viernes, 20 de junio de 2008

Condenan a Cinco Ex-Patrulleros; Caso de Rio Negro

El 28 de mayo fue emitida la sentencia en el proceso por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Acompañantes de ACOGUATE han estado acompañando a los sobrevivientes en las audiencias y en su comunidad. (Para más información, véanse artículos anteriores de este blog)

Baja Verapaz, miércoles 28 de mayo, 2008 — Tras tres años de estar suspendido y seis meses de debate, el caso de la masacre de Río Negro se resolvió con una condena de 780 años de prisión para cinco ex-patrulleros de la aldea Xococ por los hechos ocurridos el 13 de marzo, 1982. Un sexto acusado, Bonifacio Cuxum López, fue absuelto por el Tribunal de Sentencia de Salamá por falta de pruebas en su contra. De la pena de 780 años, que suma 30 años por cada una de las 26 victimas acreditadas en este juicio, los victimarios tendrán que servir 30 años, la pena máxima según la legislación vigente en la fecha de la masacre.

Refiriéndose al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el tribunal indicó la importancia histórica de este caso dentro del contexto del conflicto armado. Siguió comentando que durante la temporada más violenta entre 1980 y 1983, el ejército identificó a Rabinal como una región estratégica para combatir la amenaza del “comunismo internacional” e eliminar la guerrilla. Dentro de este análisis, la población civil fue definida como una base de apoyo para las fuerzas insurgentes que tenía que ser combatido a través de las patrullas de autodefensa civil (PAC) en 1981.

En las explicaciones, el tribunal contó que desde este momento, el ejército realizó la estrategia de tierra arrasada muchas veces utilizando los PAC para cometer varias masacres de la población civil en el área. Así que la masacre del 13 de marzo de 1982 solo fue una de cinco masacres cometidas contra la población de Río Negro, en las cuales alrededor de 444 personas fueron asesinadas por el ejército y los PAC. Los jueces indicaron que los patrulleros representan los autores materiales de los hechos pero vincularon la responsabilidad intelectual a los superiores militares.

Estas indicaciones del papel del ejercito en los acontecimientos del 13 de marzo 1982 se reflejan en la sentencia, donde el tribunal ordenó la captura del prófugo capitán José Antonio Solares González, así como proceso abierto en contra de oficiales militares altos, medios y subalternos vinculados con los hechos. En cuanto a los autores materiales se ordenó la captura de dos otros ex-patrulleros de Xococ, Ambrosio Pérez Lajuj y Domingo Chen.


En la audiencia final cada una de las 26 victimas que fueron acreditadas fue nombrada cinco veces por parte de los jueces antes de declarar a los cinco ex-patrulleros—Macario Alvarado Toj, Pablo Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado Lajuj, Tomás Vino Alvarado y Lucas Lajuj Alvarado—directamente culpable del delito de asesinato. Resumiendo las declaraciones de los testigos, el tribunal subrayó los elementos de planificación e intencionalidad en la operación conducida por el ejército con la participación de los patrulleros con la meta de exterminar a la gente de Río Negro y concluyó que los testimonios prestados por los sobrevivientes fueron “más que creíbles.”

Sin embargo, representantes de ADIVIMA criticaron que la sentencia encubre la verdadera dimensión de la masacre, porque solo se logró acreditar a 26 personas como victimas. Esto a pesar de que según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 177 mujeres y niños fueron asesinados en la masacre.

La resolución también obliga a los culpables a pagar un resarcimiento de Q100 mil a cada familia de las 26 victimas acreditadas. Pero como el juez presidente reconoció, debido a la evidente situación de pobreza en la cual se encuentran los condenados, difícilmente se va a poder cumplir con esta parte de la sentencia.

Los sobrevivientes de la masacre de Río Negro vieron la sentencia de los cinco ex-PAC con sentimientos contradictorios. Lamentando la sentencia de los procesados, un sobreviviente dijo, “Todos somos seres humanos, ellos son iguales que nosotros: pobres y indígenas. Sus familias van a sufrir como resultado de su ausencia.” Subrayando la impunidad que existe en Guatemala y la falta del alcance de la justicia a los niveles intelectuales un testigo dijo durante la audiencia, “justicia solamente llega en Guatemala si uno es indígena.” Aunque ADIVIMA había hecho un llamado a los acusados de revelar sus conocimientos de la cadena de mando durante la época de la violencia para así contribuir a un caso en contra de los altos oficiales, los ex-PAC no comentaron sobre la cadena de mando en sus declaraciones.

Terminando, el juez presidente reconoció el dolor y sufrimiento ocasionado por el proceso tanto por los acusadores como por los acusados; en un llamado por tranquilidad el tribunal pidió “que todos regresen a sus casas en paz, ya que Guatemala y Rabinal en particular ya ha sufrido demasiado”, y “que la sentencia no traiga más dolor y violencia a todos los afectados.”
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Escrito Por: ACOGUATE

Fotos: Josh MacLeod; 1)Los acusados subiendo a un vehículo de la Policia Nacional Civil después de la sentencia; 2)Monumento de la masacre en Xococ ubicado en Pacux, Rabinal, Baja Verapaz;

jueves, 22 de mayo de 2008

Entrevista con Jesus Tecu Osorio: El Caso de Río Negro

La Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia, en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA) es querellante adhesivo en el juicio que se está desarrollando en Salamá, Baja Verapaz por la masacre del 13 de marzo en Río Negro (Ver "El Caso Rio Negro" abajo en este blog). El 8 de mayo, 2008, ACOGUATE encontró a Jesús Tecú Osorio, sobreviviente de esta masacre y testigo dentro del proceso legal, para hablar sobre el juicio.

ACOGUATE: - ADIVIMA es querellante adhesivo en el Caso Xococ. ¿Nos podría hablar un poco sobre ADIVIMA, los grandes rasgos del trabajo legal de ADIVIMA y porqué se involucró en el caso?

