Nueva alza de tensión entorno a la presencia minera en San Miguel Ixtahuacán

Desde la llegada, en 2004, de la empresa Goldcorp y su subsidiaria Montana Exploradora en el municipio de San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos, se ha registrado un incremento en la conflictividad local relacionada a la presencia minera. Detrás de esta creciente conflictividad que involucra a distintos miembros de la población, los que rechazan al proyecto, la misma empresa y sus trabajadores, elementos de Policía Nacional Civil y el ejército, son los problemas señalados de ser vinculados a la explotación minera - agua y aire contaminados, pozos secados y la generación de problemas de salud. En fin, este conflicto está relacionado al derecho de los pueblos indígenas a determinar el uso de sus recursos naturales.

Un nuevo acontecimiento se agregó a la lista de incidentes en la región cuando el viernes 12 de junio de 2009, se fracasó una reunión en el caserío de Sacmuj entre unos representantes de la Montana y comunitarios/as que estaban exigiendo el retiro de maquinaria de la minería que estaba estacionada en un terreno recién comprado por esta empresa. No llegó nadie de la empresa a pesar de su promesa por escrito el día anterior constatando que iban a retirar su maquinaria de este lugar. Esto fue considerado una falta de respeto a los/as pobladores que por consecuencia quemaron la maquinaria de la empresa. Esta situación pone a la luz la ausencia de un comprehensivo diálogo entre ambos grupos – la empresa y los/las pobladores - y la utilización de la seguridad pública para defender los intereses de los/as empresarios/as. Además subraya la falta de reconocimiento por parte de la empresa de los procesos tradicionales de los/as comunitarios/as relacionados a la necesidad de llegar a consenso en cuanto a decisiones sobre territorio indígena.
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En Sacmuj, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, la gente se preocupó de la presencia de nueva maquinaria de la empresa Montana que estaba ubicada cerca a tres pozos de agua. Efectivamente, esos pozos proporcionan el agua a las comunidades cercanas por lo cual sus pobladores se asustaron de una posible contaminación del agua así como la posibilidad que se secarían los pozos por culpa de la actividad minera como había ocurrido en otras partes del municipio anteriormente.

Sin embargo, la Montana tiene licencia de explotación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a pesar de que en más de la mitad de las 59 aldeas del municipio de San Miguel Ixtahuacán donde se realizaron consultas populares hubo un rechazo a la presencia minera. Esta situación se refleja en el fallo de la Corte de Constitucionalidad que determina, en el año 2007, la legalidad de las consultas pero niega su carácter vinculante. Este fallo ignora en sí los derechos constitudinarios de los pueblos indígenas en cuanto al uso de los recursos naturales en su territorio como estipulado en los artículos 15 y 16 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso de Guatemala el 19 de marzo 1996.

Ante la presencia de la maquinaria en Sacmuj, se abrió diálogo entre pobladores y gerentes de la mina el miércoles 10 de junio de este año para discutir su retiro. Los gerentes de la minería denunciaron la postura amenazadora de los/as manifestantes, rechazaron el diálogo y llamaron a la policía para dispersar a los/as campesinos/as. Llegaron dos unidades de la Policía Nacional Civil, una unidad de la seguridad privada de la empresa y cuatro vehículos de soldados para cumplir con esa tarea. El día siguiente, la gente se juntó otra vez en el mismo lugar. Los representantes de la mina y los/as manifestantes lograron platicar y la empresa se comprometió a atender las demandas de la comunidad de retirar la maquinaria al día siguiente, a las 9 de la mañana. El viernes 12 de junio, a dicha hora, unas doscientas personas se juntaron para asistir al cumplimiento del acuerdo. Pasaron las horas pero no llegó ningún representante de la minería. La gente se enojó por este incumplimiento del compromiso de la mina y al mediodía quemó la maquinaria.

Como resultado de esta situación, la empresa interpuso siete denuncias dirigidas a líderes/ezas comunitarios/as miguelenses, una de las cuales resultó en un orden de captura en contra de una mujer quien hasta la fecha está prófuga. Además, el lunes 15 de junio, alrededor de 70 policías con unidades del ejército llegaron a la sede de la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán (ADISMI) para encontrar la prófuga y acusó a los/as integrantes de la organización de complicidad.

