seguir hasta ver hasta dónde se llega la justicia. Llegamos a creer que un día se va a esclarecer lo que hicieron con él.

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Entrevista: ACOGUATE
Foto: ACOGUATE

Los Trabajadores de Salvavidas - SITRAPETEN (Ver abajo entrevista con un generente de SITRAPETEN)

En los primeros días de mayo varios de la empresa Salvavidas, propietaria de la Corporación Castillo Hermanos, fueron despedidos después de formar un sindicato, SITRAPETEN. El proceso de formalización del sindicato empezó en febrero de 2007, pero, según los trabajadores, el ministerio de trabajo había rechazado la solicitud de formar la agrupación. Como resultado, no fue hasta los principios de este año que lograron la inscripción en dicha institución. A lo largo de estos trámites, los trabajadores fueron presionados para que desistieran de su actividad sindical y finalmente despedidos en mayo de este año. En protesta a este despido, el grupo de 41 afiliados instaló un campamento en frente de las instalaciones de la empresa en un intento de sacar a la luz pública su situación y exigir su reinstalación. ACOGUATE ha estado acompañando al grupo desde mayo de este año.

El despido de los trabajadores de la distribuidora Peten de Salvavidas era solo una parte en una serie de acontecimientos que acompañaron el largo proceso de sindicalización. El grupo de trabajadores hizo el primer intento inscribir a SITRAPETEN en el Ministerio de Trabajo en febrero del 2007 con el propósito de establecer una posición más fuerte en negociaciones con la empresa, la Corporación Castillo Hermanos, y exigir un mejoramiento de las condiciones laborales que, como señala un trabajador, eran muy difíciles:

“La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá, que, aparte de exigirnos cuotas exageradas, […]también necesitábamos un poco mas de salario, porque prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. […] Tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque sino, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y nosotros no teníamos estudio.”

Pero la primera solicitud de inscripción al igual que los cinco intentos posteriores fue rechazada por el Ministerio de Trabajo, bajo el argumento de que la información presentada era incorrecta. Según los trabajadores, la postura dilatoria del Ministerio de Trabajo estaba obviamente vinculada a las presiones que la empresa estaba ejerciendo. La tramitación de SITRAPETEN fue acompañada por presiones continuas a los trabajadores y sus familias por parte de representantes de la empresa indicándoles de desistir de sus actividades sindicales. “Hemos recibido diferentes intimidaciones… tanto como amenazas de muerte, diciéndonos que tienen bastante gente mala para contratar y suficiente dinero incluso para pagar multas y salir inculpables.”

Varias fuentes señalaron que la Corporación Castillo ya utilizó estas tácticas para combatir organizaciones sindicales en sus empresas en diferentes momentos en el pasado. Entre ellos figuran amenazas de muerte a los lideres sindicales, presiones a los afiliados para que se renunciaran y el soborno de lideres sindicales. De esta manera, la corporación logró debilitar y destruir varios sindicatos, entre ellos, el Sindicato de Trabajadores de Cervecería Centroamericana.


Así en el caso de SITRAPETEN, en febrero de 2007, cuando la empresa se dio cuenta de los trámites de sindicalización empezados por el grupo, despidió a 13 de los afiliados. Después de una huelga de otros trabajadores en apoyo a los compañeros despedidos, la empresa aceptó reintegrarles. Sin embargo, al mismo tiempo empezaron una demanda en contra de los trabajadores, que finalizó con una multa equivalente a 13 salarios.

Posteriormente, una parte de los trabajadores siguió con los trámites para la inscripción del sindicato y a principios de este año se notificó que la aprobación había sido exitosa. Pero los acontecimientos tomaron un nuevo rumbo a principios de mayo, cuando, a pocos días después del día internacional de trabajo, la empresa convocó a los trabajadores a un supuesto taller de capacitación que se realizara en diferentes lugares. Una vez reunidos los diferentes grupos, representantes de la empresa informaron a los trabajadores que deberían renunciarse de Distribuidora Peten, ya que esta se había quebrado y que ellos estarían trasladados a otras empresas.

Sin embargo, algunos de los trabajadores no se pusieron de acuerdo. Salieron de la reunión por considerar que la acción de la empresa era ilegal, que violaba sus derechos laborales, y que no seguía los procedimientos legales de quiebra. Por unos, solo lograron salir de la reunión después de llamar a la policía dado que personal de seguridad de la empresa estaba impidiendo su salida tratando de obligarles a firmar su carta de renuncia.

