Caso legal en contra de 17 militares, soldados de las fuerzas especiales kaibiles y oficiales del Ejército de Guatemala, por la masacre perpetrada en diciembre de 1982 en el parcelamiento de las Dos Erres, departamento de El Petén, en la cual fueron masacradas 252 personas. ACOGUATE brinda acompañamiento a la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, representante legal de los familiares de las víctimas de las Dos Erres.
Foto: Aura Elena Farfán, Presidenta de FAMDEGUA, da declaraciones en una conferencia de prensa.
En marzo de 1982 se instala en el poder—tras un golpe de estado—una junta militar encabezada por José Efraín Rios Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores . Este gobierno de facto dictó el Plan de Seguridad Nacional y Desarrollo de acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense que imperaba en el continente americano y definía las estrategias en la lucha contra el comunismo. El plan de campaña Victoria 82 constituye la puesta en práctica de esta doctrina en Guatemala, dando paso a una de las fases más sangrientas del conflicto armado interno, caracterizada por una política de tierra arrasada cuyo objetivo era “aniquilar a la guerrilla y organizaciones paralelas” [1]. En este contexto se llevaron a cabo masacres, sistemáticas e indiscriminadas, en contra de la población que supuestamente apoyaba a las “fuerzas subversivas”.
En la madrugada del 7 de diciembre de 1982, una patrulla de aproximadamente 60 kaibiles —fuerza especial contrainsurgente del ejército [2]—entró en el parcelamiento de las Dos Erres (La Libertad, Departamento de El Petén) haciéndose pasar por guerrilleros. Cerraron el paso al parcelamiento tras de ellos, sacaron a los pobladores de sus casas y separaron a mujeres, hombres, ancianos y niños. La primera víctima, arrojada a un pozo, fue une bebe de tres meses, 252 personas fueron torturadas y asesinadas en 18 horas [3]. El 9 de diciembre el comandante del destacamento militar de Las Cruces, Carlos Manuel Carías, ordenó la quema del parcelamiento.
La búsqueda de justicia
En junio de 1994, Aura Elena Farfán—presidenta de FAMDEGUA—presentó una denuncia penal por el delito de asesinato ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de El Petén, solicitando la exhumación de las víctimas de la masacre. Dicha exhumación fue llevada a cabo, en El Pozo de las Dos Erres, por el equipo de antropólogos forenses argentinos (EAAF) que encontró 162 osamentas y numerosas evidencias. De forma paralela la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y FAMDEGUA presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso duraría dieciseis años.
En el año 2000 se iniciaron las conversaciones, entre los representantes de las víctimas y el Estado, para llegar a un acuerdo de solución amistosa. En el marco de este acuerdo de verdad, justicia y reparación [4]—suscrito en abril de 2000—el Estado Guatemalteco reconoció su responsabilidad por la masacre perpetrada entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, así como su responsabilidad institucional frente a la dilatación de la investigación judicial de los hechos. El Estado se comprometió a lo siguiente:
- Hacer público el reconocimiento de la responsabilidad estatal. (El presidente Alfonso Portillo asumió públicamente la responsabilidad por la masacre en Agosto de 2002.)
- Realizar una investigación y condenar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.
- Reparar en forma colectiva a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.
- Brindar apoyo psicosocial y clínico a las víctimas.
- Crear una Comisión de Identificación y Localización de Víctimas y Familiares de la Masacre de Las Dos Erres.
En el terreno judicial, el Fiscal Especial asignado al caso recibió—en marzo del año 2000—en calidad de prueba anticipada, el testimonio de tres ex-kaibiles que presenciaron los hechos, tras lo cual se giraron órdenes de captura por el delito de asesinato en contra de 17 miembros del ejército. Con la detención de seis de los sindicados se inició el largo proceso de interposición de amparos ante la Corte de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad. Hasta la fecha se recibieron 45 expedientes de amparo, la mayoría de ellos basados en la Ley de Reconciliación Nacional que contempla la extinción de la responsabilidad penal para delitos políticos cometidos durante el conflicto armado interno [5].
En este contexto de dilatación del proceso judicial, la oficina de FAMDEGUA fue asaltada en dos ocasiones—2000 y 2003—y se sustrajo información relacionada con el Caso de las Dos Erres y de Josefinos [6]. Al respecto, la Misión de Verificación de la Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) declaraba que este tipo de hechos “busca inhibir el accionar de las víctimas respecto de denuncias en materia de derechos humanos, así como obstaculizar los avances procesales en algunos casos de impacto nacional en los que se vincula a agentes del Estado.” [7] Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales repudiaron enérgicamente estos hechos—en una acción urgente del 8 de septiembre de 2003—que solo buscaban obstaculizar la búsqueda de la verdad y la justicia, y responsabilizaban a su vez a las instituciones del Estado por “su incapacidad (...) de brindar seguridad y protección a los defensores de los Derechos Humanos”.
