jueves, 26 de febrero de 2009

Importantes acontecimientos en el caso por genocidio


El caso nacional por genocidio llevado por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) está empezando su noveno año dentro del sistema jurídico guatemalteco. Los/as involucrados/as en el caso y varios grupos e individuos nacionales e internacionales siguen en la espera del cumplimiento de la justicia. El día 25 de febrero – Día de las Victimas del Conflicto Armado - tenía que marcar otro paso importante en el proceso ya que según orden judicial emitido por la Corte de Constitucionalidad se terminó el plazo para que el Ministro de Defensa, Abraham Valenzuela, entregara los cuatro planes militares (1) al Ministerio Público para que después puedan ser utilizados como pruebas y eventualmente evidencia en el caso por genocidio. Sin embargo este importante avance se frustró por lo que varias organizaciones de derechos humanos lo llaman un incumplimiento del debido proceso y “una burla para los familiares de las víctimas que buscan justicia”(2).

ACOGUATE ha acompañado a la AJR y CALDH a lo largo de este proceso, desde 2000, y sigue acompañando y monitoreando su participación en los casos de genocidio.

El 25 de febrero, a las 12 de la tarde, había alrededor de 5000 personas de varios departamentos reunidas en el parque central como parte del evento organizado por el gobierno de Álvaro Colom y el Programa Nacional de Resarcimiento en conmemoración del décimo aniversario de la publicación de los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico(3). En su discurso el Presidente Colom anunció que hace una hora y media los cuatro planes militares habían sido entregados por el Ministro de Defensa al juez segundo de primera instancia, Jorge Mario Valenzuela(4).

Sin embargo, alrededor de una hora antes, en una audiencia(5)entre el juez Valenzuela, el Ministro de Defensa, el Ministerio Público y CALDH/AJR, el Ministro de Defensa puso dos carpetas sobre el escritorio del juez indicando que eran los planes Firmeza 83 y Victoria 82. Cuestionado sobre los dos otros planes que tenía que entregar, el Ministro de Defensa decía que desconocía el paradero de estos planes y que no sabía de su existencia(6). Al final, el juez no recibió ninguno de los planes presentados, indicando que el juzgado no era un lugar seguro para guardarlos. El Ministro de Defensa los llevó de nuevo terminando así la audiencia.

Varios activistas de derechos humanos critican lo sucedido manifestando lo siguiente:

Carmen Aída Ibarra de la Fundación Myrna Mack: “Las autoridades del Ministerio de la Defensa actuaron con cinismo e incurrieron en desacato, al no presentar los cuatro planes militares. El juez (Jorge Mario Valenzuela) actuó con desconocimiento de sus funciones, al no haber exigido la entrega de estos documentos al Ejército, porque tenía la potestad para pedirlos y guardarlos en un lugar seguro.”

Iduvina Hernandez de Seguridad en Democracia - SEDEM: “Al no haber entregado los cuatro planes militares, el ministro de la Defensa (Abraham Valenzuela) incurrió en obstrucción a la justicia; si se niega a entregar estos documentos es porque está encubriendo a los responsables del genocidio durante las masacres en la guerra interna.”

Juan Francisco Soto y Mario Minera, CALDH: “Hubo anomalías en esta diligencia, porque no fuimos notificados, y fue una burla para los familiares de las víctimas que buscan justicia”. Agregó que al no entregar los planes se demuestra que (el Ministerio de la) Defensa insiste en proteger a Ríos Montt y a militares afines(7).

Mañana, el 27 de febrero, a las 10am se está convocando a la sociedad civil y la prensa “para solicitar al Ministerio Público la investigación del Ministro de la Defensa por los delitos de desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento propio al no cumplir con la resolución de la CC y la solicitud del MP de entregar los cuatro planes militares”(8).

Por ACOGUATE
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1) Plan Sofía, Operación Ixil, Firmeza 83, Victoria 82
2) http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/297982.html
3) Cabe mencionar que en estos informes se responsabiliza al gobierno guatemalteco de haber cometido actos de genocidio.
4) El juez segundo de primera instancia, Jorge Mario Valenzuela, es el mismo juez que el 12 de marzo, 2007 resolvió que el Ministerio de la Defensa exhibiera los cuatro planes militares.
5) CALDH/AJR no fueron oficialmente avisados sobre esta audiencia y que de todos modos el procedimiento oficial era de que el Ministro de Defensa tenía que entregar los documentos al Ministerio de Defensa en la sede de este mismo.
6) http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/298241.html
7) http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=44875&fch=2009-02-25
http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/297982.html
http://www.sigloxxi.com/noticias/26807
http://www.elperiodico.com.gt/es/20090226/pais/92550/
8) Comunicado emitido por la Coordinación Genocidio Nunca Más.

jueves, 8 de enero de 2009

Caso El Jute: Pasado, Presente y Futuro de una Lucha

La Corte de Constitucionalidad ampara a militar acusado de la desaparición de 7 personas

Foto: Activistas critican la aplicación de la Ley de Reconciliación en casos de crímenes de lesa humanidad

A finales de los años 1970, una pelea personal entre el comisionado militar Salomo Maldonado y miembros de familias de la aldea El Jute tuvo como resultado que Maldonado denunciara a varias personas por tener vínculos con la guerrilla. En los años más violentos de la política contra-insurgente, el día 19 de octubre de 1981, ocho de estas personas fueron desaparecidas bajo las órdenes de Mario Enrique Sánchez Samayoa, coronel de la zona militar de Zacapa, con la participación de Maldonado y de dos comisionados militares más.

En el año 2000, familiares de las víctimas formaron el Comité con el objetivo de enjuiciar al coronel y a los tres comisionados por crímenes de tortura y desaparición forzada. Desde entonces están llevando una lucha jurídica sembrada de apelaciones y amparos. El juez de primera instancia penal decidió en 2005 que no iba a haber juicio para desaparición forzada, sino por plagio y secuestro. Los 4 acusados llevan más de tres años encarcelados en prisión preventiva.

Al inicio de diciembre del 2008, el Comité de víctimas de El Jute y sus grupos y organizaciones acompañantes conocieron cómo se hacía efectiva la decisión de la Corte de Constitucionalidad, por la cual se amnistía al coronel Sánchez Samayoa y se retiran las medidas de coerción, argumentando que los crímenes de plagio y secuestro pueden pasar bajo la Ley de Reconciliación Nacional, lo que no es el caso de los crímenes de desaparición forzada.

ACOGUATE lleva 3 años acompañando el Comité de víctimas, constatando la situación precaria de seguridad en la cual viven las familias por llevar esta lucha por la justicia.

UN LENTO PROCESO JURÍDICO


El proceso jurídico comienza en el año 2001, cuando la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) interpone un recurso de exhibición personal a favor de los desaparecidos. A lo largo del proceso se han dado múltiples recursos, apelaciones y procedimientos que iban inclinando la balanza alternativamente a un lado y al otro. En concreto, el caso avanza en 2005 cuando la Procuraduría de Derechos Humanos, a raíz de las investigaciones realizadas, formula acusación y solicita apertura de juicio oral en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal.

LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO

La tipificación del delito como plagio o secuestro y no como desaparición forzada, delito éste último de lesa humanidad y que no admite la extinción de la responsabilidad penal, supone una de las claves del proceso. La Procuraduría de Derechos Humanos formuló la acusación por los delitos de: desaparición forzada, delitos de deber de humanidad y detención ilegal en concurso real, mientras que el juez de primera instancia penal, Cojulum, cambió la tipificación del primero por la de secuestro o plagio, el cual sí es amnistiado bajo los artículos 2 y 4 de la Ley de Reconciliación Nacional.

Además de GAM, distintas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos (Fundación Myrna Mack y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) han subrayado la preocupante actitud de la Procuraduría, al silenciar dicho cambio, como también su pasividad al ser retirada como parte no involucrada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en el 2005 (1).

No ocurrió lo mismo en Choatalúm, donde se abrió juicio penal contra Felipe Cusanero, ex-comisionado militar acusado de la desaparición forzada de 6 personas entre el 82 y el 84. La juez en este caso sí admitió esta tipificación. El caso lleva desde Abril en la mesa de la Corte de Constitucionalidad, al haber alegado los abogados de Cusanero la irretroactividad de la ley. El delito de desaparición forzada no existió hasta el año 1996 (véase artículo anterior para más información del caso).

Pero volviendo a El Jute, cabe mencionar que los testimonios de los testigos y familiares de la aldea señalan el delito de tortura como uno de los practicados por los acusados.

En el contenido de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se hace mención a que los actos de los acusados se enmarcaban dentro o bajo los verbos “prevenir, impedir, perseguir o reprimir delitos políticos”, lo que inevitablemente relaciona a las personas desaparecidas con la guerrilla. Pero los recursos de la PDH y del MP han señalado que este argumento no ha sido suficientemente probado y no es excusa para la desaparición de estas personas (2).

Además, el Estado de Guatemala ha firmado numerosos tratados internacionales que le obligan a garantizar la protección de las personas y la responsabilidad del Estado ante los delitos de lesa humanidad. La decisión de la Sala de la Corte de Apelaciones, ratificada ahora por la Corte de Constitucionalidad contraviene peligrosamente la Convención de Ginebra, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, las recomendaciones del Comité Contra la Tortura sobre no usar la Ley de Reconciliación Nacional en estos procesos, y a las mismas autoridades de la CSJ (3).

“SENSACIONES ENCONTRADAS” EN EL JUTE

El comité está formado por 27 personas, testigos y familiares de los desaparecidos del 1981, que viven en El Jute pero también en aldeas vecinas como en El Limón, de donde viene el comisionado Maldonado. Los miembros del grupo viven al lado de los familiares de los comisionados encarcelados desde 2005, y esta conflictividad siempre constituye un riesgo para ellos. En los últimos años, ya enfrentaron varias intimidaciones y amenazas de muerte por parte de los familiares de Maldonado.

Con la decisión de amnistiar al coronel Sánchez surge para los miembros del comité una nueva ola de inseguridad. Se preguntan sobre los posibles actos o reacciones del coronel hacia ellos, cuando vaya a salir en enero de 2009 después de tres años encarcelado. Se preocupan también de que los tres comisionados lleguen a salir, lo que les parece muy probable frente a la amnistía de Sánchez.

GAM subrayó que los tres comisionados, observando el caso del coronel, hicieron una solicitud para ser amnistiados también. Mientras tanto el Estado no se está responsabilizando frente a las amenazas que reciben sus ciudadanos y no se puede confiar en las instituciones oficiales para cuidar la seguridad de los miembros del grupo. A la vez GAM considera que las instituciones tampoco tienen las capacidades y los recursos suficientes para garantizar la seguridad de la gente del comité, lo que les preocupa no sólo ahora, sino a largo plazo, en la óptica de seguir luchando varios años en otros niveles de la justicia. La desprotección física, diaria y local se acentúa más con la desprotección jurídica que se siente (4).

Esta decisión de la Corte es un golpe duro para los miembros del Comité que llevan años de gastar energía para luchar y para mantener vivas la voluntad y las esperanzas frente a una impunidad generalizada. Criticando fuertemente la liberación del coronel Sanchez Samayoa un miembro del comité expresó “El coronel es el que lleva el peso de la culpa, los tres comisionados sólo eran mensajeros. El coronel, es él quien pensó y premeditó los actos, y a él lo liberan!”

La gente evoca sentimientos de impotencia, de frustración y de vergüenza viendo cómo puede ser difícil afectar la impunidad de los militares en Guatemala. “Los militares tienen poder, dinero, y amistades” declaró un miembro del comité refiriéndose a la sospecha de parcialidad que evocó el GAM en su comunicado del 7 de diciembre (3). Dicho comunicado señala que “el abogado defensor del coronel Sánchez Samayoa ha compartido oficina durante más de 30 años con el magistrado Francisco Flores”. También la Fundación Myrna Mack, en su comunicado del 10 de diciembre, menciona que “en toda la gestión del caso El Jute ha habido litigio malicioso y numerosas anomalías (...) que han servido a la impunidad de diversas maneras” (1).

Es importante destacar la gravedad de la decisión de la Corte en relación con la dignificación de las víctimas. Como representantes de GAM señalan, originalmente, con la acusación de desaparición forzada se buscaba reconocer que los individuos desaparecidos en El Jute en el 1981 eran campesinos inocentes, víctimas de la represión violenta por parte del Estado. Al no ser aceptada la acusación original se suponía que las víctimas tenían vínculos con la guerrilla y que su desaparición era justificada por los tiempos de guerra contra-insurgente. Ahora, al amnistiar a los responsables bajo la Ley de Reconciliación Nacional, la Corte reafirma este punto de vista. Para los familiares de los desaparecidos, esta amnistía contribuye a negar la dignificación de las víctimas, y a deslegitimizar su lucha (4).

Con referencia a miembros del comité, algunos miembros expresaron su cansancio y desilusión por luchar tantos años para el caso de El Jute, en un contexto de inseguridad y amenazas, exponiéndose a la conflictividad y a los riesgos en su propia aldea. Pero muchos están listos todavía para ver con el apoyo de GAM qué estrategias jurídicas se pueden llevar a cabo, para no abandonar la lucha por este fallo. “Nosotros perdimos el juicio, pero podemos seguir haciendo más cosas, tal vez no para nosotros mismos” (5).

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Escrito por ACOGUATE
Foto por ACOGUATE

Fuentes
(1) Comunicado de la Fundación Myrna Mack, 10 de Diciembre 2008
(1) Comunicado del CEJIL, 12 de Diciembre 2008 : http://cejil.org/comunicados.cfm?id=870
(2) Resolución de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Apelación Número 07-2007, 12 de Noviembre 2008.
(3) Campo pagado de la Procuraduría de Derechos Humanos: un grave retroceso para los derechos humanos. Prensa Libre, 11 Diciembre 2008
(3) Comunicado de la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo, 7 de Diciembre 2008.
(4) Reunión con GAM, 18 de Diciembre 208.
(5) Visita en El Jute, 14-16 de Diciembre 2008

Otras fuentes:

Ley de Reconciliación Nacional de 27 de Diciembre de 1996, Decreto n° 145-1996

Prensa Libre:

Edición electrónica, http://prensalibre.com/pl/2008/abril/09/230922.html
Edición impresa de 8 de Diciembre 2008, página 10.

