Caso Juana Mendez Rodríguez

El pasado 18 de febrero, en el tribunal de Santa Cruz del Quiche, se abrió el juicio en contra de Antonio Rutilio Matías López, ex-agente de la Policia Nacional Civil (PNC) quién está acusado de violación agravada y abuso de poder en contra de Juana Méndez Rodríguez, una mujer Quiché. ACOGUATE ha estado acompañando el caso desde abril 2007 cuando el Instituto de Estudios Comparativos en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), asesor legal de Juana Méndez, solicitó acompañamiento internacionalpor las amenazas que habían recibido por su participación en el caso.

Los hechos
El 17 de enero de 2005 Doña Juana fue trasladada a Nebaj, departamento de Quiché, con motivo de comparecer frente a un tribunal para hacer su primera declaración ante un juez después de haber pasado más de un mes en detención en Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, acusada de complicidad por no haber denunciado una plantación de amapola que se encontraba cerca de su casa – una acusación que luego fue descartada. Según el relato de los hechos leído en el tribunal al abrir el juicio, la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero, Doña Juana fue agredida sexualmente de manera repetida por dos agentes en estado de ebriedad. En la audiencia del 5 de marzo, Doña Juana narró como, esa noche, los agentes la manosearon, la violaron y después la obligaron a caminar desnuda por la comisaría frente a otros detenidos antes de ordenarla que se bañase frente a ellos para tratar de eliminar evidencias de lo sucedido. Según relató, después del hecho Doña Juana se quedó llorando en el cuarto donde la habían violado preguntándose si “era posible que hacían así con todos los presos.” Doña Juana denunció esos hechos el día siguiente cuando fue llevada al juzgado de Nebaj para hacer su declaración.

Amenazas contra el ICCPG y acompañamiento internacional
Más de tres años después de que Doña Juana denunció los hechos, el caso por fin ha llegado frente un tribunal tras un proceso que “ha sido obstaculizado por continuas amenazas a testigos, a la víctima y a organizaciones civiles que la apoyan” (Prensa Libre, 15 de mayo 2007). El querellante adhesivo en el caso, el ICCPG, ha sido el blanco de la mayoría de esas amenazas. De hecho, en los primeros meses de 2007, integrantes del ICCPG sufrieron varios incidentes de intimidación de alta intensidad – allanamientos, vigilancia, seguimiento, secuestro, disparos en frente de la oficina, amenazas de muerte – y, en consecuencia, solicitaron acompañamiento internacional de ACOGUATE en abril 2007.

Según entrevistas al medio de comunicación arriba mencionado, los ataques se interpretan como unas “advertencias explícitas de no seguir con el caso… (y que por esta razón) se pidió el apoyo del entonces director de la PNC, Julio Hernández, ya que tienen la certeza de que las amenazas y ataques provienen de agentes en servicio”.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Guatemala “las amenazas pueden estar en relación con el trabajo que desarrollan los miembros del ICCPG… en la investigación, documentación y denuncia de violación, tortura y ejecuciones extrajudiciales dentro del sistema penal de Guatemala. Actualmente el ICCPG es querellante adhesivo en varios casos legales que involucran a oficiales de la PNC y/o funcionarios públicos, responsables de una series de violaciones de derechos humanos que van desde las detenciones ilegales, la tortura hasta las ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas, de persona en prisión y de, probablemente, las acciones en contra de algunos defensores de derechos humanos.” (http://www.fidh.org/spip.php?article4281).

Violencia sexual a manos de agentes del Estado
El día anterior al inicio del juicio, integrantes de varios grupos de mujeres llegaron a Santa Cruz del Quiche para solidarizarse con la señora Méndez – que todos los que han estado involucrado en el caso conocen como “Doña Juana.” La mañana del 18 de febrero, un centenar de mujeres marcharon por las calles del pueblo cargando pancartas en las cuales se podían leer mensajes exigiendo que se haga justicia en el caso y que se referían también al hecho que la violencia sexual es una realidad conocida por muchas mujeres. “Doña Juana, su verdad es mí verdad leía una y, otra: Cuando violan a una, violan a todas”. Según el ICCPG, la violencia sexual en contra de mujeres por parte de los que las custodian es muy común en las comisarías y cárceles del país. Efectivamente, un estudio llevado a cabo por el ICCPG en 2005 reveló que hasta el 75% de mujeres en detención preventiva son víctimas de abusos y violencia sexual a manos de agentes del Estado. A pesar de que 43% de estas mujeres denunciaron el hecho ante un juez, solo un caso ha llegado al Ministerio Publico.

