Caso Ixcán y la hidroeléctrica Xalalá

Debido a la falta de ofertas el 7 de noviembre se declaró desierta la licitación de la Hidroeléctrica Xalalá, planificada para la región del Ixcán. Al final, ninguna de las nueve empresas que habían mostrado interés en el proyecto, concretizó su propuesta. Además salió a luz publica que una empresa manifestó que había identificado riesgos sociales, ambientales y financieros en la implementación del proyecto. Funcionarios del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informaron que seguirán impulsando el proyecto que generaría 181 megavatios y aseguraron que están analizando otras opciones para financiar el proyecto. Desde febrero de 2007, ACOGUATE ha brindado acompañamiento a varias comunidades que se verían afectadas por la represa Xalalá en el caso de que fuera construida.
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Traducción de artículo que fue publicado en el
San Francisco Chronicle, 8 de junio de 2008
Versión original en inglés
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[Alejandro Che] Paau nació en Las Margaritas Copón, una aldea de 300 habitantes ubicada a la orilla de los ríos Chixoy y Copón en la región norte de Guatemala. Cultivos de maíz y cardamomo rodean varias decenas de casas, adonde solo se puede llegar por barco o a pie.

El cruce de los ríos, a 20 minutos de la casa de Paau, es el sitio propuesto para la segunda represa hidroeléctrica más grande de Guatemala – la represa Xalalá. La comunidad de Paau es una de 18 comunidades que podrían ser inundadas por el embalse de 7.5 kilómetros cuadrados.

La represa Xalalá se suma a otros proyectos que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ha elaborado para atraer inversión extranjera en energía renovable. Se espera un aumento de 10 por ciento de las reservas nacionales de energía, la generación de beneficios anuales de entre 100 millones y 150 millones de dólares, y energía a precios accesibles para más de 2 millones de personas, mientras se ahorran 4 millones de barriles de petróleo al año.

Fredy López, el vocero del INDE, indicó que el proyecto hidroeléctrico presenta una oportunidad para que Guatemala reduzca su dependencia en el petróleo y en la energía importada. "Utilizando tecnología limpia, la hidroeléctrica aumentará la productividad de Guatemala y el acceso a energía."

Por otro lado, la represa podría inundar las casas de 2,338 personas a lo largo de 41 kilómetros del río Chixoy y 16 kilómetros del río Copón, afectando a 36 comunidades. El gobierno no ha presentado un plan de resarcimiento y según López, el Gobierno se niega a declarar acerca de dichos planes por el momento.

En abril del 2007, comunidades afectadas por la represa Xalalá realizaron una consulta acerca de mega-proyectos como Xalalá y la exploración de petróleo en el territorio - un derecho que les concede la Constitución y la ley municipal - de 21,155 votantes, 89.7 % votaron “No”. Sin embargo, el máximo órgano judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, ha fallado que los resultados de las consultas no son vinculantes si el tema de la consulta es considerado un asunto de interés nacional.

Paau espera que la consulta sea respetada y cita como base legal los respectivos pasos de la Constitución y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los dos documentos reconocen el derecho de los pueblos indígenas de definir "sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural"

En 1982, las fuerzas armadas masacraron a 177 mujeres y niños en Río Negro, una aldea a la orilla del Río Chixoy, 50 kilómetros al sur de Las Margaritas Copón, para construir la hidroeléctrica más grande de Guatemala. En ese entonces, las comunidades Achí se opusieron claramente a la represa de 300 megavatios. Ocurrieron tres masacres más en 1982, en las que 444 de los 791 residentes de Río Negro fueron masacrados, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico. La represa Chixoy fue financiada en gran parte por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La comunidad de Río Negro y más de 27 caballerías de tierra cultivable fueron inundadas. Las fuerzas armadas obligaron a los sobrevivientes a vivir en un pueblo militarizado a más de cuatro horas de distancia de la comunidad inundada.

