Trabajando el tema de la violencia contra las mujeres en Guatemala

Del 24 al 27 de febrero se realizó en Chimaltenango el segundo Festival regional para la memoria “Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad” para mujeres sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto interno (1960-1996). Desde 2009, ACOGUATE ha acompañado en actividades puntuales a la Colectiva Actoras de Cambio, organización coordinadora del festival y, por petición de la misma, acompañó y observó en la actividad. Además, ACOGUATE ha brindado acompañamiento en otros casos de violencia sexual, tales como el caso de doña Juana Méndez Rodríguez, en lo cual ACOGUATE acompañó al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), que llevaba el proceso legal en 2008 (ver el artículo de marzo de 2008). En 2010, ACOGUATE acompañó al Tribunal de Consciencia que se organizó con el fin de visibilizar el tema de la violencia sexual durante el conflicto interno a través de un juicio simbólico en contra del Estado guatemalteco.

“Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad”: un festival para la memoria y la sanación

El primer festival para sobrevivientes de la violación sexual se llevó a cabo en noviembre del 2008 en la ciudad de Huehuetenango, bajo el lema “Sobreviví, estoy aquí y estoy viva”. Este año, en una actividad titulada “Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad”, la colectiva feminista Actoras de Cambio, fundada en 2004, siguió el proceso de recuperar la memoria. Entre 250 y 300 mujeres Mayas: Q’eqchi', Mam, Chuj, Kaqchikel y K’iche participaron en este segundo festival, además de mujeres mestizas y participantes de otros países. También asistieron jóvenes ganadores de un concurso de dibujo y cuento corto sobre el tema de la violación sexual durante la guerra, y mujeres representando organizaciones guatemaltecas defensoras de los derechos de la mujer. Además acudieron representantes de organizaciones feministas de sobrevivientes de la violencia sexual en otras partes del mundo, entre ellas Perú, Colombia, Ecuador, India y Serbia.

El programa incluyó diversas actividades explorando diferentes aspectos de los temas de la sanación y de la reapropiación del poder, tales como la presentación de testimonios, discusiones abiertas, mesas de reflexión, ceremonia maya, actividades artísticas y baile. Además de hacer que las víctimas no se sientan solas con el dolor, también se empoderaron -a través del proceso colectivo- para poder trabajar y ponerle fin a la violencia sexual.

Violencia contra las mujeres guatemaltecas en el pasado y el presente

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), durante el conflicto armado interno, la violación sexual fue utilizada de manera sistemática y generalizada por el ejército¹. Varias organizaciones sociales, citadas en el periódico La Hora, indican que “en 85% de las masacres cometidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, las mujeres que fallecieron fueron víctimas de violencia sexual”.² Se dirigió contra mujeres mayas en 88.7% de los casos. Además, en los casos de violación sexual en los que se supo la edad de la víctima, se revela que en un tercio (35%) de los casos registrados por la CEH las víctimas eran niñas, con menos de 17 años de edad³.

En el contexto de la estrategia contrainsurgente, la violación sexual representaba un ataque, a través de los cuerpos de las mujeres mayas, a la identidad indígena en su reproducción cultural tanto como biológica.⁴ Además formaba parte de una estrategia contrainsurgente pensada para imponer el terror, humillar a las mujeres mayas y mestizas, dañar pública- y masivamente a su aspecto más íntimo, y así provocar una ruptura del tejido social en las comunidades. Según el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), esta práctica fue también incluida en el entrenamiento militar del ejército.⁵ En los destacamentos militares, la violación sexual fue usada como una forma de lograr sometimiento⁶.

La violación sexual no sólo dejó lesiones físicas, pero también traumas psicológicos, además de sentimientos de miedo, vergüenza, culpa, rabia y tristeza en las mujeres. Viviendo en una sociedad en la cual, según investigadores, se valora “la virginidad, la castidad y la pertenencia a un solo hombre”, en muchos casos las mujeres violadas tenían que enfrentar el rechazo dentro de sus propias comunidades, e incluso dentro de sus propias familias⁷. Según la CEH, las violaciones sexuales causaron sufrimiento que todavía se vive, a menudo en silencio, por las sobrevivientes y también por sus familiares.