JTO: El Caso de Río Negro, desde un principio, empezó a caminar a través del Ministerio Publico hasta en el 2002 cuando ADIVIMA se querelló en el caso para tener participación también adentro del proceso. El proceso así de Río Negro lleva ya 19 años. Entonces ADIVIMA durante todo ese tiempo ha aportado pruebas- muchas veces el Ministerio Publico no funciona entonces el abogado querellante asume los compromisos. Entonces [es] lo mismo que está pasando ahora con ADIVIMA. El testigo de ayer fue renunciado por el Ministerio Publico pero ADIVIMA insistió para que participara, para que se escuchara la declaración del testigo. Eso es un poco el trabajo que ha hecho ADIVIMA. Pero a parte, dentro de ese caso también se está siguiendo el proceso dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso va un poco más en contra la no-captura del Coronel Solares (1). Porque hasta el momento el Estado sabe donde está porque el mismo Estado facilita el pago de su pensión a su cuenta. De alguna forma el Estado sabe donde está pero no quiere capturarlo. Entonces también la lucha por esa vía sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ACOGUATE: Está hablando de este caso frente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se espera de esta petición? ¿Por qué la están proponiendo?

JTO: Lo que estamos buscando allí es la captura del Coronel [Solares] como autor intelectual. Bueno, no solo él, hay unos más … pero él es uno de los autores intelectuales de la masacre de Río Negro. Como no hay colaboración de las autoridades, por eso estamos siguiendo allí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque algún día a través de la Comisión pueden obligar al Estado de entregar a la justicia el Coronel.

ACOGUATE: En cuanto a la situación actual de la victimas, ¿que son las esperanzas por parte de ellos? ¿Qué podrían lograr a través de este juicio?

JTO: Bueno lo que ellos dicen, ojalá que se haga justicia. Pero por otro lado, [los acusados] son autores materiales, son indígenas, mientras que de los autores intelectuales, casi nadie se atreve a hablar. Incluso hasta el mismo organismo judicial casi protege a los autores intelectuales, solo á los autores materiales se atreven a juzgar.

Bueno, y de mi punto de vista como Jesús, ya no como ADIVIMA, como testigo adentro del proceso… para mi son talvez ya suficiente los cuatro años que ya han estado [sic] presos. Porque si se les va a juzgar, si se les va a dar la pena de muerte o lo que sea, me imagino que con eso el Estado va a decir que hay justicia en Guatemala. Entonces lo están utilizando como esto pero en el país no hay justicia. Incluso en el caso de genocidio hay una política directamente en el Ministerio Público de no investigar eso.

ACOGUATE:¿Entonces en cuanto a este juicio para la comunidad y los familiares de las victimas sería de lograr esta sentencia legal ahora y después ver si se puede seguir hasta los autores intelectuales?

JTO: Eso es un poco la idea para ver si pueden declarar también en contra de los autores intelectuales, pero es un poco difícil. Es un poco difícil porque muchas veces en las declaraciones que han dado dicen que sí participaron en las masacres pero no dicen cómo, cómo lo hicieron, de donde vinieron las órdenes. Entonces como que hay ciertas dudas en las declaraciones. Pero también hay mucho riesgo para ellos porque así como están las cosas ahora en nuestro país muchas veces utilizan a la delincuencia común para cometer cualquier hecho.

ACOGUATE: Usted mencionó que no hay tantos choques entre victimarios y victimas. ¿Usted ve diferencias en el contexto en el cuál se está desarrollando este juicio en comparación con el juicio anterior contra los tres jefes de los patrulleros?

JTO: Sí. Fíjate que hace como diez años, cuando estuvimos en el juicio, había familiares de los patrulleros que les querían agredir a los testigos. Había una fuerte participación de los ex-patrulleros con la intención de liberar a los tres que estaban acusados. Pero ahora no, no se ve eso. Casi no llegan los otros patrulleros a ver… casi solo llegan los familiares, pero en el 99 había cientos y cientos de patrulleros.

ACOGUATE: Regresando un poco al juicio de aquí en Salamá, que también es un juicio que se desarrolló en un contexto local bastante limitado. ¿Como se ha desarrollado la convivencia casi permanente con los presuntos autores materiales que también viven en el mismo contexto local?

JTO: Eso ya se volvió costumbre. Después del conflicto armado eso siempre se ha dado. En los días de plaza [mercado] siempre allí se conviven todos. Y muchas veces allá se dan algunas discusiones entre víctimas y victimarios… y amenazas. Entonces es difícil evitarlo porque vivimos en un solo pueblo.

ACOGUATE: Usted está involucrado en varios casos, mirando el contexto general. ¿Usted percibe avances en toda esta lucha en contra la impunidad y la lucha por la justicia en los diferentes procesos?

JTO: Allí lo que estamos haciendo es ver de qué forma para que avance el proceso en contra de los autores intelectuales. Como que decía [yo], ¿será que estamos muy interesados en seguir el proceso en contra de patrulleros? sino que ahora estamos interesados más en contra de los autores intelectuales. Y eso es lo que estamos buscando, a ver como podemos empujar eso. El caso de genocidio a nivel nacional y el caso también a nivel internacional.

ACOGUATE: Todos estos procesos llevan tiempo, ¿usted se siente que el compromiso de la gente es de llevar a estos autores intelectuales a la justicia?

JTO: Se cansa uno pero se cansa más de no hacer nada porque así hay riesgo que se pueda repetir.

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Por ACOGUATE

Referencias del artículo
(1) El entonces capitán, José Antonio Solares Gonzáles, estaba al mando de numerosas operaciones militares que se desarrollaban en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz en el año 1982. Así también fue señalado como uno de los responsables por la masacre de Río Negro del 13 de marzo 1982. Tiene numerosas órdenes de captura y actualmente es prófugo de la justicia.

Las próximas audiencias del juicio tendrán lugar en Salamá el 26 y 27 de mayo de este año. Están previstas las conclusiones y la sentencia final.

martes, 6 de mayo de 2008

Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales. La Taña, Zona Reyna, Uspantán, Quiché.


“Del 22 al 24 de abril de este año, más de 550 personas mujeres y hombres Q´eqchis, Ixiles, Quiches y de otros pueblos de Guatemala se reunieron para analizar la explotación irracional de los recursos naturales en sus comunidades por parte del gobierno y las empresas.” (1) En el gafete que la organización facilitó a todos los participantes se podía leer: “Ríos libres de represas. No a la privatización del agua. Agua para la vida. No más represas.” CAIG-ACOGUATE estuvo presente como observadores internacionales.

“Agua, tierra y maíz, defendamos el país”

Ésta fue una de las consignas coreadas por los asistentes del Encuentro que comenzó el miércoles 23 de abril por la mañana con las palabras de bienvenida de Don Agustín, del Frente Nacional Guatemalteco Contra las Represas. Él mismo hizo la presentación ante un público que llenaba el edificio destinado a las conferencias del evento. Algunas de sus palabras fueron: “Supervivencia. Unidad. Y estrategias de lucha” para defender los recursos naturales.

