Los Trabajadores de Salvavidas - SITRAPETEN

En los primeros días de mayo varios trabajadores de la empresa Salvavidas, propietaria de la Corporación Castillo Hermanos, fueron despedidos después de formar un sindicato, SITRAPETEN. El proceso de formalización del sindicato empezó en febrero de 2007, pero, según los trabajadores, el ministerio de trabajo había rechazado la solicitud de formar la agrupación. Como resultado, no fue hasta los principios de este año que lograron la inscripción en dicha institución. A lo largo de estos trámites, los trabajadores fueron presionados para que desistieran de su actividad sindical y finalmente despedidos en mayo de este año. En protesta a este despido, el grupo de 41 afiliados instaló un campamento en frente de las instalaciones de la empresa en un intento de sacar a la luz pública su situación y exigir su reinstalación. ACOGUATE ha estado acompañando al grupo desde mayo de este año.

El despido de los trabajadores de la distribuidora Peten de Salvavidas era solo una parte en una serie de acontecimientos que acompañaron el largo proceso de sindicalización. El grupo de trabajadores hizo el primer intento inscribir a SITRAPETEN en el Ministerio de Trabajo en febrero del 2007 con el propósito de establecer una posición más fuerte en negociaciones con la empresa, la Corporación Castillo Hermanos, y exigir un mejoramiento de las condiciones laborales que, como señala un trabajador, eran muy difíciles:

“La necesidad de organizarnos surgió debido a los malos tratos que habían acá, que, aparte de exigirnos cuotas exageradas, […]también necesitábamos un poco mas de salario, porque prácticamente, estábamos trabajando el doble turno o a veces el triple. […] Tampoco teníamos una estabilidad laboral porque siempre nos venían diciendo que cumpliéramos con las cuotas porque sino, de todos modos, nos iban a despedir y que tenían miles de solicitudes de universitarios y nosotros no teníamos estudio.”

Pero la primera solicitud de inscripción al igual que los cinco intentos posteriores fue rechazada por el Ministerio de Trabajo, bajo el argumento de que la información presentada era incorrecta. Según los trabajadores, la postura dilatoria del Ministerio de Trabajo estaba obviamente vinculada a las presiones que la empresa estaba ejerciendo. La tramitación de SITRAPETEN fue acompañada por presiones continuas a los trabajadores y sus familias por parte de representantes de la empresa indicándoles de desistir de sus actividades sindicales. “Hemos recibido diferentes intimidaciones… tanto como amenazas de muerte, diciéndonos que tienen bastante gente mala para contratar y suficiente dinero incluso para pagar multas y salir inculpables.”

Varias fuentes señalaron que la Corporación Castillo ya utilizó estas tácticas para combatir organizaciones sindicales en sus empresas en diferentes momentos en el pasado. Entre ellos figuran amenazas de muerte a los lideres sindicales, presiones a los afiliados para que se renunciaran y el soborno de lideres sindicales. De esta manera, la corporación logró debilitar y destruir varios sindicatos, entre ellos, el Sindicato de Trabajadores de Cervecería Centroamericana.

Así en el caso de SITRAPETEN, en febrero de 2007, cuando la empresa se dio cuenta de los trámites de sindicalización empezados por el grupo, despidió a 13 de los afiliados. Después de una huelga de otros trabajadores en apoyo a los compañeros despedidos, la empresa aceptó reintegrarles. Sin embargo, al mismo tiempo empezaron una demanda en contra de los trabajadores, que finalizó con una multa equivalente a 13 salarios.

Posteriormente, una parte de los trabajadores siguió con los trámites para la inscripción del sindicato y a principios de este año se notificó que la aprobación había sido exitosa. Pero los acontecimientos tomaron un nuevo rumbo a principios de mayo, cuando, a pocos días después del día internacional de trabajo, la empresa convocó a los trabajadores a un supuesto taller de capacitación que se realizara en diferentes lugares. Una vez reunidos los diferentes grupos, representantes de la empresa informaron a los trabajadores que deberían renunciarse de Distribuidora Peten, ya que esta se había quebrado y que ellos estarían trasladados a otras empresas.

Sin embargo, algunos de los trabajadores no se pusieron de acuerdo. Salieron de la reunión por considerar que la acción de la empresa era ilegal, que violaba sus derechos laborales, y que no seguía los procedimientos legales de quiebra. Por unos, solo lograron salir de la reunión después de llamar a la policía dado que personal de seguridad de la empresa estaba impidiendo su salida tratando de obligarles a firmar su carta de renuncia.

Inconformes con las medidas presentadas por la empresa, los trabajadores se trasladaron a las instalaciones ubicadas en el Zapote de la ciudad capitalino y bloquearon el portón principal para evitar que la empresa sacara el inmobiliario y los camiones. En el transcurso de la mañana, se presentaron miembros de seguridad privada que rodearon a los trabajadores, agrediéndoles con bastones y tubos e amenazándoles con armas. Varios trabajadores quedaron agredidos mientras un grupo de diez trabajadores fue ingresado a la fuerza en las instalaciones de la empresa por los agentes de seguridad donde les mantuvieron retenidos hasta la medianoche de este día. A esta hora llegaron policías antimotines, que en conjunto con los elementos de seguridad privada desalojaron a los trabajadores.

Al día después de este desalojo los trabajadores que fueron despedidos instalaron un campamiento en frente de las instalaciones de la empresa interpretando su despido como una consecuencia de la formación del sindicato y como una estrategia de la Corporación Castillo Hermanos para evitar la formación de sindicatos en su empresa. Las primeras mesas de dialogo hasta el momento no dieron resultados. La empresa negó la violación de los derechos laborales pero los trabajadores no renunciaron a sus exigencias, su inmediata reinstalación y su derecho a la organización sindical. Varios trabajadores comentaron que la empresa está utilizando tácticas dilatorias para alargar el proceso y desmoralizar al grupo. Al igual, hubo ofertas de dinero y llamadas telefónicas presionando a varios miembros de SITRAPETEN de renunciarse al sindicato y a sus reivindicaciones.

