Caso Ixcán y la hidroeléctrica Xalalá

Debido a la falta de ofertas el 7 de noviembre se declaró desierta la licitación de la Hidroeléctrica Xalalá, planificada para la región del Ixcán. Al final, ninguna de las nueve empresas que habían mostrado interés en el proyecto, concretizó su propuesta. Además salió a luz publica que una empresa manifestó que había identificado riesgos sociales, ambientales y financieros en la implementación del proyecto. Funcionarios del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informaron que seguirán impulsando el proyecto que generaría 181 megavatios y aseguraron que están analizando otras opciones para financiar el proyecto. Desde febrero de 2007, ACOGUATE ha brindado acompañamiento a varias comunidades que se verían afectadas por la represa Xalalá en el caso de que fuera construida.
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Traducción de artículo que fue publicado en el
San Francisco Chronicle, 8 de junio de 2008
Versión original en inglés
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[Alejandro Che] Paau nació en Las Margaritas Copón, una aldea de 300 habitantes ubicada a la orilla de los ríos Chixoy y Copón en la región norte de Guatemala. Cultivos de maíz y cardamomo rodean varias decenas de casas, adonde solo se puede llegar por barco o a pie.

El cruce de los ríos, a 20 minutos de la casa de Paau, es el sitio propuesto para la segunda represa hidroeléctrica más grande de Guatemala – la represa Xalalá. La comunidad de Paau es una de 18 comunidades que podrían ser inundadas por el embalse de 7.5 kilómetros cuadrados.

La represa Xalalá se suma a otros proyectos que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ha elaborado para atraer inversión extranjera en energía renovable. Se espera un aumento de 10 por ciento de las reservas nacionales de energía, la generación de beneficios anuales de entre 100 millones y 150 millones de dólares, y energía a precios accesibles para más de 2 millones de personas, mientras se ahorran 4 millones de barriles de petróleo al año.

Fredy López, el vocero del INDE, indicó que el proyecto hidroeléctrico presenta una oportunidad para que Guatemala reduzca su dependencia en el petróleo y en la energía importada. "Utilizando tecnología limpia, la hidroeléctrica aumentará la productividad de Guatemala y el acceso a energía."

Por otro lado, la represa podría inundar las casas de 2,338 personas a lo largo de 41 kilómetros del río Chixoy y 16 kilómetros del río Copón, afectando a 36 comunidades. El gobierno no ha presentado un plan de resarcimiento y según López, el Gobierno se niega a declarar acerca de dichos planes por el momento.

En abril del 2007, comunidades afectadas por la represa Xalalá realizaron una consulta acerca de mega-proyectos como Xalalá y la exploración de petróleo en el territorio - un derecho que les concede la Constitución y la ley municipal - de 21,155 votantes, 89.7 % votaron “No”. Sin embargo, el máximo órgano judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, ha fallado que los resultados de las consultas no son vinculantes si el tema de la consulta es considerado un asunto de interés nacional.

Paau espera que la consulta sea respetada y cita como base legal los respectivos pasos de la Constitución y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los dos documentos reconocen el derecho de los pueblos indígenas de definir "sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural"

En 1982, las fuerzas armadas masacraron a 177 mujeres y niños en Río Negro, una aldea a la orilla del Río Chixoy, 50 kilómetros al sur de Las Margaritas Copón, para construir la hidroeléctrica más grande de Guatemala. En ese entonces, las comunidades Achí se opusieron claramente a la represa de 300 megavatios. Ocurrieron tres masacres más en 1982, en las que 444 de los 791 residentes de Río Negro fueron masacrados, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico. La represa Chixoy fue financiada en gran parte por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La comunidad de Río Negro y más de 27 caballerías de tierra cultivable fueron inundadas. Las fuerzas armadas obligaron a los sobrevivientes a vivir en un pueblo militarizado a más de cuatro horas de distancia de la comunidad inundada.

Hoy en día, sobrevivientes de Río Negro aún están luchando para recibir resarcimiento. Viven en lotes chiquitos y áridos a ocho horas de distancia de las parcelas cultivables que el gobierno les proporcionó. A pesar de que el plan de reubicación del INDE les prometía energía eléctrica y agua potable gratuita, la mayoría de la gente no puede pagar sus facturas eléctricas o de agua, ni siquiera pueden pagar el pasaje para llegar a sus parcelas para trabajarlas. El INDE mantiene que ya ha cumplido con las obligaciones de reubicación y que desde la privatización de las empresas de servicio público en 1998, ya no se hace responsable de proveer energía eléctrica a las comunidades reubicadas ni de responder a las quejas relacionadas con el resarcimiento.

Aunque, hasta la fecha, oficiales del INDE aún no se han acercado a los residentes de Las Margaritas Copón, Paau teme que el proyecto Xalalá deje a su comunidad con los mismos problemas que los de Río Negro. "Sabemos que no están construyendo esta represa para nosotros," dijo Paau.

Aviva Imhof, directora de campañas de International Rivers, un grupo sin fines de lucro basado en Berkeley, California, dice que el gobierno no debe impulsar el proyecto de la represa hasta que cumpla con sus obligaciones de resarcimiento anteriores.

"El gobierno debe hacer una evaluación amplia de todas las opciones para lograr las necesidades energéticas del país, y debe resarcir a las comunidades afectadas por la represa Chixoy, antes de hacer cualquiera decisión para avanzar con el proyecto Xalalá," dijo Imhof.

Emiliano Panjoj, alcalde de Santa María Tzejá, una aldea donde la mayoría de la gente votó en contra del proyecto en el año 2007, manifiesta que proyectos de ecoturismo de pequeña escala, una escuela diversificada y un centro de salud mejorado beneficiarían más a su comunidad. "No es que estamos en contra del desarrollo,” dice Panjoj, “Solo queremos que sea desarrollo bajo nuestras propias condiciones.”

Para mientras, Paau está a la espera de cualquiera información que pueda afectar el destino de su aldea. "Los periódicos dicen que esta área está deshabitada, que sólo hay unas familias que tendrían que ser reubicadas,” manifestó Paau. "Pero somos miles. Para el gobierno, los ríos significan dinero. Para nosotros, los ríos son nuestras vidas.”
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Foto: Comisión Coordinadora de la Consulta, Ixcán
1 Solano, Luis: Fracasa licitación para Xálala; INDE insistirá, Inforpress 1778, 14/11/08.
2 NISGUA: NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
3 INDE: http://www.inde.gob.gt/xalala/Xalala.html
4 Entrevista con Fredy Lopez, 1-8 mayo 2008
5 Ibíd.
6 NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
7 San Francisco Chronicle, “Placing Blame For Genocide: Guatemalan massacre survivors seek damages from dam financiers,” 16 noviembre 2000, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2000/11/16/MN94314.DTL&hw=chixoy+dam&sn=002&sc=591
8 Ibíd.

V Encuentro sobre Racismo y Genocidio

El 19 y 20 de noviembre del año en curso, 380 mujeres y hombres de 101 organizaciones sociales que trabajan, entre otros, en los temas de Derechos Humanos, Justicia y Memoria Histórica – e incluyendo varias organizaciones que ACOGUATE acompaña o ha acompañado – participaron en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. Desde 2003, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han organizado este encuentro anual con el objetivo de crear un “espacio para debatir, reflexionar y sensibilizar entorno al racismo y el genocidio en Guatemala, sus causas, la necesidad de recuperar la memoria histórica y luchar por la justicia en las graves violaciones de derechos humanos.” El Encuentro se celebró bajo la lema de Justicia y Resistencia, garantías de la NO repetición.

Ponencia Inaugural – Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición
La ponencia inaugural del Encuentro, en la cual participaron Marc Drouin, Edgar Pérez, Luís Alexis Calderón y Florentino Gregorio Pérez, se hizo bajo el tema Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición. Pérez y Calderón presentaron, respectivamente, acerca de la sentencia y la apelación que se dieron en el caso de Río Negro, aldea de Rabinal, Baja Verapaz (Véanse artículos anteriores de este blog), mientras Florentino Gregorio Pérez habló acerca de la Jurisdicción Universal.

Destacaron unos elementos de la ponencia de Marc Drouin, quien expuso las conclusiones de investigaciones que había llevado a cabo en 2005. En su presentación, “El genocidio guatemalteco de 1982”, Drouin discutió sobre la definición de genocidio según la ley internacional y la aplicación de tal calificación a los crímenes cometidos en el altiplano guatemalteco a principios de los años 1980. Explicó que en estos años, el ejército guatemalteco siguió el mismo modus operandi en los ataques que cometió en contra de poblaciones indígenas en casi todo el altiplano guatemalteco, en distintas zonas y destacamentos militares –demostrando la intención genocida con la cual actuó el ejército guatemalteco. También planteó que una de las posibles ‘motivaciones’ tras esta intencionalidad de exterminar a las poblaciones Mayas se encuentra en el movimiento cooperativista que representaba un intento de parte de las poblaciones indígenas de organizarse para buscar su propio camino hacia el desarrollo y su independencia económica. Esta voluntad de buscar “una manera de no ir a la costa,” como explicó Drouin, ponía en peligro el esquema económico dominante que desde la colonización española está basado en la explotación de la mano de obra barata que representa la población indígena despojada de tierra y con escaso acceso a modos de producción.

A continuación, los participantes se dividieron en varias mesas de trabajo según diferentes áreas temáticas. Entre ellas estaban los temas de “Mujeres y Resistencia” y la “Re-militarización”.

Mesa de trabajo “Mujeres y Resistencia”
En el seminario “Mujeres y Resistencia”, se juntaron unas 40 participantes para discutir y compartir acerca de las formas en las cuales las mujeres están resistiendo en la coyuntura política actual. Andrea Barrios, representante del Sector de Mujeres abrió la mesa de trabajo presentando la experiencia que tuvo esa agrupación de mujeres en movilizarse y luchar para organizarse y tener un espacio como mujeres en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Explicó que en ese entonces, se planteó que el conflicto armado interno había afectado a las mujeres en una forma específica y que, por lo tanto, se tenía que incluir en los Acuerdos de Paz una respuesta específica. También se planteó que para mujeres Mayas durante el conflicto armado, el papel de reproducción social tomó un carácter de resistencia: el hecho de dar a luz y de cuidar niños en medio de una campaña genocida así como de mantener vivas costumbres, culturas e idiomas era de enfrentarse al intento de genocidio del ejército guatemalteco.

Barrios planteó que una confluencia de factores históricos se ha sumado para formar estructuras de poder – patriarcado, racismo, capitalismo neo-liberal – de las cuales estaban, y sigue siendo excluida la mayoría de las mujeres. El Sector de Mujeres ha llegado a un análisis de que, dada esta realidad, para muchas mujeres la resistencia empieza desde su casa y que el hecho de organizarse ya es una forma de resistencia. Asimismo, la idea sería empezar la resistencia desde lo personal y de vincularla a luchas sociales más amplias, es decir, recuperar espacios y territorios empezando con sus propios cuerpos.