El caso de Doña Juana es el primer caso de abuso sexual que señala a un agente de la PNC y que llega a ser escuchado por un tribunal penal. Por lo tanto, varios grupos de mujeres afirman que es importante que se de un juicio transparente y justo en este caso para tratar de romper la impunidad en la cuál estos crimines están cometidos y para que otras mujeres se atreviesen a denunciar hechos similares. Este caso ya quebró una de las barreras de la impunidad en mayo de 2006 cuando Matías y el segundo agente acusado en el caso, Nery Osberto Aldana Rodríguez (quién aún está prófugo), fueron destituidos por el Tribunal Disciplinario de la PNC quién les declaró responsables de tortura. Fue la primera sentencia emitida por este tribunal por el delito de violación y la primera vez que éste reconoció a la violencia sexual como forma de tortura.

El juicio
La primera audiencia en el caso – el 18 de febrero – fue enfocada más que todo en los peritajes médicos. Por medio del interrogatorio dirigido por el Consultor Técnico del ICCPG, el Dr. Jorge de la Peña Martinez, se logró establecer que el médico que examinó a Doña Juana el día después de la violación – el Dr. Isaías Juarez, el entonces director del hospital regional de Nebaj – desconocía el protocolo de actuación en evaluaciones de victimas de violación y, además, que antes de examinar a Doña Juana, nunca había practicado un examen ginecológico. Él mismo reconoció que había hecho “muchas equivocaciones” en su informe – en el cual había concluido que no se había encontrado evidencia conclusiva de violación.

El ex-agente de la policía acusado, Antonio Rutilio Matías López, quién se había negado a declarar al inicio del juicio al final declaró después del testimonio de Doña Juana en la audiencia de 5 de marzo. Él afirmó que no se encontraba en la sub-estación de Nebaj la noche del 17 al 18 de enero de 2005 porque había salido sin permiso para llevar a su hijo pequeño al hospital. Sin embargo, en la primera audiencia, el 18 de febrero de 2008, un ex-agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y compañero de trabajo del acusado, había testificado en contra de Matías, afirmando no solo que este último estaba presente la noche de la violación y que estaba bajo el efecto del alcohol, pero también que lo vio cuando estaba encima de la victima, abusándole. Este ex-agente de la PNC prestó testimonio en el caso a pesar de haber sido victima de muchas amenazas y actos de intimidación por su participación en el caso – ha tenido que huir de Nebaj y aún se encuentra bajo medidas cautelarías del Ministerio Publico.

El caso todavía está en proceso – las conclusiones se van a dar en abril. Queda por ver si el deseo expresado por Doña Juana se cumplirá: “Quiero que se haga justicia, no quiero que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo que a mi me pasó, porqué no es justo.”
.....................................

Escrito por ACOGUATE

Referencias:
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG – Cifras de impunidad del crimen policial contra mujeres. Guatemala, 2005.
http://www.amnesty.org.ru/library/Index/ESLAMR340142007?open&of=ESL-GTM
http://www.fidh.org/spip.php?article4281
http://www.prensalibre.com/pl/2007/mayo/15/170850.html
http://www.prensalibre.com/pl/2006/junio/18/144527.html
http://www.prensalibre.com/pl/2007/julio/17/177237.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/14/220163.html
http://www.prensalibre.com/pl/hoy/220997.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/19/220579.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/28/222898.html
http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=26225&fch=2008-02-18
http://www.cerigua.org/portal/Article13199.html
http://www.cerigua.org/portal/Article13240.html
http://elperiodico.com.gt/es/20080303/pais/49561/

Entrevista con Claudia Paz y Paz - Directora Ejecutiva - ICCPG - 25 de febrero, 2008

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG – fue creado después de los Acuerdos de Paz y tiene el mandato de investigar y documentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por los funcionarios y autoridades guatemaltecas, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos y maltratos así que la violencia sexual dentro de los centros de detención del país. ACOGUATE encontró a su directora, Claudia Paz y Paz, en Santa Cruz del Quiché.

ACOGUATE: Que significa para el ICCPG lo que ahora se conoce como el caso Juana Mendez?

CPP: Es muy importante. Es la oportunidad de acompañar a una mujer que por diversas razones, tuvo la fuerza y la voluntad de denunciar el caso. El hecho que ella tenía la valentía de hacerlo y que el ICCPG la pudo apoyar, puede sentar un precedente para todos los demás casos donde cualquier policia que esté en esta situación lo piensa dos veces antes de cometer un hecho similar. Con Juana Mendez, los policias actuaron en total impunidad en presencia de todos y no tuvieron ninguna pena.

Para nosotros como Instituto, el caso es también muy importante, porque es el primer caso donde nosotros acusamos. El ICCPG había sido una institución más académica, hacemos investigaciones, propuestas normativas, capacitación, pero casos, no. Los únicos casos que llevamos eran en unos casos de condena de muerte para lograr la conmuta, y cambiarla por más años de prision. Y esos casos si les ganamos, pero es distincto porque allí estabamos defendiendo, y acompañando la defensa pública penal ante la Corte Interamericana, pero este caso como tal, ante el sistema nacional, representa para nosotros un gran aprendizaje y una gran inspiración para seguir defendiendo los derechos de la mujer.