Hoy en día, sobrevivientes de Río Negro aún están luchando para recibir resarcimiento. Viven en lotes chiquitos y áridos a ocho horas de distancia de las parcelas cultivables que el gobierno les proporcionó. A pesar de que el plan de reubicación del INDE les prometía energía eléctrica y agua potable gratuita, la mayoría de la gente no puede pagar sus facturas eléctricas o de agua, ni siquiera pueden pagar el pasaje para llegar a sus parcelas para trabajarlas. El INDE mantiene que ya ha cumplido con las obligaciones de reubicación y que desde la privatización de las empresas de servicio público en 1998, ya no se hace responsable de proveer energía eléctrica a las comunidades reubicadas ni de responder a las quejas relacionadas con el resarcimiento.

Aunque, hasta la fecha, oficiales del INDE aún no se han acercado a los residentes de Las Margaritas Copón, Paau teme que el proyecto Xalalá deje a su comunidad con los mismos problemas que los de Río Negro. "Sabemos que no están construyendo esta represa para nosotros," dijo Paau.

Aviva Imhof, directora de campañas de International Rivers, un grupo sin fines de lucro basado en Berkeley, California, dice que el gobierno no debe impulsar el proyecto de la represa hasta que cumpla con sus obligaciones de resarcimiento anteriores.

"El gobierno debe hacer una evaluación amplia de todas las opciones para lograr las necesidades energéticas del país, y debe resarcir a las comunidades afectadas por la represa Chixoy, antes de hacer cualquiera decisión para avanzar con el proyecto Xalalá," dijo Imhof.

Emiliano Panjoj, alcalde de Santa María Tzejá, una aldea donde la mayoría de la gente votó en contra del proyecto en el año 2007, manifiesta que proyectos de ecoturismo de pequeña escala, una escuela diversificada y un centro de salud mejorado beneficiarían más a su comunidad. "No es que estamos en contra del desarrollo,” dice Panjoj, “Solo queremos que sea desarrollo bajo nuestras propias condiciones.”

Para mientras, Paau está a la espera de cualquiera información que pueda afectar el destino de su aldea. "Los periódicos dicen que esta área está deshabitada, que sólo hay unas familias que tendrían que ser reubicadas,” manifestó Paau. "Pero somos miles. Para el gobierno, los ríos significan dinero. Para nosotros, los ríos son nuestras vidas.”
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Foto: Comisión Coordinadora de la Consulta, Ixcán
1 Solano, Luis: Fracasa licitación para Xálala; INDE insistirá, Inforpress 1778, 14/11/08.
2 NISGUA: NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
3 INDE: http://www.inde.gob.gt/xalala/Xalala.html
4 Entrevista con Fredy Lopez, 1-8 mayo 2008
5 Ibíd.
6 NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
7 San Francisco Chronicle, “Placing Blame For Genocide: Guatemalan massacre survivors seek damages from dam financiers,” 16 noviembre 2000, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2000/11/16/MN94314.DTL&hw=chixoy+dam&sn=002&sc=591
8 Ibíd.

V Encuentro sobre Racismo y Genocidio

El 19 y 20 de noviembre del año en curso, 380 mujeres y hombres de 101 organizaciones sociales que trabajan, entre otros, en los temas de Derechos Humanos, Justicia y Memoria Histórica – e incluyendo varias organizaciones que ACOGUATE acompaña o ha acompañado – participaron en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. Desde 2003, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han organizado este encuentro anual con el objetivo de crear un “espacio para debatir, reflexionar y sensibilizar entorno al racismo y el genocidio en Guatemala, sus causas, la necesidad de recuperar la memoria histórica y luchar por la justicia en las graves violaciones de derechos humanos.” El Encuentro se celebró bajo la lema de Justicia y Resistencia, garantías de la NO repetición.