La Hora:
Edición impresa de 10 de Abril 2008, página 12.
Edición impresa de 12 de Diciembre 2008, página 13.
Edicición impresa de 13 de Diciembre 2008, página 3

jueves, 25 de diciembre de 2008

Caso Ixcán y la hidroeléctrica Xalalá



Debido a la falta de ofertas el 7 de noviembre se declaró desierta la licitación de la Hidroeléctrica Xalalá, planificada para la región del Ixcán. Al final, ninguna de las nueve empresas que habían mostrado interés en el proyecto, concretizó su propuesta. Además salió a luz publica que una empresa manifestó que había identificado riesgos sociales, ambientales y financieros en la implementación del proyecto. Funcionarios del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informaron que seguirán impulsando el proyecto que generaría 181 megavatios y aseguraron que están analizando otras opciones para financiar el proyecto. Desde febrero de 2007, ACOGUATE ha brindado acompañamiento a varias comunidades que se verían afectadas por la represa Xalalá en el caso de que fuera construida.
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Traducción de artículo que fue publicado en el
San Francisco Chronicle, 8 de junio de 2008
Versión original en inglés
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[Alejandro Che] Paau nació en Las Margaritas Copón, una aldea de 300 habitantes ubicada a la orilla de los ríos Chixoy y Copón en la región norte de Guatemala. Cultivos de maíz y cardamomo rodean varias decenas de casas, adonde solo se puede llegar por barco o a pie.

El cruce de los ríos, a 20 minutos de la casa de Paau, es el sitio propuesto para la segunda represa hidroeléctrica más grande de Guatemala – la represa Xalalá. La comunidad de Paau es una de 18 comunidades que podrían ser inundadas por el embalse de 7.5 kilómetros cuadrados.

La represa Xalalá se suma a otros proyectos que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ha elaborado para atraer inversión extranjera en energía renovable. Se espera un aumento de 10 por ciento de las reservas nacionales de energía, la generación de beneficios anuales de entre 100 millones y 150 millones de dólares, y energía a precios accesibles para más de 2 millones de personas, mientras se ahorran 4 millones de barriles de petróleo al año.

Fredy López, el vocero del INDE, indicó que el proyecto hidroeléctrico presenta una oportunidad para que Guatemala reduzca su dependencia en el petróleo y en la energía importada. "Utilizando tecnología limpia, la hidroeléctrica aumentará la productividad de Guatemala y el acceso a energía."

Por otro lado, la represa podría inundar las casas de 2,338 personas a lo largo de 41 kilómetros del río Chixoy y 16 kilómetros del río Copón, afectando a 36 comunidades. El gobierno no ha presentado un plan de resarcimiento y según López, el Gobierno se niega a declarar acerca de dichos planes por el momento.

En abril del 2007, comunidades afectadas por la represa Xalalá realizaron una consulta acerca de mega-proyectos como Xalalá y la exploración de petróleo en el territorio - un derecho que les concede la Constitución y la ley municipal - de 21,155 votantes, 89.7 % votaron “No”. Sin embargo, el máximo órgano judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, ha fallado que los resultados de las consultas no son vinculantes si el tema de la consulta es considerado un asunto de interés nacional.

Paau espera que la consulta sea respetada y cita como base legal los respectivos pasos de la Constitución y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los dos documentos reconocen el derecho de los pueblos indígenas de definir "sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural"

En 1982, las fuerzas armadas masacraron a 177 mujeres y niños en Río Negro, una aldea a la orilla del Río Chixoy, 50 kilómetros al sur de Las Margaritas Copón, para construir la hidroeléctrica más grande de Guatemala. En ese entonces, las comunidades Achí se opusieron claramente a la represa de 300 megavatios. Ocurrieron tres masacres más en 1982, en las que 444 de los 791 residentes de Río Negro fueron masacrados, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico. La represa Chixoy fue financiada en gran parte por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La comunidad de Río Negro y más de 27 caballerías de tierra cultivable fueron inundadas. Las fuerzas armadas obligaron a los sobrevivientes a vivir en un pueblo militarizado a más de cuatro horas de distancia de la comunidad inundada.

Hoy en día, sobrevivientes de Río Negro aún están luchando para recibir resarcimiento. Viven en lotes chiquitos y áridos a ocho horas de distancia de las parcelas cultivables que el gobierno les proporcionó. A pesar de que el plan de reubicación del INDE les prometía energía eléctrica y agua potable gratuita, la mayoría de la gente no puede pagar sus facturas eléctricas o de agua, ni siquiera pueden pagar el pasaje para llegar a sus parcelas para trabajarlas. El INDE mantiene que ya ha cumplido con las obligaciones de reubicación y que desde la privatización de las empresas de servicio público en 1998, ya no se hace responsable de proveer energía eléctrica a las comunidades reubicadas ni de responder a las quejas relacionadas con el resarcimiento.

Aunque, hasta la fecha, oficiales del INDE aún no se han acercado a los residentes de Las Margaritas Copón, Paau teme que el proyecto Xalalá deje a su comunidad con los mismos problemas que los de Río Negro. "Sabemos que no están construyendo esta represa para nosotros," dijo Paau.

Aviva Imhof, directora de campañas de International Rivers, un grupo sin fines de lucro basado en Berkeley, California, dice que el gobierno no debe impulsar el proyecto de la represa hasta que cumpla con sus obligaciones de resarcimiento anteriores.

"El gobierno debe hacer una evaluación amplia de todas las opciones para lograr las necesidades energéticas del país, y debe resarcir a las comunidades afectadas por la represa Chixoy, antes de hacer cualquiera decisión para avanzar con el proyecto Xalalá," dijo Imhof.

Emiliano Panjoj, alcalde de Santa María Tzejá, una aldea donde la mayoría de la gente votó en contra del proyecto en el año 2007, manifiesta que proyectos de ecoturismo de pequeña escala, una escuela diversificada y un centro de salud mejorado beneficiarían más a su comunidad. "No es que estamos en contra del desarrollo,” dice Panjoj, “Solo queremos que sea desarrollo bajo nuestras propias condiciones.”

Para mientras, Paau está a la espera de cualquiera información que pueda afectar el destino de su aldea. "Los periódicos dicen que esta área está deshabitada, que sólo hay unas familias que tendrían que ser reubicadas,” manifestó Paau. "Pero somos miles. Para el gobierno, los ríos significan dinero. Para nosotros, los ríos son nuestras vidas.”
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Foto: Comisión Coordinadora de la Consulta, Ixcán
1 Solano, Luis: Fracasa licitación para Xálala; INDE insistirá, Inforpress 1778, 14/11/08.
2 NISGUA: NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
3 INDE: http://www.inde.gob.gt/xalala/Xalala.html
4 Entrevista con Fredy Lopez, 1-8 mayo 2008
5 Ibíd.
6 NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
7 San Francisco Chronicle, “Placing Blame For Genocide: Guatemalan massacre survivors seek damages from dam financiers,” 16 noviembre 2000, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2000/11/16/MN94314.DTL&hw=chixoy+dam&sn=002&sc=591
8 Ibíd.

