El 28 de mayo fue emitida la sentencia en el proceso por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Acompañantes de ACOGUATE han estado acompañando a los sobrevivientes en las audiencias y en su comunidad. (Para más información, véanse artículos anteriores de este blog)Baja Verapaz, miércoles 28 de mayo, 2008 — Tras tres años de estar suspendido y seis meses de debate, el caso de la masacre de Río Negro se resolvió con una condena de 780 años de prisión para cinco ex-patrulleros de la aldea Xococ por los hechos ocurridos el 13 de marzo, 1982. Un sexto acusado, Bonifacio Cuxum López, fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de Salamá por falta de pruebas en su contra. De la pena de 780 años, que suma 30 años por cada una de las 26 victimas acreditadas en este juicio, los victimarios tendrán que servir 30 años, la pena máxima según la legislación vigente en la fecha de la masacre.
Refiriéndose al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el tribunal indicó la importancia histórica de este caso dentro del contexto del conflicto armado. Siguió comentando que durante la temporada más violenta entre 1980 y 1983, el ejército identificó a Rabinal como una región estratégica para combatir la amenaza del “comunismo internacional” e eliminar la guerrilla. Dentro de este análisis, la población civil fue definida como una base de apoyo para las fuerzas insurgentes que tenía que ser combatido a través de las patrullas de autodefensa civil (PAC) en 1981.
En las explicaciones, el tribunal contó que desde este momento, el ejército realizó la estrategia de tierra arrasada muchas veces utilizando los PAC para cometer varias masacres de la población civil en el área. Así que la masacre del 13 de marzo de 1982 solo fue una de cinco masacres cometidas contra la población de Río Negro, en las cuales alrededor de 444 personas fueron asesinadas por el ejército y los PAC. Los jueces indicaron que los patrulleros representan los autores materiales de los hechos pero vincularon la responsabilidad intelectual a los superiores militares.
Estas indicaciones del papel del ejercito en los acontecimientos del 13 de marzo 1982 se reflejan en la sentencia, donde el tribunal ordenó la captura del prófugo capitán José Antonio Solares González, así como proceso abierto en contra de oficiales militares altos, medios y subalternos vinculados con los hechos. En cuanto a los autores materiales se ordenó la captura de dos otros ex-patrulleros de Xococ, Ambrosio Pérez Lajuj y Domingo Chen.
En la audiencia final cada una de las 26 victimas que fueron acreditadas fue nombrada cinco veces por parte de los jueces antes de declarar a los cinco ex-patrulleros—Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajuj, Tomás Vino Alvarado y Lucas Lajuj Alvarado—directamente culpable del delito de asesinato. Resumiendo las declaraciones de los testigos, el tribunal subrayó los elementos de planificación e intencionalidad en la operación conducida por el ejército con la participación de los patrulleros con la meta de exterminar a la gente de Río Negro y concluyó que los testimonios prestados por los sobrevivientes fueron “más que creíbles.”
Sin embargo, representantes de ADIVIMA criticaron que la sentencia encubre la verdadera dimensión de la masacre, porque solo se logró acreditar a 26 personas como victimas. Esto a pesar de que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 177 mujeres y niños fueron asesinados en la masacre.
La resolución también obliga a los culpables a pagar un resarcimiento de Q100 mil a cada familia de las 26 victimas acreditadas. Pero como el juez presidente reconoció, debido a la evidente situación de pobreza en la cual se encuentran los condenados, difícilmente se va a poder cumplir con esta parte de la sentencia.
Los sobrevivientes de la masacre de Río Negro vieron la sentencia de los cinco ex-PAC con sentimientos contradictorios. Lamentando la sentencia de los procesados, un sobreviviente dijo, “Todos somos seres humanos, ellos son iguales que nosotros: pobres y indígenas. Sus familias van a sufrir como resultado de su ausencia.” Subrayando la impunidad que existe en Guatemala y la falta del alcance de la justicia a los niveles intelectuales un testigo dijo durante la audiencia, “justicia solamente llega en Guatemala si uno es indígena.” Aunque ADIVIMA había hecho un llamado a los acusados de revelar sus conocimientos de la cadena de mando durante la época de la violencia para así contribuir a un caso en contra de los altos oficiales, los ex-PAC no comentaron sobre la cadena de mando en sus declaraciones.
Terminando, el juez presidente reconoció el dolor y sufrimiento ocasionado por el proceso tanto por los acusadores como por los acusados; en un llamado por tranquilidad el tribunal pidió “que todos regresen a sus casas en paz, ya que Guatemala y Rabinal en particular ya ha sufrido demasiado”, y “que la sentencia no traiga más dolor y violencia a todos los afectados.”
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Escrito Por: ACOGUATE
Fotos: Josh MacLeod; 1)Los acusados subiendo a un vehículo de la Policia Nacional Civil después de la sentencia; 2)Monumento de la masacre en Xococ ubicado en Pacux, Rabinal, Baja Verapaz;
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