La violencia contra las mujeres en Guatemala no solo pertenece al pasado. Según el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH):

“Como ayer, existe un Estado complaciente con la violencia contra las mujeres, que permite que grupos en pugna por factores económicos, políticos o militares, utilicen los cuerpos de las mujeres como escarmiento social… Todo lo que pasa en Guatemala, quiérase o no, refiere al pasado, que no ha sido cerrado ni resuelto.”⁸

Desde 2001, la tasa de muertes violentas de mujeres sigue aumentando. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2010 hubo 847 muertes violentas de mujeres y más de 4300 casos de violencia sexual⁹. Además de un aumento en la cantidad de muertes, también se ha evidenciado más brutalidad en los asesinatos¹⁰. Estos asesinatos son diferentes a los de los hombres por varios factores:

- los cuerpos frecuentemente llevan signos de violación sexual¹¹;

- se escucha una “culpabilización” de la víctima, es decir hacer responsable a la mujer de su propia asesinato, por no mantenerse en casa, por su forma de vestir, por tener tatuaje, por no conformar con las expectativas de la sociedad sobre el comportamiento de la mujer;

- el género de la victima limita el acceso a la justicia, como las autoridades no toman tanto en serio la gravedad de los crímenes y así señalan una permisividad social; y

- estos crímenes provocan más terror, inseguridad y vulnerabilidad entre las mujeres. ¹²

Hoy en día y a pesar de la aprobación por el Estado de Guatemala de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer (Decreto 22-2008) en mayo de 2008, en la mayoría de los casos de muertes violentas de mujeres los crímenes se quedan impunes. Prensa Libre, retomando un análisis del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), indica que “entre julio del 2008 y julio del 2009, cuando se aprobó e implementó la normativa, hubo más de 800 muertes, mientras el número de sentencias fue de apenas 83, muchas de ellas absolutorias”¹³. Con el crimen de violación sexual, una denuncia resulta en sentencia en aun menos casos.¹⁴ Para finales de 2010, según Sonia Escobedo, secretaria presidencial de la Mujer (Seprem), de más de 15 mil denuncias presentadas en casos de Femicidio y Violencia Contra la Mujer bajo la nueva ley se había dictado 216 sentencias, 146 de estas condenatorias.¹⁵

Algunos logros importantes en la búsqueda de la justicia y la reivindicación de los derechos de las mujeres

“Ni olvido, ni silencio”, reclamaron las mujeres participantes en el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado en Guatemala, lo cual se desarrolló el 4 y 5 de marzo de 2010 en la Ciudad de Guatemala¹⁶. Los esfuerzos propios de las mujeres de nombrar, denunciar y combatir la violencia sexual han sido muy importantes en la lucha contra la impunidad para estos crímenes. Dentro de esta lucha, el Tribunal ofreció a las mujeres sobrevivientes un espacio alternativo en donde pudieron compartir sus experiencias y buscar una forma de justicia, y así rompiendo el silencio alrededor de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. El Tribunal subrayó que la impunidad para los crímenes del pasado contribuya a la tolerancia que hay para la violencia sexual en el presente, tal como el feminicidio. Por esta razón, según el comunicado final del Tribunal, el Estado debe “poner fin a la impunidad, mediante acciones legales prontas y eficaces por los crímenes cometidos contra las mujeres y las niñas durante el conflicto armado interno y en la actualidad, por ser un componente esencial de las políticas de reparación y una exigencia del derecho internacional.”¹⁷

Una mujer que rompió el silencio y la impunidad alrededor de la violencia sexual es Juana Méndez Rodríguez. Méndez es una mujer maya del Quiché, quien en enero de 2005 fue detenida sin orden judicial ni investigación previa, y durante su detención fue vejada y torturada de manera sexual por personal de la Policia Nacional Civil bajo la influencia del alcohol¹⁸. El 16 de abril de 2008, tres años después de los hechos, se logró sentencia en el caso de Méndez, llevado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG): El agente de la PNC, Antonio Rutilo Matías López fue sentenciado a 20 años en la cárcel, sentencia que fue reducida a 10 años después de una apelación presentada el 13 de agosto de 2008.¹⁹

Además de ser un reconocimiento en el organismo judicial de lo que sufrió Juana Méndez, este caso es de suma importancia porque representa un reconocimiento de la “historia de abuso policial y tortura sexual en las comisarías, la cual había sido ignorada por muchas autoridades”²⁰. Por otra parte este caso traza un camino hacía la justicia para otras mujeres que han sido víctimas de violencia sexual.

Estos dos casos, tanto como actividades como el Festival para la memoria, muestran que, a pesar de existir muchos retos, las mujeres guatemaltecas van a seguir organizándose para denunciar los abusos y reivindicar sus derechos.

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FOTO: Albertina Cabrera / Festival "Yo soy voz de la memoria y cuerpo de la libertad", 24-7 febrero 2011

1 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del silencio, Vol. 3. Guatemala, 1999. p.13. http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap2/vol3/mujer.html

2 Flores, Ligia. «Desestiman las violaciones sexuales durante la guerra». La Hora. 24 de noviembre de 2008. www.lahora.com.gt/notas.php?key=40168&fch=2008-11-24. En el mismo artículo consta que “Pese a la falta de datos certeros, se sabe que se produjeron 626 masacres, cuyo saldo fue de, al menos, 200 mil víctimas directas, en donde la violencia sexual fue el patrón utilizado por el Ejército antes y durante los crímenes.”

