Caso Juana Mendez Rodríguez

El pasado 18 de febrero, en el tribunal de Santa Cruz del Quiche, se abrió el juicio en contra de Antonio Rutilio Matías López, ex-agente de la Policia Nacional Civil (PNC) quién está acusado de violación agravada y abuso de poder en contra de Juana Méndez Rodríguez, una mujer Quiché. ACOGUATE ha estado acompañando el caso desde abril 2007 cuando el Instituto de Estudios Comparativos en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), asesor legal de Juana Méndez, solicitó acompañamiento internacionalpor las amenazas que habían recibido por su participación en el caso.

Los hechos
El 17 de enero de 2005 Doña Juana fue trasladada a Nebaj, departamento de Quiché, con motivo de comparecer frente a un tribunal para hacer su primera declaración ante un juez después de haber pasado más de un mes en detención en Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, acusada de complicidad por no haber denunciado una plantación de amapola que se encontraba cerca de su casa – una acusación que luego fue descartada. Según el relato de los hechos leído en el tribunal al abrir el juicio, la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero, Doña Juana fue agredida sexualmente de manera repetida por dos agentes en estado de ebriedad. En la audiencia del 5 de marzo, Doña Juana narró como, esa noche, los agentes la manosearon, la violaron y después la obligaron a caminar desnuda por la comisaría frente a otros detenidos antes de ordenarla que se bañase frente a ellos para tratar de eliminar evidencias de lo sucedido. Según relató, después del hecho Doña Juana se quedó llorando en el cuarto donde la habían violado preguntándose si “era posible que hacían así con todos los presos.” Doña Juana denunció esos hechos el día siguiente cuando fue llevada al juzgado de Nebaj para hacer su declaración.

Amenazas contra el ICCPG y acompañamiento internacional
Más de tres años después de que Doña Juana denunció los hechos, el caso por fin ha llegado frente un tribunal tras un proceso que “ha sido obstaculizado por continuas amenazas a testigos, a la víctima y a organizaciones civiles que la apoyan” (Prensa Libre, 15 de mayo 2007). El querellante adhesivo en el caso, el ICCPG, ha sido el blanco de la mayoría de esas amenazas. De hecho, en los primeros meses de 2007, integrantes del ICCPG sufrieron varios incidentes de intimidación de alta intensidad – allanamientos, vigilancia, seguimiento, secuestro, disparos en frente de la oficina, amenazas de muerte – y, en consecuencia, solicitaron acompañamiento internacional de ACOGUATE en abril 2007.

Según entrevistas al medio de comunicación arriba mencionado, los ataques se interpretan como unas “advertencias explícitas de no seguir con el caso… (y que por esta razón) se pidió el apoyo del entonces director de la PNC, Julio Hernández, ya que tienen la certeza de que las amenazas y ataques provienen de agentes en servicio”.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Guatemala “las amenazas pueden estar en relación con el trabajo que desarrollan los miembros del ICCPG… en la investigación, documentación y denuncia de violación, tortura y ejecuciones extrajudiciales dentro del sistema penal de Guatemala. Actualmente el ICCPG es querellante adhesivo en varios casos legales que involucran a oficiales de la PNC y/o funcionarios públicos, responsables de una series de violaciones de derechos humanos que van desde las detenciones ilegales, la tortura hasta las ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas, de persona en prisión y de, probablemente, las acciones en contra de algunos defensores de derechos humanos.” (http://www.fidh.org/spip.php?article4281).

Violencia sexual a manos de agentes del Estado
El día anterior al inicio del juicio, integrantes de varios grupos de mujeres llegaron a Santa Cruz del Quiche para solidarizarse con la señora Méndez – que todos los que han estado involucrado en el caso conocen como “Doña Juana.” La mañana del 18 de febrero, un centenar de mujeres marcharon por las calles del pueblo cargando pancartas en las cuales se podían leer mensajes exigiendo que se haga justicia en el caso y que se referían también al hecho que la violencia sexual es una realidad conocida por muchas mujeres. “Doña Juana, su verdad es mí verdad leía una y, otra: Cuando violan a una, violan a todas”. Según el ICCPG, la violencia sexual en contra de mujeres por parte de los que las custodian es muy común en las comisarías y cárceles del país. Efectivamente, un estudio llevado a cabo por el ICCPG en 2005 reveló que hasta el 75% de mujeres en detención preventiva son víctimas de abusos y violencia sexual a manos de agentes del Estado. A pesar de que 43% de estas mujeres denunciaron el hecho ante un juez, solo un caso ha llegado al Ministerio Publico.

El caso de Doña Juana es el primer caso de abuso sexual que señala a un agente de la PNC y que llega a ser escuchado por un tribunal penal. Por lo tanto, varios grupos de mujeres afirman que es importante que se de un juicio transparente y justo en este caso para tratar de romper la impunidad en la cuál estos crimines están cometidos y para que otras mujeres se atreviesen a denunciar hechos similares. Este caso ya quebró una de las barreras de la impunidad en mayo de 2006 cuando Matías y el segundo agente acusado en el caso, Nery Osberto Aldana Rodríguez (quién aún está prófugo), fueron destituidos por el Tribunal Disciplinario de la PNC quién les declaró responsables de tortura. Fue la primera sentencia emitida por este tribunal por el delito de violación y la primera vez que éste reconoció a la violencia sexual como forma de tortura.