A continuación, uno de los representantes del consejo del municipio de San Miguel Uspantán, Don Hipólito Hernández, dijo textualmente ante los asistentes del Encuentro, “no a las represas, no a la minería”. Cabe mencionar que el municipio de Uspantán en 2007 realizó una Consulta Comunitaria en la que se dijo por mayoría no a la minería.

Un representante del Gobierno central afirmó que “las represas son hechas no para el pueblo sino para otros intereses”. Se refirió al proyecto hidráulico de Chixoy, situado muy cerca de donde se realizaba el Encuentro, diciendo: “la represa de Chixoy lleva mucha sangre”, aludiendo a las masacres en distintas comunidades llevadas a cabo por el ejército estatal durante los años 70’s y 80’s mientras se desarrollaba el proyecto hidroeléctrico.

Luego, el mismo político recordó que “los españoles ya vinieron a llevar nuestros recursos y todavía hoy”. Con palabras propias de un míting político, que contrastó con el tono reflexivo y sereno de todo el Encuentro, añadió que “el gobierno de los ricos ya terminó. El gobierno actual escucha a los pobres”. Y terminó su elocuente discurso haciendo una referencia a la Zona Reyna de Uspantán, “esta zona representa el espíritu de libertad porque jamás se doblegaron delante del ejército”.

No obstante, como diría más tarde una de las conferenciantes del Encuentro, ya no sirve el “beneficio de la duda” ante las políticas del gobierno, la sociedad civil debe hacer una “auditoria social crítica”.

CONFERENCIAS, MAÑANA 23 ABRIL:
“El monstruo de dos cabezas”

La periodista de El Observador, Carmen Reina, desarrolló en la primera conferencia del día una crítica al gobierno de Álvaro Colom sin demagogia y proporcionando datos e informaciones relevantes sobre los megaproyectos. Para empezar, comparó al gobierno actual de la UNE con un monstruo de dos cabezas. Puso como ejemplo de esta metáfora el prestigioso ambientalista Luis Ferraté, Ministro de Medio Ambiente, y el conservador Carlos Meany, Ministro de Energía y Minas. Dos ministros que, según Reina, defienden intereses completamente opuestos.

La periodista recordó la nueva tendencia del mercado mundial en la producción de agro-combustibles criticando la estrategia de “alimentar carros y no personas”. Actualmente el Congreso de Guatemala promueve una nueva ley para impulsar la explotación de éste nuevo recurso.

Reina enfatizó el hecho de que muchas de las hidroeléctricas implantadas en Guatemala destinan su energía a otros países, como la hidroeléctrica de Xalalá que, dijo, “está diseñada para vender energía directamente a El Salvador, no a Guatemala”.

La periodista mostró distintos mapas para visualizar el desarrollo de los megaproyectos en el país, destacando la conexión entre la vieja hidroeléctrica de Chixoy, la nueva de Xalalá, la ciudad de Guatemala y El Salvador.

Y cuestionó a quien benefician estos proyectos cuando se sabe que de cada 100 proyectos mineros e hidroeléctricos, 80 están en manos extranjeras y 20 en nacionales. Puso como ejemplo Bolivia que obtiene un 60% de los beneficios de la explotación de gas y comparó esta cifra con el 1% que obtiene Guatemala.

Comentó que con el cínico y falso eslogan de Promover el desarrollo de las comunidades, los gobiernos aprueban el desarrollo de múltiples megaproyectos sin la participación de las comunidades como, por ejemplo, la represa de Chixoy. Hoy, 30 años después de la construcción de ésta hidroeléctrica, todavía se encuentran comunidades sin electricidad en la zona.

Otro ejemplo más reciente: “la empresa Hydroxacbal, en Chajul, entró de manera clandestina en las comunidades donde desarrolla su proyecto hidroeléctrico y desalojó a sus habitantes”.

“Consulta Comunitaria, derecho fundamental”


La asesora jurídica de la ONG internacional Derechos en Acción, Marta García, remarcó en la segunda conferencia del Encuentro que las Consultas Comunitarias son un “derecho fundamental” para defender los recursos naturales y los intereses de las comunidades. Empezó recordando el Convenio 169 (2) que dice: “El Estado tiene obligación de realizar consultas a los pueblos indígenas sobre los asuntos que directamente afecten a su forma de vida”.

También subrayó el artículo 141 (3) y recordó que “la soberanía radica en el pueblo”. Definió la soberanía como “la sociedad, las autoridades, el territorio, los recursos, los bienes, el patrimonio y la forma en cómo se administra todo”. Y añadió, “esta soberanía la delegamos en el Gobierno (órgano ejecutivo), el Congreso (órgano legislativo) y los Tribunales (órgano judicial). Sobra decir que los tres órganos deberían ser independientes.

La licenciada puso como ejemplo la Consulta de Zacapa, en Río Hondo, la segunda realizada en el país en 2005, en la que las instituciones públicas dijeron que la consulta era ilegal; no vinculante. No obstante, como afirmó la asesora legal, “Si la consulta es un derecho fundamental, tiene que ser jurídica, es decir que genere una obligación y responsabilidad”. En la jurisprudencia nacional e internacional ya existe ésta interpretación legal de las consultas.

Marta García recalcó que se debe informar a los pueblos de cualquier proyecto o actividad que afecte a los recursos naturales. Y, sobretodo, se debe respetar su decisión. En este sentido, apuntó que ya son “más de 300,000 personas que han dicho no en distintas Consultas Comunitarias” a diversos proyectos que afectan a sus comunidades.

Con la próxima construcción de la represa de Xalalá se calcula que se verán afectadas 32 comunidades y unas 6,000 personas. Y hasta el momento, nadie ha informado de nada a estas comunidades ni se les ha preguntado si quieren que se haga este proyecto. Ésta es la misma dinámica que se impone en todo el país como se pudo comprobar escuchando los casos que contaron muchos asistentes del Encuentro.

“La población del área Ixil, igual que la población de otras áreas y regiones del país, son objeto hoy día de movimientos y operaciones políticas y económicas encubiertas. Es decir, ocultas y desarrolladas a espaldas de los pueblos y comunidades, pero sobre sus propios recursos naturales. Así ha operado en la región una compañía de origen italiano que ha comprado alrededor de 28 mil cuerdas de tierra con seis aldeas dentro de ellas, en la Reserva de la Biosfera del Cerro Visis, sin conocimiento de las comunidades que históricamente han administrado y sobrevivido de los recursos naturales de esas cumbres.” (4).