Inconformes con las medidas presentadas por la empresa, los trabajadores se trasladaron a las instalaciones ubicadas en el Zapote de la ciudad capitalina y bloquearon el portón principal para evitar que la empresa sacara el inmobiliario y los camiones. En el transcurso de la mañana, se presentaron miembros de seguridad privada que rodearon a los trabajadores, agrediéndoles con bastones y tubos e amenazándoles con armas. Varios trabajadores quedaron agredidos mientras un grupo de diez trabajadores fue ingresado a la fuerza en las instalaciones de la empresa por los agentes de seguridad donde les mantuvieron retenidos hasta la medianoche de este día. A esta hora llegaron policías antimotines, que en conjunto con los elementos de seguridad privada desalojaron a los trabajadores.

Al día después de este desalojo los trabajadores que fueron despedidos instalaron un campamento en frente de las instalaciones de la empresa interpretando su despido como una consecuencia de la formación del sindicato y como una estrategia de la Corporación Castillo Hermanos para evitar la formación de sindicatos en su empresa. Las primeras mesas de dialogo hasta el momento no dieron resultados. La empresa negó la violación de los derechos laborales pero los trabajadores no renunciaron a sus exigencias, su inmediata reinstalación y su derecho a la organización sindical. Varios trabajadores comentaron que la empresa está utilizando tácticas dilatorias para alargar el proceso y desmoralizar al grupo. Al igual, hubo ofertas de dinero y llamadas telefónicas presionando a varios miembros de SITRAPETEN de renunciarse al sindicato y a sus reivindicaciones.

Con el objetivo de sacar a la luz pública la situación de las violaciones y intimidaciones que están sufriendo, se organizó una marcha para el 18 de julio que también sirve para llamar la atención internacional y dar a conocer las dificultades que enfrenten los sindicatos en el país. “Yo siempre he dicho que esto no es un golpe solo para nosotros, sino que es un golpe para el sindicalismo en general porque en todos lados se sufren diferentes amenazas a la sindicalización.” Un informe de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, afirma esta postura ya que señala que los sindicatos en Guatemala han sido el grupo de defensores más amenazados y atacados en el primer semestre de 2008.

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Escrito por ACOGUATE
Fotos por ACOGUATE
Referencias:

1) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
2) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
3) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
4) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
5) Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Informe Preliminar de Situación de Defensoras y Defenores de Derechos Humanos, enero-junio 2008.
6) Un miembro del grupo fue herido a balazos cuando estaba enfrente de una tienda cerca de su casa. Tres otras personas, no conocidos por el afiliado, fallecieron en el ataque. Unas fuentes vinculan el ataque a su actividad en SITRAPETEN.
7) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.

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ENTREVISTA CON ÁLVAREZ GUEVARA - SECRETARIO GENERAL DE SITRAPETEN

Edwin Enrique Álvarez Guevara es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Distribuidora del Peten (SITRAPETEN) compuesto de trabajadores de la distribuidora de agua pura más grande en Guatemala, Agua Salvavidas. Después de su despido, que vinculan a sus actividades por organizarse en un sindicato, los afiliados de SITRAPETEN instalaron un campamento en frente de las instalaciones de Salvavidas, una empresa integrada en la Corporación Castillo Hermanos. Cuarenta y uno de los ex-trabajadores están actualmente participando en el campamento desde el 3 de mayo 2008 luchando por su reinstalación. Además los afiliados exigen que se suba la cantidad de dinero recibido por garrafón vendido y que se dé una cuota diaria más justa. ACOGUATE ha estado acompañando a SITRAPETEN desde finales de mayo 2008.

¿Cómo eran las condiciones de trabajo antes de que empezaron a organizarse ustedes?
Las condiciones de trabajo eran siempre por comisión, lo único es que ellos [de la empresa] exigían un volumen de venta bastante exagerado para que uno les generara más ganancias para ellos porque para nosotros es poco que ganamos por comisión. Pero ellos por un garrafón generan una cantidad de ganancia barbara. Entonces, es por eso que le obligaban a uno a cumplir cuotas exageradas.

¿Cuántas personas en total estaban trabajando en la Salvavidas aquí?
En total, acá en Guatemala, habían 638 personas trabajando.

¿Por qué surgió la necesidad de organizarse?
La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá....habían veces en que veníamos ya tarde, y como no cumplíamos la cuota nos regresaban a que la cumpliéramos… y no se vendía nada y simplemente veníamos otra vez acá pero ya bastante tarde, cuando estaba la noche. También necesitábamos un poco más de salario…prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. Entonces, ellos no reaccionaban ante la situación y por eso fue que se dio la organización.

¿De esos 638 trabajadores, cuántos se están organizando con ustedes?
Al principio, fueron 114 trabajadores los que nos organizamos—después del comité que eran 13…Pero la empresa coaccionó a muchos trabajadores, dándoles dinero. Entonces, consiguió las renuncias de la mayoría de trabajadores quedándonos así con 19. De eso, se metieron seis papelerías a la inspección de trabajo y la reacción del Ministerio de Trabajo era esperar de que la empresa presentara los desistimientos….Se ponía de acuerdo la gente del Ministerio de Trabajo [con] la empresa, para hacer tiempo, para [que] ellos lograran asustar a la gente…les hacía una serie de amenazas. Al final la gente terminaba renunciando al sindicato—un famoso desistimiento.