Mesa de trabajo “Re-militarización y Acuerdos de Paz”
En la mesa de trabajo acerca del tema de “Re-militarización y Acuerdos de Paz”, Amilcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, hablaron sobre una nueva forma de militarización que se está dando en la coyuntura actual. Mencionaron al mismo tiempo que Guatemala ha sido militarizada permanentemente desde la revolución liberal en el año 1871. Afirmaron que, a pesar de que los Acuerdos de Paz de 1996 consignaban que el ejército tenía que redefinir sus funciones, su papel sigue igual. Justificando su presencia en algunas regiones por la presencia de narcotraficantes y por el aumento de violencia y delincuencia, el ejército sirve todavía hoy de herramienta para la estructura económica, imponiendo una estabilidad que asegura la explotación masiva de los recursos naturales y las inversiones extranjeras, y que mantiene fijos los poderes económicos. Pop y Canteo añadieron que, por lo visto, no es una casualidad que las áreas más re-militarizadas hoy en día se ubiquen cerca de los megaproyectos capitalistas.

Los ponentes en esta mesa de trabajo concluyeron que a casi doce años de la firma de la paz, el Estado guatemalteco no ha cumplido con las responsabilidades de justicia transicional que debían seguir los acuerdos de paz, sean la verdad, la justicia, la reparación, y la desmilitarización del país. También insistieron en la importancia de romper la impunidad, de la cual se beneficia el Ejército, relacionada tanto con eventos del conflicto armado como con eventos más recientes, para que exista una garantía de no repetición de los actos de genocidio y un ejercicio democrático funcional en el país.

“Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación”
En el foro de la mañana del 20 de noviembre, Luís Ramírez, Edgar Morales, Ramón Cadena y Alejandro Rodríguez presentaron sus ponencias como parte del foro titulado “Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación.”

Dos ponencias destacaron de este foro: la presentación de Edgar Morales, quien expuso el tema del punto de vista de los medios de comunicación, así como la presentación de Alejandro Rodríguez quien habló del punto de vista del Sistema de Justicia

Morales explicó que la mayoría de los medios de comunicación en Guatemala son medios comerciales de propiedad extranjera que tienen un objetivo fundamental lucrativo (y no informativo) y que, por lo tanto, no están actuando en el interés de la mayoría de los guatemaltecos. Afirmó que no piensa que sea muy probable que estos “des-medios de comunicación” se sumen a la lucha de los que buscan la justicia por un conflicto armado “que ellos mismos se encargaron de ocultar”. 2 Al contrario, propuso que, para que los medios de comunicación puedan contribuir a garantizar la no repetición de los hechos cometidos durante el conflicto armado interno, habría que empezar por la construcción de nuevos medios de comunicación alternativos y de mecanismos o redes propios de información en las comunidades.

En su ponencia, Alejandro Rodríguez, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), ofreció una exposición de cómo Guatemala se construyó históricamente como un estado racista y colonial basado en la exclusión y la explotación de los pueblos indígenas; en resumen: un estado de apartheid. Expuso también que, a pesar de que han estado sometidas a condiciones mínimas de existencia, los pueblos indígenas se han rebelado a lo largo de la historia del Estado guatemalteco para resistir a estas condiciones. Según Rodríguez, es esta lógica que condujo al Estado guatemalteco a adoptar las masacres y el genocidio como una política contra-insurgente en los años 1980. Por lo tanto, afirmó que el proceso de transformación del MP y de construcción de una Fiscalía de Derechos Humanos capaz de dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas no sólo es una forma de garantizar la no repetición sino también el cumplimiento de una “deuda histórica.”

Este último foro del V Encuentro sobre Racismo y Genocidio se terminó con una recomendación por parte de Ramón Cadena que invitaba a evitar caracterizar esta lucha por la verdad y la justicia como “utópica” – que significa que nunca se puede alcanzar – porque sí es alcanzable, precisando que la presencia en la sala de sobrevivientes y familiares de víctimas “atestigua que hay gente que tiene ánimo para seguir y que están buscando este cambio.”

Escrito por ACOGUATE
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Notas
1 Declaración Política “Justicia y Resistencia, Garantías de la No Repetición” Quinto Encuentro Sobre Racismo y Genocidio en Guatemala.
2 Edgar Morales, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
3 Alejandro Rodríguez, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
4 Ramón Cadena, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.

Finca Nueva Linda: Entrevista con Bety Reyes Toledo

El 31 de agosto del 2008 el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda marcó el cuarto aniversario de un desalojo violento y el quinto aniversario de su lucha exigiendo justicia por la desaparición del ex-administrador de la Finca Nueva Linda Héctor Reyes. Desde su desaparición en 2003, la familia de Héctor Reyes y el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda han presionado al Estado de Guatemala para que se esclarezca el caso. En 2004, la ocupación de la finca por parte del Movimiento como medida de presión resultó en uno de los desalojos más violentos en años recientes, durante el cual se murieron 9 campesinos y 3 policías, cuando la seguridad de la finca y las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron a los campesinos el 31 de agosto del mismo año. Posteriormente, el Movimiento se instaló en unas champas a la orilla de la carretera frente a la entrada de la Finca Nueva Linda para seguir exigiendo justicia en el caso de Héctor Reyes y el caso del desalojo.

El 30 de agosto de este año se juntaron para marcar el aniversario a la orilla de la carretera, celebrando el día después una misa para dar homenaje a los que se murieron durante el desalojo del 2004. El 1 de septiembre centenares de personas marcharon en la capital departamental de Retalhuleu para exigir la justicia ante las autoridades.

A lo largo de su estancia a la orilla de la carretera, el grupo ha sido víctima de amenazas e intimidación por parte del finquero y la seguridad de la finca. ACOGUATE ha acompañado el grupo desde 2006.

ACOGUATE: Son años que están llevando esta lucha. ¿Cuál es su impresión de esta larga lucha?

BRT: Ya [llevamos] cuatro años de lucha en la carretera. No hay nada fácil de estar allá resistiendo en la lucha, pero nosotros decimos de que le vamos a echar ganas donde podamos nosotros para ver que se esclarezca la desaparición de mi padre. Ya llevan 5 años desde la fecha en que se le llevaron y nosotros no sabemos nada. Por esos motivos, todavía seguimos allá en la orilla de la carretera. Nosotros no nos quitamos de allí hasta que se esclarezca la desaparición de mi padre, qué hicieron con él, hasta que se haga justicia.

ACOGUATE: Aparte del caso de Héctor Reyes, también hay el caso de la masacre [del desalojo en 2004]. ¿Cómo está el otro caso?

BRT: Igual está, no avanza el caso de 31 [de agosto]. Varios compañeros se murieron ¿y quién fue responsable? [El finquero] y las autoridades que vinieron a la par [de la seguridad de la finca]. No hay nada en este caso que avanza. No se ha hecho nada para que se haga justicia.

ACOGUATE: ¿Nos puede contar de las actividades del aniversario?

BRT: Estuvimos en el aniversario de 31 de agosto que se realizaba. Se hizo una actividad allí. Se puso una película donde se mira todo lo que pasó el 31 de agosto. Hubo mucha gente apoyando, recordando lo que pasó el 31 de agosto cuando se murieron los compañeros allí en el desalojo. Nos parecía bonito. La marcha del lunes también [estuvo bonito] porque hubo mucha gente. Así puede presionar al Ministerio Público para que puedan ellos agilizar o puedan hacer el caso que avance. Si no miramos nosotros de que sí, ellos nunca van a tomar los papeles a la mano y decir lo vamos a hacer. Tal vez haciendo estas marchas puedan tomar ellos de que estamos todavía nosotros viendo, que todavía estamos nosotros exigiendo la justicia.

ACOGUATE: ¿Cómo es la relación con las autoridades, por ejemplo el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el actual gobierno del Presidente Álvaro Colom?

BRT: No hemos visto ni un avance en el Ministerio Público. No hemos visto qué es lo que se ha hecho. No hemos visto que ellos tengan voluntad de hacer algo, de hacer que se capturen a los responsables. Si ellos estuvieran investigando ya se hubiera avanzado en algo pero no hay nada del caso, se está quedando...Ya cinco años, no es justo de que no se esclarezca la desaparición de él

Sabemos que los responsables todavía andan sueltos y tenemos nosotros la prueba que ellos lo fueron a traer, [el finquero] y [un miembro de la seguridad privada de la finca] y no hay nada de que ellos los puedan capturar. El Ministerio Público no hace nada para agilizar que se haga justicia.

De la PDH [Procuraduría de Derechos Humanos] no hemos tenido nada de información, tal vez voluntad no hay para seguir apoyando el grupo de Nueva Linda.

Hubo cambio de gobierno y [con] el cambio que hubo no se ha visto nada. Vamos en el cambio de gobierno quien es Álvaro Colom, con él no tenemos ni una esperanza tampoco. Nunca hemos tenido la reunión con ellos. No nos han escuchado a nosotros.

ACOGUATE: ¿Como ha sido la relación con los supuestos agresores, y también con la seguridad de la finca?

BRT: Ha sido un poco difícil con ellos porque nosotros estamos en la orilla de la carretera, los tenemos casi a la par. Hay momentos que las seguridades nos han sacado corriendo. Ellos nos han venido presionando. Intentaron envenenar el agua del chorro. Ocho días antes de que nosotros nos fuimos a Europa, fueron a tirar unas golosinas con veneno en el rancho para que las criaturas las comieran. Es una situación muy dura. Estamos amenazados por parte del finquero, también la seguridad del [finquero]…tenemos aquel temor de que nos puedan venir a hacer algo. No podemos estar tranquilos. Ellos saben que nosotros estamos peleando la ida de mi papa y para ellos no es fácil que nosotros estemos siguiendo esta lucha, entonces nosotros tenemos miedo que algún día nos puedan venir a hacer algo.

ACOGUATE: ¿Cómo es la situación del grupo, cómo es el ánimo del grupo de seguir? ¿Que tipo de apoyo ha recibido?

BRT: Nos han venido apoyando varias organizaciones que nos están echando la mano, dándonos el apoyo. Y por otro lado nos ha estado apoyando gente que mira que estamos en esta situación. Tal vez va a haber más gente, y así tal vez va a haber más presión. Ahorita nosotros sentimos más contentos, porque hay más apoyo con tanta gente que nos ha venido a apoyar. Ellos han decidido también a aguantar esta lucha [hasta] que haya justicia.

ACOGUATE: También ha hecho unos viajes. ¿Cómo ve esto de hacer público el caso a nivel internacional?