La lentitud del sistema judicial guatemalteco propició que los representantes de las víctimas desistieran del acuerdo de solución amistosa con el Estado y volvieran a activar, en 2006, los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Marzo de 2008 la Comisión finalizó su informe sobre la demanda interpuesta en 1996, concluyendo que:
“1. La masacre de Las Dos Erres fue planificada y ejecutada dentro de la política de “tierra arrasada” dirigida por el Estado guatemalteco contra toda la población calificada como “enemigo interno”, en un contexto que predominó por el desconocimiento de los derechos humanos más fundamentales y los valores compartidos por la comunidad interamericana. 2. El Estado de Guatemala es responsable de la violación de los derechos humanos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la familia y del niño, a la propiedad privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial (…).” [8]
Frente a la falta de voluntad del Estado guatemalteco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión, ésta presento el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició sus diligencias en septiembre de 2008. El 24 de noviembre de 2009 la sentencia de la Corte recogía las violaciones a las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos, de Prevención y sanción de los delitos de genocidio, de Prevención y sanción de la Tortura, cometidas por el Estado de Guatemala en la masacre de las Dos Erres. La sentencia resaltó asimismo que dada la gravedad de los hechos “el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada (…) o cualquier excluyente similar de responsabilidad (…) El Estado deberá continuar con el proceso penal, sin mayor dilación”. A raíz de esta sentencia, FAMDEGUA y el Ministerio Público (MP) solicitaron el peritaje de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) con el fin de identificar los restos óseos encontrados en 1995. Las huellas genéticas halladas pasaran a formar parte del Banco Genético Nacional de Familiares y Víctimas de Desaparición Forzada.
La sentencia de la CIDH forzó la reactivación del caso, y la Corte Suprema de Justicia lo declaró caso de alto impacto por lo que se traslado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo de la capital. En el transcurso de los meses de Julio a Septiembre se llevaron a cabo las audiencias en las que formalmente se acusaron al teniente Carlos Manuel Carías y a los sub-instructores kaibiles Manuel Pop Sun y Reyes Collin Gualip de hurto delictivo, asesinato de 201 personas y delito contra deberes de humanidad. FAMDEGUA y organizaciones de apoyo de la sociedad civil nacionales e internacionales mostraron su preocupación por las presiones ejercidas por la defensa legal en contra de la jueza Carol Patricia Flores, y por la tensión palpable entre familiares de los sindicados y familiares de las víctimas durante las audiencias.
Al mismo tiempo un tribunal de Florida, Estados Unidos, sentenciaba al ex kaibil Gilberto Jordán a 10 años de prisión por fraude de naturalización. Jordán dio informaciones falsas en el formulario para obtener la ciudadanía estadounidense, ocultando su participación en, no sólo un hecho delictivo, sino en la sangrienta masacre de las Dos Erres. El juez del tribunal señaló que el fallo debía ser un mensaje claro para “los que han cometido violaciones atroces a los derechos humanos en el exterior” y que éstos “no encontrarían un refugio seguro frente a un proceso judicial en los Estados Unidos.” [9]
Durante innumerables horas bajo el sol y la lluvia, los familiares de las víctimas se han mantenido en pie frente a la entrada de la Torre de Tribunales para reclamar justicia y reconocimiento por la masacre de 1982, varias generaciones de mujeres y hombres que perdieron a los suyos, y que siguen inmersos en un proceso de duelo que ha durado ya 28 años. Para ellos, “los muertos nunca serán olvidados” [10]. En Octubre, El MP, el querellante adhesivo FAMDEGUA y la defensa presentaron sus pruebas. Se espera la apertura del debate oral para mediados de este año.
Conmemoración de las masacres
El pasado 7 de Diciembre—en el veintiocho aniversario de la masacre—los familiares de las víctimas se reunieron alrededor del memorial erigido en el cementerio de las Cruces en honor a las personas asesinadas en 1982. Los familiares organizaron un emotivo acto durante el cual plantaron en la tierra ocre de El Petén, banderitas con los nombres de sus familiares, amigos y vecinos masacrados, leyeron poemas y lanzaron tres palomas blancas al aire simbolizando a los adultos, jóvenes y niños que perdieron la vida aquel día. Varios familiares de las víctimas intervinieron, muy conmovidos, recordando a sus seres queridos y exigiendo justicia. A petición de los familiares de las víctimas, Aura Elena Farfán se dirigió a todos los presentes para recordar como se inició este proceso -gracias a los sacerdotes y catequistas de La Libertad- y cómo se ha logrado llegar hasta el proceso judicial que se inició en el mes de julio. Hizo asimismo un llamado a la unión y a la solidaridad entre todos los familiares de las masacres y desapariciones perpetradas en la región en aquella época: “todo esto no lo olvidemos amigos por favor, ya tuvimos tiempo para llorar, para esperar, ahorita es el momento, ahorita es el momento que la comunidad de las Cruces, de Josefinos y todos los alrededores se unifiquen en un solo grito, pidiendo la aplicación de la justicia”.