¿Qué tipos de amenazas hicieron?
Hicieron varias amenazas. Les decían que si ellos seguían en la organización sindical, no iban a conseguir trabajo…que la organización sindical nunca se iba a llevar a cabo.

¿Qué quieren lograr ustedes con la organización?
Lo que se pretende lograr con la organización es que tanto el empleador como el trabajador se compartan las ganancias. Es lógico que el empresario siempre tiene que ganar más, pero por lo menos que al trabajador se le pague lo justo—es cosa que acá en esta empresa no se había dado. Entonces, lo que queremos nosotros es lograr una estabilidad laboral—que tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque si no, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y no a nosotros que no teníamos estudio.

Descríbanos el proceso de organizar su sindicato.
El proceso empezó un día 4 de febrero 2007. Decidimos con 13 compañeros armar el conflicto colectivo, haciendo un comité ADOP. Entonces, firmamos el acta el día 4. El día 9 nos sentamos ante la inspección de trabajo. La inspección de trabajo reaccionó con mandar a notificar a ellos ese mismo día. Y ellos reaccionaron con despedir a los 13 trabajadores.


…Nosotros no les firmamos a ellos ningún documento y empezamos a explicarle a [los demás trabajadores] que nosotros lo que habíamos hecho era armar un comité para que velara por todos los trabajadores y debido a eso, la gente - como no nos reinstalaban y habíamos puesto las denuncias en el juzgado - la gente decidió tres días después, un día martes 13 de febrero, de paralizar labores. Entonces, ellos [los encargados de la empresa], ya haciendo como las 6 de la tarde, dijeron que sí nos iban a reinstalar. Pero después se firmó el acuerdo donde ya nos iban a reinstalar a los 13 trabajadores. Luego de eso, ellos optaron por meternos un juicio donde decía que nosotros habíamos paralizado los labores y que ellos tenían una pérdida de 400 mil quetzales por ese día y que nosotros teníamos que pagárselos porque nosotros eramos culpables de eso.

También, nos han amenazado de muerte. Entonces, vía telefónica y también nos han dicho así verbalmente algunos supervisores que la empresa es bastante poderosa como para contratar sicarios y mandarlos a matarnos. Entonces, que desistamos de la organización porque nunca se va a llevar a cabo.

¿Cómo era el proceso de legalizar el sindicato de ustedes?
El proceso de legalizarlos el sindicato fue bastante lento porque como ellos mismos nos decían que tenían dinero para comprar todas las autoridades de Guatemala. Entonces, se cree que las autoridades en el Ministerio de Trabajo aceptaron plata porque hacían bastante dilatoria las papelerías, esperando que ellos llevaran los desistimientos

¿Cuál fue/es la respuesta de la empresa?
La respuesta de la empresa ha sido siempre negativa, que en ninguna de sus empresas, que son muchas, va a ver sindicato, dicen—que no se va a lograr una organización en ninguna de sus empresas, y entonces, que desistamos de eso.

¿Qué acciones han tomado ustedes?
Las acciones que se han tomado han sido conforme a la ley, pero lamentablemente, las leyes en Guatemala están bastante bajo en ese sentido que se dejan influenciar por los ricos. Ahorita lo que estamos haciendo es una huelga para que les duela políticamente porque ellos también se captan porque son fuentes de empleos en Guatemala y que son los mejores patrones, y que pagan bien—que no es cierto.

¿Qué intimidaciones, amenazas o ataques han recibido?
Hemos recibido diferentes intimidaciones… tanto como amenazas de muerte, diciéndonos que tienen bastante gente mala para contratar y suficiente dinero incluso para pagar multas y salir inculpables. Y por otro lado, ya accionaban fuertemente porque se sospecha que un compañero que está hospitalizado fue atacado por ellos, prácticamente - por sicarios de ellos…el Ministerio Publico (MP) como las autoridades de Guatemala, no han dado ninguna resolución acerca del caso…ya se pusieron las denuncias correspondientes y no han dado ninguna resolución.

¿Quién o quiénes creen ustedes cometido esos ataques?
Yo creo que son de parte de los sicarios que ellos tienen también porque como ellos lo han dicho es porque los tienen—gente preparada para hacer ataques. De hecho, ellos nos estuvieron llamando un día antes de que cerraran la empresa. Nos estuvieron llamando por vía telefónica y me hicieron un montón de amenazas, diciéndome que si yo no desistía de esto, iba a sufrir yo y mi familia.