3 Ibid. p.23.

4 Sanford, Victoria. Guatemala: del genocidio al feminicidio. Guatemala: F&G Editores, 2008.

5 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Guatemala: Nunca Mas: Los mecanismos del horror. Vol. 2. Guatemala: ODHAG, 1998. p. 212.

6 Consorcio Actoras de Cambio / Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Tejidos que lleva el alma: Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado. Guatemala: F&G Editores, 2009. p.153. www.ecapguatemala.org/9789929800403.html.

7 Consorcio Actoras de Cambio / ECAP y UNAMG 2009. Op. Cit. p.182.

8 Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). ¿Por qué matan a las mujeres en Guatemala?. Guatemala, noviembre de 2010.

9 Gereda, Marcela. “El cuerpo femenino y la cultura machista.” El Periódico. 7 de Febrero de 2011. www.elperiodico.com.gt/es/20110207/opinion/190370.

10 Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Informe anual circunstanciado 2010: Situación de los derechos humanos en Guatemala. Guatemala, enero de 2011. p. 78. www.pdh.org.gt/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8.

11 Según el Procurador de Derechos Humanos (PDH), “La diferencia es que a las mujeres se les hace sufrir más antes de la muerte." Feigenblatt, Hazel. “Violencia se ensaña con mujeres en Guatemala.” La Nación. 2 de abril de 2006. wvw.nacion.com/ln_ee/2006/abril/02/mundo0.html

12 Sanford, Victoria. Guatemala: del genocidio al feminicidio. Guatemala: F&G Editores, 2008.

13 Vasquez, Sandra. “Ley contra Femicidio no impide muerte de mujeres.” Prensa Libre. 16 de diciembre de 2010. www.prensalibre.com/noticias/Ley-contrarresta-muerte-mujeres_0_391160895.html.

14 CERIGUA. “Reportan alta tasa de impunidad en crímenes sexuales.” CERIGUA. 7 de mayo de 2010. www.cerigua.org/archivo/index.php?option=com_content&task=view&id=20075&Itemid=1.

15 El Periódico, “Instituciones presentan cifras sobre violencia contra la mujer”, 16 de noviembre de 2010, www.elperiodico.com.gt/es/20101116/pais/182665/?tpl=54

16 El Tribunal fue apoyado por varias organizaciones, entre ellos el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Mujeres Transformando el Mundo (MTM), Asociación La Cuerda, y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

17 Tribunal de conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala. Pronunciamiento final. Guatemala, 5 de marzo de 2010. http://unamg.org/v1/tribunal-de-conciencia/97-pronunciamiento-final-tribunal-de-conciencia-contra-la-violencia-sexual-hacia-las-mujeres-durante-el-conflicto-armado-interno-en-guatemala.

18 Gaviola Artigas, Edda. Informe de Sistematización: El Caso de Doña Juana Méndez Rodríguez Vrs. El Agente de la Policía Nacional Civil, Antonio Rutilio Matias Lopez. Guatemala, noviembre de 2008. p.30. www.bantaba.ehu.es/ext/Libro_Sistematizacion_ICCPG.indd-1.pdf.

19 Ibid. p.31.

20 Ibid. p.8.

Comunicado de la AJR y CALDH: Primera captura por genocidio en Guatemala

PRIMERA CAPTURA POR
GENOCIDIO EN GUATEMALA

Hoy 17 de junio, a 29 años de haber iniciado la ejecución del Plan Victoria 82 elaborado por el Jefe del Estado Mayor del Ejército y el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, fue capturado en ciudad de Guatemala, el General Héctor Mario López Fuentes acusado del genocidio ocurrido contra el pueblo maya Ixil en los años 82 y 83.

Las víctimas y sobrevivientes del genocidio han tocado las puertas de la justicia desde hace más de 10 años y hoy el Sistema de Justicia tiene la oportunidad de juzgar un delito tan grave como lo es el genocidio, que lastima la dignidad de la humanidad. Este hecho nos llena de esperanza y anima a continuar luchando contra el olvido.

Manifestamos nuestra complacencia por esta captura y esperamos que las autoridades lo dejen ligado a proceso y pueda condenarse al primero, de muchos genocidas que se encuentran en libertad. Continuaremos caminando hacia el encuentro con la justicia, recuperando nuestra historia y diciendo la verdad.

Les invitamos a acompañarnos en este proceso histórico, no sólo en nuestro país sino en América Latina y el mundo, ya que demostramos que nuestro sistema de justicia Sí puede y tiene la capacidad y valentía de juzgar el delito de genocidio.