V Encuentro sobre Racismo y Genocidio


El 19 y 20 de noviembre del año en curso, 380 mujeres y hombres de 101 organizaciones sociales que trabajan, entre otros, en los temas de Derechos Humanos, Justicia y Memoria Histórica – e incluyendo varias organizaciones que ACOGUATE acompaña o ha acompañado – participaron en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. Desde 2003, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han organizado este encuentro anual con el objetivo de crear un “espacio para debatir, reflexionar y sensibilizar entorno al racismo y el genocidio en Guatemala, sus causas, la necesidad de recuperar la memoria histórica y luchar por la justicia en las graves violaciones de derechos humanos.” El Encuentro se celebró bajo la lema de Justicia y Resistencia, garantías de la NO repetición.

Ponencia Inaugural – Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición
La ponencia inaugural del Encuentro, en la cual participaron Marc Drouin, Edgar Pérez, Luís Alexis Calderón y Florentino Gregorio Pérez, se hizo bajo el tema Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición. Pérez y Calderón presentaron, respectivamente, acerca de la sentencia y la apelación que se dieron en el caso de Río Negro, aldea de Rabinal, Baja Verapaz (Véanse artículos anteriores de este blog), mientras Florentino Gregorio Pérez habló acerca de la Jurisdicción Universal.

Destacaron unos elementos de la ponencia de Marc Drouin, quien expuso las conclusiones de investigaciones que había llevado a cabo en 2005. En su presentación, “El genocidio guatemalteco de 1982”, Drouin discutió sobre la definición de genocidio según la ley internacional y la aplicación de tal calificación a los crímenes cometidos en el altiplano guatemalteco a principios de los años 1980. Explicó que en estos años, el ejército guatemalteco siguió el mismo modus operandi en los ataques que cometió en contra de poblaciones indígenas en casi todo el altiplano guatemalteco, en distintas zonas y destacamentos militares –demostrando la intención genocida con la cual actuó el ejército guatemalteco. También planteó que una de las posibles ‘motivaciones’ tras esta intencionalidad de exterminar a las poblaciones Mayas se encuentra en el movimiento cooperativista que representaba un intento de parte de las poblaciones indígenas de organizarse para buscar su propio camino hacia el desarrollo y su independencia económica. Esta voluntad de buscar “una manera de no ir a la costa,” como explicó Drouin, ponía en peligro el esquema económico dominante que desde la colonización española está basado en la explotación de la mano de obra barata que representa la población indígena despojada de tierra y con escaso acceso a modos de producción.

A continuación, los participantes se dividieron en varias mesas de trabajo según diferentes áreas temáticas. Entre ellas estaban los temas de “Mujeres y Resistencia” y la “Re-militarización”.

Mesa de trabajo “Mujeres y Resistencia”
En el seminario “Mujeres y Resistencia”, se juntaron unas 40 participantes para discutir y compartir acerca de las formas en las cuales las mujeres están resistiendo en la coyuntura política actual. Andrea Barrios, representante del Sector de Mujeres abrió la mesa de trabajo presentando la experiencia que tuvo esa agrupación de mujeres en movilizarse y luchar para organizarse y tener un espacio como mujeres en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Explicó que en ese entonces, se planteó que el conflicto armado interno había afectado a las mujeres en una forma específica y que, por lo tanto, se tenía que incluir en los Acuerdos de Paz una respuesta específica. También se planteó que para mujeres Mayas durante el conflicto armado, el papel de reproducción social tomó un carácter de resistencia: el hecho de dar a luz y de cuidar niños en medio de una campaña genocida así como de mantener vivas costumbres, culturas e idiomas era de enfrentarse al intento de genocidio del ejército guatemalteco.

Barrios planteó que una confluencia de factores históricos se ha sumado para formar estructuras de poder – patriarcado, racismo, capitalismo neo-liberal – de las cuales estaban, y sigue siendo excluida la mayoría de las mujeres. El Sector de Mujeres ha llegado a un análisis de que, dada esta realidad, para muchas mujeres la resistencia empieza desde su casa y que el hecho de organizarse ya es una forma de resistencia. Asimismo, la idea sería empezar la resistencia desde lo personal y de vincularla a luchas sociales más amplias, es decir, recuperar espacios y territorios empezando con sus propios cuerpos.

Mesa de trabajo “Re-militarización y Acuerdos de Paz”

En la mesa de trabajo acerca del tema de “Re-militarización y Acuerdos de Paz”, Amilcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, hablaron sobre una nueva forma de militarización que se está dando en la coyuntura actual. Mencionaron al mismo tiempo que Guatemala ha sido militarizada permanentemente desde la revolución liberal en el año 1871. Afirmaron que, a pesar de que los Acuerdos de Paz de 1996 consignaban que el ejército tenía que redefinir sus funciones, su papel sigue igual. Justificando su presencia en algunas regiones por la presencia de narcotraficantes y por el aumento de violencia y delincuencia, el ejército sirve todavía hoy de herramienta para la estructura económica, imponiendo una estabilidad que asegura la explotación masiva de los recursos naturales y las inversiones extranjeras, y que mantiene fijos los poderes económicos. Pop y Canteo añadieron que, por lo visto, no es una casualidad que las áreas más re-militarizadas hoy en día se ubiquen cerca de los megaproyectos capitalistas.

Los ponentes en esta mesa de trabajo concluyeron que a casi doce años de la firma de la paz, el Estado guatemalteco no ha cumplido con las responsabilidades de justicia transicional que debían seguir los acuerdos de paz, sean la verdad, la justicia, la reparación, y la desmilitarización del país. También insistieron en la importancia de romper la impunidad, de la cual se beneficia el Ejército, relacionada tanto con eventos del conflicto armado como con eventos más recientes, para que exista una garantía de no repetición de los actos de genocidio y un ejercicio democrático funcional en el país.

“Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación”
En el foro de la mañana del 20 de noviembre, Luís Ramírez, Edgar Morales, Ramón Cadena y Alejandro Rodríguez presentaron sus ponencias como parte del foro titulado “Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación.”

Dos ponencias destacaron de este foro: la presentación de Edgar Morales, quien expuso el tema del punto de vista de los medios de comunicación, así como la presentación de Alejandro Rodríguez quien habló del punto de vista del Sistema de Justicia

Morales explicó que la mayoría de los medios de comunicación en Guatemala son medios comerciales de propiedad extranjera que tienen un objetivo fundamental lucrativo (y no informativo) y que, por lo tanto, no están actuando en el interés de la mayoría de los guatemaltecos. Afirmó que no piensa que sea muy probable que estos “des-medios de comunicación” se sumen a la lucha de los que buscan la justicia por un conflicto armado “que ellos mismos se encargaron de ocultar”. 2 Al contrario, propuso que, para que los medios de comunicación puedan contribuir a garantizar la no repetición de los hechos cometidos durante el conflicto armado interno, habría que empezar por la construcción de nuevos medios de comunicación alternativos y de mecanismos o redes propios de información en las comunidades.