Con el objetivo de sacar a la luz pública la situación de las violaciones y intimidaciones que están sufriendo, se organizó una marcha para el 18 de julio que también sirve para llamar la atención internacional y dar a conocer las dificultades que enfrenten los sindicatos en el país. “Yo siempre he dicho que esto no es un golpe solo para nosotros, sino que es un golpe para el sindicalismo en general porque en todos lados se sufren diferentes amenazas a la sindicalización.” Un informe de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, afirma esta postura ya que señala que los sindicatos en Guatemala han sido el grupo de defensores más amenazados y atacados en el primer semestre de 2008.

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Escrito por Patrick Illmer, Coordinador de ACOGUATE

Referencias:

1) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
2) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
3) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.
4) Reynolds, Louisa (2008): Sindicatos buscan demandar al estado por medio de DR-CAFTA, Inforpress edición 1753, 23/05/08.
5) Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Informe Preliminar de Situación de Defensoras y Defenores de Derechos Humanos, enero-junio 2008.
6) Un miembro del grupo fue herido a balazos cuando estaba enfrente de una tienda cerca de su casa. Tres otras personas, no conocidos por el afiliado, fallecieron en el ataque. Unas fuentes vinculan el ataque a su actividad en SITRAPETEN.
7) Entrevista del 07.07.2008 con Edwin Enrique Alvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN.

Desaparición Forzada: El Caso de Choatulúm

El pasado 10 de marzo, en el Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango se abrió el juicio contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj. El acusado tiene que defenderse de acusaciones por la supuesta desaparición forzada de seis personas en la comunidad de Choatalúm, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, entre 1982 y 1984. Es el primer caso en Guatemala en contra de colaboradores del ejército por un delito de este tipo cometido durante el conflicto armado. ACOGUATE ha estado acompañando las personas de Choatalúm desde 2001 y ha estado presente en las audiencias.

Felipe Cusanero, actual alcalde de Choatalúm, está enfrentando un juicio por la desaparición forzada de cinco personas. Entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984 en distintos momentos fueron desaparecidos/as Lorenzo Ávila, Alejo Culajay Ic, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajti, todos/as residentes de la aldea de Choatalúm.

Estas desapariciones ocurrieron en el periodo en el cual Cusanero fue el comisionado militar en dicha aldea. En el debate oral que se llevó a cabo en abril de este año, los familiares señalaron que Cusanero acompañó a los militares y patrulleros que llevaron las personas al destacamento militar de Choatalúm y que después nunca reaparecieron. Desde entonces, no se supo nada del paradero de las personas mientras los familiares siguieron exigiendo justicia y el esclarecimiento de estas desapariciones en las cuales, según testigos en este caso, participó el señor Cusanero.

En caso de una sentencia condenatoria, los querellantes lograrían crear un antecedente importante e histórico. Sería la primera vez que un tribunal guatemalteco emite una sentencia por el delito de desaparición forzada. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) cuenta 6,159 desapariciones forzadas registradas durante el conflicto armado, al mismo tiempo indica que este número podría subir hasta 45,000. La mayoría de estos crimines fueron cometidos entre los años 1979 y 1984, bajo los gobiernos encabezados por Fernando Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores. Algunas de las comunidades más afectadas se ubican en la región de Chimaltenango.

Además, en otras regiones del país fueron desparecidos, sobre todo, líderes y dirigentes comunitarios. Según la CEH, cualquier conflicto local o sospecha por parte de los Patrulleros de Autodefensa Civil, el Comisionado Militar o el Ejército podría resultar en más nombres agregados a las listas negras.

Actualmente, el juicio, que ya se abrió en abril de 2005, queda parado por un amparo interpuesto por la defensa, cuestionando la constitucionalidad de un procesamiento del delito de desaparición forzada. El argumento principal utilizado por la defensa es la irretroactividad de la ley de desaparición forzada, basándose en el hecho de que Guatemala tipificó la desaparición forzada como delito solo en 1996 mientras los crímenes por los cuales se imputa a Cusanero fueron cometidos entre 1982 y 1984.

Los abogados de la parte querellante rechazaron el argumento interpuesto por la defensa, señalando que la naturaleza del delito tiene un carácter continuo. Así explicaron que hasta que no se encuentre el paradero de las víctimas, sus familiares siguen sufriendo incertidumbre y dolor por desconocer el destino de sus parientes. Es decir que la “continuidad” del delito se basa en el hecho de que los acusados en casos de desaparición forzada siguen ocultando información y de esta manera alargan el sufrimiento de los familiares de las víctimas.

Además los querellantes alegaron que Guatemala es signatario de varias leyes internacionales que establecen claramente la ilegalidad de los crimines por los cuales está siendo acusado Cusanero con mención especial a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 3 de la Convención de Ginebra. Señalaron los fundamentos nacionales integrados en la ley de Reconciliación Nacional de 1996 que defina explícitamente que “la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura, y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptible o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.”

El 22 de abril se realizó una audiencia pública donde ambos lados presentaron sus argumentos sobre la constitucionalidad de la aplicación de fondo de la retroactividad a los jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango. Después de que los jueces de dicho tribunal resolvieron a favor de los abogados querellantes y el Ministerio Publico, la defensa ejerció su derecho a apelar. Así el caso pasó a la Corte de Constitucionalidad (CC) el 29 de abril. Está legislado que los jueces de la CC tienen cinco días para tomar una decisión sobre el asunto pero según los abogados querellantes, en la práctica la emisión de este fallo puede tardar hasta un año.

Entretanto los familiares de las victimas de Choatalúm siguen con la esperanza de que la CC resuelva a su favor y de que la justicia pueda seguir su camino para crear un antecedente para las demás personas afectadas por desapariciones forzadas en el país.

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Escrito por Katharine Laurie y Valerie Croft, acompañantes de CAIG-ACOGUATE

Referencias

1) Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999): Guatemala: Memoria del Silencio
2) Ibid.
3) Artículo 8, Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-96, 1996.

Entrevista Con Aura Elena Farfán Sobre el Caso de Choatalúm

Aura Elena Farfán es la coordinadora del equipo de exhumaciones de la Asociación Familiares de Detenidos - Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Sus miembros trabajaban juntos con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) desde el año 1984. FAMDEGUA nació como organización independiente el 4 de junio de 1992. El objetivo primordial de la organización es ¨darle seguimiento a la búsqueda de los desaparecidos¨, pero también buscan la aplicación de la justicia en cuanto a los abusos del conflicto interno que vivió Guatemala. Han capacitado a 200 promotores de derechos humanos en varias regiones del país, han realizado 68 exhumaciones, encontrando a mil personas, y actúan como querellante adhesivo en varios casos, tal como el caso de desaparición forzada en la comunidad de Choatalúm, Chimaltenango. CAIG-ACOGUATE tuvo la oportunidad de reunirse con la Señora Farfán en la sede de FAMDEGUA el 15 de mayo, 2008.