AUDIENCIA DE PRIMERA DECLARACIÓN DEL
GENERAL HECTOR MARIO LOPEZ FUENTES
ACUSADO DE GENOCIDIO

FECHA: LUNES 20 DE JUNIO 2011
HORA: 08:30 de la mañana
LUGAR: Torre de Tribunales (15 nivel)

¡Porque el genocidio no puede quedar impune!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH

GENOCIDIO
CONDENARLO una actitud
JUZGARLO una necesidad

Larga búsqueda de justicia y conmovedora conmemoración por masacre de Las Dos Erres

Caso legal en contra de 17 militares, soldados de las fuerzas especiales kaibiles y oficiales del Ejército de Guatemala, por la masacre perpetrada en diciembre de 1982 en el parcelamiento de las Dos Erres, departamento de El Petén, en la cual fueron masacradas 252 personas. ACOGUATE brinda acompañamiento a la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, representante legal de los familiares de las víctimas de las Dos Erres.

Foto: Aura Elena Farfán, Presidenta de FAMDEGUA, da declaraciones en una conferencia de prensa.

En marzo de 1982 se instala en el poder—tras un golpe de estado—una junta militar encabezada por José Efraín Rios Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores . Este gobierno de facto dictó el Plan de Seguridad Nacional y Desarrollo de acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense que imperaba en el continente americano y definía las estrategias en la lucha contra el comunismo. El plan de campaña Victoria 82 constituye la puesta en práctica de esta doctrina en Guatemala, dando paso a una de las fases más sangrientas del conflicto armado interno, caracterizada por una política de tierra arrasada cuyo objetivo era “aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas” [1]. En este contexto se llevaron a cabo masacres, sistemáticas e indiscriminadas, en contra de la población que supuestamente apoyaba a las “fuerzas subversivas”.

En la madrugada del 7 de diciembre de 1982, una patrulla de aproximadamente 60 kaibiles —fuerza especial contrainsurgente del ejército [2]—entró en el parcelamiento de las Dos Erres (La Libertad, Departamento de El Petén) haciéndose pasar por guerrilleros. Cerraron el paso al parcelamiento tras de ellos, sacaron a los pobladores de sus casas y separaron a mujeres, hombres, ancianos y niños. La primera víctima, arrojada a un pozo, fue une bebe de tres meses, 252 personas fueron torturadas y asesinadas en 18 horas [3]. El 9 de diciembre el comandante del destacamento militar de Las Cruces, Carlos Manuel Carías, ordenó la quema del parcelamiento.

La búsqueda de justicia

En junio de 1994, Aura Elena Farfán—presidenta de FAMDEGUA—presentó una denuncia penal por el delito de asesinato ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de El Petén, solicitando la exhumación de las víctimas de la masacre. Dicha exhumación fue llevada a cabo, en El Pozo de las Dos Erres, por el equipo de antropólogos forenses argentinos (EAAF) que encontró 162 osamentas y numerosas evidencias. De forma paralela la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y FAMDEGUA presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso duraría dieciseis años.

En el año 2000 se iniciaron las conversaciones, entre los representantes de las víctimas y el Estado, para llegar a un acuerdo de solución amistosa. En el marco de este acuerdo de verdad, justicia y reparación [4]—suscrito en abril de 2000—el Estado Guatemalteco reconoció su responsabilidad por la masacre perpetrada entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, así como su responsabilidad institucional frente a la dilatación de la investigación judicial de los hechos. El Estado se comprometió a lo siguiente:

• Hacer público el reconocimiento de la responsabilidad estatal. (El presidente Alfonso Portillo asumió públicamente la responsabilidad por la masacre en Agosto de 2002.)
• Realizar una investigación y condenar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
• Reparar en forma colectiva a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
• Brindar apoyo psicosocial y clínico a las víctimas.
• Crear una Comisión de Identificación y Localización de Víctimas y Familiares de la Masacre de Las Dos Erres.

En el terreno judicial, el Fiscal Especial asignado al caso recibió—en marzo del año 2000—en calidad de prueba anticipada, el testimonio de tres ex-kaibiles que presenciaron los hechos, tras lo cual se giraron órdenes de captura por el delito de asesinato en contra de 17 miembros del ejército. Con la detención de seis de los sindicados se inició el largo proceso de interposición de amparos ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad. Hasta la fecha se recibieron 45 expedientes de amparo, la mayoría de ellos basados en la Ley de Reconciliación Nacional que contempla la extinción de la responsabilidad penal para delitos políticos cometidos durante el conflicto armado interno [5].