Yo siempre he dicho que esto no es un golpe solo para nosotros, sino que es un golpe para el sindicalismo mundial porque en todos lados se sufren diferentes amenazas a la sindicalización. La lucha es bastante fuerte porque tanto nosotros aquí a veces tenemos para comer y a veces no tenemos. A nuestra familia no le hemos podido llevar ni un bocado.

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Entrevista realizada por ACOGUATE
Fotos: ACOGUATE

Desaparición Forzada: El Caso de Choatalúm

El pasado 10 de marzo, en el Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango se abrió el juicio contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj. El acusado tiene que defenderse de acusaciones por la supuesta desaparición forzada de seis personas en la comunidad de Choatalúm, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, entre 1982 y 1984. Es el primer caso en Guatemala en contra de colaboradores del ejército por un delito de este tipo cometido durante el conflicto armado. ACOGUATE ha estado acompañando las personas de Choatalúm desde 2001 y ha estado presente en las audiencias.

Felipe Cusanero, actual alcalde de Choatalúm, está enfrentando un juicio por la desaparición forzada de cinco personas. Entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984 en distintos momentos fueron desaparecidos/as Lorenzo Ávila, Alejo Culajay Ic, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajti, todos/as residentes de la aldea de Choatalúm.

Estas desapariciones ocurrieron en el periodo en el cual Cusanero fue el comisionado militar en dicha aldea. En el debate oral que se llevó a cabo en abril de este año, los familiares señalaron que Cusanero acompañó a los militares y patrulleros que llevaron las personas al destacamento militar de Choatalúm y que después nunca reaparecieron. Desde entonces, no se supo nada del paradero de las personas mientras los familiares siguieron exigiendo justicia y el esclarecimiento de estas desapariciones en las cuales, según testigos en este caso, participó el señor Cusanero.

En caso de una sentencia condenatoria, los querellantes lograrían crear un antecedente importante e histórico. Sería la primera vez que un tribunal guatemalteco emite una sentencia por el delito de desaparición forzada. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) cuenta 6,159 desapariciones forzadas registradas durante el conflicto armado, al mismo tiempo indica que este número podría subir hasta 45,000. La mayoría de estos crimines fueron cometidos entre los años 1979 y 1984, bajo los gobiernos encabezados por Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores. Algunas de las comunidades más afectadas se ubican en la región de Chimaltenango.

Además, en otras regiones del país fueron desparecidos, sobre todo, líderes y dirigentes comunitarios. Según la CEH, cualquier conflicto local o sospecha por parte de los Patrulleros de Autodefensa Civil, el Comisionado Militar o el Ejército podría resultar en más nombres agregados a las listas negras.

Actualmente, el juicio, que ya se abrió en abril de 2005, queda parado por un amparo interpuesto por la defensa, cuestionando la constitucionalidad de un procesamiento del delito de desaparición forzada. El argumento principal utilizado por la defensa es la irretroactividad de la ley de desaparición forzada, basándose en el hecho de que Guatemala tipificó la desaparición forzada como delito solo en 1996 mientras los crímenes por los cuales se imputa a Cusanero fueron cometidos entre 1982 y 1984.

Los abogados de la parte querellante rechazaron el argumento interpuesto por la defensa, señalando que la naturaleza del delito tiene un carácter continuo. Así explicaron que hasta que no se encuentre el paradero de las víctimas, sus familiares siguen sufriendo incertidumbre y dolor por desconocer el destino de sus parientes. Es decir que la “continuidad” del delito se basa en el hecho de que los acusados en casos de desaparición forzada siguen ocultando información y de esta manera alargan el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

Además los querellantes alegaron que Guatemala es signatario de varias leyes internacionales que establecen claramente la ilegalidad de los crimines por los cuales está siendo acusado Cusanero con mención especial a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 3 de la Convención de Ginebra. Señalaron los fundamentos nacionales integrados en la ley de Reconciliación Nacional de 1996 que defina explícitamente que “la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura, y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptible o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.”

El 22 de abril se realizó una audiencia pública donde ambos lados presentaron sus argumentos sobre la constitucionalidad de la aplicación de fondo de la retroactividad a los jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango. Después de que los jueces de dicho tribunal resolvieron a favor de los abogados querellantes y el Ministerio Publico, la defensa ejerció su derecho a apelar. Así el caso pasó a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 29 de abril. Está legislado que los jueces de la CC tienen cinco días para tomar una decisión sobre el asunto pero según los abogados querellantes, en la práctica la emisión de este fallo puede tardar hasta un año.

Entretanto los familiares de las victimas de Choatalúm siguen con la esperanza de que la CC resuelva a su favor y de que la justicia pueda seguir su camino para crear un antecedente para las demás personas afectadas por desapariciones forzadas en el país.