ACOGUATE: ¿Desde cuando ha estado participando FAMDEGUA en este caso?
¿Por qué se involucró?

AEF: El 2005 fue cuando nos involucramos - no yo, no estuve participando pero otro compañero - cuando se hizo la exhumación. Desde allí pues, es nuestra obligación, creo yo, como familiares, de apoyar a los otros familiares. No tenemos únicamente el interés de encontrar a nuestros familiares, sino a apoyar a diferentes familias para que encuentren a sus familiares. Y si tenemos la oportunidad, porque posiblemente sea una oportunidad la que podamos tener como familias, el ver que verdaderamente en Guatemala se vive en estado de derecho y que a los supuestos hechores, tanto materiales como intelectuales, se les investigue, se les juzgue y también se les castigue.

No es un afán de venganza el que tenemos, sino realmente que nadie tiene ni tenía el derecho de hacer lo que hicieron...abusar del poder de que alguna manera el ejército dio a los comisionados militares y a los patrulleros. Caso concreto en Choatalúm, bueno, se trata de seis personas desaparecidas, donde verdaderamente los familiares señalan a este señor Cusanero, y que en su testimonio cuando se estuvo en el debate, ellos fueron muy claros, ellos no quieren venganza. Ellos lo que quieren es que este señor Cusanero diga donde se encuentra enterrados ó donde se encuentran sus familiares. Y eso es por lo que estamos movidos, todos los familiares. Nosotros queremos que nos digan donde, donde dejaron a nuestros familiares....en donde están, porque, considero yo que la peor practica ha sido la desaparición forzada. Es lo peor, porque se vive un incertidumbre, se vive un dolor muy grande.

ACOGUATE: ¿Cuál es la importancia del caso al nivel nacional y para FAMDEGUA? ¿Cuales son las consecuencias que este juicio puede tener para la comunidad y para los familiares de las víctimas?

AEF: La verdad es que para FAMDEGUA es muy importante sentar un precedente, de llegar un caso de desaparición forzada a que haya un detenido, en el caso concreto de este señor Cusanero. Para nosotros esto es, de veras, es sentar un precedente.

Ahora, para los familiares, es preocupante. Muy preocupante porque viven cerca de este señor, y no sabemos cual va a ser la reacción en el momento que se le juzgue y se le castigue, cuál va a ser la reacción de sus familiares hacia los testigos, hacia los familiares, que han tenido suficiente valor para no continuar callados, sino de decir que fue lo que pasó. Es una gran preocupación, y aprovecho la oportunidad para pedir a ACOGUATE, a las Brigadas de Paz, a todos los miembros de asociaciones internacionales y nacionales que pongan los ojos sobre ellos para darles de una manera el apoyo que ellos necesitan. Porque creo yo que son personas y familias que van a quedar muy vulnerables si es el caso que este señor llegue á la cárcel.

ACOGUATE: Este es el primer caso de desaparición forzada que llega a juicio en Guatemala. ¿Cuáles han sido los obstáculos enfrentados en llevar a cabo este caso?

AEF: Desafortunadamente aquí en Guatemala la justicia está involucrada con política. No es un estado de derecho real en que vivimos. Sino, muchas veces precisamente se politizan los casos, más de todo cuando hay militares señalados, entonces los militares como no hay que mencionarlos, no hay que decirlos.

El ejemplo concreto que tiene FAMDEGUA es de Dos Erres donde hay 35 recursos de amparo, donde se están amparando a la ley de reconciliación nacional, o sea a una amnistía. Por la falta de justicia, de la aplicación de la justicia, estamos trabajando para poderlo pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque no ha existido la voluntad política de poder buscar a los 16 militares que fueron señalados, o que son señalados, como hechores materiales e intelectuales de este caso.

Y así todos los casos, tanto en masacres como desapariciones forzadas, nos damos cuenta de que si hay militares señalados o comisionados militares de mucho renombre, entonces a ellos no se les debe de tocar, ni tampoco investigar. Sin embargo, creo yo que estamos acercando, tengo la esperanza. Por ejemplo hoy se continúan las declaraciones en el caso concreto de genocidio.

ACOGUATE: El proceso ahora está obstaculizado nuevamente por un amparo. ¿Cuál es el motivo (o la importancia) de todos estos amparos?

AEF: Este obstáculo es un recurso de inconstitucionalidad, que lo interpuso el defensor de la defensa publica. Porque cree que estos hechos no fueron delitos porque no había, una ley que reconociera la desaparición forzada. Sin embargo, creo yo que tanto los convenios y tratados internacionales lo prescriben la desaparición forzada.

Existe un derecho de saber qué pasó con ellos, y también nos asisten como familiares el derecho de exigir que las autoridades encargadas de aplicar la justicia la apliquen como debe de ser. Y este recurso de inconstitucionalidad, creo yo que el señor de la defensa publica, es una forma del abuso de interponer los recursos de amparo para poder ir retrasando los casos. Y eso tiene un sentido, considero yo de que la intención es desesperar a los familiares, que ya no continúen ellos con la exigencia de la aplicación de la justicia, y por supuesto en si a las organizaciones y a la población que de una manera está organizada y que está dando el apoyo en este caso concreto.

Creo yo que no viene una inconstitucionalidad cuento que la misma constitución en su artículo primero dice que el estado se organiza para defender la vida, desde su concepción. Entonces, está un poco contradictoria. Muy contradictoria, pero bueno, quienes participaron en la guerra no tuvieron compasión, de hacer todo lo que hicieron con la gente. Esas son las dificultades, que en todos y en cada uno de los casos encontramos abogados con poca ética profesional. Y que también muchas veces los jueces no tienen la independencia que deberían de tener.

ACOGUATE: ¿Cómo le gustaría a FAMDEGUA de ver avanzar el caso? ¿Hay algo más que quiere que se sepa sobre el caso?