La sociedad puede hacer uso de los siguientes tipos de consultas: Consulta popular, Consulta de vecinos, Consulta de autoridades y Consulta comunitaria. En todos los casos, y como dice el artículo 44 (5), “el interés social debe prevalecer respecto del particular”. Sin embargo, desde hace mucho tiempo existe un “legislicidio”, en palabras de la especialista García, que “no respeta ni benefician al pueblo”.

Biodiversidad y cerros sagrados

Don Ricardo Cárdenas, de la organización ecologista Madre Selva, fue el tercer conferenciante del Encuentro. Evidenció que “no hay estudios biológicos que documenten la gran riqueza de la biodiversidad de la zona de Xalalá”, donde se va a construir una nueva represa. Y junto con una compañera de la comunidad Las Margaritas presentó un extracto de los resultados del estudio biológico que realizaron el pasado mes de marzo en la Zona Reyna. El mismo concluye que “la represa de Xalalá situada entre los ríos Copón y Chixoy afectará ésta región”.

Los ecologistas recordaron que “los estudios y el conocimiento de la riqueza biológica lógicamente ayuda a la lucha por la defensa de los recursos naturales pues gracias a ellos se sabe lo que se tiene y lo que se puede perder”. También hablaron del lado espiritual de la cultura de este país y el respeto que se debe tener por los “cerros sagrados que son destruidos para construir carreteras y megaproyectos.”

MESAS DE TRABAJO, TARDE 23 ABRIL:

“La tierra no se vende, se cuida y se defiende”

Se organizaron las siguientes cuatro mesas de trabajo abiertas a todos los asistentes: 1) Organización de la defensa de los recursos naturales. 2) Proyectos de represas e hidroeléctricas. 3) Resistencia a los megaproyectos. 4) Experiencias de lucha legal.

En la mesa Resistencia a los megaproyectos, representantes individuales y de asociaciones civiles de distintas zonas del país denunciaron la explotación minera, hidroeléctrica y petrolera en sus comunidades y contaron cómo se organizan para defender los recursos naturales amenazados.

Un representante del Oriente del país, que participó en el grupo de trabajo, dijo que en muchas comunidades de su región las familias sufren de hambruna y desnutrición. Afirmó que todavía hoy en algunas comunidades “los que sobreviven a los tres meses del verano, tienen nueve meses más de vida”. Porque “se puede aguantar unos días sin comer pero no sin beber agua.”

Al final de éste taller-mesa de trabajo se resumió la estrategia de lucha en los siguientes puntos: “1) Obtener información de los proyectos. 2) Organizarse y mantener la unidad. 3) Realizar estudios técnicos. 4) Dinamizar los Consejos y redes de resistencia como los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). 5) Educar, capacitar y concienciar. 6) Desarrollar Comisiones comunitarias. 7) Realizar Consultas comunitarias. 8) No vender las tierras. 9) Interponer recursos legales. 10) Desarrollar un plan o estrategia de lucha. 11) Mantener la presión y la resistencia. 12) Incidir en lo local y nacional-internacional. 13) Organizar la resistencia por regiones y unir la lucha. 14) Difundir la información en los medios de comunicación. 15) No dejarse captar por la cooperación.”

El 4º Encuentro en Defensa de los Recursos Naturales se realizará en la localidad de Ilom, Chajul, todavía sin fecha definida. Será una nueva oportunidad para hacer balance y analizar los impactos de los megaproyectos en las comunidades, la economía del país y la Madre Tierra.

DECLARACIÓN FINAL:
Extracto de la Declaración del Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales

“Proclamamos ante los pueblos de Latinoamérica y el mundo:

1. Somos hombres y mujeres campesinos e indígenas de comunidades rurales, organizadas, que estamos en resistencia ante la invasión y agresión del imperialismo, de las empresas nacionales y transnacionales, las que se están apropiando de nuestros recursos naturales, nuestro territorio, de nuestras vidas.

2. Que nuestros abuelos y abuelas defendieron sus tierras y recursos naturales, los cuales nos heredaron, y ahora es nuestra responsabilidad defenderla para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas, Que así sea, así será. Defenderla de los proyectos imperialistas de Minería a Cielo Abierto, Proyectos Hidroeléctricos, de Privatización de los Recursos Naturales, proyectos de infraestructura y petroleros, que causan devastación, enfermedad y muerte, que destruyen las comunidades y coartan el desarrollo soberano de nuestros pueblos. (…)

TODO PARA LAS COMUNIDADES Y NADA SIN LAS COMUNIDADES.” (6)

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Por ACOGUATE.
Fotos: ACOGUATE 1) La Taña, Uspantán, Quiché 2) La Hidroeléctrica Chixoy, Baja Verapaz. 3. Participantes en el Encuentro


Referencias artículo:
1 y 6 Declaración del Tercer Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de los Recursos Naturales.
2 Convenio 169, sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, Organización Internacional del Trabajo (OIT).

sábado, 5 de abril de 2008

El Caso de Rio Negro


A tres años de haber sido suspendido, se reabrió el caso de Río Negro en diciembre 2007. En este juicio hay seis patrulleros de Xococ sentados en el banquillo acusados por su papel en la masacre del 13 de marzo, 1982. En un juicio anterior en 1999, tres comandantes de la patrulla fueron condenados a 50 años de prisión por su participación en la misma masacre, que tuvo un saldo de 70 mujeres y 107 niños muertos. ACOGUATE ha estado presente en las audiencias, observando el proceso en el cual la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia, en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), actúa como querellante.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), los hechos del 13 de marzo de 1982 representan una etapa en una serie de operaciones impulsadas por intereses económicos y estratégicos, que se concretizaron en “la intención del mando responsable del Ejército de destruir total o parcialmente a dicha comunidad (...).” Las sucesivas violaciones fueron cometidas con el objetivo de desalojar forzosamente las comunidades que residían a lo largo del Río Negro para poder avanzar con la construcción de la represa de Chixoy e inundar el valle del Río Negro en Baja Verapaz. Este proceso se desarrolló bajo los ojos de las instituciones de supervisión, el entonces estatal Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en función de la administración de fondos y la coordinación del proyecto, junto con el Banco Mundial y el Banco Inter-Americano de Desarrollo quienes aportaron los prestamos para impulsar el proyecto .