Ponencia Inaugural – Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición
La ponencia inaugural del Encuentro, en la cual participaron Marc Drouin, Edgar Pérez, Luís Alexis Calderón y Florentino Gregorio Pérez, se hizo bajo el tema Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición. Pérez y Calderón presentaron, respectivamente, acerca de la sentencia y la apelación que se dieron en el caso de Río Negro, aldea de Rabinal, Baja Verapaz (Véanse artículos anteriores de este blog), mientras Florentino Gregorio Pérez habló acerca de la Jurisdicción Universal.

Destacaron unos elementos de la ponencia de Marc Drouin, quien expuso las conclusiones de investigaciones que había llevado a cabo en 2005. En su presentación, “El genocidio guatemalteco de 1982”, Drouin discutió sobre la definición de genocidio según la ley internacional y la aplicación de tal calificación a los crímenes cometidos en el altiplano guatemalteco a principios de los años 1980. Explicó que en estos años, el ejército guatemalteco siguió el mismo modus operandi en los ataques que cometió en contra de poblaciones indígenas en casi todo el altiplano guatemalteco, en distintas zonas y destacamentos militares –demostrando la intención genocida con la cual actuó el ejército guatemalteco. También planteó que una de las posibles ‘motivaciones’ tras esta intencionalidad de exterminar a las poblaciones Mayas se encuentra en el movimiento cooperativista que representaba un intento de parte de las poblaciones indígenas de organizarse para buscar su propio camino hacia el desarrollo y su independencia económica. Esta voluntad de buscar “una manera de no ir a la costa,” como explicó Drouin, ponía en peligro el esquema económico dominante que desde la colonización española está basado en la explotación de la mano de obra barata que representa la población indígena despojada de tierra y con escaso acceso a modos de producción.

A continuación, los participantes se dividieron en varias mesas de trabajo según diferentes áreas temáticas. Entre ellas estaban los temas de “Mujeres y Resistencia” y la “Re-militarización”.

Mesa de trabajo “Mujeres y Resistencia”
En el seminario “Mujeres y Resistencia”, se juntaron unas 40 participantes para discutir y compartir acerca de las formas en las cuales las mujeres están resistiendo en la coyuntura política actual. Andrea Barrios, representante del Sector de Mujeres abrió la mesa de trabajo presentando la experiencia que tuvo esa agrupación de mujeres en movilizarse y luchar para organizarse y tener un espacio como mujeres en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Explicó que en ese entonces, se planteó que el conflicto armado interno había afectado a las mujeres en una forma específica y que, por lo tanto, se tenía que incluir en los Acuerdos de Paz una respuesta específica. También se planteó que para mujeres Mayas durante el conflicto armado, el papel de reproducción social tomó un carácter de resistencia: el hecho de dar a luz y de cuidar niños en medio de una campaña genocida así como de mantener vivas costumbres, culturas e idiomas era de enfrentarse al intento de genocidio del ejército guatemalteco.

Barrios planteó que una confluencia de factores históricos se ha sumado para formar estructuras de poder – patriarcado, racismo, capitalismo neo-liberal – de las cuales estaban, y sigue siendo excluida la mayoría de las mujeres. El Sector de Mujeres ha llegado a un análisis de que, dada esta realidad, para muchas mujeres la resistencia empieza desde su casa y que el hecho de organizarse ya es una forma de resistencia. Asimismo, la idea sería empezar la resistencia desde lo personal y de vincularla a luchas sociales más amplias, es decir, recuperar espacios y territorios empezando con sus propios cuerpos.