En su ponencia, Alejandro Rodríguez, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), ofreció una exposición de cómo Guatemala se construyó históricamente como un estado racista y colonial basado en la exclusión y la explotación de los pueblos indígenas; en resumen: un estado de apartheid. Expuso también que, a pesar de que han estado sometidas a condiciones mínimas de existencia, los pueblos indígenas se han rebelado a lo largo de la historia del Estado guatemalteco para resistir a estas condiciones. Según Rodríguez, es esta lógica que condujo al Estado guatemalteco a adoptar las masacres y el genocidio como una política contra-insurgente en los años 1980. Por lo tanto, afirmó que el proceso de transformación del MP y de construcción de una Fiscalía de Derechos Humanos capaz de dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas no sólo es una forma de garantizar la no repetición sino también el cumplimiento de una “deuda histórica.”

Este último foro del V Encuentro sobre Racismo y Genocidio se terminó con una recomendación por parte de Ramón Cadena que invitaba a evitar caracterizar esta lucha por la verdad y la justicia como “utópica” – que significa que nunca se puede alcanzar – porque sí es alcanzable, precisando que la presencia en la sala de sobrevivientes y familiares de víctimas “atestigua que hay gente que tiene ánimo para seguir y que están buscando este cambio.”

Escrito por ACOGUATE
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Notas
1 Declaración Política “Justicia y Resistencia, Garantías de la No Repetición” Quinto Encuentro Sobre Racismo y Genocidio en Guatemala.
2 Edgar Morales, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
3 Alejandro Rodríguez, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
4 Ramón Cadena, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.

jueves, 20 de noviembre de 2008

Finca Nueva Linda: Entrevista con Bety Reyes Toledo



El 31 de agosto del 2008 el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda marcó el cuarto aniversario de un desalojo violento y el quinto aniversario de su lucha exigiendo justicia por la desaparición del ex-administrador de la Finca Nueva Linda Héctor Reyes. Desde su desaparición en 2003, la familia de Héctor Reyes y el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda han presionado al Estado de Guatemala para que se esclarezca el caso. En 2004, la ocupación de la finca por parte del Movimiento como medida de presión resultó en uno de los desalojos más violentos en años recientes, durante el cual se murieron 9 campesinos y 3 policías, cuando la seguridad de la finca y las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron a los campesinos el 31 de agosto del mismo año. Posteriormente, el Movimiento se instaló en unas champas a la orilla de la carretera frente a la entrada de la Finca Nueva Linda para seguir exigiendo justicia en el caso de Héctor Reyes y el caso del desalojo.

El 30 de agosto de este año se juntaron para marcar el aniversario a la orilla de la carretera, celebrando el día después una misa para dar homenaje a los que se murieron durante el desalojo del 2004. El 1 de septiembre centenares de personas marcharon en la capital departamental de Retalhuleu para exigir la justicia ante las autoridades.

A lo largo de su estancia a la orilla de la carretera, el grupo ha sido víctima de amenazas e intimidación por parte del finquero y la seguridad de la finca. ACOGUATE ha acompañado el grupo desde 2006.


ACOGUATE: Son años que están llevando esta lucha. ¿Cuál es su impresión de esta larga lucha?


BRT: Ya [llevamos] cuatro años de lucha en la carretera. No hay nada fácil de estar allá resistiendo en la lucha, pero nosotros decimos de que le vamos a echar ganas donde podamos nosotros para ver que se esclarezca la desaparición de mi padre. Ya llevan 5 años desde la fecha en que se le llevaron y nosotros no sabemos nada. Por esos motivos, todavía seguimos allá en la orilla de la carretera. Nosotros no nos quitamos de allí hasta que se esclarezca la desaparición de mi padre, qué hicieron con él, hasta que se haga justicia.

ACOGUATE: Aparte del caso de Héctor Reyes, también hay el caso de la masacre [del desalojo en 2004]. ¿Cómo está el otro caso?

BRT: Igual está, no avanza el caso de 31 [de agosto]. Varios compañeros se murieron ¿y quién fue responsable? [El finquero] y las autoridades que vinieron a la par [de la seguridad de la finca]. No hay nada en este caso que avanza. No se ha hecho nada para que se haga justicia.

ACOGUATE: ¿Nos puede contar de las actividades del aniversario?

BRT:
Estuvimos en el aniversario de 31 de agosto que se realizaba. Se hizo una actividad allí. Se puso una película donde se mira todo lo que pasó el 31 de agosto. Hubo mucha gente apoyando, recordando lo que pasó el 31 de agosto cuando se murieron los compañeros allí en el desalojo. Nos parecía bonito. La marcha del lunes también [estuvo bonito] porque hubo mucha gente. Así puede presionar al Ministerio Público para que puedan ellos agilizar o puedan hacer el caso que avance. Si no miramos nosotros de que sí, ellos nunca van a tomar los papeles a la mano y decir lo vamos a hacer. Tal vez haciendo estas marchas puedan tomar ellos de que estamos todavía nosotros viendo, que todavía estamos nosotros exigiendo la justicia.

ACOGUATE: ¿Cómo es la relación con las autoridades, por ejemplo el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el actual gobierno del Presidente Álvaro Colom?


BRT: No hemos visto ni un avance en el Ministerio Público. No hemos visto qué es lo que se ha hecho. No hemos visto que ellos tengan voluntad de hacer algo, de hacer que se capturen a los responsables. Si ellos estuvieran investigando ya se hubiera avanzado en algo pero no hay nada del caso, se está quedando...Ya cinco años, no es justo de que no se esclarezca la desaparición de él

Sabemos que los responsables todavía andan sueltos y tenemos nosotros la prueba que ellos lo fueron a traer, [el finquero] y [un miembro de la seguridad privada de la finca] y no hay nada de que ellos los puedan capturar. El Ministerio Público no hace nada para agilizar que se haga justicia.

De la PDH [Procuraduría de Derechos Humanos] no hemos tenido nada de información, tal vez voluntad no hay para seguir apoyando el grupo de Nueva Linda.

Hubo cambio de gobierno y [con] el cambio que hubo no se ha visto nada. Vamos en el cambio de gobierno quien es Álvaro Colom, con él no tenemos ni una esperanza tampoco. Nunca hemos tenido la reunión con ellos. No nos han escuchado a nosotros.

ACOGUATE: ¿Como ha sido la relación con los supuestos agresores, y también con la seguridad de la finca?

BRT:
Ha sido un poco difícil con ellos porque nosotros estamos en la orilla de la carretera, los tenemos casi a la par. Hay momentos que las seguridades nos han sacado corriendo. Ellos nos han venido presionando. Intentaron envenenar el agua del chorro. Ocho días antes de que nosotros nos fuimos a Europa, fueron a tirar unas golosinas con veneno en el rancho para que las criaturas las comieran. Es una situación muy dura. Estamos amenazados por parte del finquero, también la seguridad del [finquero]…tenemos aquel temor de que nos puedan venir a hacer algo. No podemos estar tranquilos. Ellos saben que nosotros estamos peleando la ida de mi papa y para ellos no es fácil que nosotros estemos siguiendo esta lucha, entonces nosotros tenemos miedo que algún día nos puedan venir a hacer algo.