BRT: Tuvimos la gira en Europa. Yo fui allá por casi un mes. Hicimos el esfuerzo para ir a dar a conocer toda la impunidad que se está viviendo aquí en Guatemala...la verdad es que no es solo uno sino hay un montón de casos. Nosotros queremos llevar este caso que se esclarezca y que no haya todos los casos que andan en la impunidad.

Tal vez por medio de allá todos los países donde nosotros fuimos puedan presionar al gobierno de acá de Guatemala para que se agilice justicia, para que no todo se quede en la impunidad…nosotros tenemos bien claro de que ellos fueron responsables y, saber, con el apoyo de la gente que está alrededor nuestro, podamos lograr lo que nosotros estamos pidiendo, que se haga la justicia.

ACOGUATE: ¿Y a usted personalmente cómo le ha afectado esta lucha?

BRT: Para nosotros ha sido difícil cinco años de que él no ha estado. Es duro que hayan hecho esto con él porque con toda la gente él tenía amistad, nunca se portó mal con la gente. Él era bueno con todos...

Es duro llevar una lucha ya de cinco años, estar en la orilla de la carretera. Nosotros tenemos hijos y hay que darles estudios y estando uno allí uno no tiene como va a poder darles los estudios a los hijos. Hay momentos de que se enferma un hijo, uno no [puede] decir tengo a la mano de todo para poderlo sacar a un médico. No lo tenemos...

Pero nosotros hacemos lo posible para luchar para que el secuestro, el asesinato de mi papá no se quede en la impunidad. Estamos dispuestos seguir hasta ver hasta dónde se llega la justicia. Llegamos a creer que un día se va a esclarecer lo que hicieron con él.

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Entrevista: ACOGUATE
Foto: ACOGUATE

Los Trabajadores de Salvavidas - SITRAPETEN (Ver abajo entrevista con un generente de SITRAPETEN)

En los primeros días de mayo varios de la empresa Salvavidas, propietaria de la Corporación Castillo Hermanos, fueron despedidos después de formar un sindicato, SITRAPETEN. El proceso de formalización del sindicato empezó en febrero de 2007, pero, según los trabajadores, el ministerio de trabajo había rechazado la solicitud de formar la agrupación. Como resultado, no fue hasta los principios de este año que lograron la inscripción en dicha institución. A lo largo de estos trámites, los trabajadores fueron presionados para que desistieran de su actividad sindical y finalmente despedidos en mayo de este año. En protesta a este despido, el grupo de 41 afiliados instaló un campamento en frente de las instalaciones de la empresa en un intento de sacar a la luz pública su situación y exigir su reinstalación. ACOGUATE ha estado acompañando al grupo desde mayo de este año.

El despido de los trabajadores de la distribuidora Peten de Salvavidas era solo una parte en una serie de acontecimientos que acompañaron el largo proceso de sindicalización. El grupo de trabajadores hizo el primer intento inscribir a SITRAPETEN en el Ministerio de Trabajo en febrero del 2007 con el propósito de establecer una posición más fuerte en negociaciones con la empresa, la Corporación Castillo Hermanos, y exigir un mejoramiento de las condiciones laborales que, como señala un trabajador, eran muy difíciles:

“La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá, que, aparte de exigirnos cuotas exageradas, […]también necesitábamos un poco mas de salario, porque prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. […] Tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque sino, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y nosotros no teníamos estudio.”

Pero la primera solicitud de inscripción al igual que los cinco intentos posteriores fue rechazada por el Ministerio de Trabajo, bajo el argumento de que la información presentada era incorrecta. Según los trabajadores, la postura dilatoria del Ministerio de Trabajo estaba obviamente vinculada a las presiones que la empresa estaba ejerciendo. La tramitación de SITRAPETEN fue acompañada por presiones continuas a los trabajadores y sus familias por parte de representantes de la empresa indicándoles de desistir de sus actividades sindicales. “Hemos recibido diferentes intimidaciones… tanto como amenazas de muerte, diciéndonos que tienen bastante gente mala para contratar y suficiente dinero incluso para pagar multas y salir inculpables.”

Varias fuentes señalaron que la Corporación Castillo ya utilizó estas tácticas para combatir organizaciones sindicales en sus empresas en diferentes momentos en el pasado. Entre ellos figuran amenazas de muerte a los lideres sindicales, presiones a los afiliados para que se renunciaran y el soborno de lideres sindicales. De esta manera, la corporación logró debilitar y destruir varios sindicatos, entre ellos, el Sindicato de Trabajadores de Cervecería Centroamericana.


Así en el caso de SITRAPETEN, en febrero de 2007, cuando la empresa se dio cuenta de los trámites de sindicalización empezados por el grupo, despidió a 13 de los afiliados. Después de una huelga de otros trabajadores en apoyo a los compañeros despedidos, la empresa aceptó reintegrarles. Sin embargo, al mismo tiempo empezaron una demanda en contra de los trabajadores, que finalizó con una multa equivalente a 13 salarios.

Posteriormente, una parte de los trabajadores siguió con los trámites para la inscripción del sindicato y a principios de este año se notificó que la aprobación había sido exitosa. Pero los acontecimientos tomaron un nuevo rumbo a principios de mayo, cuando, a pocos días después del día internacional de trabajo, la empresa convocó a los trabajadores a un supuesto taller de capacitación que se realizara en diferentes lugares. Una vez reunidos los diferentes grupos, representantes de la empresa informaron a los trabajadores que deberían renunciarse de Distribuidora Peten, ya que esta se había quebrado y que ellos estarían trasladados a otras empresas.

Sin embargo, algunos de los trabajadores no se pusieron de acuerdo. Salieron de la reunión por considerar que la acción de la empresa era ilegal, que violaba sus derechos laborales, y que no seguía los procedimientos legales de quiebra. Por unos, solo lograron salir de la reunión después de llamar a la policía dado que personal de seguridad de la empresa estaba impidiendo su salida tratando de obligarles a firmar su carta de renuncia.

Inconformes con las medidas presentadas por la empresa, los trabajadores se trasladaron a las instalaciones ubicadas en el Zapote de la ciudad capitalina y bloquearon el portón principal para evitar que la empresa sacara el inmobiliario y los camiones. En el transcurso de la mañana, se presentaron miembros de seguridad privada que rodearon a los trabajadores, agrediéndoles con bastones y tubos e amenazándoles con armas. Varios trabajadores quedaron agredidos mientras un grupo de diez trabajadores fue ingresado a la fuerza en las instalaciones de la empresa por los agentes de seguridad donde les mantuvieron retenidos hasta la medianoche de este día. A esta hora llegaron policías antimotines, que en conjunto con los elementos de seguridad privada desalojaron a los trabajadores.

Al día después de este desalojo los trabajadores que fueron despedidos instalaron un campamento en frente de las instalaciones de la empresa interpretando su despido como una consecuencia de la formación del sindicato y como una estrategia de la Corporación Castillo Hermanos para evitar la formación de sindicatos en su empresa. Las primeras mesas de dialogo hasta el momento no dieron resultados. La empresa negó la violación de los derechos laborales pero los trabajadores no renunciaron a sus exigencias, su inmediata reinstalación y su derecho a la organización sindical. Varios trabajadores comentaron que la empresa está utilizando tácticas dilatorias para alargar el proceso y desmoralizar al grupo. Al igual, hubo ofertas de dinero y llamadas telefónicas presionando a varios miembros de SITRAPETEN de renunciarse al sindicato y a sus reivindicaciones.

Con el objetivo de sacar a la luz pública la situación de las violaciones y intimidaciones que están sufriendo, se organizó una marcha para el 18 de julio que también sirve para llamar la atención internacional y dar a conocer las dificultades que enfrenten los sindicatos en el país. “Yo siempre he dicho que esto no es un golpe solo para nosotros, sino que es un golpe para el sindicalismo en general porque en todos lados se sufren diferentes amenazas a la sindicalización.” Un informe de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, afirma esta postura ya que señala que los sindicatos en Guatemala han sido el grupo de defensores más amenazados y atacados en el primer semestre de 2008.

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Escrito por ACOGUATE
Fotos por ACOGUATE
Referencias:

1) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
2) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
3) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
4) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
5) Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Informe Preliminar de Situación de Defensoras y Defenores de Derechos Humanos, enero-junio 2008.
6) Un miembro del grupo fue herido a balazos cuando estaba enfrente de una tienda cerca de su casa. Tres otras personas, no conocidos por el afiliado, fallecieron en el ataque. Unas fuentes vinculan el ataque a su actividad en SITRAPETEN.
7) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.

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ENTREVISTA CON ÁLVAREZ GUEVARA - SECRETARIO GENERAL DE SITRAPETEN

Edwin Enrique Álvarez Guevara es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Distribuidora del Peten (SITRAPETEN) compuesto de trabajadores de la distribuidora de agua pura más grande en Guatemala, Agua Salvavidas. Después de su despido, que vinculan a sus actividades por organizarse en un sindicato, los afiliados de SITRAPETEN instalaron un campamento en frente de las instalaciones de Salvavidas, una empresa integrada en la Corporación Castillo Hermanos. Cuarenta y uno de los ex-trabajadores están actualmente participando en el campamento desde el 3 de mayo 2008 luchando por su reinstalación. Además los afiliados exigen que se suba la cantidad de dinero recibido por garrafón vendido y que se dé una cuota diaria más justa. ACOGUATE ha estado acompañando a SITRAPETEN desde finales de mayo 2008.

¿Cómo eran las condiciones de trabajo antes de que empezaron a organizarse ustedes?
Las condiciones de trabajo eran siempre por comisión, lo único es que ellos [de la empresa] exigían un volumen de venta bastante exagerado para que uno les generara más ganancias para ellos porque para nosotros es poco que ganamos por comisión. Pero ellos por un garrafón generan una cantidad de ganancia barbara. Entonces, es por eso que le obligaban a uno a cumplir cuotas exageradas.

¿Cuántas personas en total estaban trabajando en la Salvavidas aquí?
En total, acá en Guatemala, habían 638 personas trabajando.

¿Por qué surgió la necesidad de organizarse?
La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá....habían veces en que veníamos ya tarde, y como no cumplíamos la cuota nos regresaban a que la cumpliéramos… y no se vendía nada y simplemente veníamos otra vez acá pero ya bastante tarde, cuando estaba la noche. También necesitábamos un poco más de salario…prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. Entonces, ellos no reaccionaban ante la situación y por eso fue que se dio la organización.