En este contexto de dilatación del proceso judicial, la oficina de FAMDEGUA fue asaltada en dos ocasiones—2000 y 2003—y se sustrajo información relacionada con el Caso de las Dos Erres y de Josefinos [6]. Al respecto, la Misión de Verificación de la Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) declaraba que este tipo de hechos “busca inhibir el accionar de las víctimas respecto de denuncias en materia de derechos humanos, así como obstaculizar los avances procesales en algunos casos de impacto nacional en los que se vincula a agentes del Estado.” [7] Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales repudiaron enérgicamente estos hechos—en una acción urgente del 8 de septiembre de 2003—que solo buscaban obstaculizar la búsqueda de la verdad y la justicia, y responsabilizaban a su vez a las instituciones del Estado por “su incapacidad (...) de brindar seguridad y protección a los defensores de los Derechos Humanos”.

La lentitud del sistema judicial guatemalteco propició que los representantes de las víctimas desistieran del acuerdo de solución amistosa con el Estado y volvieran a activar, en 2006, los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Marzo de 2008 la Comisión finalizó su informe sobre la demanda interpuesta en 1996, concluyendo que:

“1. La masacre de Las Dos Erres fue planificada y ejecutada dentro de la política de “tierra arrasada” dirigida por el Estado guatemalteco contra toda la población calificada como “enemigo interno”, en un contexto que predominó por el desconocimiento de los derechos humanos más fundamentales y los valores compartidos por la comunidad interamericana. 2. El Estado de Guatemala es responsable de la violación de los derechos humanos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la familia y del niño, a la propiedad privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial (…).” [8]

Frente a la falta de voluntad del Estado guatemalteco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión, ésta presento el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició sus diligencias en septiembre de 2008. El 24 de noviembre de 2009 la sentencia de la Corte recogía las violaciones a las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, de Prevención y sanción de los delitos de genocidio, de Prevención y sanción de la Tortura, cometidas por el Estado de Guatemala en la masacre de las Dos Erres. La sentencia resaltó asimismo que dada la gravedad de los hechos “el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada (…) o cualquier excluyente similar de responsabilidad (…) El Estado deberá continuar con el proceso penal, sin mayor dilación”. A raíz de esta sentencia, FAMDEGUA y el Ministerio Público (MP) solicitaron el peritaje de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) con el fin de identificar los restos óseos encontrados en 1995. Las huellas genéticas halladas pasaran a formar parte del Banco Genético Nacional de Familiares y Víctimas de Desaparición Forzada.

La sentencia de la CIDH forzó la reactivación del caso, y la Corte Suprema de Justicia lo declaró caso de alto impacto por lo que se traslado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo de la capital. En el transcurso de los meses de Julio a Septiembre se llevaron a cabo las audiencias en las que formalmente se acusaron al teniente Carlos Manuel Carías y a los sub-instructores kaibiles Manuel Pop Sun y Reyes Collin Gualip de hurto delictivo, asesinato de 201 personas y delito contra deberes de humanidad. FAMDEGUA y organizaciones de apoyo de la sociedad civil nacionales e internacionales mostraron su preocupación por las presiones ejercidas por la defensa legal en contra de la jueza Carol Patricia Flores, y por la tensión palpable entre familiares de los sindicados y familiares de las víctimas durante las audiencias.

Al mismo tiempo un tribunal de Florida, Estados Unidos, sentenciaba al ex kaibil Gilberto Jordán a 10 años de prisión por fraude de naturalización. Jordán dio informaciones falsas en el formulario para obtener la ciudadanía estadounidense, ocultando su participación en, no sólo un hecho delictivo, sino en la sangrienta masacre de las Dos Erres. El juez del tribunal señaló que el fallo debía ser un mensaje claro para “los que han cometido violaciones atroces a los derechos humanos en el exterior” y que éstos “no encontrarían un refugio seguro frente a un proceso judicial en los Estados Unidos.” [9]

Durante innumerables horas bajo el sol y la lluvia, los familiares de las víctimas se han mantenido en pie frente a la entrada de la Torre de Tribunales para reclamar justicia y reconocimiento por la masacre de 1982, varias generaciones de mujeres y hombres que perdieron a los suyos, y que siguen inmersos en un proceso de duelo que ha durado ya 28 años. Para ellos, “los muertos nunca serán olvidados” [10]. En Octubre, El MP, el querellante adhesivo FAMDEGUA y la defensa presentaron sus pruebas. Se espera la apertura del debate oral para mediados de este año.