AEF: Bueno, para FAMDEGUA seria interesante e importante que no solo el caso de Choatalúm caminará, avanzará como debería de avanzar, sino todos los casos que llevamos. Que no haya medidas dilatorias, específicamente con el abuso de los recursos de amparo, que ahorita se han puesto de moda, de detener los casos con estos recursos. O el poco interés, de quienes tienen que aplicar la justicia, en investigar y hacer medidas dilatorias, para ir entreteniendo el caso o encabezándolo. Es lamentable que estando en un país ´democrático´, estemos todavía retrasados en la aplicación de la justicia.

No podemos olvidarlos [nuestros familiares]. Ellos a cada rato en el lugar donde estemos, están presentes con nosotros y nos fortalecen, y definidamente de las amenazas y de los allanamientos, que nosotros hemos sufrido, eso nos ha fortalecido para seguir adelante. Por supuesto, su pasamiento de ellos también nos fortalece para darle continuidad a la búsqueda de los 45,000 guatemaltecos que no están, entre hombres mujeres y niños. Eso es lo que nos mueve, para continuar con el caso de Choatalúm, y esperamos, y tenemos la esperanza que la corte de constitucionalidad verdaderamente, el recurso de amparo que están impuesta por inconstitucionalidad sea resuelta a derecho y no políticamente.

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Escrito por: Katharine Laurie y Annakarin Wall, acompañantes de CAIG-ACOGUATE.

Día Internacional Contra la Tortura: Informe de Observación

El 26 de junio de 2008, en Nebaj, Quiché el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) organizó un taller con la intención de celebrar el Día Internacional Contra la Tortura. CAIG-ACOGUATE participó como observador internacional.

Un estadio de fútbol convertido en campo de detenidos y tortura

Por la mañana el taller estaba dirigido a asociaciones y estuvieron presentes las siguientes: Asociación ¿Dónde están las Niñas y Niños? (ADEN), Solidaridad Internacional (S.I.), Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y, como organizadores del acto, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). También asistieron testigos y víctimas de la guerra interna que ACOGUATE acompaña. Por la tarde el taller se repetía, esta vez dirigido a estudiantes.

El taller empezó con la visión del documental chileno “Estadio Nacional”, dirigido por Carmen Luz Parot y filmado en 2001. Un documento histórico que muestra cómo en 1973 el régimen militar fascista de Augusto Pinochet detiene y encierra ilegalmente a miles de personas en un estadio de fútbol de Santiago de Chile. Allí fueron torturadas más de 12.000 personas.

Después de ver el documental, los asistentes compartieron con los demás lo que les había sugerido la película. Mujeres ixiles recordaron el sufrimiento vivido durante la guerra. Y una autoridad indígena comentó que hoy “la mentira y manipulación de algunos políticos y el alto costo de la vida se convierten en una forma de tortura para los pobres” que siguen sufriendo.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

ECAP “desarrolla procesos de acción psicosocial con víctimas de la violencia política, mayoritariamente mayas, encaminados a su afirmación como sujetos de su propia historia, a la recuperación de la memoria colectiva, a la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la justicia y la reconstrucción del tejido social comunitario.” (1)

Tortura, el castigo más injusto

En la Sala Parroquial de Nebaj donde se desarrolló el taller se expusieron carteles con dibujos, recortes de prensa y testimonios sobre la tortura, que se define como: “Todo acto por el cual se inflinga con intención a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimidarla. Dicho sufrimiento debe ser inflingido por un funcionario público u otra persona asignada por este o que tenga su consentimiento.” (2)

¿Cuál es la intención de la tortura?

En el Conflicto Armado Interno, “además de buscar información y confesión, la tortura se realizó para destruir la identidad de las víctimas, buscando su eliminación o su conversión en colaboradores de la represión, contra personas de sus mismas comunidades. También para atacar la identidad colectiva, sus valores y creencias. Y como un instrumento para cambiar las ideas de las personas y comunidades.” (3)

La población maya, perseguida y masacrada

Durante el periodo 2007-2009, ECAP, ICCPG (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala), Maestría en Psicología Social y Violencia Política (USAC) y Unión Europea están realizando el proyecto “Tortura: Prevención y rehabilitación en el Contexto Multicultural de Guatemala”, con el objetivo de “rehabilitar a 540 personas de 15 comunidades mayas víctimas de tortura durante el Conflicto Armado Interno con un enfoque multicultural y con especial énfasis en las mujeres.”

“La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), registró un total de 11.598 víctimas de tortura, el 54% de las víctimas sobrevivieron, la mayoría de estos pertenecen a la población maya duramente perseguida y masacrada, coincidiendo con los departamentos que presentan los más altos índices de pobreza y subdesarrollo a escala nacional.” (4)

¿Quienes cometieron tortura?

“De acuerdo a los testimonios recogidos por la CEH, “el 88% de los casos de tortura fueron ejecutados por el Ejército. Los otros cuerpos de seguridad del Estado ejecutaron actos contra la población civil con la intención de tratar de impedir la organización campesina, laboral, política y social. Y por temor que las comunidades indígenas pudieran incorporarse a la guerrilla.”

“Además se quiso cambiar la forma de pensamiento tradicional a través de mecanismos de control como las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil), las Aldeas Modelo (reasentamientos de la población civil desplazada, controlados por el Ejército) y los Polos de Desarrollo. En el caso del Ejército y las PAC, la tortura se aplicó como una forma de eliminación de la población en muchas comunidades.”

“Estos datos no son exactos porque habrá muchas víctimas que no sobrevivieron para contar su testimonio. Sin embargo, se han realizado exhumaciones en muchas regiones y eso ha permitido que los que fueron torturados y muertos en aquella época, ahora descansen en un lugar digno y no sigan en las montañas, en pozos, olvidados en la memoria histórica.” (5)

“La tortura como parte del sistema”

Dos coordinadoras del taller, plantearon la siguiente pregunta para terminar: “¿Todavía hay tortura en Guatemala?” La respuesta nos la da uno de los recortes de prensa expuesto en el taller: “A pesar de que la tortura está tipificada como delito en Guatemala desde 1995 y que los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado son habituales, nadie ha sido condenado en el país por esos hechos.” (6)

“Los índices de violencia en Guatemala se han incrementado y una gran cantidad de estas víctimas presentan señales de tortura. Organizaciones de Derechos Humanos señalan que estos crímenes y el alarmante incremento del feminicidio y los linchamientos se dan en el contexto de un proceso de limpieza social que selecciona a grupos vulnerables. Esto nutre la cultura de violencia que priva e impide entre la población la consolidación de paz, además de justificar la impunidad y su aceptación por parte de sectores e la población.” (7)

La semilla de la esperanza

“¿Por qué se empeña la muerte / en matar, vanamente, a la vida / si la más humilde semilla / rompe la piedra más fuerte?” (8)

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Escrito por Jordi Gállego Bau, Observador Internacional y acompañante de CAIG-ACOGUATE.