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Escrito por ACOGUATE

Referencias

1) Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999): Guatemala: Memoria del Silencio
2) Ibid.
3) Artículo 8, Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-96, 1996.

Entrevista Con Aura Elena Farfán Sobre el Caso de Choatalúm

Aura Elena Farfán es la coordinadora del equipo de exhumaciones de la Asociación Familiares de Detenidos - Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Sus miembros trabajaban juntos con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) desde el año 1984. FAMDEGUA nació como organización independiente el 4 de junio de 1992. El objetivo primordial de la organización es ¨darle seguimiento a la búsqueda de los desaparecidos¨, pero también buscan la aplicación de la justicia en cuanto a los abusos del conflicto interno que vivió Guatemala. Han capacitado a 200 promotores de derechos humanos en varias regiones del país, han realizado 68 exhumaciones, encontrando a mil personas, y actúan como querellante adhesivo en varios casos, tal como el caso de desaparición forzada en la comunidad de Choatalúm, Chimaltenango. CAIG-ACOGUATE tuvo la oportunidad de reunirse con la Señora Farfán en la sede de FAMDEGUA el 15 de mayo, 2008.

ACOGUATE: ¿Desde cuando ha estado participando FAMDEGUA en este caso?
¿Por qué se involucró?

AEF: El 2005 fue cuando nos involucramos - no yo, no estuve participando pero otro compañero - cuando se hizo la exhumación. Desde allí pues, es nuestra obligación, creo yo, como familiares, de apoyar a los otros familiares. No tenemos únicamente el interés de encontrar a nuestros familiares, sino a apoyar a diferentes familias para que encuentren a sus familiares. Y si tenemos la oportunidad, porque posiblemente sea una oportunidad la que podamos tener como familias, el ver que verdaderamente en Guatemala se vive en estado de derecho y que a los supuestos hechores, tanto materiales como intelectuales, se les investigue, se les juzgue y también se les castigue.

No es un afán de venganza el que tenemos, sino realmente que nadie tiene ni tenía el derecho de hacer lo que hicieron...abusar del poder de que alguna manera el ejército dio a los comisionados militares y a los patrulleros. Caso concreto en Choatalúm, bueno, se trata de seis personas desaparecidas, donde verdaderamente los familiares señalan a este señor Cusanero, y que en su testimonio cuando se estuvo en el debate, ellos fueron muy claros, ellos no quieren venganza. Ellos lo que quieren es que este señor Cusanero diga donde se encuentra enterrados ó donde se encuentran sus familiares. Y eso es por lo que estamos movidos, todos los familiares. Nosotros queremos que nos digan donde, donde dejaron a nuestros familiares....en donde están, porque, considero yo que la peor practica ha sido la desaparición forzada. Es lo peor, porque se vive un incertidumbre, se vive un dolor muy grande.

ACOGUATE: ¿Cuál es la importancia del caso al nivel nacional y para FAMDEGUA? ¿Cuales son las consecuencias que este juicio puede tener para la comunidad y para los familiares de las víctimas?

AEF: La verdad es que para FAMDEGUA es muy importante sentar un precedente, de llegar un caso de desaparición forzada a que haya un detenido, en el caso concreto de este señor Cusanero. Para nosotros esto es, de veras, es sentar un precedente.

Ahora, para los familiares, es preocupante. Muy preocupante porque viven cerca de este señor, y no sabemos cual va a ser la reacción en el momento que se le juzgue y se le castigue, cuál va a ser la reacción de sus familiares hacia los testigos, hacia los familiares, que han tenido suficiente valor para no continuar callados, sino de decir que fue lo que pasó. Es una gran preocupación, y aprovecho la oportunidad para pedir a ACOGUATE, a las Brigadas de Paz, a todos los miembros de asociaciones internacionales y nacionales que pongan los ojos sobre ellos para darles de una manera el apoyo que ellos necesitan. Porque creo yo que son personas y familias que van a quedar muy vulnerables si es el caso que este señor llegue á la cárcel.

ACOGUATE: Este es el primer caso de desaparición forzada que llega a juicio en Guatemala. ¿Cuáles han sido los obstáculos enfrentados en llevar a cabo este caso?

AEF: Desafortunadamente aquí en Guatemala la justicia está involucrada con política. No es un estado de derecho real en que vivimos. Sino, muchas veces precisamente se politizan los casos, más de todo cuando hay militares señalados, entonces los militares como no hay que mencionarlos, no hay que decirlos.

El ejemplo concreto que tiene FAMDEGUA es de Dos Erres donde hay 35 recursos de amparo, donde se están amparando a la ley de reconciliación nacional, o sea a una amnistía. Por la falta de justicia, de la aplicación de la justicia, estamos trabajando para poderlo pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque no ha existido la voluntad política de poder buscar a los 16 militares que fueron señalados, o que son señalados, como hechores materiales e intelectuales de este caso.