ACOGUATE: ¿Cómo es la situación del grupo, cómo es el ánimo del grupo de seguir? ¿Que tipo de apoyo ha recibido?


BRT: Nos han venido apoyando varias organizaciones que nos están echando la mano, dándonos el apoyo. Y por otro lado nos ha estado apoyando gente que mira que estamos en esta situación. Tal vez va a haber más gente, y así tal vez va a haber más presión. Ahorita nosotros sentimos más contentos, porque hay más apoyo con tanta gente que nos ha venido a apoyar. Ellos han decidido también a aguantar esta lucha [hasta] que haya justicia.

ACOGUATE: También ha hecho unos viajes. ¿Cómo ve esto de hacer público el caso a nivel internacional?


BRT:
Tuvimos la gira en Europa. Yo fui allá por casi un mes. Hicimos el esfuerzo para ir a dar a conocer toda la impunidad que se está viviendo aquí en Guatemala...la verdad es que no es solo uno sino hay un montón de casos. Nosotros queremos llevar este caso que se esclarezca y que no haya todos los casos que andan en la impunidad.

Tal vez por medio de allá todos los países donde nosotros fuimos puedan presionar al gobierno de acá de Guatemala para que se agilice justicia, para que no todo se quede en la impunidad…nosotros tenemos bien claro de que ellos fueron responsables y, saber, con el apoyo de la gente que está alrededor nuestro, podamos lograr lo que nosotros estamos pidiendo, que se haga la justicia.

ACOGUATE: ¿Y a usted personalmente cómo le ha afectado esta lucha?


BRT: Para nosotros ha sido difícil cinco años de que él no ha estado. Es duro que hayan hecho esto con él porque con toda la gente él tenía amistad, nunca se portó mal con la gente. Él era bueno con todos...

Es duro llevar una lucha ya de cinco años, estar en la orilla de la carretera. Nosotros tenemos hijos y hay que darles estudios y estando uno allí uno no tiene como va a poder darles los estudios a los hijos. Hay momentos de que se enferma un hijo, uno no [puede] decir tengo a la mano de todo para poderlo sacar a un médico. No lo tenemos...

Pero nosotros hacemos lo posible para luchar para que el secuestro, el asesinato de mi papá no se quede en la impunidad. Estamos dispuestos seguir hasta ver hasta dónde se llega la justicia. Llegamos a creer que un día se va a esclarecer lo que hicieron con él.

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Entrevista: ACOGUATE
Foto: ACOGUATE

viernes, 18 de julio de 2008

Los Trabajadores de Salvavidas - SITRAPETEN (Ver abajo entrevista con un generente de SITRAPETEN)


En los primeros días de mayo varios de la empresa Salvavidas, propietaria de la Corporación Castillo Hermanos, fueron despedidos después de formar un sindicato, SITRAPETEN. El proceso de formalización del sindicato empezó en febrero de 2007, pero, según los trabajadores, el ministerio de trabajo había rechazado la solicitud de formar la agrupación. Como resultado, no fue hasta los principios de este año que lograron la inscripción en dicha institución. A lo largo de estos trámites, los trabajadores fueron presionados para que desistieran de su actividad sindical y finalmente despedidos en mayo de este año. En protesta a este despido, el grupo de 41 afiliados instaló un campamento en frente de las instalaciones de la empresa en un intento de sacar a la luz pública su situación y exigir su reinstalación. ACOGUATE ha estado acompañando al grupo desde mayo de este año.

El despido de los trabajadores de la distribuidora Peten de Salvavidas era solo una parte en una serie de acontecimientos que acompañaron el largo proceso de sindicalización. El grupo de trabajadores hizo el primer intento inscribir a SITRAPETEN en el Ministerio de Trabajo en febrero del 2007 con el propósito de establecer una posición más fuerte en negociaciones con la empresa, la Corporación Castillo Hermanos, y exigir un mejoramiento de las condiciones laborales que, como señala un trabajador, eran muy difíciles:

“La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá, que, aparte de exigirnos cuotas exageradas, […]también necesitábamos un poco mas de salario, porque prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. […] Tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque sino, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y nosotros no teníamos estudio.”

Pero la primera solicitud de inscripción al igual que los cinco intentos posteriores fue rechazada por el Ministerio de Trabajo, bajo el argumento de que la información presentada era incorrecta. Según los trabajadores, la postura dilatoria del Ministerio de Trabajo estaba obviamente vinculada a las presiones que la empresa estaba ejerciendo. La tramitación de SITRAPETEN fue acompañada por presiones continuas a los trabajadores y sus familias por parte de representantes de la empresa indicándoles de desistir de sus actividades sindicales. “Hemos recibido diferentes intimidaciones… tanto como amenazas de muerte, diciéndonos que tienen bastante gente mala para contratar y suficiente dinero incluso para pagar multas y salir inculpables.”

Varias fuentes señalaron que la Corporación Castillo ya utilizó estas tácticas para combatir organizaciones sindicales en sus empresas en diferentes momentos en el pasado. Entre ellos figuran amenazas de muerte a los lideres sindicales, presiones a los afiliados para que se renunciaran y el soborno de lideres sindicales. De esta manera, la corporación logró debilitar y destruir varios sindicatos, entre ellos, el Sindicato de Trabajadores de Cervecería Centroamericana.


Así en el caso de SITRAPETEN, en febrero de 2007, cuando la empresa se dio cuenta de los trámites de sindicalización empezados por el grupo, despidió a 13 de los afiliados. Después de una huelga de otros trabajadores en apoyo a los compañeros despedidos, la empresa aceptó reintegrarles. Sin embargo, al mismo tiempo empezaron una demanda en contra de los trabajadores, que finalizó con una multa equivalente a 13 salarios.

Posteriormente, una parte de los trabajadores siguió con los trámites para la inscripción del sindicato y a principios de este año se notificó que la aprobación había sido exitosa. Pero los acontecimientos tomaron un nuevo rumbo a principios de mayo, cuando, a pocos días después del día internacional de trabajo, la empresa convocó a los trabajadores a un supuesto taller de capacitación que se realizara en diferentes lugares. Una vez reunidos los diferentes grupos, representantes de la empresa informaron a los trabajadores que deberían renunciarse de Distribuidora Peten, ya que esta se había quebrado y que ellos estarían trasladados a otras empresas.

Sin embargo, algunos de los trabajadores no se pusieron de acuerdo. Salieron de la reunión por considerar que la acción de la empresa era ilegal, que violaba sus derechos laborales, y que no seguía los procedimientos legales de quiebra. Por unos, solo lograron salir de la reunión después de llamar a la policía dado que personal de seguridad de la empresa estaba impidiendo su salida tratando de obligarles a firmar su carta de renuncia.