El juicio
La primera audiencia en el caso – el 18 de febrero – fue enfocada más que todo en los peritajes médicos. Por medio del interrogatorio dirigido por el Consultor Técnico del ICCPG, el Dr. Jorge de la Peña Martinez, se logró establecer que el médico que examinó a Doña Juana el día después de la violación – el Dr. Isaías Juarez, el entonces director del hospital regional de Nebaj – desconocía el protocolo de actuación en evaluaciones de victimas de violación y, además, que antes de examinar a Doña Juana, nunca había practicado un examen ginecológico. Él mismo reconoció que había hecho “muchas equivocaciones” en su informe – en el cual había concluido que no se había encontrado evidencia conclusiva de violación.

El ex-agente de la policía acusado, Antonio Rutilio Matías López, quién se había negado a declarar al inicio del juicio al final declaró después del testimonio de Doña Juana en la audiencia de 5 de marzo. Él afirmó que no se encontraba en la sub-estación de Nebaj la noche del 17 al 18 de enero de 2005 porque había salido sin permiso para llevar a su hijo pequeño al hospital. Sin embargo, en la primera audiencia, el 18 de febrero de 2008, un ex-agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y compañero de trabajo del acusado, había testificado en contra de Matías, afirmando no solo que este último estaba presente la noche de la violación y que estaba bajo el efecto del alcohol, pero también que lo vio cuando estaba encima de la victima, abusándole. Este ex-agente de la PNC prestó testimonio en el caso a pesar de haber sido victima de muchas amenazas y actos de intimidación por su participación en el caso – ha tenido que huir de Nebaj y aún se encuentra bajo medidas cautelarías del Ministerio Publico.

El caso todavía está en proceso – las conclusiones se van a dar en abril. Queda por ver si el deseo expresado por Doña Juana se cumplirá: “Quiero que se haga justicia, no quiero que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo que a mi me pasó, porqué no es justo.”
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Escrito por ACOGUATE

Referencias:
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG – Cifras de impunidad del crimen policial contra mujeres. Guatemala, 2005.
http://www.amnesty.org.ru/library/Index/ESLAMR340142007?open&of=ESL-GTM
http://www.fidh.org/spip.php?article4281
http://www.prensalibre.com/pl/2007/mayo/15/170850.html
http://www.prensalibre.com/pl/2006/junio/18/144527.html
http://www.prensalibre.com/pl/2007/julio/17/177237.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/14/220163.html
http://www.prensalibre.com/pl/hoy/220997.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/19/220579.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/28/222898.html
http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=26225&fch=2008-02-18
http://www.cerigua.org/portal/Article13199.html
http://www.cerigua.org/portal/Article13240.html
http://elperiodico.com.gt/es/20080303/pais/49561/

Entrevista con Claudia Paz y Paz - Directora Ejecutiva - ICCPG - 25 de febrero, 2008

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG – fue creado después de los Acuerdos de Paz y tiene el mandato de investigar y documentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por los funcionarios y autoridades guatemaltecas, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos y maltratos así que la violencia sexual dentro de los centros de detención del país. ACOGUATE encontró a su directora, Claudia Paz y Paz, en Santa Cruz del Quiché.

ACOGUATE: Que significa para el ICCPG lo que ahora se conoce como el caso Juana Mendez?

CPP: Es muy importante. Es la oportunidad de acompañar a una mujer que por diversas razones, tuvo la fuerza y la voluntad de denunciar el caso. El hecho que ella tenía la valentía de hacerlo y que el ICCPG la pudo apoyar, puede sentar un precedente para todos los demás casos donde cualquier policia que esté en esta situación lo piensa dos veces antes de cometer un hecho similar. Con Juana Mendez, los policias actuaron en total impunidad en presencia de todos y no tuvieron ninguna pena.

Para nosotros como Instituto, el caso es también muy importante, porque es el primer caso donde nosotros acusamos. El ICCPG había sido una institución más académica, hacemos investigaciones, propuestas normativas, capacitación, pero casos, no. Los únicos casos que llevamos eran en unos casos de condena de muerte para lograr la conmuta, y cambiarla por más años de prision. Y esos casos si les ganamos, pero es distincto porque allí estabamos defendiendo, y acompañando la defensa pública penal ante la Corte Interamericana, pero este caso como tal, ante el sistema nacional, representa para nosotros un gran aprendizaje y una gran inspiración para seguir defendiendo los derechos de la mujer.

ACOGUATE: Es la primera vez en el país que un caso de abuso sexual contra una mujer privada de libertad llega hasta la última etapa del debate oral. Que fue el trabajo que se ha hecho por parte del ICCPG para llegar a este momento?