(1),(5),(7) http://www.ecapguatemala.org

(2) artículo 1.1 Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Deprobables.

(3),(4) Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999): Guatemala: Memoria del Silencio.

(6) Prensa Libre, 23 junio 2008.

(8) Poema del guatemalteco Luis de Lion.

Condenan a Cinco Ex-Patrulleros; Caso de Rio Negro

El 28 de mayo fue emitida la sentencia en el proceso por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Acompañantes de ACOGUATE han estado acompañando a los sobrevivientes en las audiencias y en su comunidad. (Para más información, véanse artículos anteriores de este blog)

Baja Verapaz, miércoles 28 de mayo, 2008 — Tras tres años de estar suspendido y seis meses de debate, el caso de la masacre de Río Negro se resolvió con una condena de 780 años de prisión para cinco ex-patrulleros de la aldea Xococ por los hechos ocurridos el 13 de marzo, 1982. Un sexto acusado, Bonifacio Cuxum López, fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de Salamá por falta de pruebas en su contra. De la pena de 780 años, que suma 30 años por cada una de las 26 victimas acreditadas en este juicio, los victimarios tendrán que servir 30 años, la pena máxima según la legislación vigente en la fecha de la masacre.

Refiriéndose al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el tribunal indicó la importancia histórica de este caso dentro del contexto del conflicto armado. Siguió comentando que durante la temporada más violenta entre 1980 y 1983, el ejército identificó a Rabinal como una región estratégica para combatir la amenaza del “comunismo internacional” e eliminar la guerrilla. Dentro de este análisis, la población civil fue definida como una base de apoyo para las fuerzas insurgentes que tenía que ser combatido a través de las patrullas de autodefensa civil (PAC) en 1981.

En las explicaciones, el tribunal contó que desde este momento, el ejército realizó la estrategia de tierra arrasada muchas veces utilizando los PAC para cometer varias masacres de la población civil en el área. Así que la masacre del 13 de marzo de 1982 solo fue una de cinco masacres cometidas contra la población de Río Negro, en las cuales alrededor de 444 personas fueron asesinadas por el ejército y los PAC. Los jueces indicaron que los patrulleros representan los autores materiales de los hechos pero vincularon la responsabilidad intelectual a los superiores militares.

Estas indicaciones del papel del ejercito en los acontecimientos del 13 de marzo 1982 se reflejan en la sentencia, donde el tribunal ordenó la captura del prófugo capitán José Antonio Solares González, así como proceso abierto en contra de oficiales militares altos, medios y subalternos vinculados con los hechos. En cuanto a los autores materiales se ordenó la captura de dos otros ex-patrulleros de Xococ, Ambrosio Pérez Lajuj y Domingo Chen.


En la audiencia final cada una de las 26 victimas que fueron acreditadas fue nombrada cinco veces por parte de los jueces antes de declarar a los cinco ex-patrulleros—Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajuj, Tomás Vino Alvarado y Lucas Lajuj Alvarado—directamente culpable del delito de asesinato. Resumiendo las declaraciones de los testigos, el tribunal subrayó los elementos de planificación e intencionalidad en la operación conducida por el ejército con la participación de los patrulleros con la meta de exterminar a la gente de Río Negro y concluyó que los testimonios prestados por los sobrevivientes fueron “más que creíbles.”

Sin embargo, representantes de ADIVIMA criticaron que la sentencia encubre la verdadera dimensión de la masacre, porque solo se logró acreditar a 26 personas como victimas. Esto a pesar de que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 177 mujeres y niños fueron asesinados en la masacre.

La resolución también obliga a los culpables a pagar un resarcimiento de Q100 mil a cada familia de las 26 victimas acreditadas. Pero como el juez presidente reconoció, debido a la evidente situación de pobreza en la cual se encuentran los condenados, difícilmente se va a poder cumplir con esta parte de la sentencia.

Los sobrevivientes de la masacre de Río Negro vieron la sentencia de los cinco ex-PAC con sentimientos contradictorios. Lamentando la sentencia de los procesados, un sobreviviente dijo, “Todos somos seres humanos, ellos son iguales que nosotros: pobres y indígenas. Sus familias van a sufrir como resultado de su ausencia.” Subrayando la impunidad que existe en Guatemala y la falta del alcance de la justicia a los niveles intelectuales un testigo dijo durante la audiencia, “justicia solamente llega en Guatemala si uno es indígena.” Aunque ADIVIMA había hecho un llamado a los acusados de revelar sus conocimientos de la cadena de mando durante la época de la violencia para así contribuir a un caso en contra de los altos oficiales, los ex-PAC no comentaron sobre la cadena de mando en sus declaraciones.

Terminando, el juez presidente reconoció el dolor y sufrimiento ocasionado por el proceso tanto por los acusadores como por los acusados; en un llamado por tranquilidad el tribunal pidió “que todos regresen a sus casas en paz, ya que Guatemala y Rabinal en particular ya ha sufrido demasiado”, y “que la sentencia no traiga más dolor y violencia a todos los afectados.”
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Escrito Por: Kim Kohler y Josh MacLeod, acompañantes, CAIG-ACOGUATE

Fotos: Josh MacLeod; 1)Los acusados subiendo a un vehículo de la Policia Nacional Civil después de la sentencia; 2)Monumento de la masacre en Xococ ubicado en Pacux, Rabinal, Baja Verapaz;

Entrevista con Jesus Tecu Osorio: El Caso de Río Negro

La Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia, en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) es querellante adhesivo en el juicio que se está desarrollando en Salamá, Baja Verapaz por la masacre del 13 de marzo en Río Negro (Ver "El Caso Rio Negro" abajo en este blog). El 8 de mayo, 2008, ACOGUATE encontró a Jesús Tecú Osorio, sobreviviente de esta masacre y testigo dentro del proceso legal, para hablar sobre el juicio.