¿De esos 638 trabajadores, cuántos se están organizando con ustedes?
Al principio, fueron 114 trabajadores los que nos organizamos—después del comité que eran 13…Pero la empresa coaccionó a muchos trabajadores, dándoles dinero. Entonces, consiguió las renuncias de la mayoría de trabajadores quedándonos así con 19. De eso, se metieron seis papelerías a la inspección de trabajo y la reacción del Ministerio de Trabajo era esperar de que la empresa presentara los desistimientos….Se ponía de acuerdo la gente del Ministerio de Trabajo [con] la empresa, para hacer tiempo, para [que] ellos lograran asustar a la gente…les hacía una serie de amenazas. Al final la gente terminaba renunciando al sindicato—un famoso desistimiento.

¿Qué tipos de amenazas hicieron?
Hicieron varias amenazas. Les decían que si ellos seguían en la organización sindical, no iban a conseguir trabajo…que la organización sindical nunca se iba a llevar a cabo.

¿Qué quieren lograr ustedes con la organización?
Lo que se pretende lograr con la organización es que tanto el empleador como el trabajador se compartan las ganancias. Es lógico que el empresario siempre tiene que ganar más, pero por lo menos que al trabajador se le pague lo justo—es cosa que acá en esta empresa no se había dado. Entonces, lo que queremos nosotros es lograr una estabilidad laboral—que tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque si no, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y no a nosotros que no teníamos estudio.

Descríbanos el proceso de organizar su sindicato.
El proceso empezó un día 4 de febrero 2007. Decidimos con 13 compañeros armar el conflicto colectivo, haciendo un comité ADOP. Entonces, firmamos el acta el día 4. El día 9 nos sentamos ante la inspección de trabajo. La inspección de trabajo reaccionó con mandar a notificar a ellos ese mismo día. Y ellos reaccionaron con despedir a los 13 trabajadores.


…Nosotros no les firmamos a ellos ningún documento y empezamos a explicarle a [los demás trabajadores] que nosotros lo que habíamos hecho era armar un comité para que velara por todos los trabajadores y debido a eso, la gente - como no nos reinstalaban y habíamos puesto las denuncias en el juzgado - la gente decidió tres días después, un día martes 13 de febrero, de paralizar labores. Entonces, ellos [los encargados de la empresa], ya haciendo como las 6 de la tarde, dijeron que sí nos iban a reinstalar. Pero después se firmó el acuerdo donde ya nos iban a reinstalar a los 13 trabajadores. Luego de eso, ellos optaron por meternos un juicio donde decía que nosotros habíamos paralizado los labores y que ellos tenían una pérdida de 400 mil quetzales por ese día y que nosotros teníamos que pagárselos porque nosotros eramos culpables de eso.

También, nos han amenazado de muerte. Entonces, vía telefónica y también nos han dicho así verbalmente algunos supervisores que la empresa es bastante poderosa como para contratar sicarios y mandarlos a matarnos. Entonces, que desistamos de la organización porque nunca se va a llevar a cabo.

¿Cómo era el proceso de legalizar el sindicato de ustedes?
El proceso de legalizarlos el sindicato fue bastante lento porque como ellos mismos nos decían que tenían dinero para comprar todas las autoridades de Guatemala. Entonces, se cree que las autoridades en el Ministerio de Trabajo aceptaron plata porque hacían bastante dilatoria las papelerías, esperando que ellos llevaran los desistimientos

¿Cuál fue/es la respuesta de la empresa?
La respuesta de la empresa ha sido siempre negativa, que en ninguna de sus empresas, que son muchas, va a ver sindicato, dicen—que no se va a lograr una organización en ninguna de sus empresas, y entonces, que desistamos de eso.

¿Qué acciones han tomado ustedes?
Las acciones que se han tomado han sido conforme a la ley, pero lamentablemente, las leyes en Guatemala están bastante bajo en ese sentido que se dejan influenciar por los ricos. Ahorita lo que estamos haciendo es una huelga para que les duela políticamente porque ellos también se captan porque son fuentes de empleos en Guatemala y que son los mejores patrones, y que pagan bien—que no es cierto.

¿Qué intimidaciones, amenazas o ataques han recibido?
Hemos recibido diferentes intimidaciones… tanto como amenazas de muerte, diciéndonos que tienen bastante gente mala para contratar y suficiente dinero incluso para pagar multas y salir inculpables. Y por otro lado, ya accionaban fuertemente porque se sospecha que un compañero que está hospitalizado fue atacado por ellos, prácticamente - por sicarios de ellos…el Ministerio Publico (MP) como las autoridades de Guatemala, no han dado ninguna resolución acerca del caso…ya se pusieron las denuncias correspondientes y no han dado ninguna resolución.

¿Quién o quiénes creen ustedes cometido esos ataques?
Yo creo que son de parte de los sicarios que ellos tienen también porque como ellos lo han dicho es porque los tienen—gente preparada para hacer ataques. De hecho, ellos nos estuvieron llamando un día antes de que cerraran la empresa. Nos estuvieron llamando por vía telefónica y me hicieron un montón de amenazas, diciéndome que si yo no desistía de esto, iba a sufrir yo y mi familia.

Yo siempre he dicho que esto no es un golpe solo para nosotros, sino que es un golpe para el sindicalismo mundial porque en todos lados se sufren diferentes amenazas a la sindicalización. La lucha es bastante fuerte porque tanto nosotros aquí a veces tenemos para comer y a veces no tenemos. A nuestra familia no le hemos podido llevar ni un bocado.

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Entrevista realizada por ACOGUATE
Fotos: ACOGUATE

Desaparición Forzada: El Caso de Choatalúm

El pasado 10 de marzo, en el Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango se abrió el juicio contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj. El acusado tiene que defenderse de acusaciones por la supuesta desaparición forzada de seis personas en la comunidad de Choatalúm, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, entre 1982 y 1984. Es el primer caso en Guatemala en contra de colaboradores del ejército por un delito de este tipo cometido durante el conflicto armado. ACOGUATE ha estado acompañando las personas de Choatalúm desde 2001 y ha estado presente en las audiencias.

Felipe Cusanero, actual alcalde de Choatalúm, está enfrentando un juicio por la desaparición forzada de cinco personas. Entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984 en distintos momentos fueron desaparecidos/as Lorenzo Ávila, Alejo Culajay Ic, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajti, todos/as residentes de la aldea de Choatalúm.

Estas desapariciones ocurrieron en el periodo en el cual Cusanero fue el comisionado militar en dicha aldea. En el debate oral que se llevó a cabo en abril de este año, los familiares señalaron que Cusanero acompañó a los militares y patrulleros que llevaron las personas al destacamento militar de Choatalúm y que después nunca reaparecieron. Desde entonces, no se supo nada del paradero de las personas mientras los familiares siguieron exigiendo justicia y el esclarecimiento de estas desapariciones en las cuales, según testigos en este caso, participó el señor Cusanero.

En caso de una sentencia condenatoria, los querellantes lograrían crear un antecedente importante e histórico. Sería la primera vez que un tribunal guatemalteco emite una sentencia por el delito de desaparición forzada. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) cuenta 6,159 desapariciones forzadas registradas durante el conflicto armado, al mismo tiempo indica que este número podría subir hasta 45,000. La mayoría de estos crimines fueron cometidos entre los años 1979 y 1984, bajo los gobiernos encabezados por Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores. Algunas de las comunidades más afectadas se ubican en la región de Chimaltenango.

Además, en otras regiones del país fueron desparecidos, sobre todo, líderes y dirigentes comunitarios. Según la CEH, cualquier conflicto local o sospecha por parte de los Patrulleros de Autodefensa Civil, el Comisionado Militar o el Ejército podría resultar en más nombres agregados a las listas negras.

Actualmente, el juicio, que ya se abrió en abril de 2005, queda parado por un amparo interpuesto por la defensa, cuestionando la constitucionalidad de un procesamiento del delito de desaparición forzada. El argumento principal utilizado por la defensa es la irretroactividad de la ley de desaparición forzada, basándose en el hecho de que Guatemala tipificó la desaparición forzada como delito solo en 1996 mientras los crímenes por los cuales se imputa a Cusanero fueron cometidos entre 1982 y 1984.

Los abogados de la parte querellante rechazaron el argumento interpuesto por la defensa, señalando que la naturaleza del delito tiene un carácter continuo. Así explicaron que hasta que no se encuentre el paradero de las víctimas, sus familiares siguen sufriendo incertidumbre y dolor por desconocer el destino de sus parientes. Es decir que la “continuidad” del delito se basa en el hecho de que los acusados en casos de desaparición forzada siguen ocultando información y de esta manera alargan el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

Además los querellantes alegaron que Guatemala es signatario de varias leyes internacionales que establecen claramente la ilegalidad de los crimines por los cuales está siendo acusado Cusanero con mención especial a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 3 de la Convención de Ginebra. Señalaron los fundamentos nacionales integrados en la ley de Reconciliación Nacional de 1996 que defina explícitamente que “la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura, y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptible o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.”

El 22 de abril se realizó una audiencia pública donde ambos lados presentaron sus argumentos sobre la constitucionalidad de la aplicación de fondo de la retroactividad a los jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango. Después de que los jueces de dicho tribunal resolvieron a favor de los abogados querellantes y el Ministerio Publico, la defensa ejerció su derecho a apelar. Así el caso pasó a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 29 de abril. Está legislado que los jueces de la CC tienen cinco días para tomar una decisión sobre el asunto pero según los abogados querellantes, en la práctica la emisión de este fallo puede tardar hasta un año.

Entretanto los familiares de las victimas de Choatalúm siguen con la esperanza de que la CC resuelva a su favor y de que la justicia pueda seguir su camino para crear un antecedente para las demás personas afectadas por desapariciones forzadas en el país.

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Escrito por ACOGUATE

Referencias

1) Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999): Guatemala: Memoria del Silencio
2) Ibid.
3) Artículo 8, Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-96, 1996.

Entrevista Con Aura Elena Farfán Sobre el Caso de Choatalúm

Aura Elena Farfán es la coordinadora del equipo de exhumaciones de la Asociación Familiares de Detenidos - Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Sus miembros trabajaban juntos con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) desde el año 1984. FAMDEGUA nació como organización independiente el 4 de junio de 1992. El objetivo primordial de la organización es ¨darle seguimiento a la búsqueda de los desaparecidos¨, pero también buscan la aplicación de la justicia en cuanto a los abusos del conflicto interno que vivió Guatemala. Han capacitado a 200 promotores de derechos humanos en varias regiones del país, han realizado 68 exhumaciones, encontrando a mil personas, y actúan como querellante adhesivo en varios casos, tal como el caso de desaparición forzada en la comunidad de Choatalúm, Chimaltenango. CAIG-ACOGUATE tuvo la oportunidad de reunirse con la Señora Farfán en la sede de FAMDEGUA el 15 de mayo, 2008.

ACOGUATE: ¿Desde cuando ha estado participando FAMDEGUA en este caso?
¿Por qué se involucró?