Inconformes con las medidas presentadas por la empresa, los trabajadores se trasladaron a las instalaciones ubicadas en el Zapote de la ciudad capitalina y bloquearon el portón principal para evitar que la empresa sacara el inmobiliario y los camiones. En el transcurso de la mañana, se presentaron miembros de seguridad privada que rodearon a los trabajadores, agrediéndoles con bastones y tubos e amenazándoles con armas. Varios trabajadores quedaron agredidos mientras un grupo de diez trabajadores fue ingresado a la fuerza en las instalaciones de la empresa por los agentes de seguridad donde les mantuvieron retenidos hasta la medianoche de este día. A esta hora llegaron policías antimotines, que en conjunto con los elementos de seguridad privada desalojaron a los trabajadores.

Al día después de este desalojo los trabajadores que fueron despedidos instalaron un campamento en frente de las instalaciones de la empresa interpretando su despido como una consecuencia de la formación del sindicato y como una estrategia de la Corporación Castillo Hermanos para evitar la formación de sindicatos en su empresa. Las primeras mesas de dialogo hasta el momento no dieron resultados. La empresa negó la violación de los derechos laborales pero los trabajadores no renunciaron a sus exigencias, su inmediata reinstalación y su derecho a la organización sindical. Varios trabajadores comentaron que la empresa está utilizando tácticas dilatorias para alargar el proceso y desmoralizar al grupo. Al igual, hubo ofertas de dinero y llamadas telefónicas presionando a varios miembros de SITRAPETEN de renunciarse al sindicato y a sus reivindicaciones.

Con el objetivo de sacar a la luz pública la situación de las violaciones y intimidaciones que están sufriendo, se organizó una marcha para el 18 de julio que también sirve para llamar la atención internacional y dar a conocer las dificultades que enfrenten los sindicatos en el país. “Yo siempre he dicho que esto no es un golpe solo para nosotros, sino que es un golpe para el sindicalismo en general porque en todos lados se sufren diferentes amenazas a la sindicalización.” Un informe de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, afirma esta postura ya que señala que los sindicatos en Guatemala han sido el grupo de defensores más amenazados y atacados en el primer semestre de 2008.

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Escrito por ACOGUATE
Fotos por ACOGUATE
Referencias:

1) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
2) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
3) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
4) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
5) Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Informe Preliminar de Situación de Defensoras y Defenores de Derechos Humanos, enero-junio 2008.
6) Un miembro del grupo fue herido a balazos cuando estaba enfrente de una tienda cerca de su casa. Tres otras personas, no conocidos por el afiliado, fallecieron en el ataque. Unas fuentes vinculan el ataque a su actividad en SITRAPETEN.
7) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.

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ENTREVISTA CON ÁLVAREZ GUEVARA - SECRETARIO GENERAL DE SITRAPETEN

Edwin Enrique Álvarez Guevara es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Distribuidora del Peten (SITRAPETEN) compuesto de trabajadores de la distribuidora de agua pura más grande en Guatemala, Agua Salvavidas. Después de su despido, que vinculan a sus actividades por organizarse en un sindicato, los afiliados de SITRAPETEN instalaron un campamento en frente de las instalaciones de Salvavidas, una empresa integrada en la Corporación Castillo Hermanos. Cuarenta y uno de los ex-trabajadores están actualmente participando en el campamento desde el 3 de mayo 2008 luchando por su reinstalación. Además los afiliados exigen que se suba la cantidad de dinero recibido por garrafón vendido y que se dé una cuota diaria más justa. ACOGUATE ha estado acompañando a SITRAPETEN desde finales de mayo 2008.

¿Cómo eran las condiciones de trabajo antes de que empezaron a organizarse ustedes?
Las condiciones de trabajo eran siempre por comisión, lo único es que ellos [de la empresa] exigían un volumen de venta bastante exagerado para que uno les generara más ganancias para ellos porque para nosotros es poco que ganamos por comisión. Pero ellos por un garrafón generan una cantidad de ganancia barbara. Entonces, es por eso que le obligaban a uno a cumplir cuotas exageradas.

¿Cuántas personas en total estaban trabajando en la Salvavidas aquí?
En total, acá en Guatemala, habían 638 personas trabajando.

¿Por qué surgió la necesidad de organizarse?
La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá....habían veces en que veníamos ya tarde, y como no cumplíamos la cuota nos regresaban a que la cumpliéramos… y no se vendía nada y simplemente veníamos otra vez acá pero ya bastante tarde, cuando estaba la noche. También necesitábamos un poco más de salario…prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. Entonces, ellos no reaccionaban ante la situación y por eso fue que se dio la organización.

¿De esos 638 trabajadores, cuántos se están organizando con ustedes?
Al principio, fueron 114 trabajadores los que nos organizamos—después del comité que eran 13…Pero la empresa coaccionó a muchos trabajadores, dándoles dinero. Entonces, consiguió las renuncias de la mayoría de trabajadores quedándonos así con 19. De eso, se metieron seis papelerías a la inspección de trabajo y la reacción del Ministerio de Trabajo era esperar de que la empresa presentara los desistimientos….Se ponía de acuerdo la gente del Ministerio de Trabajo [con] la empresa, para hacer tiempo, para [que] ellos lograran asustar a la gente…les hacía una serie de amenazas. Al final la gente terminaba renunciando al sindicato—un famoso desistimiento.

¿Qué tipos de amenazas hicieron?
Hicieron varias amenazas. Les decían que si ellos seguían en la organización sindical, no iban a conseguir trabajo…que la organización sindical nunca se iba a llevar a cabo.

¿Qué quieren lograr ustedes con la organización?
Lo que se pretende lograr con la organización es que tanto el empleador como el trabajador se compartan las ganancias. Es lógico que el empresario siempre tiene que ganar más, pero por lo menos que al trabajador se le pague lo justo—es cosa que acá en esta empresa no se había dado. Entonces, lo que queremos nosotros es lograr una estabilidad laboral—que tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque si no, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y no a nosotros que no teníamos estudio.

Descríbanos el proceso de organizar su sindicato.
El proceso empezó un día 4 de febrero 2007. Decidimos con 13 compañeros armar el conflicto colectivo, haciendo un comité ADOP. Entonces, firmamos el acta el día 4. El día 9 nos sentamos ante la inspección de trabajo. La inspección de trabajo reaccionó con mandar a notificar a ellos ese mismo día. Y ellos reaccionaron con despedir a los 13 trabajadores.


…Nosotros no les firmamos a ellos ningún documento y empezamos a explicarle a [los demás trabajadores] que nosotros lo que habíamos hecho era armar un comité para que velara por todos los trabajadores y debido a eso, la gente - como no nos reinstalaban y habíamos puesto las denuncias en el juzgado - la gente decidió tres días después, un día martes 13 de febrero, de paralizar labores. Entonces, ellos [los encargados de la empresa], ya haciendo como las 6 de la tarde, dijeron que sí nos iban a reinstalar. Pero después se firmó el acuerdo donde ya nos iban a reinstalar a los 13 trabajadores. Luego de eso, ellos optaron por meternos un juicio donde decía que nosotros habíamos paralizado los labores y que ellos tenían una pérdida de 400 mil quetzales por ese día y que nosotros teníamos que pagárselos porque nosotros eramos culpables de eso.

También, nos han amenazado de muerte. Entonces, vía telefónica y también nos han dicho así verbalmente algunos supervisores que la empresa es bastante poderosa como para contratar sicarios y mandarlos a matarnos. Entonces, que desistamos de la organización porque nunca se va a llevar a cabo.