El desplazamiento de la gente empezó con hostigamientos en 1980 y culminó en cuatro masacres cometidas entre febrero y septiembre de 1982 por efectivos del ejército y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil de Xococ. La mayoría de los sobrevivientes hoy viven en el lugar de reasentamiento previsto por el INDE, Pacux, una aldea modelo situada detrás de un destacamento militar a orillas del pueblo de Rabinal, Baja Verapaz.

El juicio es el segundo que se desarrolla por las violaciones en Río Negro y está enfocado en la masacre del 13 de marzo de 1982. En la primera fase, los supuestos victimarios presentaron sus declaraciones. Algunos de los acusados negaron de haber estado presentes en el lugar de la masacre. Otros subrayaron el papel protagonista del ejército y explicaron como los soldados les habían organizado en patrullas y llevado a Río Negro. Al mismo tiempo no identificaron a los actores del ejército que estaban al mando de la operación. Uno de los acusados admite que no quiso señalar estos por tener miedo de repercusiones por parte de las estructuras militares. Los patrulleros en el caso señalan solo la participación del capitán Solares, quien ya tiene numerosos órdenes de captura y actualmente es prófugo de la justicia.

La segunda parte del juicio ha sido caracterizada por las declaraciones de los sobrevivientes de la masacre de Río Negro. Muchos de ellos se acuerdan detalladamente de los hechos de este día. Cuentan como las mujeres y los niños se habían quedado en la aldea porque se esperaba que no iban a sufrir represalias. Según los testimonios, los habitantes de la aldea que habían permanecido fueron rodeados por los efectivos del ejército y las patrullas civiles y después llevados a un cerro cerca de la aldea, donde muchos fueron torturados, violados y brutalmente asesinados. Pocos lograron escapar la masacre en la cual fueron ultimados 177 mujeres y niños. Una mujer quien logró escapar cuenta lo siguiente: “Vi a mi mamá y a mi abuela en la fila, y las vi morir. Violaron a muchas mujeres. Le dije a mi prima que si se quedara tal vez se salvara. Yo tenía 16 años. Le pedí a mi mamá que se quedara con mi niña, pero no me la quiso recibir. La dejé tirada porque no quería recibirla y huí. Pensé en mi hija, pero no quería morir. Me dispararon mientras corría para el barranco.” También, quedaron vivos 18 niños elegidos por los patrulleros y sucesivamente llevados a Xococ donde fueron forzados a convivir con los patrulleros que habían matado a sus familiares y les mantenían como esclavos.

La acusación señaló que el juicio también ha sido marcado por unas decisiones del fiscal del caso y de la defensa que no parecen contundentes. Entre ellas fue el anuncio del fiscal de querer renunciar a un testigo considerado clave por parte de la acusación. Este testigo, quien formó parte de la patrulla de autodefensa civil de Xococ, había sido citado para que declara quién había dado las órdenes a los patrulleros y porqué. Según los abogados de la acusación, esta aportación hubiera podido contribuir al desmantelamiento de la estructura de mando que operaba detrás de los actuales acusados. En una primera argumentación, el fiscal determinó como abundante la toma de declaración del señor por considerarla repetitiva. Posteriormente, en una segunda explicación, se declaró preocupado por la integridad física del testigo. A causa de las protestas de los abogados querellantes, el fiscal aseguró que averiguaría la posibilidad de tomar medidas para garantizar la seguridad del testigo. En cuanto de las “peculiaridades” por parte de la defensa fue su anuncio el segundo día de querer retirar todos sus testigos del juicio. Al final esta propuesta fue rechazada por las demás partes.

La acusación opinó que estas acciones dilatorias del fiscal y de la defensa buscaban impedir la identificación de los autores intelectuales vinculados con las masacres. Esta lectura puede coincidir con la ausencia de Otto Ponce, comandante del destacamento militar quien fue citado por la acusación pero no se presentó en el tribunal.

Varios familiares de las victimas mencionaron el sentido de hostilidad hacía los familiares presente en la sala de debate. Como señalaron fuentes locales, es una consecuencia de las dinámicas del conflicto armado que creó la división de un contexto local en el cual víctimas y victimarios siguen conviviendo sin esclarecimiento de la responsabilidad intelectual y material de las masacres.

El último acontecimiento que refleja la concentración de violencia en el contexto local, que según diferentes organizaciones de derechos humanos está vinculado con este juicio es el atentado sufrido por Guillermo Chen, director de la Fundación Nueva Esperanza ubicada en el municipio de Rabinal. Como decía un testigo del caso, el juicio muestra que por el momento, la posibilidad de alcanzar una condena jurídica se limita a los agresores, que son “indígenas y pobres” iguales como las víctimas, pero día por día más elementos se juntan y empiezan a identificar a las autores intelectuales de los actos de violencia.

Escrito por ACOGUATE
Fotos: ACOGUATE; 1. Gente de las comunidades de Rabinal, Baja Verapaz afuera de la corte de Salamá. 2. Reconocimiento judicial del lugar hacía Rio Negro que fue suspendido a la mitad del camino

1 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999): Guatemala: Memoria del Silencio.
2 Centre on Housing Rights and Evictions en colaboración con Rights Action (2004): Haciendo realidad las reparaciones en el caso de la repesa Chixoy.
3 Ibíd.
4 http://www.elperiodico.com.gt/es/20080306/pais/49776
5 Ibíd.

viernes, 28 de marzo de 2008

Caso Juana Mendez Rodríguez




El pasado 18 de febrero, en el tribunal de Santa Cruz del Quiche, se abrió el juicio en contra de Antonio Rutilio Matías López, ex-agente de la Policia Nacional Civil (PNC) quién está acusado de violación agravada y abuso de poder en contra de Juana Méndez Rodríguez, una mujer Quiché. ACOGUATE ha estado acompañando el caso desde abril 2007 cuando el Instituto de Estudios Comparativos en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), asesor legal de Juana Méndez, solicitó acompañamiento internacionalpor las amenazas que habían recibido por su participación en el caso.