Y así todos los casos, tanto en masacres como desapariciones forzadas, nos damos cuenta de que si hay militares señalados o comisionados militares de mucho renombre, entonces a ellos no se les debe de tocar, ni tampoco investigar. Sin embargo, creo yo que estamos acercando, tengo la esperanza. Por ejemplo hoy se continúan las declaraciones en el caso concreto de genocidio.

ACOGUATE: El proceso ahora está obstaculizado nuevamente por un amparo. ¿Cuál es el motivo (o la importancia) de todos estos amparos?

AEF: Este obstáculo es un recurso de inconstitucionalidad, que lo interpuso el defensor de la defensa publica. Porque cree que estos hechos no fueron delitos porque no había, una ley que reconociera la desaparición forzada. Sin embargo, creo yo que tanto los convenios y tratados internacionales lo prescriben la desaparición forzada.

Existe un derecho de saber qué pasó con ellos, y también nos asisten como familiares el derecho de exigir que las autoridades encargadas de aplicar la justicia la apliquen como debe de ser. Y este recurso de inconstitucionalidad, creo yo que el señor de la defensa publica, es una forma del abuso de interponer los recursos de amparo para poder ir retrasando los casos. Y eso tiene un sentido, considero yo de que la intención es desesperar a los familiares, que ya no continúen ellos con la exigencia de la aplicación de la justicia, y por supuesto en si a las organizaciones y a la población que de una manera está organizada y que está dando el apoyo en este caso concreto.

Creo yo que no viene una inconstitucionalidad cuento que la misma constitución en su artículo primero dice que el estado se organiza para defender la vida, desde su concepción. Entonces, está un poco contradictoria. Muy contradictoria, pero bueno, quienes participaron en la guerra no tuvieron compasión, de hacer todo lo que hicieron con la gente. Esas son las dificultades, que en todos y en cada uno de los casos encontramos abogados con poca ética profesional. Y que también muchas veces los jueces no tienen la independencia que deberían de tener.

ACOGUATE: ¿Cómo le gustaría a FAMDEGUA de ver avanzar el caso? ¿Hay algo más que quiere que se sepa sobre el caso?

AEF: Bueno, para FAMDEGUA seria interesante e importante que no solo el caso de Choatalúm caminará, avanzará como debería de avanzar, sino todos los casos que llevamos. Que no haya medidas dilatorias, específicamente con el abuso de los recursos de amparo, que ahorita se han puesto de moda, de detener los casos con estos recursos. O el poco interés, de quienes tienen que aplicar la justicia, en investigar y hacer medidas dilatorias, para ir entreteniendo el caso o encabezándolo. Es lamentable que estando en un país ´democrático´, estemos todavía retrasados en la aplicación de la justicia.

No podemos olvidarlos [nuestros familiares]. Ellos a cada rato en el lugar donde estemos, están presentes con nosotros y nos fortalecen, y definidamente de las amenazas y de los allanamientos, que nosotros hemos sufrido, eso nos ha fortalecido para seguir adelante. Por supuesto, su pasamiento de ellos también nos fortalece para darle continuidad a la búsqueda de los 45,000 guatemaltecos que no están, entre hombres mujeres y niños. Eso es lo que nos mueve, para continuar con el caso de Choatalúm, y esperamos, y tenemos la esperanza que la corte de constitucionalidad verdaderamente, el recurso de amparo que están impuesta por inconstitucionalidad sea resuelta a derecho y no políticamente.

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Escrito por: ACOGUATE

Día Internacional Contra la Tortura: Informe de Observación

El 26 de junio de 2008, en Nebaj, Quiché el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) organizó un taller con la intención de celebrar el Día Internacional Contra la Tortura. CAIG-ACOGUATE participó como observador internacional.

Un estadio de fútbol convertido en campo de detenidos y tortura

Por la mañana el taller estaba dirigido a asociaciones y estuvieron presentes las siguientes: Asociación ¿Dónde están las Niñas y Niños? (ADEN), Solidaridad Internacional (S.I.), Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y, como organizadores del acto, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). También asistieron testigos y víctimas de la guerra interna que ACOGUATE acompaña. Por la tarde el taller se repetía, esta vez dirigido a estudiantes.

El taller empezó con la visión del documental chileno “Estadio Nacional”, dirigido por Carmen Luz Parot y filmado en 2001. Un documento histórico que muestra cómo en 1973 el régimen militar fascista de Augusto Pinochet detiene y encierra ilegalmente a miles de personas en un estadio de fútbol de Santiago de Chile. Allí fueron torturadas más de 12.000 personas.