ACOGUATE: - ADIVIMA es querellante adhesivo en el Caso Xococ. ¿Nos podría hablar un poco sobre ADIVIMA, los grandes rasgos del trabajo legal de ADIVIMA y porqué se involucró en el caso?

JTO: El Caso de Río Negro, desde un principio, empezó a caminar a través del Ministerio Publico hasta en el 2002 cuando ADIVIMA se querelló en el caso para tener participación también adentro del proceso. El proceso así de Río Negro lleva ya 19 años. Entonces ADIVIMA durante todo ese tiempo ha aportado pruebas- muchas veces el Ministerio Publico no funciona entonces el abogado querellante asume los compromisos. Entonces [es] lo mismo que está pasando ahora con ADIVIMA. El testigo de ayer fue renunciado por el Ministerio Publico pero ADIVIMA insistió para que participara, para que se escuchara la declaración del testigo. Eso es un poco el trabajo que ha hecho ADIVIMA. Pero a parte, dentro de ese caso también se está siguiendo el proceso dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso va un poco más en contra la no-captura del Coronel Solares (1). Porque hasta el momento el Estado sabe donde está porque el mismo Estado facilita el pago de su pensión a su cuenta. De alguna forma el Estado sabe donde está pero no quiere capturarlo. Entonces también la lucha por esa vía sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ACOGUATE: Está hablando de este caso frente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se espera de esta petición? ¿Por qué la están proponiendo?

JTO: Lo que estamos buscando allí es la captura del Coronel [Solares] como autor intelectual. Bueno, no solo él, hay unos más … pero él es uno de los autores intelectuales de la masacre de Río Negro. Como no hay colaboración de las autoridades, por eso estamos siguiendo allí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque algún día a través de la Comisión pueden obligar al Estado de entregar a la justicia el Coronel.

ACOGUATE: En cuanto a la situación actual de la victimas, ¿que son las esperanzas por parte de ellos? ¿Qué podrían lograr a través de este juicio?

JTO: Bueno lo que ellos dicen, ojalá que se haga justicia. Pero por otro lado, [los acusados] son autores materiales, son indígenas, mientras que de los autores intelectuales, casi nadie se atreve a hablar. Incluso hasta el mismo organismo judicial casi protege a los autores intelectuales, solo á los autores materiales se atreven a juzgar.

Bueno, y de mi punto de vista como Jesús, ya no como ADIVIMA, como testigo adentro del proceso… para mi son talvez ya suficiente los cuatro años que ya han estado [sic] presos. Porque si se les va a juzgar, si se les va a dar la pena de muerte o lo que sea, me imagino que con eso el Estado va a decir que hay justicia en Guatemala. Entonces lo están utilizando como esto pero en el país no hay justicia. Incluso en el caso de genocidio hay una política directamente en el Ministerio Público de no investigar eso.

ACOGUATE:¿Entonces en cuanto a este juicio para la comunidad y los familiares de las victimas sería de lograr esta sentencia legal ahora y después ver si se puede seguir hasta los autores intelectuales?

JTO: Eso es un poco la idea para ver si pueden declarar también en contra de los autores intelectuales, pero es un poco difícil. Es un poco difícil porque muchas veces en las declaraciones que han dado dicen que sí participaron en las masacres pero no dicen cómo, cómo lo hicieron, de donde vinieron las órdenes. Entonces como que hay ciertas dudas en las declaraciones. Pero también hay mucho riesgo para ellos porque así como están las cosas ahora en nuestro país muchas veces utilizan a la delincuencia común para cometer cualquier hecho.

ACOGUATE: Usted mencionó que no hay tantos choques entre victimarios y victimas. ¿Usted ve diferencias en el contexto en el cuál se está desarrollando este juicio en comparación con el juicio anterior contra los tres jefes de los patrulleros?

JTO: Sí. Fíjate que hace como diez años, cuando estuvimos en el juicio, había familiares de los patrulleros que les querían agredir a los testigos. Había una fuerte participación de los ex-patrulleros con la intención de liberar a los tres que estaban acusados. Pero ahora no, no se ve eso. Casi no llegan los otros patrulleros a ver… casi solo llegan los familiares, pero en el 99 había cientos y cientos de patrulleros.

ACOGUATE: Regresando un poco al juicio de aquí en Salamá, que también es un juicio que se desarrolló en un contexto local bastante limitado. ¿Como se ha desarrollado la convivencia casi permanente con los presuntos autores materiales que también viven en el mismo contexto local?

JTO: Eso ya se volvió costumbre. Después del conflicto armado eso siempre se ha dado. En los días de plaza [mercado] siempre allí se conviven todos. Y muchas veces allá se dan algunas discusiones entre víctimas y victimarios… y amenazas. Entonces es difícil evitarlo porque vivimos en un solo pueblo.

ACOGUATE: Usted está involucrado en varios casos, mirando el contexto general. ¿Usted percibe avances en toda esta lucha en contra la impunidad y la lucha por la justicia en los diferentes procesos?

JTO: Allí lo que estamos haciendo es ver de qué forma para que avance el proceso en contra de los autores intelectuales. Como que decía [yo], ¿será que estamos muy interesados en seguir el proceso en contra de patrulleros? sino que ahora estamos interesados más en contra de los autores intelectuales. Y eso es lo que estamos buscando, a ver como podemos empujar eso. El caso de genocidio a nivel nacional y el caso también a nivel internacional.

ACOGUATE: Todos estos procesos llevan tiempo, ¿usted se siente que el compromiso de la gente es de llevar a estos autores intelectuales a la justicia?

JTO: Se cansa uno pero se cansa más de no hacer nada porque así hay riesgo que se pueda repetir.

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Por Patrick Illmer, Coordinador, Acompañamiento de Austria (ADA), CAIG-ACOGUATE
y Fabienne Doiron, Acompañante, CAIG-ACOGUATE

Referencias del artículo
(1) El entonces capitán, José Antonio Solares Gonzáles, estaba al mando de numerosas operaciones militares que se desarrollaban en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz en el año 1982. Así también fue señalado como uno de los responsables por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Tiene numerosas órdenes de captura y actualmente es prófugo de la justicia.