Los hechos
El 17 de enero de 2005 Doña Juana fue trasladada a Nebaj, departamento de Quiché, con motivo de comparecer frente a un tribunal para hacer su primera declaración ante un juez después de haber pasado más de un mes en detención en Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, acusada de complicidad por no haber denunciado una plantación de amapola que se encontraba cerca de su casa – una acusación que luego fue descartada. Según el relato de los hechos leído en el tribunal al abrir el juicio, la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero, Doña Juana fue agredida sexualmente de manera repetida por dos agentes en estado de ebriedad. En la audiencia del 5 de marzo, Doña Juana narró como, esa noche, los agentes la manosearon, la violaron y después la obligaron a caminar desnuda por la comisaría frente a otros detenidos antes de ordenarla que se bañase frente a ellos para tratar de eliminar evidencias de lo sucedido. Según relató, después del hecho Doña Juana se quedó llorando en el cuarto donde la habían violado preguntándose si “era posible que hacían así con todos los presos.” Doña Juana denunció esos hechos el día siguiente cuando fue llevada al juzgado de Nebaj para hacer su declaración.

Amenazas contra el ICCPG y acompañamiento internacional

Más de tres años después de que Doña Juana denunció los hechos, el caso por fin ha llegado frente un tribunal tras un proceso que “ha sido obstaculizado por continuas amenazas a testigos, a la víctima y a organizaciones civiles que la apoyan” (Prensa Libre, 15 de mayo 2007). El querellante adhesivo en el caso, el ICCPG, ha sido el blanco de la mayoría de esas amenazas. De hecho, en los primeros meses de 2007, integrantes del ICCPG sufrieron varios incidentes de intimidación de alta intensidad – allanamientos, vigilancia, seguimiento, secuestro, disparos en frente de la oficina, amenazas de muerte – y, en consecuencia, solicitaron acompañamiento internacional de ACOGUATE en abril 2007.

Según entrevistas al medio de comunicación arriba mencionado, los ataques se interpretan como unas “advertencias explícitas de no seguir con el caso… (y que por esta razón) se pidió el apoyo del entonces director de la PNC, Julio Hernández, ya que tienen la certeza de que las amenazas y ataques provienen de agentes en servicio”.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Guatemala “las amenazas pueden estar en relación con el trabajo que desarrollan los miembros del ICCPG… en la investigación, documentación y denuncia de violación, tortura y ejecuciones extrajudiciales dentro del sistema penal de Guatemala. Actualmente el ICCPG es querellante adhesivo en varios casos legales que involucran a oficiales de la PNC y/o funcionarios públicos, responsables de una series de violaciones de derechos humanos que van desde las detenciones ilegales, la tortura hasta las ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas, de persona en prisión y de, probablemente, las acciones en contra de algunos defensores de derechos humanos.” (http://www.fidh.org/spip.php?article4281).

Violencia sexual a manos de agentes del Estado
El día anterior al inicio del juicio, integrantes de varios grupos de mujeres llegaron a Santa Cruz del Quiche para solidarizarse con la señora Méndez – que todos los que han estado involucrado en el caso conocen como “Doña Juana.” La mañana del 18 de febrero, un centenar de mujeres marcharon por las calles del pueblo cargando pancartas en las cuales se podían leer mensajes exigiendo que se haga justicia en el caso y que se referían también al hecho que la violencia sexual es una realidad conocida por muchas mujeres. “Doña Juana, su verdad es mí verdad leía una y, otra: Cuando violan a una, violan a todas”. Según el ICCPG, la violencia sexual en contra de mujeres por parte de los que las custodian es muy común en las comisarías y cárceles del país. Efectivamente, un estudio llevado a cabo por el ICCPG en 2005 reveló que hasta el 75% de mujeres en detención preventiva son víctimas de abusos y violencia sexual a manos de agentes del Estado. A pesar de que 43% de estas mujeres denunciaron el hecho ante un juez, solo un caso ha llegado al Ministerio Publico.

El caso de Doña Juana es el primer caso de abuso sexual que señala a un agente de la PNC y que llega a ser escuchado por un tribunal penal. Por lo tanto, varios grupos de mujeres afirman que es importante que se de un juicio transparente y justo en este caso para tratar de romper la impunidad en la cuál estos crimines están cometidos y para que otras mujeres se atreviesen a denunciar hechos similares. Este caso ya quebró una de las barreras de la impunidad en mayo de 2006 cuando Matías y el segundo agente acusado en el caso, Nery Osberto Aldana Rodríguez (quién aún está prófugo), fueron destituidos por el Tribunal Disciplinario de la PNC quién les declaró responsables de tortura. Fue la primera sentencia emitida por este tribunal por el delito de violación y la primera vez que éste reconoció a la violencia sexual como forma de tortura.

El juicio
La primera audiencia en el caso – el 18 de febrero – fue enfocada más que todo en los peritajes médicos. Por medio del interrogatorio dirigido por el Consultor Técnico del ICCPG, el Dr. Jorge de la Peña Martinez, se logró establecer que el médico que examinó a Doña Juana el día después de la violación – el Dr. Isaías Juarez, el entonces director del hospital regional de Nebaj – desconocía el protocolo de actuación en evaluaciones de victimas de violación y, además, que antes de examinar a Doña Juana, nunca había practicado un examen ginecológico. Él mismo reconoció que había hecho “muchas equivocaciones” en su informe – en el cual había concluido que no se había encontrado evidencia conclusiva de violación.

El ex-agente de la policía acusado, Antonio Rutilio Matías López, quién se había negado a declarar al inicio del juicio al final declaró después del testimonio de Doña Juana en la audiencia de 5 de marzo. Él afirmó que no se encontraba en la sub-estación de Nebaj la noche del 17 al 18 de enero de 2005 porque había salido sin permiso para llevar a su hijo pequeño al hospital. Sin embargo, en la primera audiencia, el 18 de febrero de 2008, un ex-agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y compañero de trabajo del acusado, había testificado en contra de Matías, afirmando no solo que este último estaba presente la noche de la violación y que estaba bajo el efecto del alcohol, pero también que lo vio cuando estaba encima de la victima, abusándole. Este ex-agente de la PNC prestó testimonio en el caso a pesar de haber sido victima de muchas amenazas y actos de intimidación por su participación en el caso – ha tenido que huir de Nebaj y aún se encuentra bajo medidas cautelarías del Ministerio Publico.