AEF: El 2005 fue cuando nos involucramos - no yo, no estuve participando pero otro compañero - cuando se hizo la exhumación. Desde allí pues, es nuestra obligación, creo yo, como familiares, de apoyar a los otros familiares. No tenemos únicamente el interés de encontrar a nuestros familiares, sino a apoyar a diferentes familias para que encuentren a sus familiares. Y si tenemos la oportunidad, porque posiblemente sea una oportunidad la que podamos tener como familias, el ver que verdaderamente en Guatemala se vive en estado de derecho y que a los supuestos hechores, tanto materiales como intelectuales, se les investigue, se les juzgue y también se les castigue.

No es un afán de venganza el que tenemos, sino realmente que nadie tiene ni tenía el derecho de hacer lo que hicieron...abusar del poder de que alguna manera el ejército dio a los comisionados militares y a los patrulleros. Caso concreto en Choatalúm, bueno, se trata de seis personas desaparecidas, donde verdaderamente los familiares señalan a este señor Cusanero, y que en su testimonio cuando se estuvo en el debate, ellos fueron muy claros, ellos no quieren venganza. Ellos lo que quieren es que este señor Cusanero diga donde se encuentra enterrados ó donde se encuentran sus familiares. Y eso es por lo que estamos movidos, todos los familiares. Nosotros queremos que nos digan donde, donde dejaron a nuestros familiares....en donde están, porque, considero yo que la peor practica ha sido la desaparición forzada. Es lo peor, porque se vive un incertidumbre, se vive un dolor muy grande.

ACOGUATE: ¿Cuál es la importancia del caso al nivel nacional y para FAMDEGUA? ¿Cuales son las consecuencias que este juicio puede tener para la comunidad y para los familiares de las víctimas?

AEF: La verdad es que para FAMDEGUA es muy importante sentar un precedente, de llegar un caso de desaparición forzada a que haya un detenido, en el caso concreto de este señor Cusanero. Para nosotros esto es, de veras, es sentar un precedente.

Ahora, para los familiares, es preocupante. Muy preocupante porque viven cerca de este señor, y no sabemos cual va a ser la reacción en el momento que se le juzgue y se le castigue, cuál va a ser la reacción de sus familiares hacia los testigos, hacia los familiares, que han tenido suficiente valor para no continuar callados, sino de decir que fue lo que pasó. Es una gran preocupación, y aprovecho la oportunidad para pedir a ACOGUATE, a las Brigadas de Paz, a todos los miembros de asociaciones internacionales y nacionales que pongan los ojos sobre ellos para darles de una manera el apoyo que ellos necesitan. Porque creo yo que son personas y familias que van a quedar muy vulnerables si es el caso que este señor llegue á la cárcel.

ACOGUATE: Este es el primer caso de desaparición forzada que llega a juicio en Guatemala. ¿Cuáles han sido los obstáculos enfrentados en llevar a cabo este caso?

AEF: Desafortunadamente aquí en Guatemala la justicia está involucrada con política. No es un estado de derecho real en que vivimos. Sino, muchas veces precisamente se politizan los casos, más de todo cuando hay militares señalados, entonces los militares como no hay que mencionarlos, no hay que decirlos.

El ejemplo concreto que tiene FAMDEGUA es de Dos Erres donde hay 35 recursos de amparo, donde se están amparando a la ley de reconciliación nacional, o sea a una amnistía. Por la falta de justicia, de la aplicación de la justicia, estamos trabajando para poderlo pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque no ha existido la voluntad política de poder buscar a los 16 militares que fueron señalados, o que son señalados, como hechores materiales e intelectuales de este caso.

Y así todos los casos, tanto en masacres como desapariciones forzadas, nos damos cuenta de que si hay militares señalados o comisionados militares de mucho renombre, entonces a ellos no se les debe de tocar, ni tampoco investigar. Sin embargo, creo yo que estamos acercando, tengo la esperanza. Por ejemplo hoy se continúan las declaraciones en el caso concreto de genocidio.

ACOGUATE: El proceso ahora está obstaculizado nuevamente por un amparo. ¿Cuál es el motivo (o la importancia) de todos estos amparos?

AEF: Este obstáculo es un recurso de inconstitucionalidad, que lo interpuso el defensor de la defensa publica. Porque cree que estos hechos no fueron delitos porque no había, una ley que reconociera la desaparición forzada. Sin embargo, creo yo que tanto los convenios y tratados internacionales lo prescriben la desaparición forzada.

Existe un derecho de saber qué pasó con ellos, y también nos asisten como familiares el derecho de exigir que las autoridades encargadas de aplicar la justicia la apliquen como debe de ser. Y este recurso de inconstitucionalidad, creo yo que el señor de la defensa publica, es una forma del abuso de interponer los recursos de amparo para poder ir retrasando los casos. Y eso tiene un sentido, considero yo de que la intención es desesperar a los familiares, que ya no continúen ellos con la exigencia de la aplicación de la justicia, y por supuesto en si a las organizaciones y a la población que de una manera está organizada y que está dando el apoyo en este caso concreto.

Creo yo que no viene una inconstitucionalidad cuento que la misma constitución en su artículo primero dice que el estado se organiza para defender la vida, desde su concepción. Entonces, está un poco contradictoria. Muy contradictoria, pero bueno, quienes participaron en la guerra no tuvieron compasión, de hacer todo lo que hicieron con la gente. Esas son las dificultades, que en todos y en cada uno de los casos encontramos abogados con poca ética profesional. Y que también muchas veces los jueces no tienen la independencia que deberían de tener.

ACOGUATE: ¿Cómo le gustaría a FAMDEGUA de ver avanzar el caso? ¿Hay algo más que quiere que se sepa sobre el caso?

AEF: Bueno, para FAMDEGUA seria interesante e importante que no solo el caso de Choatalúm caminará, avanzará como debería de avanzar, sino todos los casos que llevamos. Que no haya medidas dilatorias, específicamente con el abuso de los recursos de amparo, que ahorita se han puesto de moda, de detener los casos con estos recursos. O el poco interés, de quienes tienen que aplicar la justicia, en investigar y hacer medidas dilatorias, para ir entreteniendo el caso o encabezándolo. Es lamentable que estando en un país ´democrático´, estemos todavía retrasados en la aplicación de la justicia.

No podemos olvidarlos [nuestros familiares]. Ellos a cada rato en el lugar donde estemos, están presentes con nosotros y nos fortalecen, y definidamente de las amenazas y de los allanamientos, que nosotros hemos sufrido, eso nos ha fortalecido para seguir adelante. Por supuesto, su pasamiento de ellos también nos fortalece para darle continuidad a la búsqueda de los 45,000 guatemaltecos que no están, entre hombres mujeres y niños. Eso es lo que nos mueve, para continuar con el caso de Choatalúm, y esperamos, y tenemos la esperanza que la corte de constitucionalidad verdaderamente, el recurso de amparo que están impuesta por inconstitucionalidad sea resuelta a derecho y no políticamente.

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Escrito por: ACOGUATE

Día Internacional Contra la Tortura: Informe de Observación

El 26 de junio de 2008, en Nebaj, Quiché el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) organizó un taller con la intención de celebrar el Día Internacional Contra la Tortura. CAIG-ACOGUATE participó como observador internacional.

Un estadio de fútbol convertido en campo de detenidos y tortura

Por la mañana el taller estaba dirigido a asociaciones y estuvieron presentes las siguientes: Asociación ¿Dónde están las Niñas y Niños? (ADEN), Solidaridad Internacional (S.I.), Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y, como organizadores del acto, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). También asistieron testigos y víctimas de la guerra interna que ACOGUATE acompaña. Por la tarde el taller se repetía, esta vez dirigido a estudiantes.

El taller empezó con la visión del documental chileno “Estadio Nacional”, dirigido por Carmen Luz Parot y filmado en 2001. Un documento histórico que muestra cómo en 1973 el régimen militar fascista de Augusto Pinochet detiene y encierra ilegalmente a miles de personas en un estadio de fútbol de Santiago de Chile. Allí fueron torturadas más de 12.000 personas.

Después de ver el documental, los asistentes compartieron con los demás lo que les había sugerido la película. Mujeres ixiles recordaron el sufrimiento vivido durante la guerra. Y una autoridad indígena comentó que hoy “la mentira y manipulación de algunos políticos y el alto costo de la vida se convierten en una forma de tortura para los pobres” que siguen sufriendo.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

ECAP “desarrolla procesos de acción psicosocial con víctimas de la violencia política, mayoritariamente mayas, encaminados a su afirmación como sujetos de su propia historia, a la recuperación de la memoria colectiva, a la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la justicia y la reconstrucción del tejido social comunitario.” (1)

Tortura, el castigo más injusto

En la Sala Parroquial de Nebaj donde se desarrolló el taller se expusieron carteles con dibujos, recortes de prensa y testimonios sobre la tortura, que se define como: “Todo acto por el cual se inflinga con intención a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla. Dicho sufrimiento debe ser inflingido por un funcionario público u otra persona asignada por este o que tenga su consentimiento.” (2)

¿Cuál es la intención de la tortura?

En el Conflicto Armado Interno, “además de buscar información y confesión, la tortura se realizó para destruir la identidad de las víctimas, buscando su eliminación o su conversión en colaboradores de la represión, contra personas de sus mismas comunidades. También para atacar la identidad colectiva, sus valores y creencias. Y como un instrumento para cambiar las ideas de las personas y comunidades.” (3)

La población maya, perseguida y masacrada

Durante el periodo 2007-2009, ECAP, ICCPG (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala), Maestría en Psicología Social y Violencia Política (USAC) y Unión Europea están realizando el proyecto “Tortura: Prevención y rehabilitación en el Contexto Multicultural de Guatemala”, con el objetivo de “rehabilitar a 540 personas de 15 comunidades mayas víctimas de tortura durante el Conflicto Armado Interno con un enfoque multicultural y con especial énfasis en las mujeres.”

“La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), registró un total de 11.598 víctimas de tortura, el 54% de las víctimas sobrevivieron, la mayoría de estos pertenecen a la población maya duramente perseguida y masacrada, coincidiendo con los departamentos que presentan los más altos índices de pobreza y subdesarrollo a escala nacional.” (4)

¿Quienes cometieron tortura?

“De acuerdo a los testimonios recogidos por la CEH, “el 88% de los casos de tortura fueron ejecutados por el Ejército. Los otros cuerpos de seguridad del Estado ejecutaron actos contra la población civil con la intención de tratar de impedir la organización campesina, laboral, política y social. Y por temor que las comunidades indígenas pudieran incorporarse a la guerrilla.”