ACOGUATE: Es la primera vez en el país que un caso de abuso sexual contra una mujer privada de libertad llega hasta la última etapa del debate oral. Que fue el trabajo que se ha hecho por parte del ICCPG para llegar a este momento?

CPP: Partimos de las investigaciones que había hecho mi colegua Ana Lucía Moran con las otras compañeras en las carceles. Esta investigación fue la base para una capacitación que sensibilizó a los defensores públicos sobre la situación de las personas en las cárceles, y esta capacitación permitió que el defensor público fuera el enlace con el ICCPG. Entonces desde el inicio, la investigación rendió frutos no sólo para sensibilizar pero también para prevenir futuros hechos. Luego, hubo todo un trabajo hecho con las compañeras de las organizaciones de mujeres, lo que hace que el caso Juana Mendez ya no es sólo “su” caso o el caso del ICCPG, sino el caso de muchas mujeres que se han incluido en este proceso.

Otra cosa importante en este proceso fue el uso de los peritajes, porque allí aprendimos qué pruebas son relevantes, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y esto es un aprendizaje para nosotros pero también para los peritos, por si en algun momento quizieran llevar otros casos penales de violación sexual contra una mujer. En México y en Costa Rica el uso de esos peritajes de género se han hecho desde varios años, en particular cuando se trataba de mujeres privadas de libertad por matar a un agresor. Con esos peritajes se podía establecer por ejemplo la presencia de violencia domestica previa al delito y hacer ver que la mujer había matado por su propia defensa. Pero en Guatemala, y en este caso, todo fue nuevo.

ACOGUATE: Sin embargo, ¿el caso de Juana Mendez no es nuevo con respecto a la situación que viven las mujeres encarceladas en Guatemala?

CPP: Es verdad. El caso de Doña Juana es un caso paradigmatico, porque habla cualitativamente de lo que la investigación nuestra documentó quantativamente, es decir que hay un patrón de violencia y de violaciones sexuales muy común contra las mujeres privadas de libertad. Por lo tanto, cualquiera de nosotras que tenga que pasar una noche en una comisaria o una carcel corre esté riesgo. Con este caso y todo lo que se ha denunciado ahora, esperemos que el riesgo pueda disminuir.

ACOGUATE: Las denuncias son el primer paso. Pero de manera general, ¿cómo reacciona el sistema judicial ante estas denuncias y estos abusos cometidos en las carceles?

CPP: En general, hay una impunidad enorme. Entre 96 y 98% de los casos quedan en la impunidad, y aquí sólo hablamos de los casos que sí se denuncian. Hay muchos abusos que no se deuncian, porque las mujeres saben que no va a funcionar, que les van a culpabilizar, que pueden recibir también rechazo de su comunidad, de su familia.

Con Juana Mendez, estamos hablando de una mujer Kiché, que no tuvo la oportunidad de tener educación, que se encontraba presa dentro de una comisaria en Nebaj, que es un sitio muy aislado... El hecho que para este caso se alcanza la justicia es excepcional! Las mujeres privadas de libertad son un grupo sumamente vulnerable. Aquí en Guatemala las cárceles son tierra de nadie. Lo que pasa allí a nadie le importa, nadie se molesta por eso. Además, dentro de las mujeres privadas de libertad, unas de las más vulnerables, y son minorías, son las mujeres mayas. Sufren discriminación, dentro de las propias reclusas, dentro de los funccionarios penitenciales, y no tienen traductoras. El sistema no se preocupa de que haya personal que habla las idiomas de los varios grupos lingüísticos de este país.

ACOGUATE: Muchas veces, los funcionarios del sistema judicial justifican su inacción por la falta de recursos del Estado guatemalteco. ¿Que opina de esto?

CPP: Sin duda el Estado guatemalteco es pobre, y el sistema de justicia tiene escasos recursos, especialmente por el nivel de delitos. Tomemos por ejemplo Holanda, que es un país de 16 miliones de habitantes, y que tiene al año 254 homicidios. En Guatemala, somos 12 miliones y tenemos hasta 6000 homicidios anuales. Con esta situación, cualquier sistema de justicia colapsa! No hay prevención, no hay control sobre la portación de armas, no hay investigaciones, o sea muchas cosas faltan y el sistema se satura. Además, de los pocos recursos que hay, son mal utilizados. Por ejemplo, los policias de Nebaj deberían estar en Nebaj, hablando la misma idioma que la gente allá! En una investigación que hicimos, nosotros documentamos que los departamentos donde se producen la mayoría de las violaciones sexuales y muertes violentas de mujeres, son los departamentos donde hay menos funcionarios, como policias, fiscales, investigadores... Eso no tiene mucho sentido.

ACOGUATE: Frente a tal perspectiva, se podría decir que el caso de Juana Mendez representa una posibilidad de cambio y una esperanza para la lucha de las mujeres?