Conmemoración de las masacres

El pasado 7 de Diciembre—en el veintiocho aniversario de la masacre—los familiares de las víctimas se reunieron alrededor del memorial erigido en el cementerio de las Cruces en honor a las personas asesinadas en 1982. Los familiares organizaron un emotivo acto durante el cual plantaron en la tierra ocre de El Petén, banderitas con los nombres de sus familiares, amigos y vecinos masacrados, leyeron poemas y lanzaron tres palomas blancas al aire simbolizando a los adultos, jóvenes y niños que perdieron la vida aquel día. Varios familiares de las víctimas intervinieron, muy conmovidos, recordando a sus seres queridos y exigiendo justicia. A petición de los familiares de las víctimas, Aura Elena Farfán se dirigió a todos los presentes para recordar como se inició este proceso -gracias a los sacerdotes y catequistas de La Libertad- y cómo se ha logrado llegar hasta el proceso judicial que se inició en el mes de julio. Hizo asimismo un llamado a la unión y a la solidaridad entre todos los familiares de las masacres y desapariciones perpetradas en la región en aquella época: “todo esto no lo olvidemos amigos por favor, ya tuvimos tiempo para llorar, para esperar, ahorita es el momento, ahorita es el momento que la comunidad de las Cruces, de Josefinos y todos los alrededores se unifiquen en un solo grito, pidiendo la aplicación de la justicia”.

El día amaneció frío, entre la neblina, sin embargo el sol acompaño y calentó a la multitudinaria caravana que recorrió las aldeas—Los Manueles, Los Josefinos, Palestina, Vista Hermosa—tocadas por la violencia y la crueldad del conflicto armado. Como dijó Aura Elena Farfán al finalizar su intervención: “es doloroso recordar el pasado, porque es muy doloroso, pero es necesario para construir una Guatemala diferente donde verdaderamente respeten la vida, respeten todos nuestros derechos.”

Los últimos acontecimientos en el caso

El caso de la masacre de las Dos Erres sigue su camino en el laberinto del sistema judicial guatemalteco. En el mes de enero la Corte de Constitucionalidad resolvió aceptar el recurso de ámparo interpuesto por los acusados. FAMDEGUA y el abogado del caso, el Lic. Edgar Pérez, presentaron un recurso de ampliación y aclaración del fallo, considerando que contraviene la resolución de la Corte Suprema de Justicia para la ejecución de la sentencia de la CIDH. En efecto la sentencia de la CIDH, instaba al Estado guatemalteco a “remover todos los obstáculos que han generado impunidad en el caso, como el uso desproporcionado de amparos.” [11] Mientras tanto, era arrestado en Canadá uno de los 17 sindicados por la masacre, el kaibil Jorge Vinicio Orantes Sosa, reclamado por la justicia estadounidense por el delito de fraude naturalización. Un tribunal canadiense deberá pronunciarse sobre un posible proceso de extradición hacía los Estados Unidos [12].

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[1] Plan de Campaña Victoria 82.

[2] Comisión de Esclarecimeinto Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del Silencio. Caso ilustrativo nº31 http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no31.html

[3] Larry Kapplow, Unearthing a massacre. Global Post. 29/04/2010 http://www.globalpost.com/dispatch/the-americas/100427/guatemala-exhumation-las-dos-erres

[4] Acuerdo Marco de solución amistosa entre los representantes de las víctimas y el Estado. 01/04/2000

[5] La Sentencia del 24 de Noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de las Dos Erres contra República de Guatemala, hace referencia a la actuación del sistema judicial guatemalteco de la siguiente forma: “el retardo injustificado en el proceso penal por más de 15 años es atribuible no solo al uso indiscriminado de recursos por parte de los imputados, sino a la falta de voluntad e interés de las autoridades judiciales del Estado que han conocido de los mismos, ya que no han tramitado debidamente numerosos recursos, y han sometido el caso al procedimiento establecido en la LRN [Ley de Reconciliación Nacional].”

[6] Masacre perpetrada por el ejército el 29 y 30 de Abril de 1982, en la que murieron aproximadamente 57 personas (entre ellas 15 niños). Las casas de los pobladores fueron quemadas y sus cuerpos arrojados a una fosa común. FAMDEGUA, en calidad de representante de los familiares de las víctimas, presentó el 18 de abril de 1996 la denuncia penal ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de El Petén. En 2004, FAMDEGUA junto a CEJIL, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de este año se traslado el caso al Juzgado de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo de la capital.

[7] “Minugua y Copredeh preocupados por asalto a FAMDEGUA”, El Periódico. 06/09/2000

[8] Informe de Fondo 22/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de las Dos Erres contra República de Guatemala. http://www.cidh.org/demandas/ 11.681%20Dos%20Erres%20Guatemala%2030%20Julio%202008%20ESP.pdf

[9] National Security Archive, “Former Guatemalan Soldier Sentenced to Ten Years for Lying About Role in Dos Erres Massacre,” 16/09/2010. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB316/index.htm

[10] Declaración de un familiar de las Dos Erres tras la ceremonia realizada durante la segunda exhumación llevada a cabo por FAFG en abril de 2010.