Después de ver el documental, los asistentes compartieron con los demás lo que les había sugerido la película. Mujeres ixiles recordaron el sufrimiento vivido durante la guerra. Y una autoridad indígena comentó que hoy “la mentira y manipulación de algunos políticos y el alto costo de la vida se convierten en una forma de tortura para los pobres” que siguen sufriendo.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

ECAP “desarrolla procesos de acción psicosocial con víctimas de la violencia política, mayoritariamente mayas, encaminados a su afirmación como sujetos de su propia historia, a la recuperación de la memoria colectiva, a la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la justicia y la reconstrucción del tejido social comunitario.” (1)

Tortura, el castigo más injusto

En la Sala Parroquial de Nebaj donde se desarrolló el taller se expusieron carteles con dibujos, recortes de prensa y testimonios sobre la tortura, que se define como: “Todo acto por el cual se inflinga con intención a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla. Dicho sufrimiento debe ser inflingido por un funcionario público u otra persona asignada por este o que tenga su consentimiento.” (2)

¿Cuál es la intención de la tortura?

En el Conflicto Armado Interno, “además de buscar información y confesión, la tortura se realizó para destruir la identidad de las víctimas, buscando su eliminación o su conversión en colaboradores de la represión, contra personas de sus mismas comunidades. También para atacar la identidad colectiva, sus valores y creencias. Y como un instrumento para cambiar las ideas de las personas y comunidades.” (3)

La población maya, perseguida y masacrada

Durante el periodo 2007-2009, ECAP, ICCPG (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala), Maestría en Psicología Social y Violencia Política (USAC) y Unión Europea están realizando el proyecto “Tortura: Prevención y rehabilitación en el Contexto Multicultural de Guatemala”, con el objetivo de “rehabilitar a 540 personas de 15 comunidades mayas víctimas de tortura durante el Conflicto Armado Interno con un enfoque multicultural y con especial énfasis en las mujeres.”

“La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), registró un total de 11.598 víctimas de tortura, el 54% de las víctimas sobrevivieron, la mayoría de estos pertenecen a la población maya duramente perseguida y masacrada, coincidiendo con los departamentos que presentan los más altos índices de pobreza y subdesarrollo a escala nacional.” (4)

¿Quienes cometieron tortura?

“De acuerdo a los testimonios recogidos por la CEH, “el 88% de los casos de tortura fueron ejecutados por el Ejército. Los otros cuerpos de seguridad del Estado ejecutaron actos contra la población civil con la intención de tratar de impedir la organización campesina, laboral, política y social. Y por temor que las comunidades indígenas pudieran incorporarse a la guerrilla.”

“Además se quiso cambiar la forma de pensamiento tradicional a través de mecanismos de control como las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil), las Aldeas Modelo (reasentamientos de la población civil desplazada, controlados por el Ejército) y los Polos de Desarrollo. En el caso del Ejército y las PAC, la tortura se aplicó como una forma de eliminación de la población en muchas comunidades.”

“Estos datos no son exactos porque habrá muchas víctimas que no sobrevivieron para contar su testimonio. Sin embargo, se han realizado exhumaciones en muchas regiones y eso ha permitido que los que fueron torturados y muertos en aquella época, ahora descansen en un lugar digno y no sigan en las montañas, en pozos, olvidados en la memoria histórica.” (5)

“La tortura como parte del sistema”

Dos coordinadoras del taller, plantearon la siguiente pregunta para terminar: “¿Todavía hay tortura en Guatemala?” La respuesta nos la da uno de los recortes de prensa expuesto en el taller: “A pesar de que la tortura está tipificada como delito en Guatemala desde 1995 y que los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado son habituales, nadie ha sido condenado en el país por esos hechos.” (6)

“Los índices de violencia en Guatemala se han incrementado y una gran cantidad de estas víctimas presentan señales de tortura. Organizaciones de Derechos Humanos señalan que estos crímenes y el alarmante incremento del feminicidio y los linchamientos se dan en el contexto de un proceso de limpieza social que selecciona a grupos vulnerables. Esto nutre la cultura de violencia que priva e impide entre la población la consolidación de paz, además de justificar la impunidad y su aceptación por parte de sectores e la población.” (7)

La semilla de la esperanza

“¿Por qué se empeña la muerte / en matar, vanamente, a la vida / si la más humilde semilla / rompe la piedra más fuerte?” (8)

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Escrito por ACOGUATE.

(1),(5),(7) http://www.ecapguatemala.org

(2) artículo 1.1 Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Deprobables.

(3),(4) Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999): Guatemala: Memoria del Silencio.

(6) Prensa Libre, 23 junio 2008.

(8) Poema del guatemalteco Luis de Lion.