Sí, aunque el juicio no ha sido facil. Hubo momentos muy dificiles para nosotros, y ustedes de ACOGUATE lo saben, verdad, porque es donde nos han podido apoyar. En estas situaciones, la que nos dio mucha esperanza y fuerza fue Doña Juana misma, porque siempre quizo seguir. A parte, lo que dio mucha motivación fue de ver más y más organizaciones de mujeres que se sumaron y que vieron eso como parte de su lucha. En fin, hay que apuntar que hemos visto que hay funcionarios de justicia que son buenos y que cumplen con su trabajo, o sea, no todo el sistema está perdido!
...............................

Entrevista realizada por ACOGUATE

El fallo de la Corte de Constitucionalidad consolida la impunidad en Guatemala

En junio de 2006, la Comisión Rogatoria de la Audiencia Nacional de España llegó a Guatemala para dar seguimiento a la investigación internacional protagonizada por la Fundación Rigoberta Menchú Tum. CAIG-ACOGUATE acompañaba a varias/os testigas/os que fueron llamadas/os para dar su testimonio. Un año y medio después, seguimos monitoreando este caso. CAIG-ACOGUATE expresa su profunda preocupación por el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a las implicaciones que este tiene al Estado de Derecho y la situación de impunidad en la cual se encuentra el país.

El pasado 14 de diciembre 2007 se dio a conocer a través de los medios de comunicación el fallo de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en el cual se decretó como nula la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia de detención de los generales retirados Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo y se exigió la liberación de los antes mencionados. Las detenciones de dichos generales fueron trámites de extradición judicial solicitadas por España con motivo de investigaciones por crímenes de derecho internacional cometidos por los ex militares, entre ellos, José Efraín Ríos Montt ex presidente de Guatemala. La corte deja sin efecto, en Guatemala, las extradiciones emitidas por España por provenir de un país que, según la decisión de los magistrados, no tiene jurisdicción en Guatemala.

Juristas expertos en materia penal confirman que el fallo contiene una serie de arbitrariedades tanto legales, como jurídicas, por no basarse en instrumentos legales, por violar y omitir convenciones y estatutos internacionales de las que Guatemala es parte, como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura, las cuales establecen el deber de los Estados de conceder la extradición cuando se trata de crímenes de esta índole.

Entre las arbitrariedades existentes en el fallo se observó además que la corte denegó a España su competencia en el caso por genocidio, argumentando que el derecho de independencia y soberanía de la justicia guatemalteca, estaban siendo violados por España al no tener este país jurisdicción en el caso. La corte con esos argumentos no tomó en cuenta que la jurisdicción de España en este caso se ampara en el Principio de Jurisdicción Universal. Dicho principio permite y obliga a los estados a actuar jurídicamente contra otro estado donde se han cometido crímenes de carácter internacional, como la tortura, el genocidio y crímenes de guerra, independientemente que estos crímenes no hayan sido cometidos en su territorio, sus ciudadanos o su estado.

El Principio de Jurisdicción Universal no reconoce territorio, ni inmunidades cuando se trata de procesar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad dado que son crímenes de gran magnitud y constituyen graves violaciones de los derechos humanos. De esa manera cabe destacar que dicho principio es un principio de gran fuerza jurídica en el plano de Derecho Internacional. Este principio ya ha sido anteriormente aplicado en casos de genocidio como por ejemplo en el caso de España contra ex militares argentinos.

Por otro lado en el fallo, los magistrados indican que los crímenes cometidos por los ex- militares son crimines comunes conexos políticos, utilizando esta definición para absolver a los ex-militares aludiendo que los hechos que se les imputan no tienen conexión con el tratado de extradición entre Guatemala y España sino tienen un carácter común significando que se concede amnistía a los acusados bajo la Ley de Reconciliación Nacional. En Articulo III punto 4 y Articulo V del tratado de extradición dice que no habrá extradición por delitos conexos políticos. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos en su comunicado del 16 de enero, el fallo de la CC, al negar las órdenes de detención y extradición con la premisa que los delitos que cometieron los acusados “contra el pueblo maya” son hechos políticos y no actos de genocidio y tortura se burla del derecho internacional y de la “obligación de todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar el delito de genocidio.”

El fallo a pesar que consta de graves y evidentes arbitrariedades, según los abogados de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, no es apelable, porque la Corte de Constitucionalidad es la última instancia judicial de apelación en Guatemala. Dicha situación complica el caso ya que lo retrasa. Sin embargo el juez español Santiago Pedraz proseguirá con la investigación del caso en España, dado que el fallo no afecta las investigaciones en el exterior del país, y según un auto enviado por Pedraz el 16 de enero de este año, las órdenes de captura están aún vigentes a nivel internacional.

Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional Española calificó de vergonzoso el fallo de la CC y dicha resolución ha sido rechazada por diversos sectores de la sociedad guatemalteca, por grupos indígenas, por organizaciones de derechos humanos y por medios nacionales e internacionales de comunicación por ser un fallo que en vez de fortalecer la justicia y la democracia en el país contribuye a consolidar uno de los problemas que más azota al pueblo guatemalteco - la impunidad.

Por ACOGUATE

(Foto por Alex Castillo - CALDH: Rigoberta Menchú Tum durante la conferencia de prensa en la Procuraduría de Derechos Humanos)

Referencias:
Fallo de la CC (Expediente 3380-2007): http://www.cc.gob.gt/index-2.html
http://www.definicionlegal.com/definicionde/Jurisdiccion.htm
http://www.lahora.com.gt/notasn.php?key=24458&fch=2008-01-16
http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/21/191127.html
http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/19/190938.html
http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/18/190810.html
http://www.lahora.com.gt/notasn.php?key=18793&fch=2008-01-12

Juicio de la empresa minera Montana contra siete campesinos maya Mam… ¿Estrategia de criminalización de la protesta social?

ACOGUATE observó por solicitud de la Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán ( ADISMI), , el juicio contra siete campesinos, acusados por el Ministerio Público y la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala S.A. de haber cometido delitos de lesiones leves y graves contra trabajadores de la empresa en enero 2007 además de delitos de coacción e instigación a delinquir durante bloqueos que sufrió esta empresa en enero de 2007.

Conflicto acerca de la renegociación de las tierras compradas a los campesinos
Según los vecinos del municipio de San Miguel Ixtahuácan, la empresa Montana Exploradora S.A., subsidiaria de la compañía canadiense Goldcorp Inc., empezó a comprar terrenos en la región de San Miguel en 1999 para luego empezar la explotación en diciembre de 2005. La extensión del terreno comprado por la mina es de 100 mil hectáreas. Las tierras fueron compradas al precio de Q, 4000 la cuerda.


El conflicto entre la mina y las comunidades de San Miguel Ixtahuacán empezó con la negación por parte de la empresa minera a dialogar sobre un memorial de peticiones entregado el 9 de enero de 2007 por representantes de comunidades cercanas. Las peticiones se referían a la renegociación del valor de las tierras vendidas a la empresa y entre otras a la compensación de las grietas en las casas (por las detonaciones que realizan la empresa y el paso de los camiones pesados). Según las Comunidades en Resistencia de San Miguel Ixtahuacán, organización de comunidades afectadas por la mina, la empresa los “engañó y se aprovechó de su analfabetismo y pobreza en el momento de comprar sus tierras, ofreciéndoles centros de salud, trabajo, granjas pecuarias, mini riegos, viviendas, pago de las siembras destruidas por las actividades mineras y proyectos de toda clase, promesas que nunca cumplió”. Nunca se les informó de los impactos y efectos negativos de la explotación minera sobre el medio ambiente y de la utilización de metales pesados en los procesos industriales de minería.

Hechos del 10 de enero del 2007 y la denuncia de la Montana
El 10 de enero 2007 por la mañana, tuvo lugar una reunión entre unos 20 representantes de las comunidades (entre ellos algunos de los acusados) y los gerentes de la mina, en donde los primeros expusieron la necesidad de hacer valer sus peticiones. La empresa se negó firmemente a renegociar el precio de las tierras argumentando que los contratos de compra-venta ya estaban firmados. Según los acusados, los campesinos se dirigieron a sus casas después de la reunión, cuando a unos 2 kilómetros de la mina fueron atacados por miembros del equipo de seguridad de la mina, quienes trataron de secuestrar a Fernando Basilio Pérez, uno de los acusados principales en el juicio. Los atacados se defendieron y se refugiaron en sus casas. Después de estos acontecimientos, campesinos de las comunidades decidieron bloquear los accesos a la mina. El 22 de enero, los campesinos se retiraron, después de que la gerencia de Montana les hubiera prometido negociar los puntos del memorial en una reunión el 26 de enero en la Diócesis de San Marcos. El 24 de enero, el gerente de Montana mandó una carta a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y a la Diócesis, informando que ellos no iban a participar en dicha reunión.

El 13 de febrero, día de la consulta comunitaria sobre la minería en el municipio vecino de Concepción Tutuapa, fuerzas especiales de la Policía Nacional y agentes encubiertos de la empresa efectuaron varios allanamientos en aldeas del Municipio de San Miguel Ixtahuacán, con el propósito, según ADISMI, de capturar a ciertos líderes comunitarios que supuestamente participaron en los bloqueos. Fernando Pérez y Antonio Bamaca fueron encarceladas por dos días en la cárcel de San Marcos.
Según la empresa minera, Fernando Pérez y Francisco Bamaca ingresaron a la mina el 10 de enero 2007 donde agredieron a dos miembros del grupo de seguridad de la empresa. Supuesto delito que la Montana Exploradora S.A. denuncio al Ministerio Publico (MP) en febrero acusándolos conjuntamente con 5 otros campesinos de delitos de lesión, coacción, de amenaza y de instigación a delinquir. El 28 de agosto, el MP presentó como pruebas unas declaraciones testimoniales y un dictamen médico sobre la gravedad de las supuestas lesiones provocadas a dos miembros de la seguridad de Montana y se decidió la apertura a juicio de la denuncia de Montana para noviembre.