[11] Recursos de ámparo generan impunidad en caso Dos Erres. Agencia Guatemalteca de Noticias. 31/01/2011. http://agn.gob.gt/agn/index.php?option=com_content&view=article&id=4493:recursos-de-amparo-generan-impunidad-en-caso-dos-erres&catid=52:seguridad&Itemid=147

[12] Canadá realizará audiencia sobre extradición de vinculado a masacre de Dos Erres. Emisoras Unidas. 19/01/2011 http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/canada-realizara-audiencia-sobre-extradicion-de-vinculado-masacre-dos-erres

Sentencia en caso de desaparición forzada de Edgar Fernando García

A la pena máxima, 40 años de prisión, fueron sentenciados el 28 de octubre los dos ex agentes de la extinta Policía Nacional (PN), Héctor Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez por el 8º Juzgado de Sentencia Penal de la Ciudad de Guatemala. Ambos fueron encontrados responsables de la desaparición forzada de líder sindical y estudiantil Edgar Fernando García, delito perpetrado hace más de 26 años. Esta es la tercera sentencia en Guatemala por el delito de desaparición forzada y la primera basada en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)[1], en los 14 años desde la firma de la paz. A mediados del 2009 fue condenado el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj a 150 años por la desaparición forzada de seis personas en la comunidad de Choatalum , y a fines del mismo año se condenó a cuatro personas (entre ellos al coronel Marco Antonio Sánchez Samayoa) a 53 años y 4 meses de cárcel cada uno por la desaparición forzada de ocho personas en El Jute. Ambos casos fueron acompañados por Acoguate, que también observó la audiencia en el caso de Edgar Fernando García.

“El delito de desaparición forzada es un hecho cruel que no debe quedar impune”

Los imputados por la detención y desaparición forzada de Edgar Fernando García fueron absueltos de dos cargos, debido al tiempo de prescripción, a pesar de haber sido encontrados culpables: detención ilegal con agravantes específicas, por lo que el Ministerio Público (MP) pedía 3 años más 1, y abuso de autoridad, por lo que se solicitaba 3 años más. El MP pedía también una pena de 15 años de cárcel por el delito de plagio o secuestro, pero el tribunal no clasificó legalmente este como tal debido a que las pruebas documentales y testimoniales demostraron que el objetivo de su detención y desaparición fue para obtener información de su trabajo político, acorde con la doctrina de seguridad imperante en el país, y no por otro motivo.

El cargo de desaparición forzada sí fue aceptado por ser un delito permanente e imprescriptible, es decir el delito sigue cometiéndose mientras el detenido desaparecido no aparezca [2], el cual es el caso de Edgar Fernando García. La pena, según explicó el tribunal, debe ser proporcional con el delito por lo que dictó la pena máxima, 40 años de privación de la libertad, tomando en cuenta que: la víctima era estudiante, el móvil del delito fue político, la intensidad del daño causado a sus familiares y a la sociedad guatemalteca ha perdurado por más de 25 años, la desaparición forzada es un hecho cruel que no puede quedar impune y que la familia y la nación tienen derecho a la verdad.

Documentos del AHPN fueron clasificados como evidencia

El tribunal dio valor probatorio a todos los testimonios de los testigos, por la espontaneidad de estos y la congruencia entre sí. También dio valor probatorio a los informes de los peritos y a los documentos presentados del AHPN y del Diario Militar, así como a los recortes de prensa, programa de televisión acerca del Diario Militar y el audio con la declaración de Danilo Chinchilla, compañero de Fernando García con quien se encontrara en el momento de su detención, en el que contó que a Fernando García lo habían llevado agentes de la Brigada de Operaciones Especiales de la PN (BROE) en un vehículo.

Los peritos basaron sus informes principalmente en el análisis de 667 documentos del AHPN que por primera vez ha sido utilizado como evidencia en un proceso legal para esclarecer la responsabilidad en un caso de desaparición forzada. Para complementar y contrastar la información obtenida y que sirvió de evidencia se utilizó el desclasificado Diario Militar, documento en el que se puede leer por ejemplo que solamente entre los años 1983 y 1985 las Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo 188 desapariciones.

De acuerdo a los diferentes peritajes y documentos, se estableció que el motivo de la desaparición forzada de Edgar Fernando García fue político ya que por sus actividades políticas (en el clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo como miembro del Comité Central), estudiantiles y sindicales era considerado enemigo interno. El documento clave fue uno en el que el jefe más cercano de los dos agentes imputados proponía su condecoración, la cual motivaba con la operación en el lugar, día y hora en que Danilo Chinchilla declaró que habían detenido Edgar Fernando García. También están acusados en este caso dos agentes más (Alfonso Guillermo de León y Hugo Rolando Gómez Osorio) quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

Pruebas suficientes para una sentencia condenatoria

El tribunal estableció que, de acuerdo a los testigos y peritos, y de varios de los documentos del AHPN, Edgar Fernando García fue detenido por hombres vestidos de civil el 18 de febrero de 1984 cuando él se encontraba, junto con su compañero de partido Danilo Chinchilla, en la intersección de la 7ª calle y la 3ª avenida de la zona 11, cerca del Mercado denominado del Guarda. Ambos intentaron huir pero los agentes de la policía les dispararon hiriendo en una cadera a Danilo Chinchilla, que más tarde trasladaron al Hospital Roosvelt, mientras que a Edgar Fernando García lo llevaron detenido, según relató Danilo Chinchilla en una grabación hecha al haber sido rescatado de dicho hospital.