Condenan a Cinco Ex-Patrulleros; Caso de Rio Negro

El 28 de mayo fue emitida la sentencia en el proceso por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Acompañantes de ACOGUATE han estado acompañando a los sobrevivientes en las audiencias y en su comunidad. (Para más información, véanse artículos anteriores de este blog)

Baja Verapaz, miércoles 28 de mayo, 2008 — Tras tres años de estar suspendido y seis meses de debate, el caso de la masacre de Río Negro se resolvió con una condena de 780 años de prisión para cinco ex-patrulleros de la aldea Xococ por los hechos ocurridos el 13 de marzo, 1982. Un sexto acusado, Bonifacio Cuxum López, fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de Salamá por falta de pruebas en su contra. De la pena de 780 años, que suma 30 años por cada una de las 26 victimas acreditadas en este juicio, los victimarios tendrán que servir 30 años, la pena máxima según la legislación vigente en la fecha de la masacre.

Refiriéndose al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el tribunal indicó la importancia histórica de este caso dentro del contexto del conflicto armado. Siguió comentando que durante la temporada más violenta entre 1980 y 1983, el ejército identificó a Rabinal como una región estratégica para combatir la amenaza del “comunismo internacional” e eliminar la guerrilla. Dentro de este análisis, la población civil fue definida como una base de apoyo para las fuerzas insurgentes que tenía que ser combatido a través de las patrullas de autodefensa civil (PAC) en 1981.

En las explicaciones, el tribunal contó que desde este momento, el ejército realizó la estrategia de tierra arrasada muchas veces utilizando los PAC para cometer varias masacres de la población civil en el área. Así que la masacre del 13 de marzo de 1982 solo fue una de cinco masacres cometidas contra la población de Río Negro, en las cuales alrededor de 444 personas fueron asesinadas por el ejército y los PAC. Los jueces indicaron que los patrulleros representan los autores materiales de los hechos pero vincularon la responsabilidad intelectual a los superiores militares.

Estas indicaciones del papel del ejercito en los acontecimientos del 13 de marzo 1982 se reflejan en la sentencia, donde el tribunal ordenó la captura del prófugo capitán José Antonio Solares González, así como proceso abierto en contra de oficiales militares altos, medios y subalternos vinculados con los hechos. En cuanto a los autores materiales se ordenó la captura de dos otros ex-patrulleros de Xococ, Ambrosio Pérez Lajuj y Domingo Chen.


En la audiencia final cada una de las 26 victimas que fueron acreditadas fue nombrada cinco veces por parte de los jueces antes de declarar a los cinco ex-patrulleros—Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajuj, Tomás Vino Alvarado y Lucas Lajuj Alvarado—directamente culpable del delito de asesinato. Resumiendo las declaraciones de los testigos, el tribunal subrayó los elementos de planificación e intencionalidad en la operación conducida por el ejército con la participación de los patrulleros con la meta de exterminar a la gente de Río Negro y concluyó que los testimonios prestados por los sobrevivientes fueron “más que creíbles.”

Sin embargo, representantes de ADIVIMA criticaron que la sentencia encubre la verdadera dimensión de la masacre, porque solo se logró acreditar a 26 personas como victimas. Esto a pesar de que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 177 mujeres y niños fueron asesinados en la masacre.

La resolución también obliga a los culpables a pagar un resarcimiento de Q100 mil a cada familia de las 26 victimas acreditadas. Pero como el juez presidente reconoció, debido a la evidente situación de pobreza en la cual se encuentran los condenados, difícilmente se va a poder cumplir con esta parte de la sentencia.

Los sobrevivientes de la masacre de Río Negro vieron la sentencia de los cinco ex-PAC con sentimientos contradictorios. Lamentando la sentencia de los procesados, un sobreviviente dijo, “Todos somos seres humanos, ellos son iguales que nosotros: pobres y indígenas. Sus familias van a sufrir como resultado de su ausencia.” Subrayando la impunidad que existe en Guatemala y la falta del alcance de la justicia a los niveles intelectuales un testigo dijo durante la audiencia, “justicia solamente llega en Guatemala si uno es indígena.” Aunque ADIVIMA había hecho un llamado a los acusados de revelar sus conocimientos de la cadena de mando durante la época de la violencia para así contribuir a un caso en contra de los altos oficiales, los ex-PAC no comentaron sobre la cadena de mando en sus declaraciones.

Terminando, el juez presidente reconoció el dolor y sufrimiento ocasionado por el proceso tanto por los acusadores como por los acusados; en un llamado por tranquilidad el tribunal pidió “que todos regresen a sus casas en paz, ya que Guatemala y Rabinal en particular ya ha sufrido demasiado”, y “que la sentencia no traiga más dolor y violencia a todos los afectados.”
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Escrito Por: ACOGUATE

Fotos: Josh MacLeod; 1)Los acusados subiendo a un vehículo de la Policia Nacional Civil después de la sentencia; 2)Monumento de la masacre en Xococ ubicado en Pacux, Rabinal, Baja Verapaz;