“Además se quiso cambiar la forma de pensamiento tradicional a través de mecanismos de control como las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil), las Aldeas Modelo (reasentamientos de la población civil desplazada, controlados por el Ejército) y los Polos de Desarrollo. En el caso del Ejército y las PAC, la tortura se aplicó como una forma de eliminación de la población en muchas comunidades.”

“Estos datos no son exactos porque habrá muchas víctimas que no sobrevivieron para contar su testimonio. Sin embargo, se han realizado exhumaciones en muchas regiones y eso ha permitido que los que fueron torturados y muertos en aquella época, ahora descansen en un lugar digno y no sigan en las montañas, en pozos, olvidados en la memoria histórica.” (5)

“La tortura como parte del sistema”

Dos coordinadoras del taller, plantearon la siguiente pregunta para terminar: “¿Todavía hay tortura en Guatemala?” La respuesta nos la da uno de los recortes de prensa expuesto en el taller: “A pesar de que la tortura está tipificada como delito en Guatemala desde 1995 y que los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado son habituales, nadie ha sido condenado en el país por esos hechos.” (6)

“Los índices de violencia en Guatemala se han incrementado y una gran cantidad de estas víctimas presentan señales de tortura. Organizaciones de Derechos Humanos señalan que estos crímenes y el alarmante incremento del feminicidio y los linchamientos se dan en el contexto de un proceso de limpieza social que selecciona a grupos vulnerables. Esto nutre la cultura de violencia que priva e impide entre la población la consolidación de paz, además de justificar la impunidad y su aceptación por parte de sectores e la población.” (7)

La semilla de la esperanza

“¿Por qué se empeña la muerte / en matar, vanamente, a la vida / si la más humilde semilla / rompe la piedra más fuerte?” (8)

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Escrito por ACOGUATE.

(1),(5),(7) http://www.ecapguatemala.org

(2) artículo 1.1 Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Deprobables.

(3),(4) Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999): Guatemala: Memoria del Silencio.

(6) Prensa Libre, 23 junio 2008.

(8) Poema del guatemalteco Luis de Lion.

Condenan a Cinco Ex-Patrulleros; Caso de Rio Negro

El 28 de mayo fue emitida la sentencia en el proceso por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Acompañantes de ACOGUATE han estado acompañando a los sobrevivientes en las audiencias y en su comunidad. (Para más información, véanse artículos anteriores de este blog)

Baja Verapaz, miércoles 28 de mayo, 2008 — Tras tres años de estar suspendido y seis meses de debate, el caso de la masacre de Río Negro se resolvió con una condena de 780 años de prisión para cinco ex-patrulleros de la aldea Xococ por los hechos ocurridos el 13 de marzo, 1982. Un sexto acusado, Bonifacio Cuxum López, fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de Salamá por falta de pruebas en su contra. De la pena de 780 años, que suma 30 años por cada una de las 26 victimas acreditadas en este juicio, los victimarios tendrán que servir 30 años, la pena máxima según la legislación vigente en la fecha de la masacre.

Refiriéndose al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el tribunal indicó la importancia histórica de este caso dentro del contexto del conflicto armado. Siguió comentando que durante la temporada más violenta entre 1980 y 1983, el ejército identificó a Rabinal como una región estratégica para combatir la amenaza del “comunismo internacional” e eliminar la guerrilla. Dentro de este análisis, la población civil fue definida como una base de apoyo para las fuerzas insurgentes que tenía que ser combatido a través de las patrullas de autodefensa civil (PAC) en 1981.

En las explicaciones, el tribunal contó que desde este momento, el ejército realizó la estrategia de tierra arrasada muchas veces utilizando los PAC para cometer varias masacres de la población civil en el área. Así que la masacre del 13 de marzo de 1982 solo fue una de cinco masacres cometidas contra la población de Río Negro, en las cuales alrededor de 444 personas fueron asesinadas por el ejército y los PAC. Los jueces indicaron que los patrulleros representan los autores materiales de los hechos pero vincularon la responsabilidad intelectual a los superiores militares.

Estas indicaciones del papel del ejercito en los acontecimientos del 13 de marzo 1982 se reflejan en la sentencia, donde el tribunal ordenó la captura del prófugo capitán José Antonio Solares González, así como proceso abierto en contra de oficiales militares altos, medios y subalternos vinculados con los hechos. En cuanto a los autores materiales se ordenó la captura de dos otros ex-patrulleros de Xococ, Ambrosio Pérez Lajuj y Domingo Chen.


En la audiencia final cada una de las 26 victimas que fueron acreditadas fue nombrada cinco veces por parte de los jueces antes de declarar a los cinco ex-patrulleros—Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajuj, Tomás Vino Alvarado y Lucas Lajuj Alvarado—directamente culpable del delito de asesinato. Resumiendo las declaraciones de los testigos, el tribunal subrayó los elementos de planificación e intencionalidad en la operación conducida por el ejército con la participación de los patrulleros con la meta de exterminar a la gente de Río Negro y concluyó que los testimonios prestados por los sobrevivientes fueron “más que creíbles.”

Sin embargo, representantes de ADIVIMA criticaron que la sentencia encubre la verdadera dimensión de la masacre, porque solo se logró acreditar a 26 personas como victimas. Esto a pesar de que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 177 mujeres y niños fueron asesinados en la masacre.

La resolución también obliga a los culpables a pagar un resarcimiento de Q100 mil a cada familia de las 26 victimas acreditadas. Pero como el juez presidente reconoció, debido a la evidente situación de pobreza en la cual se encuentran los condenados, difícilmente se va a poder cumplir con esta parte de la sentencia.

Los sobrevivientes de la masacre de Río Negro vieron la sentencia de los cinco ex-PAC con sentimientos contradictorios. Lamentando la sentencia de los procesados, un sobreviviente dijo, “Todos somos seres humanos, ellos son iguales que nosotros: pobres y indígenas. Sus familias van a sufrir como resultado de su ausencia.” Subrayando la impunidad que existe en Guatemala y la falta del alcance de la justicia a los niveles intelectuales un testigo dijo durante la audiencia, “justicia solamente llega en Guatemala si uno es indígena.” Aunque ADIVIMA había hecho un llamado a los acusados de revelar sus conocimientos de la cadena de mando durante la época de la violencia para así contribuir a un caso en contra de los altos oficiales, los ex-PAC no comentaron sobre la cadena de mando en sus declaraciones.

Terminando, el juez presidente reconoció el dolor y sufrimiento ocasionado por el proceso tanto por los acusadores como por los acusados; en un llamado por tranquilidad el tribunal pidió “que todos regresen a sus casas en paz, ya que Guatemala y Rabinal en particular ya ha sufrido demasiado”, y “que la sentencia no traiga más dolor y violencia a todos los afectados.”
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Escrito Por: ACOGUATE

Fotos: Josh MacLeod; 1)Los acusados subiendo a un vehículo de la Policia Nacional Civil después de la sentencia; 2)Monumento de la masacre en Xococ ubicado en Pacux, Rabinal, Baja Verapaz;

Entrevista con Jesus Tecu Osorio: El Caso de Río Negro

La Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia, en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) es querellante adhesivo en el juicio que se está desarrollando en Salamá, Baja Verapaz por la masacre del 13 de marzo en Río Negro (Ver "El Caso Rio Negro" abajo en este blog). El 8 de mayo, 2008, ACOGUATE encontró a Jesús Tecú Osorio, sobreviviente de esta masacre y testigo dentro del proceso legal, para hablar sobre el juicio.

ACOGUATE: - ADIVIMA es querellante adhesivo en el Caso Xococ. ¿Nos podría hablar un poco sobre ADIVIMA, los grandes rasgos del trabajo legal de ADIVIMA y porqué se involucró en el caso?

JTO: El Caso de Río Negro, desde un principio, empezó a caminar a través del Ministerio Publico hasta en el 2002 cuando ADIVIMA se querelló en el caso para tener participación también adentro del proceso. El proceso así de Río Negro lleva ya 19 años. Entonces ADIVIMA durante todo ese tiempo ha aportado pruebas- muchas veces el Ministerio Publico no funciona entonces el abogado querellante asume los compromisos. Entonces [es] lo mismo que está pasando ahora con ADIVIMA. El testigo de ayer fue renunciado por el Ministerio Publico pero ADIVIMA insistió para que participara, para que se escuchara la declaración del testigo. Eso es un poco el trabajo que ha hecho ADIVIMA. Pero a parte, dentro de ese caso también se está siguiendo el proceso dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso va un poco más en contra la no-captura del Coronel Solares (1). Porque hasta el momento el Estado sabe donde está porque el mismo Estado facilita el pago de su pensión a su cuenta. De alguna forma el Estado sabe donde está pero no quiere capturarlo. Entonces también la lucha por esa vía sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ACOGUATE: Está hablando de este caso frente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se espera de esta petición? ¿Por qué la están proponiendo?

JTO: Lo que estamos buscando allí es la captura del Coronel [Solares] como autor intelectual. Bueno, no solo él, hay unos más … pero él es uno de los autores intelectuales de la masacre de Río Negro. Como no hay colaboración de las autoridades, por eso estamos siguiendo allí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque algún día a través de la Comisión pueden obligar al Estado de entregar a la justicia el Coronel.

ACOGUATE: En cuanto a la situación actual de la victimas, ¿que son las esperanzas por parte de ellos? ¿Qué podrían lograr a través de este juicio?

JTO: Bueno lo que ellos dicen, ojalá que se haga justicia. Pero por otro lado, [los acusados] son autores materiales, son indígenas, mientras que de los autores intelectuales, casi nadie se atreve a hablar. Incluso hasta el mismo organismo judicial casi protege a los autores intelectuales, solo á los autores materiales se atreven a juzgar.

Bueno, y de mi punto de vista como Jesús, ya no como ADIVIMA, como testigo adentro del proceso… para mi son talvez ya suficiente los cuatro años que ya han estado [sic] presos. Porque si se les va a juzgar, si se les va a dar la pena de muerte o lo que sea, me imagino que con eso el Estado va a decir que hay justicia en Guatemala. Entonces lo están utilizando como esto pero en el país no hay justicia. Incluso en el caso de genocidio hay una política directamente en el Ministerio Público de no investigar eso.

ACOGUATE:¿Entonces en cuanto a este juicio para la comunidad y los familiares de las victimas sería de lograr esta sentencia legal ahora y después ver si se puede seguir hasta los autores intelectuales?

JTO: Eso es un poco la idea para ver si pueden declarar también en contra de los autores intelectuales, pero es un poco difícil. Es un poco difícil porque muchas veces en las declaraciones que han dado dicen que sí participaron en las masacres pero no dicen cómo, cómo lo hicieron, de donde vinieron las órdenes. Entonces como que hay ciertas dudas en las declaraciones. Pero también hay mucho riesgo para ellos porque así como están las cosas ahora en nuestro país muchas veces utilizan a la delincuencia común para cometer cualquier hecho.