El caso todavía está en proceso – las conclusiones se van a dar en abril. Queda por ver si el deseo expresado por Doña Juana se cumplirá: “Quiero que se haga justicia, no quiero que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo que a mi me pasó, porqué no es justo.”
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Escrito por ACOGUATE

Referencias:
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG – Cifras de impunidad del crimen policial contra mujeres. Guatemala, 2005.
http://www.amnesty.org.ru/library/Index/ESLAMR340142007?open&of=ESL-GTM
http://www.fidh.org/spip.php?article4281
http://www.prensalibre.com/pl/2007/mayo/15/170850.html
http://www.prensalibre.com/pl/2006/junio/18/144527.html
http://www.prensalibre.com/pl/2007/julio/17/177237.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/14/220163.html
http://www.prensalibre.com/pl/hoy/220997.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/19/220579.html
http://www.prensalibre.com/pl/2008/febrero/28/222898.html
http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=26225&fch=2008-02-18
http://www.cerigua.org/portal/Article13199.html
http://www.cerigua.org/portal/Article13240.html
http://elperiodico.com.gt/es/20080303/pais/49561/

Entrevista con Claudia Paz y Paz - Directora Ejecutiva - ICCPG - 25 de febrero, 2008

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG – fue creado después de los Acuerdos de Paz y tiene el mandato de investigar y documentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por los funcionarios y autoridades guatemaltecas, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos y maltratos así que la violencia sexual dentro de los centros de detención del país. ACOGUATE encontró a su directora, Claudia Paz y Paz, en Santa Cruz del Quiché.

ACOGUATE: Que significa para el ICCPG lo que ahora se conoce como el caso Juana Mendez?

CPP: Es muy importante. Es la oportunidad de acompañar a una mujer que por diversas razones, tuvo la fuerza y la voluntad de denunciar el caso. El hecho que ella tenía la valentía de hacerlo y que el ICCPG la pudo apoyar, puede sentar un precedente para todos los demás casos donde cualquier policia que esté en esta situación lo piensa dos veces antes de cometer un hecho similar. Con Juana Mendez, los policias actuaron en total impunidad en presencia de todos y no tuvieron ninguna pena.

Para nosotros como Instituto, el caso es también muy importante, porque es el primer caso donde nosotros acusamos. El ICCPG había sido una institución más académica, hacemos investigaciones, propuestas normativas, capacitación, pero casos, no. Los únicos casos que llevamos eran en unos casos de condena de muerte para lograr la conmuta, y cambiarla por más años de prision. Y esos casos si les ganamos, pero es distincto porque allí estabamos defendiendo, y acompañando la defensa pública penal ante la Corte Interamericana, pero este caso como tal, ante el sistema nacional, representa para nosotros un gran aprendizaje y una gran inspiración para seguir defendiendo los derechos de la mujer.

ACOGUATE: Es la primera vez en el país que un caso de abuso sexual contra una mujer privada de libertad llega hasta la última etapa del debate oral. Que fue el trabajo que se ha hecho por parte del ICCPG para llegar a este momento?

CPP: Partimos de las investigaciones que había hecho mi colegua Ana Lucía Moran con las otras compañeras en las carceles. Esta investigación fue la base para una capacitación que sensibilizó a los defensores públicos sobre la situación de las personas en las cárceles, y esta capacitación permitió que el defensor público fuera el enlace con el ICCPG. Entonces desde el inicio, la investigación rendió frutos no sólo para sensibilizar pero también para prevenir futuros hechos. Luego, hubo todo un trabajo hecho con las compañeras de las organizaciones de mujeres, lo que hace que el caso Juana Mendez ya no es sólo “su” caso o el caso del ICCPG, sino el caso de muchas mujeres que se han incluido en este proceso.

Otra cosa importante en este proceso fue el uso de los peritajes, porque allí aprendimos qué pruebas son relevantes, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y esto es un aprendizaje para nosotros pero también para los peritos, por si en algun momento quizieran llevar otros casos penales de violación sexual contra una mujer. En México y en Costa Rica el uso de esos peritajes de género se han hecho desde varios años, en particular cuando se trataba de mujeres privadas de libertad por matar a un agresor. Con esos peritajes se podía establecer por ejemplo la presencia de violencia domestica previa al delito y hacer ver que la mujer había matado por su propia defensa. Pero en Guatemala, y en este caso, todo fue nuevo.

ACOGUATE: Sin embargo, ¿el caso de Juana Mendez no es nuevo con respecto a la situación que viven las mujeres encarceladas en Guatemala?

CPP: Es verdad. El caso de Doña Juana es un caso paradigmatico, porque habla cualitativamente de lo que la investigación nuestra documentó quantativamente, es decir que hay un patrón de violencia y de violaciones sexuales muy común contra las mujeres privadas de libertad. Por lo tanto, cualquiera de nosotras que tenga que pasar una noche en una comisaria o una carcel corre esté riesgo. Con este caso y todo lo que se ha denunciado ahora, esperemos que el riesgo pueda disminuir.

ACOGUATE: Las denuncias son el primer paso. Pero de manera general, ¿cómo reacciona el sistema judicial ante estas denuncias y estos abusos cometidos en las carceles?

CPP: En general, hay una impunidad enorme. Entre 96 y 98% de los casos quedan en la impunidad, y aquí sólo hablamos de los casos que sí se denuncian. Hay muchos abusos que no se deuncian, porque las mujeres saben que no va a funcionar, que les van a culpabilizar, que pueden recibir también rechazo de su comunidad, de su familia.

Con Juana Mendez, estamos hablando de una mujer Kiché, que no tuvo la oportunidad de tener educación, que se encontraba presa dentro de una comisaria en Nebaj, que es un sitio muy aislado... El hecho que para este caso se alcanza la justicia es excepcional! Las mujeres privadas de libertad son un grupo sumamente vulnerable. Aquí en Guatemala las cárceles son tierra de nadie. Lo que pasa allí a nadie le importa, nadie se molesta por eso. Además, dentro de las mujeres privadas de libertad, unas de las más vulnerables, y son minorías, son las mujeres mayas. Sufren discriminación, dentro de las propias reclusas, dentro de los funccionarios penitenciales, y no tienen traductoras. El sistema no se preocupa de que haya personal que habla las idiomas de los varios grupos lingüísticos de este país.

ACOGUATE: Muchas veces, los funcionarios del sistema judicial justifican su inacción por la falta de recursos del Estado guatemalteco. ¿Que opina de esto?

CPP: Sin duda el Estado guatemalteco es pobre, y el sistema de justicia tiene escasos recursos, especialmente por el nivel de delitos. Tomemos por ejemplo Holanda, que es un país de 16 miliones de habitantes, y que tiene al año 254 homicidios. En Guatemala, somos 12 miliones y tenemos hasta 6000 homicidios anuales. Con esta situación, cualquier sistema de justicia colapsa! No hay prevención, no hay control sobre la portación de armas, no hay investigaciones, o sea muchas cosas faltan y el sistema se satura. Además, de los pocos recursos que hay, son mal utilizados. Por ejemplo, los policias de Nebaj deberían estar en Nebaj, hablando la misma idioma que la gente allá! En una investigación que hicimos, nosotros documentamos que los departamentos donde se producen la mayoría de las violaciones sexuales y muertes violentas de mujeres, son los departamentos donde hay menos funcionarios, como policias, fiscales, investigadores... Eso no tiene mucho sentido.