Mesa de trabajo “Re-militarización y Acuerdos de Paz”
En la mesa de trabajo acerca del tema de “Re-militarización y Acuerdos de Paz”, Amilcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, hablaron sobre una nueva forma de militarización que se está dando en la coyuntura actual. Mencionaron al mismo tiempo que Guatemala ha sido militarizada permanentemente desde la revolución liberal en el año 1871. Afirmaron que, a pesar de que los Acuerdos de Paz de 1996 consignaban que el ejército tenía que redefinir sus funciones, su papel sigue igual. Justificando su presencia en algunas regiones por la presencia de narcotraficantes y por el aumento de violencia y delincuencia, el ejército sirve todavía hoy de herramienta para la estructura económica, imponiendo una estabilidad que asegura la explotación masiva de los recursos naturales y las inversiones extranjeras, y que mantiene fijos los poderes económicos. Pop y Canteo añadieron que, por lo visto, no es una casualidad que las áreas más re-militarizadas hoy en día se ubiquen cerca de los megaproyectos capitalistas.

Los ponentes en esta mesa de trabajo concluyeron que a casi doce años de la firma de la paz, el Estado guatemalteco no ha cumplido con las responsabilidades de justicia transicional que debían seguir los acuerdos de paz, sean la verdad, la justicia, la reparación, y la desmilitarización del país. También insistieron en la importancia de romper la impunidad, de la cual se beneficia el Ejército, relacionada tanto con eventos del conflicto armado como con eventos más recientes, para que exista una garantía de no repetición de los actos de genocidio y un ejercicio democrático funcional en el país.

“Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación”
En el foro de la mañana del 20 de noviembre, Luís Ramírez, Edgar Morales, Ramón Cadena y Alejandro Rodríguez presentaron sus ponencias como parte del foro titulado “Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación.”

Dos ponencias destacaron de este foro: la presentación de Edgar Morales, quien expuso el tema del punto de vista de los medios de comunicación, así como la presentación de Alejandro Rodríguez quien habló del punto de vista del Sistema de Justicia

Morales explicó que la mayoría de los medios de comunicación en Guatemala son medios comerciales de propiedad extranjera que tienen un objetivo fundamental lucrativo (y no informativo) y que, por lo tanto, no están actuando en el interés de la mayoría de los guatemaltecos. Afirmó que no piensa que sea muy probable que estos “des-medios de comunicación” se sumen a la lucha de los que buscan la justicia por un conflicto armado “que ellos mismos se encargaron de ocultar”. 2 Al contrario, propuso que, para que los medios de comunicación puedan contribuir a garantizar la no repetición de los hechos cometidos durante el conflicto armado interno, habría que empezar por la construcción de nuevos medios de comunicación alternativos y de mecanismos o redes propios de información en las comunidades.

En su ponencia, Alejandro Rodríguez, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), ofreció una exposición de cómo Guatemala se construyó históricamente como un estado racista y colonial basado en la exclusión y la explotación de los pueblos indígenas; en resumen: un estado de apartheid. Expuso también que, a pesar de que han estado sometidas a condiciones mínimas de existencia, los pueblos indígenas se han rebelado a lo largo de la historia del Estado guatemalteco para resistir a estas condiciones. Según Rodríguez, es esta lógica que condujo al Estado guatemalteco a adoptar las masacres y el genocidio como una política contra-insurgente en los años 1980. Por lo tanto, afirmó que el proceso de transformación del MP y de construcción de una Fiscalía de Derechos Humanos capaz de dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas no sólo es una forma de garantizar la no repetición sino también el cumplimiento de una “deuda histórica.”

Este último foro del V Encuentro sobre Racismo y Genocidio se terminó con una recomendación por parte de Ramón Cadena que invitaba a evitar caracterizar esta lucha por la verdad y la justicia como “utópica” – que significa que nunca se puede alcanzar – porque sí es alcanzable, precisando que la presencia en la sala de sobrevivientes y familiares de víctimas “atestigua que hay gente que tiene ánimo para seguir y que están buscando este cambio.”

Escrito por ACOGUATE
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Notas
1 Declaración Política “Justicia y Resistencia, Garantías de la No Repetición” Quinto Encuentro Sobre Racismo y Genocidio en Guatemala.
2 Edgar Morales, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
3 Alejandro Rodríguez, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
4 Ramón Cadena, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.