El debate publico
Durante el proceso, la Montana propuso retirar su acusación, si los siete campesinos se declaraban culpables, pedían disculpas públicamente al jefe de seguridad y firmaban un acta que restringía su libertad de manifestación; sin embargo, los acusados no aceptaron declarándose inocentes.

Al final de octubre, los acusados recibieron el apoyo de dos abogados de la Fundación Rigoberto Menchú Tum (FRMT) además de los dos abogados que iban a realizar su defensa. Acerca de la presencia de los abogados de FRMT, miembros del equipo legal de Montana Exploradora expresaron al canal guatemalteco Guatevisión que no entendían cual era “el interés de la fundación Menchú a participar en este proceso.”

El 12 de noviembre 2007 se abrió el debate en el Tribunal de Sentencia de San Marcos. Julio Cesar Aguilar, integrante del grupo de seguridad de la Montana, alegó haber sufrido lesiones graves por parte de Francisco Salomón Bamaca al tirarle éste una piedra a la nariz. John W.G. Noyes de nacionalidad canadiense, también del grupo de seguridad y ex trabajador de MINUGUA (Misión de Naciones Unidas para Guatemala), declaró haber sufrido una herida en la frente por una piedra tirada por Fernando Basilio Pérez Hamaca.

El 10 de diciembre fueron presentadas las conclusiones. El fiscal del Ministerio Público solicitó una condena de 14 años de prisión para Francisco Salomón Bamaca y para Fernando Basilio Pérez, 9 años de prisión así como una condena absolutoria de los otros cinco acusados por falta de suficientes elementos para condenarles. El abogado de la mina exigió penas máximas para Francisco Bamaca y Fernando Pérez, y la condena de tres de los cinco acusados por coacción e instigación a delinquir. También solicitó el pago de 2 millones de Quetzales por daños y perjuicios a la empresa.

Los abogados de la defensa alegaron que las pruebas de delito no eran contundentes, que había muchas contradicciones en los testimonios de la acusación y que consideraban este juicio como una tentativa para establecer un precedente en contra de líderes comunitarios para evitar protestas futuras y, que por lo tanto exigían una sentencia absolutoria para todos los acusados. Además, declararon que con los testimonios de los empleados de la mina contra los siete campesinos, quienes son de las mismas aldeas y en algunos casos incluso familiares, se esta buscando provocar una división dentro de las comunidades.

Una sentencia contestada
El martes 11 de diciembre, el Tribunal de San Marcos dictó sentencia, condenando a Fernando Pérez y Francisco Bamaca a 2 años de prisión conmutable en pago de 5 Quetzales por día por lesiones leves no intencionadas, sin imposición de una multa por su situación económica precaria o 3 años de suspensión condicional de la pena. Los siete acusados fueron absueltos de los cargos de coacción e instigación a delinquir.

El abogado defensor, Benito Morales, protestó antes de la lectura del fallo por la exagerada presencia de efectivos del Ejército Nacional y de la Policía Nacional Civil (entre 25 y 30 en total) en los alrededores del Tribunal de San Marcos, considerando que, según él, este acto tuvo el fin de estigmatizar a los campesinos, violando el principio de presunción de inocencia, por cuanto daba fe de una sentencia anunciada.

Después de la clausura del debate público, Morales expresó ante los medios de comunicación su indignación, declarando que los dos condenados son inocentes y que presentarán apelación contra dicha sentencia para demostrar la inocencia absoluta de los acusados. También aseguró que la empresa ha obligado a sus empleados a declarar en contra de los sindicados y que el MP ha aceptado pruebas falsas y viciadas aportadas por la compañía minera. Dijo que tampoco se justificaba la acusación de los otros cinco acusados, ya que no existían pruebas físicas de su presencia en el lugar de los hechos delictivos y que fue allí una estrategia para intimidar estas personas.

Anomalías en el proceso subrayadas por organizaciones de derechos humanos
En un comunicado del 13 de diciembre, la Fundación Rigoberta Menchú Tum declaró que “el Tribunal se plegó con este fallo a las intenciones de la minera, contribuyendo con ello no solamente a criminalizar la protesta social, sino también los liderazgos dignos de las comunidades afectadas, con la intención de dividirlas. Además, condena la actuación de las fuerzas de seguridad combinadas de San Marcos que se presentaron previo a darse a conocer el fallo, haciendo gala de su fuerza y de un despliegue inusual de efectivos con el fin de intimidar, no solamente a los acusados, sino también a los abogados defensores y a sus acompañantes.”

Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron mediante una acción urgente durante el juicio, declarando que éste “no es un juicio de justicia, sino de criminalización, represión, de silencio y advertencia que impulsa el gobierno y su aparato de justicia en abierto y público apoyo de empresas mineras como la Montana Exploradora S.A., en contra del pueblo Maya Mam de San Miguel Ixtahuácan y todos los pueblos indígenas y campesinos de Guatemala que luchan por la defensa de su tierra.”

En dicha acción urgente las organizaciones exigieron entre otros puntos, “el cese inmediato de la persecución criminal contra los siete campesinos, el cumplimiento por parte del Estado con su deber constitucional, que consiste en garantizar, proteger y promover el respeto de los derechos humanos, económicos y sociales de la mayoría de la sociedad, no seguir promoviendo la impunidad a favor de las empresas poderosas, reivindicando el juicio y castigo de los funcionarios de la empresa Montana Exploradora S.A. en su proyecto Marlin, por ser los verdaderos responsables de usurpación y despojo de las tierras de l@s campesinos, de la destrucción y contaminación del medio ambiente y los recursos naturales de Guatemala”

El desafío del tema minero
La explotación minera es un tema controvertido en Guatemala. Hace apenas un mes, el Presidente de la Republica, Oscar Berger, defendió los trabajos de minería efectuados en el país, al afirmar que han mejorado la calidad de vida y han generado empleo para los habitantes de San Marcos. Insiste en que el próximo gobierno debe aprobar la iniciativa de ley que va enfocada a promover el sector minero. Sin embargo, los movimientos ambientalistas y de derechos humanos opinan que estos proyectos deben procurar un bienestar social y no particular, así como respetar las decisiones de los pueblos indígenas al respecto. También el cardenal Rodolfo Quezada Toruño declaró el 25 de noviembre pasado, que le preocupa que continúe la extensión de licencias para la explotación de metales, ya que esta y la explotación de las minas a cielo abierto daña el medio ambiente y contaminan los ríos: “Nos molesta la injusticia, la miseria de dinero que queda en Guatemala y los millones de dólares que se van al extranjero”, enfatizó. Criticó al gobierno de Berger por haber extendido licencias para la explotación de metales sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades. Agregó que esperaba que el próximo gobierno respete la decisión de las comunidades en las consultas populares, y que legalice esa figura para que sean vinculantes. Desde 2005, se realizaron cerca de 20 consultas comunitarias sobre minería involucrando a cerca de 300,000 personas. Estos procesos de toma de decisión comunitarios y sus resultados (“NO” rotundo a la minería en la totalidad de estos municipios) no han hasta le fecha estado declarados vinculantes por el estado.

Según Rafael Espada, vicepresidente electo, la próxima administración realizará un estudio legal de la Ley de Minería, la cual podría ser objeto de reformas. “Resolver los problemas en el tema minero será prioridad para el gobierno de Álvaro Colom”, sostuvo Espada. Así mismo abrió la puerta a las consultas populares. Dijo que se debe dar importancia a los pueblos cercanos a donde se realicen proyectos mineros, ya que son ellos quienes tienen posesión de la tierra.

Entretanto, la empresa Montana comunicó el 15 de diciembre en el periódico Siglo XXI, su intención de extender su estancia en el país y que prevé quedarse en San Marcos más de los 13 años previstos, puesto que se han localizado reservas que ofrecen duplicar la cantidad de metales preciosos. El director ejecutivo de Montana para Centroamérica, Eduardo Villacorta, considera que el área tiene potencial para convertirse en un distrito minero.

Milton Saravia, el representante de la mina, manifestó en una entrevista a medios de comunicación después del juicio, que la empresa no tenía la intención de modificar su política de compra de tierras. En un campo pagado en la Prensa Libre del 16 de diciembre, Montana Exploradora S.A. declaró que respeta las decisiones de los tribunales y definió la sentencia como una luz en el camino para las empresas que creen e invierten en Guatemala.

Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales siguen siendo preocupadas por la conflictividad social que provoca la instalación de proyectos mineros.

...................................
Por ACOGUATE

COMUNICADO DEL SITRABI

Estimados Compañeros:

Con profunda preocupación informamos que fue vilmente asesinado el compañero MARCO TULIO RAMIREZ PORTELA, quien fungía como Secretario de Cultura y Deportes del Comité Ejecutivo del SINDICATO DE TRABAJADORES BANANEROS DE IZABAL

Este repudiable asesinato ocurrió el 23 de septiembre de 2007 a eso de las 5:45 de la mañana cuando el compañero salía de su casa hacia su trabajo, por varios hombres encapuchados con pasamontañas, quienes salieron a su paso y con armas de fuego de alto calibre lo asesinaron casi enfrente de su señora esposa y sus hijos.