ACOGUATE: Usted mencionó que no hay tantos choques entre victimarios y victimas. ¿Usted ve diferencias en el contexto en el cuál se está desarrollando este juicio en comparación con el juicio anterior contra los tres jefes de los patrulleros?

JTO: Sí. Fíjate que hace como diez años, cuando estuvimos en el juicio, había familiares de los patrulleros que les querían agredir a los testigos. Había una fuerte participación de los ex-patrulleros con la intención de liberar a los tres que estaban acusados. Pero ahora no, no se ve eso. Casi no llegan los otros patrulleros a ver… casi solo llegan los familiares, pero en el 99 había cientos y cientos de patrulleros.

ACOGUATE: Regresando un poco al juicio de aquí en Salamá, que también es un juicio que se desarrolló en un contexto local bastante limitado. ¿Como se ha desarrollado la convivencia casi permanente con los presuntos autores materiales que también viven en el mismo contexto local?

JTO: Eso ya se volvió costumbre. Después del conflicto armado eso siempre se ha dado. En los días de plaza [mercado] siempre allí se conviven todos. Y muchas veces allá se dan algunas discusiones entre víctimas y victimarios… y amenazas. Entonces es difícil evitarlo porque vivimos en un solo pueblo.

ACOGUATE: Usted está involucrado en varios casos, mirando el contexto general. ¿Usted percibe avances en toda esta lucha en contra la impunidad y la lucha por la justicia en los diferentes procesos?

JTO: Allí lo que estamos haciendo es ver de qué forma para que avance el proceso en contra de los autores intelectuales. Como que decía [yo], ¿será que estamos muy interesados en seguir el proceso en contra de patrulleros? sino que ahora estamos interesados más en contra de los autores intelectuales. Y eso es lo que estamos buscando, a ver como podemos empujar eso. El caso de genocidio a nivel nacional y el caso también a nivel internacional.

ACOGUATE: Todos estos procesos llevan tiempo, ¿usted se siente que el compromiso de la gente es de llevar a estos autores intelectuales a la justicia?

JTO: Se cansa uno pero se cansa más de no hacer nada porque así hay riesgo que se pueda repetir.

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Por ACOGUATE

Referencias del artículo
(1) El entonces capitán, José Antonio Solares Gonzáles, estaba al mando de numerosas operaciones militares que se desarrollaban en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz en el año 1982. Así también fue señalado como uno de los responsables por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Tiene numerosas órdenes de captura y actualmente es prófugo de la justicia.

Las próximas audiencias del juicio tendrán lugar en Salamá el 26 y 27 de mayo de este año. Están previstas las conclusiones y la sentencia final.

Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales. La Taña, Zona Reyna, Uspantán, Quiché.

“Del 22 al 24 de abril de este año, más de 550 personas mujeres y hombres Q´eqchis, Ixiles, Quiches y de otros pueblos de Guatemala se reunieron para analizar la explotación irracional de los recursos naturales en sus comunidades por parte del gobierno y las empresas.” (1) En el gafete que la organización facilitó a todos los participantes se podía leer: “Ríos libres de represas. No a la privatización del agua. Agua para la vida. No más represas.” CAIG-ACOGUATE estuvo presente como observadores internacionales.

“Agua, tierra y maíz, defendamos el país”

Ésta fue una de las consignas coreadas por los asistentes del Encuentro que comenzó el miércoles 23 de abril por la mañana con las palabras de bienvenida de Don Agustín, del Frente Nacional Guatemalteco Contra las Represas. Él mismo hizo la presentación ante un público que llenaba el edificio destinado a las conferencias del evento. Algunas de sus palabras fueron: “Supervivencia. Unidad. Y estrategias de lucha” para defender los recursos naturales.

A continuación, uno de los representantes del consejo del municipio de San Miguel Uspantán, Don Hipólito Hernández, dijo textualmente ante los asistentes del Encuentro, “no a las represas, no a la minería”. Cabe mencionar que el municipio de Uspantán en 2007 realizó una Consulta Comunitaria en la que se dijo por mayoría no a la minería.

Un representante del Gobierno central afirmó que “las represas son hechas no para el pueblo sino para otros intereses”. Se refirió al proyecto hidráulico de Chixoy, situado muy cerca de donde se realizaba el Encuentro, diciendo: “la represa de Chixoy lleva mucha sangre”, aludiendo a las masacres en distintas comunidades llevadas a cabo por el ejército estatal durante los años 70’s y 80’s mientras se desarrollaba el proyecto hidroeléctrico.

Luego, el mismo político recordó que “los españoles ya vinieron a llevar nuestros recursos y todavía hoy”. Con palabras propias de un míting político, que contrastó con el tono reflexivo y sereno de todo el Encuentro, añadió que “el gobierno de los ricos ya terminó. El gobierno actual escucha a los pobres”. Y terminó su elocuente discurso haciendo una referencia a la Zona Reyna de Uspantán, “esta zona representa el espíritu de libertad porque jamás se doblegaron delante del ejército”.

No obstante, como diría más tarde una de las conferenciantes del Encuentro, ya no sirve el “beneficio de la duda” ante las políticas del gobierno, la sociedad civil debe hacer una “auditoria social crítica”.

CONFERENCIAS, MAÑANA 23 ABRIL:
“El monstruo de dos cabezas”

La periodista de El Observador, Carmen Reina, desarrolló en la primera conferencia del día una crítica al gobierno de Álvaro Colom sin demagogia y proporcionando datos e informaciones relevantes sobre los megaproyectos. Para empezar, comparó al gobierno actual de la UNE con un monstruo de dos cabezas. Puso como ejemplo de esta metáfora el prestigioso ambientalista Luis Ferraté, Ministro de Medio Ambiente, y el conservador Carlos Meany, Ministro de Energía y Minas. Dos ministros que, según Reina, defienden intereses completamente opuestos.

La periodista recordó la nueva tendencia del mercado mundial en la producción de agro-combustibles criticando la estrategia de “alimentar carros y no personas”. Actualmente el Congreso de Guatemala promueve una nueva ley para impulsar la explotación de éste nuevo recurso.

Reina enfatizó el hecho de que muchas de las hidroeléctricas implantadas en Guatemala destinan su energía a otros países, como la hidroeléctrica de Xalalá que, dijo, “está diseñada para vender energía directamente a El Salvador, no a Guatemala”.

La periodista mostró distintos mapas para visualizar el desarrollo de los megaproyectos en el país, destacando la conexión entre la vieja hidroeléctrica de Chixoy, la nueva de Xalalá, la ciudad de Guatemala y El Salvador.

Y cuestionó a quien benefician estos proyectos cuando se sabe que de cada 100 proyectos mineros e hidroeléctricos, 80 están en manos extranjeras y 20 en nacionales. Puso como ejemplo Bolivia que obtiene un 60% de los beneficios de la explotación de gas y comparó esta cifra con el 1% que obtiene Guatemala.

Comentó que con el cínico y falso eslogan de Promover el desarrollo de las comunidades, los gobiernos aprueban el desarrollo de múltiples megaproyectos sin la participación de las comunidades como, por ejemplo, la represa de Chixoy. Hoy, 30 años después de la construcción de ésta hidroeléctrica, todavía se encuentran comunidades sin electricidad en la zona.

Otro ejemplo más reciente: “la empresa Hydroxacbal, en Chajul, entró de manera clandestina en las comunidades donde desarrolla su proyecto hidroeléctrico y desalojó a sus habitantes”.

“Consulta Comunitaria, derecho fundamental”

La asesora jurídica de la ONG internacional Derechos en Acción, Marta García, remarcó en la segunda conferencia del Encuentro que las Consultas Comunitarias son un “derecho fundamental” para defender los recursos naturales y los intereses de las comunidades. Empezó recordando el Convenio 169 (2) que dice: “El Estado tiene obligación de realizar consultas a los pueblos indígenas sobre los asuntos que directamente afecten a su forma de vida”.

También subrayó el artículo 141 (3) y recordó que “la soberanía radica en el pueblo”. Definió la soberanía como “la sociedad, las autoridades, el territorio, los recursos, los bienes, el patrimonio y la forma en cómo se administra todo”. Y añadió, “esta soberanía la delegamos en el Gobierno (órgano ejecutivo), el Congreso (órgano legislativo) y los Tribunales (órgano judicial). Sobra decir que los tres órganos deberían ser independientes.

La licenciada puso como ejemplo la Consulta de Zacapa, en Río Hondo, la segunda realizada en el país en 2005, en la que las instituciones públicas dijeron que la consulta era ilegal; no vinculante. No obstante, como afirmó la asesora legal, “Si la consulta es un derecho fundamental, tiene que ser jurídica, es decir que genere una obligación y responsabilidad”. En la jurisprudencia nacional e internacional ya existe ésta interpretación legal de las consultas.

Marta García recalcó que se debe informar a los pueblos de cualquier proyecto o actividad que afecte a los recursos naturales. Y, sobretodo, se debe respetar su decisión. En este sentido, apuntó que ya son “más de 300,000 personas que han dicho no en distintas Consultas Comunitarias” a diversos proyectos que afectan a sus comunidades.

Con la próxima construcción de la represa de Xalalá se calcula que se verán afectadas 32 comunidades y unas 6,000 personas. Y hasta el momento, nadie ha informado de nada a estas comunidades ni se les ha preguntado si quieren que se haga este proyecto. Ésta es la misma dinámica que se impone en todo el país como se pudo comprobar escuchando los casos que contaron muchos asistentes del Encuentro.

“La población del área Ixil, igual que la población de otras áreas y regiones del país, son objeto hoy día de movimientos y operaciones políticas y económicas encubiertas. Es decir, ocultas y desarrolladas a espaldas de los pueblos y comunidades, pero sobre sus propios recursos naturales. Así ha operado en la región una compañía de origen italiano que ha comprado alrededor de 28 mil cuerdas de tierra con seis aldeas dentro de ellas, en la Reserva de la Biosfera del Cerro Visis, sin conocimiento de las comunidades que históricamente han administrado y sobrevivido de los recursos naturales de esas cumbres.” (4).

La sociedad puede hacer uso de los siguientes tipos de consultas: Consulta popular, Consulta de vecinos, Consulta de autoridades y Consulta comunitaria. En todos los casos, y como dice el artículo 44 (5), “el interés social debe prevalecer respecto del particular”. Sin embargo, desde hace mucho tiempo existe un “legislicidio”, en palabras de la especialista García, que “no respeta ni benefician al pueblo”.