El día amaneció frío, entre la neblina, sin embargo el sol acompaño y calentó a la multitudinaria caravana que recorrió las aldeas—Los Manueles, Los Josefinos, Palestina, Vista Hermosa—tocadas por la violencia y la crueldad del conflicto armado. Como dijó Aura Elena Farfán al finalizar su intervención: “es doloroso recordar el pasado, porque es muy doloroso, pero es necesario para construir una Guatemala diferente donde verdaderamente respeten la vida, respeten todos nuestros derechos.”
Los últimos acontecimientos en el caso
El caso de la masacre de las Dos Erres sigue su camino en el laberinto del sistema judicial guatemalteco. En el mes de enero la Corte de Constitucionalidad resolvió aceptar el recurso de ámparo interpuesto por los acusados. FAMDEGUA y el abogado del caso, el Lic. Edgar Pérez, presentaron un recurso de ampliación y aclaración del fallo, considerando que contraviene la resolución de la Corte Suprema de Justicia para la ejecución de la sentencia de la CIDH. En efecto la sentencia de la CIDH, instaba al Estado guatemalteco a “remover todos los obstáculos que han generado impunidad en el caso, como el uso desproporcionado de amparos.” [11] Mientras tanto, era arrestado en Canadá uno de los 17 sindicados por la masacre, el kaibil Jorge Vinicio Orantes Sosa, reclamado por la justicia estadounidense por el delito de fraude naturalización. Un tribunal canadiense deberá pronunciarse sobre un posible proceso de extradición hacía los Estados Unidos [12].
[1] Plan de Campaña Victoria 82.
[2] Comisión de Esclarecimeinto Histórico (CEH). Guatemala: Memoria del Silencio. Caso ilustrativo nº31 http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no31.html
[3] Larry Kapplow, Unearthing a massacre. Global Post. 29/04/2010 http://www.globalpost.com/dispatch/the-americas/100427/guatemala-exhumation-las-dos-erres
[4] Acuerdo Marco de solución amistosa entre los representantes de las víctimas y el Estado. 01/04/2000
[5] La Sentencia del 24 de Noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de las Dos Erres contra República de Guatemala, hace referencia a la actuación del sistema judicial guatemalteco de la siguiente forma: “el retardo injustificado en el proceso penal por más de 15 años es atribuible no solo al uso indiscriminado de recursos por parte de los imputados, sino a la falta de voluntad e interés de las autoridades judiciales del Estado que han conocido de los mismos, ya que no han tramitado debidamente numerosos recursos, y han sometido el caso al procedimiento establecido en la LRN [Ley de Reconciliación Nacional].”
[6] Masacre perpetrada por el ejército el 29 y 30 de Abril de 1982, en la que murieron aproximadamente 57 personas (entre ellas 15 niños). Las casas de los pobladores fueron quemadas y sus cuerpos arrojados a una fosa común. FAMDEGUA, en calidad de representante de los familiares de las víctimas, presentó el 18 de abril de 1996 la denuncia penal ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de El Petén. En 2004, FAMDEGUA junto a CEJIL, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de este año se traslado el caso al Juzgado de Primera Instancia Penal de Alto Riesgo de la capital.
[7] “Minugua y Copredeh preocupados por asalto a FAMDEGUA”, El Periódico. 06/09/2000
[8] Informe de Fondo 22/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacre de las Dos Erres contra República de Guatemala. http://www.cidh.org/demandas/ 11.681%20Dos%20Erres%20Guatemala%2030%20Julio%202008%20ESP.pdf
[9] National Security Archive, “Former Guatemalan Soldier Sentenced to Ten Years for Lying About Role in Dos Erres Massacre,” 16/09/2010. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB316/index.htm
[10] Declaración de un familiar de las Dos Erres tras la ceremonia realizada durante la segunda exhumación llevada a cabo por FAFG en abril de 2010.
[11] Recursos de ámparo generan impunidad en caso Dos Erres. Agencia Guatemalteca de Noticias. 31/01/2011. http://agn.gob.gt/agn/index.php?option=com_content&view=article&id=4493:recursos-de-amparo-generan-impunidad-en-caso-dos-erres&catid=52:seguridad&Itemid=147
[12] Canadá realizará audiencia sobre extradición de vinculado a masacre de Dos Erres. Emisoras Unidas. 19/01/2011 http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/canada-realizara-audiencia-sobre-extradicion-de-vinculado-masacre-dos-erres