ACOGUATE: Frente a tal perspectiva, se podría decir que el caso de Juana Mendez representa una posibilidad de cambio y una esperanza para la lucha de las mujeres?

Sí, aunque el juicio no ha sido facil. Hubo momentos muy dificiles para nosotros, y ustedes de ACOGUATE lo saben, verdad, porque es donde nos han podido apoyar. En estas situaciones, la que nos dio mucha esperanza y fuerza fue Doña Juana misma, porque siempre quizo seguir. A parte, lo que dio mucha motivación fue de ver más y más organizaciones de mujeres que se sumaron y que vieron eso como parte de su lucha. En fin, hay que apuntar que hemos visto que hay funcionarios de justicia que son buenos y que cumplen con su trabajo, o sea, no todo el sistema está perdido!
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Entrevista realizada por ACOGUATE

sábado, 19 de enero de 2008

El fallo de la Corte de Constitucionalidad consolida la impunidad en Guatemala

En junio de 2006, la Comisión Rogatoria de la Audiencia Nacional de España llegó a Guatemala para dar seguimiento a la investigación internacional protagonizada por la Fundación Rigoberta Menchú Tum. CAIG-ACOGUATE acompañaba a varias/os testigas/os que fueron llamadas/os para dar su testimonio. Un año y medio después, seguimos monitoreando este caso. CAIG-ACOGUATE expresa su profunda preocupación por el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a las implicaciones que este tiene al Estado de Derecho y la situación de impunidad en la cual se encuentra el país.

El pasado 14 de diciembre 2007 se dio a conocer a través de los medios de comunicación el fallo de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, en el cual se decretó como nula la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia de detención de los generales retirados Ángel Aníbal Guevara Rodríguez y Pedro García Arredondo y se exigió la liberación de los antes mencionados. Las detenciones de dichos generales fueron trámites de extradición judicial solicitadas por España con motivo de investigaciones por crímenes de derecho internacional cometidos por los ex militares, entre ellos, José Efraín Ríos Montt ex presidente de Guatemala. La corte deja sin efecto, en Guatemala, las extradiciones emitidas por España por provenir de un país que, según la decisión de los magistrados, no tiene jurisdicción en Guatemala.

Juristas expertos en materia penal confirman que el fallo contiene una serie de arbitrariedades tanto legales, como jurídicas, por no basarse en instrumentos legales, por violar y omitir convenciones y estatutos internacionales de las que Guatemala es parte, como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura, las cuales establecen el deber de los Estados de conceder la extradición cuando se trata de crímenes de esta índole.

Entre las arbitrariedades existentes en el fallo se observó además que la corte denegó a España su competencia en el caso por genocidio, argumentando que el derecho de independencia y soberanía de la justicia guatemalteca, estaban siendo violados por España al no tener este país jurisdicción en el caso. La corte con esos argumentos no tomó en cuenta que la jurisdicción de España en este caso se ampara en el Principio de Jurisdicción Universal. Dicho principio permite y obliga a los estados a actuar jurídicamente contra otro estado donde se han cometido crímenes de carácter internacional, como la tortura, el genocidio y crímenes de guerra, independientemente que estos crímenes no hayan sido cometidos en su territorio, sus ciudadanos o su estado.

El Principio de Jurisdicción Universal no reconoce territorio, ni inmunidades cuando se trata de procesar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad dado que son crímenes de gran magnitud y constituyen graves violaciones de los derechos humanos. De esa manera cabe destacar que dicho principio es un principio de gran fuerza jurídica en el plano de Derecho Internacional. Este principio ya ha sido anteriormente aplicado en casos de genocidio como por ejemplo en el caso de España contra ex militares argentinos.

Por otro lado en el fallo, los magistrados indican que los crímenes cometidos por los ex- militares son crimines comunes conexos políticos, utilizando esta definición para absolver a los ex-militares aludiendo que los hechos que se les imputan no tienen conexión con el tratado de extradición entre Guatemala y España sino tienen un carácter común significando que se concede amnistía a los acusados bajo la Ley de Reconciliación Nacional. En Articulo III punto 4 y Articulo V del tratado de extradición dice que no habrá extradición por delitos conexos políticos. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos en su comunicado del 16 de enero, el fallo de la CC, al negar las órdenes de detención y extradición con la premisa que los delitos que cometieron los acusados “contra el pueblo maya” son hechos políticos y no actos de genocidio y tortura se burla del derecho internacional y de la “obligación de todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar el delito de genocidio.”

El fallo a pesar que consta de graves y evidentes arbitrariedades, según los abogados de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, no es apelable, porque la Corte de Constitucionalidad es la última instancia judicial de apelación en Guatemala. Dicha situación complica el caso ya que lo retrasa. Sin embargo el juez español Santiago Pedraz proseguirá con la investigación del caso en España, dado que el fallo no afecta las investigaciones en el exterior del país, y según un auto enviado por Pedraz el 16 de enero de este año, las órdenes de captura están aún vigentes a nivel internacional.

Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional Española calificó de vergonzoso el fallo de la CC y dicha resolución ha sido rechazada por diversos sectores de la sociedad guatemalteca, por grupos indígenas, por organizaciones de derechos humanos y por medios nacionales e internacionales de comunicación por ser un fallo que en vez de fortalecer la justicia y la democracia en el país contribuye a consolidar uno de los problemas que más azota al pueblo guatemalteco - la impunidad.

Por ACOGUATE

(Foto por Alex Castillo - CALDH: Rigoberta Menchú Tum durante la conferencia de prensa en la Procuraduría de Derechos Humanos)

Referencias:
Fallo de la CC (Expediente 3380-2007): http://www.cc.gob.gt/index-2.html
http://www.definicionlegal.com/definicionde/Jurisdiccion.htm
http://www.lahora.com.gt/notasn.php?key=24458&fch=2008-01-16
http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/21/191127.html
http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/19/190938.html
http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/18/190810.html
http://www.lahora.com.gt/notasn.php?key=18793&fch=2008-01-12