Las próximas audiencias del juicio tendrán lugar en Salamá el 26 y 27 de mayo de este año. Están previstas las conclusiones y la sentencia final.

Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales. La Taña, Zona Reyna, Uspantán, Quiché.

“Del 22 al 24 de abril de este año, más de 550 personas mujeres y hombres Q´eqchis, Ixiles, Quiches y de otros pueblos de Guatemala se reunieron para analizar la explotación irracional de los recursos naturales en sus comunidades por parte del gobierno y las empresas.” (1) En el gafete que la organización facilitó a todos los participantes se podía leer: “Ríos libres de represas. No a la privatización del agua. Agua para la vida. No más represas.” CAIG-ACOGUATE estuvo presente como observadores internacionales.

“Agua, tierra y maíz, defendamos el país”

Ésta fue una de las consignas coreadas por los asistentes del Encuentro que comenzó el miércoles 23 de abril por la mañana con las palabras de bienvenida de Don Agustín, del Frente Nacional Guatemalteco Contra las Represas. Él mismo hizo la presentación ante un público que llenaba el edificio destinado a las conferencias del evento. Algunas de sus palabras fueron: “Supervivencia. Unidad. Y estrategias de lucha” para defender los recursos naturales.

A continuación, uno de los representantes del consejo del municipio de San Miguel Uspantán, Don Hipólito Hernández, dijo textualmente ante los asistentes del Encuentro, “no a las represas, no a la minería”. Cabe mencionar que el municipio de Uspantán en 2007 realizó una Consulta Comunitaria en la que se dijo por mayoría no a la minería.

Un representante del Gobierno central afirmó que “las represas son hechas no para el pueblo sino para otros intereses”. Se refirió al proyecto hidráulico de Chixoy, situado muy cerca de donde se realizaba el Encuentro, diciendo: “la represa de Chixoy lleva mucha sangre”, aludiendo a las masacres en distintas comunidades llevadas a cabo por el ejército estatal durante los años 70’s y 80’s mientras se desarrollaba el proyecto hidroeléctrico.

Luego, el mismo político recordó que “los españoles ya vinieron a llevar nuestros recursos y todavía hoy”. Con palabras propias de un míting político, que contrastó con el tono reflexivo y sereno de todo el Encuentro, añadió que “el gobierno de los ricos ya terminó. El gobierno actual escucha a los pobres”. Y terminó su elocuente discurso haciendo una referencia a la Zona Reyna de Uspantán, “esta zona representa el espíritu de libertad porque jamás se doblegaron delante del ejército”.

No obstante, como diría más tarde una de las conferenciantes del Encuentro, ya no sirve el “beneficio de la duda” ante las políticas del gobierno, la sociedad civil debe hacer una “auditoria social crítica”.

CONFERENCIAS, MAÑANA 23 ABRIL:
“El monstruo de dos cabezas”

La periodista de El Observador, Carmen Reina, desarrolló en la primera conferencia del día una crítica al gobierno de Álvaro Colom sin demagogia y proporcionando datos e informaciones relevantes sobre los megaproyectos. Para empezar, comparó al gobierno actual de la UNE con un monstruo de dos cabezas. Puso como ejemplo de esta metáfora el prestigioso ambientalista Luis Ferraté, Ministro de Medio Ambiente, y el conservador Carlos Meany, Ministro de Energía y Minas. Dos ministros que, según Reina, defienden intereses completamente opuestos.

La periodista recordó la nueva tendencia del mercado mundial en la producción de agro-combustibles criticando la estrategia de “alimentar carros y no personas”. Actualmente el Congreso de Guatemala promueve una nueva ley para impulsar la explotación de éste nuevo recurso.

Reina enfatizó el hecho de que muchas de las hidroeléctricas implantadas en Guatemala destinan su energía a otros países, como la hidroeléctrica de Xalalá que, dijo, “está diseñada para vender energía directamente a El Salvador, no a Guatemala”.

La periodista mostró distintos mapas para visualizar el desarrollo de los megaproyectos en el país, destacando la conexión entre la vieja hidroeléctrica de Chixoy, la nueva de Xalalá, la ciudad de Guatemala y El Salvador.

Y cuestionó a quien benefician estos proyectos cuando se sabe que de cada 100 proyectos mineros e hidroeléctricos, 80 están en manos extranjeras y 20 en nacionales. Puso como ejemplo Bolivia que obtiene un 60% de los beneficios de la explotación de gas y comparó esta cifra con el 1% que obtiene Guatemala.

Comentó que con el cínico y falso eslogan de Promover el desarrollo de las comunidades, los gobiernos aprueban el desarrollo de múltiples megaproyectos sin la participación de las comunidades como, por ejemplo, la represa de Chixoy. Hoy, 30 años después de la construcción de ésta hidroeléctrica, todavía se encuentran comunidades sin electricidad en la zona.

Otro ejemplo más reciente: “la empresa Hydroxacbal, en Chajul, entró de manera clandestina en las comunidades donde desarrolla su proyecto hidroeléctrico y desalojó a sus habitantes”.

“Consulta Comunitaria, derecho fundamental”

La asesora jurídica de la ONG internacional Derechos en Acción, Marta García, remarcó en la segunda conferencia del Encuentro que las Consultas Comunitarias son un “derecho fundamental” para defender los recursos naturales y los intereses de las comunidades. Empezó recordando el Convenio 169 (2) que dice: “El Estado tiene obligación de realizar consultas a los pueblos indígenas sobre los asuntos que directamente afecten a su forma de vida”.

También subrayó el artículo 141 (3) y recordó que “la soberanía radica en el pueblo”. Definió la soberanía como “la sociedad, las autoridades, el territorio, los recursos, los bienes, el patrimonio y la forma en cómo se administra todo”. Y añadió, “esta soberanía la delegamos en el Gobierno (órgano ejecutivo), el Congreso (órgano legislativo) y los Tribunales (órgano judicial). Sobra decir que los tres órganos deberían ser independientes.

La licenciada puso como ejemplo la Consulta de Zacapa, en Río Hondo, la segunda realizada en el país en 2005, en la que las instituciones públicas dijeron que la consulta era ilegal; no vinculante. No obstante, como afirmó la asesora legal, “Si la consulta es un derecho fundamental, tiene que ser jurídica, es decir que genere una obligación y responsabilidad”. En la jurisprudencia nacional e internacional ya existe ésta interpretación legal de las consultas.