Biodiversidad y cerros sagrados

Don Ricardo Cárdenas, de la organización ecologista Madre Selva, fue el tercer conferenciante del Encuentro. Evidenció que “no hay estudios biológicos que documenten la gran riqueza de la biodiversidad de la zona de Xalalá”, donde se va a construir una nueva represa. Y junto con una compañera de la comunidad Las Margaritas presentó un extracto de los resultados del estudio biológico que realizaron el pasado mes de marzo en la Zona Reyna. El mismo concluye que “la represa de Xalalá situada entre los ríos Copón y Chixoy afectará ésta región”.

Los ecologistas recordaron que “los estudios y el conocimiento de la riqueza biológica lógicamente ayuda a la lucha por la defensa de los recursos naturales pues gracias a ellos se sabe lo que se tiene y lo que se puede perder”. También hablaron del lado espiritual de la cultura de este país y el respeto que se debe tener por los “cerros sagrados que son destruidos para construir carreteras y megaproyectos.”

MESAS DE TRABAJO, TARDE 23 ABRIL:
“La tierra no se vende, se cuida y se defiende”

Se organizaron las siguientes cuatro mesas de trabajo abiertas a todos los asistentes: 1) Organización de la defensa de los recursos naturales. 2) Proyectos de represas e hidroeléctricas. 3) Resistencia a los megaproyectos. 4) Experiencias de lucha legal.

En la mesa Resistencia a los megaproyectos, representantes individuales y de asociaciones civiles de distintas zonas del país denunciaron la explotación minera, hidroeléctrica y petrolera en sus comunidades y contaron cómo se organizan para defender los recursos naturales amenazados.

Un representante del Oriente del país, que participó en el grupo de trabajo, dijo que en muchas comunidades de su región las familias sufren de hambruna y desnutrición. Afirmó que todavía hoy en algunas comunidades “los que sobreviven a los tres meses del verano, tienen nueve meses más de vida”. Porque “se puede aguantar unos días sin comer pero no sin beber agua.”

Al final de éste taller-mesa de trabajo se resumió la estrategia de lucha en los siguientes puntos: “1) Obtener información de los proyectos. 2) Organizarse y mantener la unidad. 3) Realizar estudios técnicos. 4) Dinamizar los Consejos y redes de resistencia como los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). 5) Educar, capacitar y concienciar. 6) Desarrollar Comisiones comunitarias. 7) Realizar Consultas comunitarias. 8) No vender las tierras. 9) Interponer recursos legales. 10) Desarrollar un plan o estrategia de lucha. 11) Mantener la presión y la resistencia. 12) Incidir en lo local y nacional-internacional. 13) Organizar la resistencia por regiones y unir la lucha. 14) Difundir la información en los medios de comunicación. 15) No dejarse captar por la cooperación.”

El 4º Encuentro en Defensa de los Recursos Naturales se realizará en la localidad de Ilom, Chajul, todavía sin fecha definida. Será una nueva oportunidad para hacer balance y analizar los impactos de los megaproyectos en las comunidades, la economía del país y la Madre Tierra.

DECLARACIÓN FINAL:
Extracto de la Declaración del Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales

“Proclamamos ante los pueblos de Latinoamérica y el mundo:

1. Somos hombres y mujeres campesinos e indígenas de comunidades rurales, organizadas, que estamos en resistencia ante la invasión y agresión del imperialismo, de las empresas nacionales y transnacionales, las que se están apropiando de nuestros recursos naturales, nuestro territorio, de nuestras vidas.

2. Que nuestros abuelos y abuelas defendieron sus tierras y recursos naturales, los cuales nos heredaron, y ahora es nuestra responsabilidad defenderla para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, Que así sea, así será. Defenderla de los proyectos imperialistas de Minería a Cielo Abierto, Proyectos Hidroeléctricos, de Privatización de los Recursos Naturales, proyectos de infraestructura y petroleros, que causan devastación, enfermedad y muerte, que destruyen las comunidades y coartan el desarrollo soberano de nuestros pueblos. (…)

TODO PARA LAS COMUNIDADES Y NADA SIN LAS COMUNIDADES.” (6)

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Por ACOGUATE.
Fotos: ACOGUATE 1) La Taña, Uspantán, Quiché 2) La Hidroeléctrica Chixoy, Baja Verapaz. 3. Participantes en el Encuentro

Referencias artículo:
1 y 6 Declaración del Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales.
2 Convenio 169, sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Caso de Rio Negro

A tres años de haber sido suspendido, se reabrió el caso de Río Negro en diciembre 2007. En este juicio hay seis patrulleros de Xococ sentados en el banquillo acusados por su papel en la masacre del 13 de marzo, 1982. En un juicio anterior en 1999, tres comandantes de la patrulla fueron condenados a 50 años de prisión por su participación en la misma masacre, que tuvo un saldo de 70 mujeres y 107 niños muertos. ACOGUATE ha estado presente en las audiencias, observando el proceso en el cual la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia, en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), actúa como querellante.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), los hechos del 13 de marzo de 1982 representan una etapa en una serie de operaciones impulsadas por intereses económicos y estratégicos, que se concretizaron en “la intención del mando responsable del Ejército de destruir total o parcialmente a dicha comunidad (...).” Las sucesivas violaciones fueron cometidas con el objetivo de desalojar forzosamente las comunidades que residían a lo largo del Río Negro para poder avanzar con la construcción de la represa de Chixoy e inundar el valle del Río Negro en Baja Verapaz. Este proceso se desarrolló bajo los ojos de las instituciones de supervisión, el entonces estatal Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en función de la administración de fondos y la coordinación del proyecto, junto con el Banco Mundial y el Banco Inter-Americano de Desarrollo quienes aportaron los prestamos para impulsar el proyecto .

El desplazamiento de la gente empezó con hostigamientos en 1980 y culminó en cuatro masacres cometidas entre febrero y septiembre de 1982 por efectivos del ejército y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil de Xococ. La mayoría de los sobrevivientes hoy viven en el lugar de reasentamiento previsto por el INDE, Pacux, una aldea modelo situada detrás de un destacamento militar a orillas del pueblo de Rabinal, Baja Verapaz.

El juicio es el segundo que se desarrolla por las violaciones en Río Negro y está enfocado en la masacre del 13 de marzo de 1982. En la primera fase, los supuestos victimarios presentaron sus declaraciones. Algunos de los acusados negaron de haber estado presentes en el lugar de la masacre. Otros subrayaron el papel protagonista del ejército y explicaron como los soldados les habían organizado en patrullas y llevado a Río Negro. Al mismo tiempo no identificaron a los actores del ejército que estaban al mando de la operación. Uno de los acusados admite que no quiso señalar estos por tener miedo de repercusiones por parte de las estructuras militares. Los patrulleros en el caso señalan solo la participación del capitán Solares, quien ya tiene numerosos órdenes de captura y actualmente es prófugo de la justicia.

La segunda parte del juicio ha sido caracterizada por las declaraciones de los sobrevivientes de la masacre de Río Negro. Muchos de ellos se acuerdan detalladamente de los hechos de este día. Cuentan como las mujeres y los niños se habían quedado en la aldea porque se esperaba que no iban a sufrir represalias. Según los testimonios, los habitantes de la aldea que habían permanecido fueron rodeados por los efectivos del ejército y las patrullas civiles y después llevados a un cerro cerca de la aldea, donde muchos fueron torturados, violados y brutalmente asesinados. Pocos lograron escapar la masacre en la cual fueron ultimados 177 mujeres y niños. Una mujer quien logró escapar cuenta lo siguiente: “Vi a mi mamá y a mi abuela en la fila, y las vi morir. Violaron a muchas mujeres. Le dije a mi prima que si se quedara tal vez se salvara. Yo tenía 16 años. Le pedí a mi mamá que se quedara con mi niña, pero no me la quiso recibir. La dejé tirada porque no quería recibirla y huí. Pensé en mi hija, pero no quería morir. Me dispararon mientras corría para el barranco.” También, quedaron vivos 18 niños elegidos por los patrulleros y sucesivamente llevados a Xococ donde fueron forzados a convivir con los patrulleros que habían matado a sus familiares y les mantenían como esclavos.

La acusación señaló que el juicio también ha sido marcado por unas decisiones del fiscal del caso y de la defensa que no parecen contundentes. Entre ellas fue el anuncio del fiscal de querer renunciar a un testigo considerado clave por parte de la acusación. Este testigo, quien formó parte de la patrulla de autodefensa civil de Xococ, había sido citado para que declara quién había dado las órdenes a los patrulleros y porqué. Según los abogados de la acusación, esta aportación hubiera podido contribuir al desmantelamiento de la estructura de mando que operaba detrás de los actuales acusados. En una primera argumentación, el fiscal determinó como abundante la toma de declaración del señor por considerarla repetitiva. Posteriormente, en una segunda explicación, se declaró preocupado por la integridad física del testigo. A causa de las protestas de los abogados querellantes, el fiscal aseguró que averiguaría la posibilidad de tomar medidas para garantizar la seguridad del testigo. En cuanto de las “peculiaridades” por parte de la defensa fue su anuncio el segundo día de querer retirar todos sus testigos del juicio. Al final esta propuesta fue rechazada por las demás partes.

La acusación opinó que estas acciones dilatorias del fiscal y de la defensa buscaban impedir la identificación de los autores intelectuales vinculados con las masacres. Esta lectura puede coincidir con la ausencia de Otto Ponce, comandante del destacamento militar quien fue citado por la acusación pero no se presentó en el tribunal.

Varios familiares de las victimas mencionaron el sentido de hostilidad hacía los familiares presente en la sala de debate. Como señalaron fuentes locales, es una consecuencia de las dinámicas del conflicto armado que creó la división de un contexto local en el cual víctimas y victimarios siguen conviviendo sin esclarecimiento de la responsabilidad intelectual y material de las masacres.

El último acontecimiento que refleja la concentración de violencia en el contexto local, que según diferentes organizaciones de derechos humanos está vinculado con este juicio es el atentado sufrido por Guillermo Chen, director de la Fundación Nueva Esperanza ubicada en el municipio de Rabinal. Como decía un testigo del caso, el juicio muestra que por el momento, la posibilidad de alcanzar una condena jurídica se limita a los agresores, que son “indígenas y pobres” iguales como las víctimas, pero día por día más elementos se juntan y empiezan a identificar a las autores intelectuales de los actos de violencia.

Escrito por ACOGUATE
Fotos: ACOGUATE; 1. Gente de las comunidades de Rabinal, Baja Verapaz afuera de la corte de Salamá. 2. Reconocimiento judicial del lugar hacía Rio Negro que fue suspendido a la mitad del camino

1 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999): Guatemala: Memoria del Silencio.
2 Centre on Housing Rights and Evictions en colaboración con Rights Action (2004): Haciendo realidad las reparaciones en el caso de la repesa Chixoy.
3 Ibíd.
4 http://www.elperiodico.com.gt/es/20080306/pais/49776
5 Ibíd.