Nineth Montenegro, esposa de Edgar Fernando García, relató en su testimonio que ese día su esposo había salido muy temprano de la casa y que ella le negó las llaves de su vehículo, que él necesitaba para encontrar a su contacto, por temor a que le ocurriera algo. Esa misma noche llegaron a su casa hombres vestidos de civil, quienes le dijeron que no se preocupara, que ellos tenían a su esposo, que eran amigos de él y que regresaría ese martes. Nunca más volvió a verlo.

PN operaba en conjunto con Inteligencia y Ejército

Tanto el Ministerio Público (MP) como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), entidad querellante, hizo hincapié en la responsabilidad del estado en la desaparición forzada de Edgar Fernando García, así como de la de miles de estudiantes y sindicalistas, principalmente entre los años 1978 y 1984. Específicamente entre el 10 de febrero y el 11 de marzo de 1984 se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala la denominada Operación Limpieza 84, una operación conjunta entre la PN, el servicio de inteligencia y el ejército de Guatemala, previa capacitación (30/1-8/2) debidamente documentada en los AHPN, y en la que consta la participación de los imputados como parte del IV Cuerpo de la entonces PN.

El debate público oral, que duró cinco días, despertó gran interés de organismos nacionales y extranjeros. Estuvieron presentes miembros del MP, la PDH, GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) y FAMDEGUA, además de empleados del AHPN, representantes del cuerpo diplomático de Canadá, Suiza, Suecia y Estados Unidos, entre otros, y del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para Guatemala.

Sentencia es sólo un paso en la dignificación de las víctimas de desaparición forzada

Para Aura Elena Farfán, de FAMDEGUA, esta sentencia “es definitivamente un paso más en la búsqueda de justicia, pero sólo un paso a mitad del camino”, ya que considera que “aún no se ha llegado a los autores intelectuales ni se ha conseguido que los acusados declaren qué hicieron con los desaparecidos”, ya que “mientras no se sepa qué hicieron con ellos los familiares siguen esperando saber” y que “ayudaría que al menos dijeran dónde los dejaron o a quienes se los entregaron”.

En relación a la petición del MP al tribunal de abrir proceso en contra de los jefes de la policía y el ejército como responsables de esta y otras desapariciones, el tribunal no accedió a lo solicitado aclarando que es tarea del MP investigar y seguir el debido proceso.

A Mario Polanco, director del GAM, le parece que “esta sentencia es un hecho importantísimo en la lucha contra la impunidad y cuando la sentencia quede firme quedará sentado la jurisprudencia para los casos de desaparición forzada”. GAM se ha comprometido a llevar al tribunal 102 casos de desaparición forzada, los dos primeros procesos se iniciarán en los próximos meses.

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[1] El AHPN fue descubierto por casualidad en julio del 2005 cuando a la PDH se le encargó inspeccionar un edificio en el complejo de la Policía Nacional Civil después de una explosión ocurrida en las inmediaciones. Este archivo consta de unos 80 millones de documentos, una gran cantidad datan del tiempo del conflicto armado, en los que están documentadas múltiples violaciones a los derechos humanos, pero la policía había negado anteriormente su existencia. Cuando se descubrió el contenido del archivo, despertó esperanzas en los familiares de desaparecidos de poder esclarecer lo que sucedió con sus familiares. Este juicio es el primero en el que parte de este archivo ha servido para evidenciar la responsabilidad de los dos policías ahora condenados por un delito de lesa humanidad.

Este archivo será una herramienta importante para trabajar contra la impunidad porque en él aparecen documentos que muestran entre otras cosas la estructura de Policía Nacional (PN) y su trabajo conjunto con el servicio de inteligencia y el Ejército de Guatemala en la lucha contrainsurgente que se llevó a cabo durante los años del conflicto armado interno y que significó la desaparición de unos 45 mil guatemaltecos. En él también aparecen nombres de quienes participaron en operativos específicos, quienes dieron las órdenes, a quienes se les hacía seguimiento, etc. como es el caso de la detención ilegal de Fernando García.

[2] En una resolución de la Corte de Constitucionalidad en julio de 2009 (www.caldh.org/desaparicionforzada.pdf), se reconoció la desaparición forzada como un crimen permanente e imprescriptible.

POR: ACOGUATE

FOTO: Edgar Fernando García, cortesía de GAM