CPP: Partimos de las investigaciones que había hecho mi colegua Ana Lucía Moran con las otras compañeras en las carceles. Esta investigación fue la base para una capacitación que sensibilizó a los defensores públicos sobre la situación de las personas en las cárceles, y esta capacitación permitió que el defensor público fuera el enlace con el ICCPG. Entonces desde el inicio, la investigación rendió frutos no sólo para sensibilizar pero también para prevenir futuros hechos. Luego, hubo todo un trabajo hecho con las compañeras de las organizaciones de mujeres, lo que hace que el caso Juana Mendez ya no es sólo “su” caso o el caso del ICCPG, sino el caso de muchas mujeres que se han incluido en este proceso.

Otra cosa importante en este proceso fue el uso de los peritajes, porque allí aprendimos qué pruebas son relevantes, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y esto es un aprendizaje para nosotros pero también para los peritos, por si en algun momento quizieran llevar otros casos penales de violación sexual contra una mujer. En México y en Costa Rica el uso de esos peritajes de género se han hecho desde varios años, en particular cuando se trataba de mujeres privadas de libertad por matar a un agresor. Con esos peritajes se podía establecer por ejemplo la presencia de violencia domestica previa al delito y hacer ver que la mujer había matado por su propia defensa. Pero en Guatemala, y en este caso, todo fue nuevo.

ACOGUATE: Sin embargo, ¿el caso de Juana Mendez no es nuevo con respecto a la situación que viven las mujeres encarceladas en Guatemala?

CPP: Es verdad. El caso de Doña Juana es un caso paradigmatico, porque habla cualitativamente de lo que la investigación nuestra documentó quantativamente, es decir que hay un patrón de violencia y de violaciones sexuales muy común contra las mujeres privadas de libertad. Por lo tanto, cualquiera de nosotras que tenga que pasar una noche en una comisaria o una carcel corre esté riesgo. Con este caso y todo lo que se ha denunciado ahora, esperemos que el riesgo pueda disminuir.

ACOGUATE: Las denuncias son el primer paso. Pero de manera general, ¿cómo reacciona el sistema judicial ante estas denuncias y estos abusos cometidos en las carceles?

CPP: En general, hay una impunidad enorme. Entre 96 y 98% de los casos quedan en la impunidad, y aquí sólo hablamos de los casos que sí se denuncian. Hay muchos abusos que no se deuncian, porque las mujeres saben que no va a funcionar, que les van a culpabilizar, que pueden recibir también rechazo de su comunidad, de su familia.

Con Juana Mendez, estamos hablando de una mujer Kiché, que no tuvo la oportunidad de tener educación, que se encontraba presa dentro de una comisaria en Nebaj, que es un sitio muy aislado... El hecho que para este caso se alcanza la justicia es excepcional! Las mujeres privadas de libertad son un grupo sumamente vulnerable. Aquí en Guatemala las cárceles son tierra de nadie. Lo que pasa allí a nadie le importa, nadie se molesta por eso. Además, dentro de las mujeres privadas de libertad, unas de las más vulnerables, y son minorías, son las mujeres mayas. Sufren discriminación, dentro de las propias reclusas, dentro de los funccionarios penitenciales, y no tienen traductoras. El sistema no se preocupa de que haya personal que habla las idiomas de los varios grupos lingüísticos de este país.

ACOGUATE: Muchas veces, los funcionarios del sistema judicial justifican su inacción por la falta de recursos del Estado guatemalteco. ¿Que opina de esto?

CPP: Sin duda el Estado guatemalteco es pobre, y el sistema de justicia tiene escasos recursos, especialmente por el nivel de delitos. Tomemos por ejemplo Holanda, que es un país de 16 miliones de habitantes, y que tiene al año 254 homicidios. En Guatemala, somos 12 miliones y tenemos hasta 6000 homicidios anuales. Con esta situación, cualquier sistema de justicia colapsa! No hay prevención, no hay control sobre la portación de armas, no hay investigaciones, o sea muchas cosas faltan y el sistema se satura. Además, de los pocos recursos que hay, son mal utilizados. Por ejemplo, los policias de Nebaj deberían estar en Nebaj, hablando la misma idioma que la gente allá! En una investigación que hicimos, nosotros documentamos que los departamentos donde se producen la mayoría de las violaciones sexuales y muertes violentas de mujeres, son los departamentos donde hay menos funcionarios, como policias, fiscales, investigadores... Eso no tiene mucho sentido.

ACOGUATE: Frente a tal perspectiva, se podría decir que el caso de Juana Mendez representa una posibilidad de cambio y una esperanza para la lucha de las mujeres?

Sí, aunque el juicio no ha sido facil. Hubo momentos muy dificiles para nosotros, y ustedes de ACOGUATE lo saben, verdad, porque es donde nos han podido apoyar. En estas situaciones, la que nos dio mucha esperanza y fuerza fue Doña Juana misma, porque siempre quizo seguir. A parte, lo que dio mucha motivación fue de ver más y más organizaciones de mujeres que se sumaron y que vieron eso como parte de su lucha. En fin, hay que apuntar que hemos visto que hay funcionarios de justicia que son buenos y que cumplen con su trabajo, o sea, no todo el sistema está perdido!
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Entrevista realizada por ACOGUATE