¿Cómo era el proceso de legalizar el sindicato de ustedes?
El proceso de legalizarlos el sindicato fue bastante lento porque como ellos mismos nos decían que tenían dinero para comprar todas las autoridades de Guatemala. Entonces, se cree que las autoridades en el Ministerio de Trabajo aceptaron plata porque hacían bastante dilatoria las papelerías, esperando que ellos llevaran los desistimientos

¿Cuál fue/es la respuesta de la empresa?

La respuesta de la empresa ha sido siempre negativa, que en ninguna de sus empresas, que son muchas, va a ver sindicato, dicen—que no se va a lograr una organización en ninguna de sus empresas, y entonces, que desistamos de eso.

¿Qué acciones han tomado ustedes?
Las acciones que se han tomado han sido conforme a la ley, pero lamentablemente, las leyes en Guatemala están bastante bajo en ese sentido que se dejan influenciar por los ricos. Ahorita lo que estamos haciendo es una huelga para que les duela políticamente porque ellos también se captan porque son fuentes de empleos en Guatemala y que son los mejores patrones, y que pagan bien—que no es cierto.

¿Qué intimidaciones, amenazas o ataques han recibido?
Hemos recibido diferentes intimidaciones… tanto como amenazas de muerte, diciéndonos que tienen bastante gente mala para contratar y suficiente dinero incluso para pagar multas y salir inculpables. Y por otro lado, ya accionaban fuertemente porque se sospecha que un compañero que está hospitalizado fue atacado por ellos, prácticamente - por sicarios de ellos…el Ministerio Publico (MP) como las autoridades de Guatemala, no han dado ninguna resolución acerca del caso…ya se pusieron las denuncias correspondientes y no han dado ninguna resolución.

¿Quién o quiénes creen ustedes cometido esos ataques?
Yo creo que son de parte de los sicarios que ellos tienen también porque como ellos lo han dicho es porque los tienen—gente preparada para hacer ataques. De hecho, ellos nos estuvieron llamando un día antes de que cerraran la empresa. Nos estuvieron llamando por vía telefónica y me hicieron un montón de amenazas, diciéndome que si yo no desistía de esto, iba a sufrir yo y mi familia.

Yo siempre he dicho que esto no es un golpe solo para nosotros, sino que es un golpe para el sindicalismo mundial porque en todos lados se sufren diferentes amenazas a la sindicalización. La lucha es bastante fuerte porque tanto nosotros aquí a veces tenemos para comer y a veces no tenemos. A nuestra familia no le hemos podido llevar ni un bocado.

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Entrevista realizada por ACOGUATE
Fotos: ACOGUATE

Desaparición Forzada: El Caso de Choatalúm

El pasado 10 de marzo, en el Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango se abrió el juicio contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj. El acusado tiene que defenderse de acusaciones por la supuesta desaparición forzada de seis personas en la comunidad de Choatalúm, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, entre 1982 y 1984. Es el primer caso en Guatemala en contra de colaboradores del ejército por un delito de este tipo cometido durante el conflicto armado. ACOGUATE ha estado acompañando las personas de Choatalúm desde 2001 y ha estado presente en las audiencias.

Felipe Cusanero, actual alcalde de Choatalúm, está enfrentando un juicio por la desaparición forzada de cinco personas. Entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984 en distintos momentos fueron desaparecidos/as Lorenzo Ávila, Alejo Culajay Ic, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajti, todos/as residentes de la aldea de Choatalúm.

Estas desapariciones ocurrieron en el periodo en el cual Cusanero fue el comisionado militar en dicha aldea. En el debate oral que se llevó a cabo en abril de este año, los familiares señalaron que Cusanero acompañó a los militares y patrulleros que llevaron las personas al destacamento militar de Choatalúm y que después nunca reaparecieron. Desde entonces, no se supo nada del paradero de las personas mientras los familiares siguieron exigiendo justicia y el esclarecimiento de estas desapariciones en las cuales, según testigos en este caso, participó el señor Cusanero.

En caso de una sentencia condenatoria, los querellantes lograrían crear un antecedente importante e histórico. Sería la primera vez que un tribunal guatemalteco emite una sentencia por el delito de desaparición forzada. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) cuenta 6,159 desapariciones forzadas registradas durante el conflicto armado, al mismo tiempo indica que este número podría subir hasta 45,000. La mayoría de estos crimines fueron cometidos entre los años 1979 y 1984, bajo los gobiernos encabezados por Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores. Algunas de las comunidades más afectadas se ubican en la región de Chimaltenango.

Además, en otras regiones del país fueron desparecidos, sobre todo, líderes y dirigentes comunitarios. Según la CEH, cualquier conflicto local o sospecha por parte de los Patrulleros de Autodefensa Civil, el Comisionado Militar o el Ejército podría resultar en más nombres agregados a las listas negras.

Actualmente, el juicio, que ya se abrió en abril de 2005, queda parado por un amparo interpuesto por la defensa, cuestionando la constitucionalidad de un procesamiento del delito de desaparición forzada. El argumento principal utilizado por la defensa es la irretroactividad de la ley de desaparición forzada, basándose en el hecho de que Guatemala tipificó la desaparición forzada como delito solo en 1996 mientras los crímenes por los cuales se imputa a Cusanero fueron cometidos entre 1982 y 1984.

Los abogados de la parte querellante rechazaron el argumento interpuesto por la defensa, señalando que la naturaleza del delito tiene un carácter continuo. Así explicaron que hasta que no se encuentre el paradero de las víctimas, sus familiares siguen sufriendo incertidumbre y dolor por desconocer el destino de sus parientes. Es decir que la “continuidad” del delito se basa en el hecho de que los acusados en casos de desaparición forzada siguen ocultando información y de esta manera alargan el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

Además los querellantes alegaron que Guatemala es signatario de varias leyes internacionales que establecen claramente la ilegalidad de los crimines por los cuales está siendo acusado Cusanero con mención especial a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 3 de la Convención de Ginebra. Señalaron los fundamentos nacionales integrados en la ley de Reconciliación Nacional de 1996 que defina explícitamente que “la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura, y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptible o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.”

El 22 de abril se realizó una audiencia pública donde ambos lados presentaron sus argumentos sobre la constitucionalidad de la aplicación de fondo de la retroactividad a los jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango. Después de que los jueces de dicho tribunal resolvieron a favor de los abogados querellantes y el Ministerio Publico, la defensa ejerció su derecho a apelar. Así el caso pasó a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 29 de abril. Está legislado que los jueces de la CC tienen cinco días para tomar una decisión sobre el asunto pero según los abogados querellantes, en la práctica la emisión de este fallo puede tardar hasta un año.

Entretanto los familiares de las victimas de Choatalúm siguen con la esperanza de que la CC resuelva a su favor y de que la justicia pueda seguir su camino para crear un antecedente para las demás personas afectadas por desapariciones forzadas en el país.

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Escrito por ACOGUATE

Referencias

1) Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999): Guatemala: Memoria del Silencio
2) Ibid.
3) Artículo 8, Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-96, 1996.