Marta García recalcó que se debe informar a los pueblos de cualquier proyecto o actividad que afecte a los recursos naturales. Y, sobretodo, se debe respetar su decisión. En este sentido, apuntó que ya son “más de 300,000 personas que han dicho no en distintas Consultas Comunitarias” a diversos proyectos que afectan a sus comunidades.

Con la próxima construcción de la represa de Xalalá se calcula que se verán afectadas 32 comunidades y unas 6,000 personas. Y hasta el momento, nadie ha informado de nada a estas comunidades ni se les ha preguntado si quieren que se haga este proyecto. Ésta es la misma dinámica que se impone en todo el país como se pudo comprobar escuchando los casos que contaron muchos asistentes del Encuentro.

“La población del área Ixil, igual que la población de otras áreas y regiones del país, son objeto hoy día de movimientos y operaciones políticas y económicas encubiertas. Es decir, ocultas y desarrolladas a espaldas de los pueblos y comunidades, pero sobre sus propios recursos naturales. Así ha operado en la región una compañía de origen italiano que ha comprado alrededor de 28 mil cuerdas de tierra con seis aldeas dentro de ellas, en la Reserva de la Biosfera del Cerro Visis, sin conocimiento de las comunidades que históricamente han administrado y sobrevivido de los recursos naturales de esas cumbres.” (4).

La sociedad puede hacer uso de los siguientes tipos de consultas: Consulta popular, Consulta de vecinos, Consulta de autoridades y Consulta comunitaria. En todos los casos, y como dice el artículo 44 (5), “el interés social debe prevalecer respecto del particular”. Sin embargo, desde hace mucho tiempo existe un “legislicidio”, en palabras de la especialista García, que “no respeta ni benefician al pueblo”.

Biodiversidad y cerros sagrados

Don Ricardo Cárdenas, de la organización ecologista Madre Selva, fue el tercer conferenciante del Encuentro. Evidenció que “no hay estudios biológicos que documenten la gran riqueza de la biodiversidad de la zona de Xalalá”, donde se va a construir una nueva represa. Y junto con una compañera de la comunidad Las Margaritas presentó un extracto de los resultados del estudio biológico que realizaron el pasado mes de marzo en la Zona Reyna. El mismo concluye que “la represa de Xalalá situada entre los ríos Copón y Chixoy afectará ésta región”.

Los ecologistas recordaron que “los estudios y el conocimiento de la riqueza biológica lógicamente ayuda a la lucha por la defensa de los recursos naturales pues gracias a ellos se sabe lo que se tiene y lo que se puede perder”. También hablaron del lado espiritual de la cultura de este país y el respeto que se debe tener por los “cerros sagrados que son destruidos para construir carreteras y megaproyectos.”

MESAS DE TRABAJO, TARDE 23 ABRIL:
“La tierra no se vende, se cuida y se defiende”

Se organizaron las siguientes cuatro mesas de trabajo abiertas a todos los asistentes: 1) Organización de la defensa de los recursos naturales. 2) Proyectos de represas e hidroeléctricas. 3) Resistencia a los megaproyectos. 4) Experiencias de lucha legal.

En la mesa Resistencia a los megaproyectos, representantes individuales y de asociaciones civiles de distintas zonas del país denunciaron la explotación minera, hidroeléctrica y petrolera en sus comunidades y contaron cómo se organizan para defender los recursos naturales amenazados.

Un representante del Oriente del país, que participó en el grupo de trabajo, dijo que en muchas comunidades de su región las familias sufren de hambruna y desnutrición. Afirmó que todavía hoy en algunas comunidades “los que sobreviven a los tres meses del verano, tienen nueve meses más de vida”. Porque “se puede aguantar unos días sin comer pero no sin beber agua.”

Al final de éste taller-mesa de trabajo se resumió la estrategia de lucha en los siguientes puntos: “1) Obtener información de los proyectos. 2) Organizarse y mantener la unidad. 3) Realizar estudios técnicos. 4) Dinamizar los Consejos y redes de resistencia como los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). 5) Educar, capacitar y concienciar. 6) Desarrollar Comisiones comunitarias. 7) Realizar Consultas comunitarias. 8) No vender las tierras. 9) Interponer recursos legales. 10) Desarrollar un plan o estrategia de lucha. 11) Mantener la presión y la resistencia. 12) Incidir en lo local y nacional-internacional. 13) Organizar la resistencia por regiones y unir la lucha. 14) Difundir la información en los medios de comunicación. 15) No dejarse captar por la cooperación.”

El 4º Encuentro en Defensa de los Recursos Naturales se realizará en la localidad de Ilom, Chajul, todavía sin fecha definida. Será una nueva oportunidad para hacer balance y analizar los impactos de los megaproyectos en las comunidades, la economía del país y la Madre Tierra.

DECLARACIÓN FINAL:
Extracto de la Declaración del Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales

“Proclamamos ante los pueblos de Latinoamérica y el mundo:

1. Somos hombres y mujeres campesinos e indígenas de comunidades rurales, organizadas, que estamos en resistencia ante la invasión y agresión del imperialismo, de las empresas nacionales y transnacionales, las que se están apropiando de nuestros recursos naturales, nuestro territorio, de nuestras vidas.

2. Que nuestros abuelos y abuelas defendieron sus tierras y recursos naturales, los cuales nos heredaron, y ahora es nuestra responsabilidad defenderla para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, Que así sea, así será. Defenderla de los proyectos imperialistas de Minería a Cielo Abierto, Proyectos Hidroeléctricos, de Privatización de los Recursos Naturales, proyectos de infraestructura y petroleros, que causan devastación, enfermedad y muerte, que destruyen las comunidades y coartan el desarrollo soberano de nuestros pueblos. (…)

TODO PARA LAS COMUNIDADES Y NADA SIN LAS COMUNIDADES.” (6)

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Por Jordi Gállego Bau, acompañante y observador internacional de ACOGUATE.
Fotos: Patrick Illmer 1) La Taña, Uspantán, Quiché 2) La Hidroeléctrica Chixoy, Baja Verapaz. 3. Participantes en el Encuentro

Referencias artículo:
1 y 6 Declaración del Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales.
2 Convenio 169, sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, Organización Internacional del Trabajo (OIT).