El compañero Marco Tulio Ramírez Portela es hermano de nuestro Secretario General Noé Antonio Ramírez Portela

Este asesinato constituye en un atentado contra todo el movimiento sindical del país, contra la dirigencia y sus bases. En consecuencia, la muerte del compañero Tulio enluta a todo el movimiento sindical del país y a todas las organizaciones populares.

Pero, además, demandamos de las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de este crimen, que no debe, bajo ninguna circunstancia, quedar impune.

No es normal, en absoluto, que haya que pagar con vidas la lucha por los derechos de los trabajadores.

No es normal que todavía sigan existiendo escuadrones de la muerte, amparados por un denso manto de impunidad que les otorgan los sectores poderosos.

No es normal que la Dirigencia Sindical de SITRABI sea nuevamente presa del terror emanado desde intimidantes prácticas criminales desde los hecho ocurrido el 13 de octubre de 1999.

No es normal que se pretenda dar muerte a la conciencia y al compromiso por construir una Guatemala digna, justa y humana.

No es normal el caudal de sangre que día a día anega las calles y los campos a lo largo y ancho de toda Guatemala

Atentamente,


Jesús Martínez Sosa

Secretario de Trabajo y Conflictos 2º.

Comunicado del FNGARDA

Escrito por El Frente Guatemaltecode Afectados y Amenazados por Represas y en Defensa del Agua (FGARDA)

El Frente Nacional Guatemalteco de Amenazados y Afectados por Represas y en Defensa del Agua es un espacio de coordinación de organizaciones sociales y comunidades de 11 departamentos del país, constituido en el año 2005 a partir de las amenazas que representan los más de 70 proyectos hidroeléctricos para las comunidades, las tierras, las vidas y el medio ambiente.

La puesta en marcha del Plan Puebla Panamá (PPP), y específicamente del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), genera las condiciones para aperturar un mercado energético privatizado que responde a los intereses geopolíticos de las principales potencias (EEUU y UE) y las empresas transnacionales vinculados a dicho negocio.

Es evidente que esta nueva ola de proyectos hidroeléctricos es producto de intereses transnacionales lucrativos, y no responde a la realidad particular de la población guatemalteca y del país en su conjunto. Guatemala en la actualidad tiene un excedente de aproximadamente 160 MW y los planes futuros deberán enfocarse a partir de una revisión profunda del actuar de las empresas privadas, particularmente UNION FENOSA, y la participación real de la población en la toma de decisiones.

Nuestro Estado, títere de poderes nacionales e internacionales, se ha dado a la tarea de desacreditar la voz de los guatemaltecos y las guatemaltecas, declarando las consultas comunitarias no vinculantes a las decisiones sobre planes y proyectos en las distintas regiones.

El 20 de abril, se celebró en el municipio de Ixcán, Quiché, una amplia consulta comunitaria como una forma de democracia directa en la toma de decisión sobre los megaproyectos que se pretenden imponer en este municipio. En total votaron 19,911 personas y el 93.84 % se expresó en contra de los megaproyectos. Recientemente, se publicó en distintos medios de comunicación que efectivamente el INDE iniciará la búsqueda de potenciales inversionistas nacionales y extranjeros para el proyecto hidroeléctrico Xalalá, ubicado en el municipio de Ixcán.

Ya en julio pasado, el IV. Encuentro Mesoamericano del Movimiento Antirepresas, hizo la siguiente denuncia: “Hacemos un llamado al gobierno de Guatemala por la preocupante resolución no vinculante de la consulta popular indígena frente al proyecto de Xalalá en Ixcán, así como en San Marcos y Huehuetenango; esta situación pone en riesgo a las comunidades, a la democratización de la región y a la participación de los pueblos indígenas. Agresión que atenta contra su autonomía en la toma decisiones populares.”

Ahora el Frente Nacional Guatemalteco de Amenazados y Afectados por Represas y en Defensa del Agua enfatiza enérgicamente en el rechazo a la construcción de la represa Xalalá y los demás proyectos hidroeléctricos en el país. Hacemos el llamado a la población a seguir practicando su derecho a la autodeterminación; exigimos al Estado guatemalteco reconocer y acatar las decisiones del pueblo y anteponer el bienestar común a los intereses económicos particulares de empresas nacionales y transnacionales.

Queremos destacar el momento, cuando en la asamblea general de la ONU se habla mucho del calentamiento global y del Protocolo de Kyoto, que las soluciones deben ser integrales social y ambientalmente. EEUU no se compromete con la problemática y empresas transnacionales aprovechan para obtener financiamientos en el marco de los llamados mecanismos de desarrollo limpio (MDL), demostrando que únicamente importan sus ingresos económicos. Exigimos al mundo y a Guatemala soluciones integrales en un marco de justicia social y ambiental.

NO AL IMPERIALISMO NEOLIBERAL
SI A LA VIDA
NO A LAS REPRESAS
SI AL AGUA PARA LOS PUEBLOS

Guatemala, 02 de Octubre de 2007