Cabe mencionar que varias agrupaciones europeas de derechos humanos consideran con “[extrema preocupación]…la persecución penal contra miembros de comunidades afectadas por megaproyectos, líderes sociales, ONGs y defensores de derechos humanos, que entre otros, busca criminalizar la protesta social.” Además, la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala afirman en su Informe Preliminar de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que al inicio de este año “se ha detectado que 388 campesinos se encuentran con órdenes de captura vigentes porque en lugar de resolver la problemática de la tierra se utiliza la agudización de conflictos y la vía penal para controlar a la población y la demanda de los derechos humanos.”

Unos días después del conflicto en Sacmuj, tuvo lugar una marcha en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán donde participaron alrededor de 1400 personas incluyendo los/as trabajadores/as de la mina y sus familias y amigos/as. Marcharon en la ciudad, vestidos/as con camisetas blancas, llevando flores y velas con mensajes en contra de los/as líderes de los movimientos de oposición a la mina incluyendo el sacerdote de la parroquia, sindicado de incitación al odio y a la violencia en el municipio. Aunque el sacerdote ha tomado una postura contraria a la presencia de la mina en el municipio, rechazó las acusaciones de odio y violencia . Dicha marcha, llamada “la marcha de la paz”, se acabó enfrente de la iglesia donde los/as integrantes depositaron cientos de velas y algunos/as manifestantes ingresaron para orar.

El 30 de julio, un mes y medio después de los incidentes en Sacmuj, la Comisión Parroquial Paz y Ecología (COPAE) presentó su segundo informe anual del monitoreo y análisis de la calidad del agua donde exprime un nivel de cobre, aluminio, manganeso y arsénico que superan el límite máximo permisible por el Banco Mundial para minería a cielo abierto en los ríos Tzala y Quivichil, ubicados alrededor de la mina Marlin. Sin embargo estas cifras fueron rechazadas por representantes de la empresa cuestionando la validez de este monitoreo. En un campo pagado en la Prensa Libre del 10 de agosto del 2009, Montana Exploradora acusa al informe de COPAE de carecer de “respaldo científico, técnico y ético” y de ser una herramienta “para crear conflictos con las comunidades” .

Los movimientos comunitarios continúan a organizar campañas de información y procesos de consulta a pesar de que sus líderes/ezas siguen siendo victimas de intimidaciones tales como amenazas de muerte recibidas en mensajes de textos de sus celulares y campañas de difamación que viene a través de folletos anónimos circulados dentro del municipio. Se considera que estos actos de intimidaciones tienen el propósito de impedir el desarrollo del trabajo que estos/as defensores/as de derechos humanos realizan.

Muchas de estas amenazas han sido denunciadas frente a autoridades locales pero hasta la fecha quedan en la impunidad. Un ejemplo del pretexto de obstaculizar el trabajo comunitario se presenta en la amenaza de muerte que Javier de León, de ADISMI, recibió en un mensaje de texto en su celular el día 15 de junio. El mensaje decía “Hola señor de León, no te metes donde no te conviene, si te metes despídete de tu mujer y despídete de tus queridas. Y solo espera la muerte…” Esta amenaza fue denunciada el martes 16 de junio en el Ministerio Público de San Marcos pero hasta la fecha no ha sido investigada.

Se espera que en el mes de septiembre que se realice la primera audiencia en contra de las siete personas que recibieron denuncias relacionadas a los acontecimientos en Sacmuj. Además, el alcalde de la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, ahora a favor de la consulta, quiere que ésa tenga lugar en el transcurso del mes.
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Por ACOGUATE
Foto: ACOGUATE

1. Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE). 2009. “Segundo Informe Anual del Monitoreo y Análisis de la Calidad del Agua.” - http://resistencia-mineria.org/espanol/files/Segundo_%20Informe_Anual_del_Monitoreo_y_Analisis_de_la_Calidad_del_Agua-COPAE.pdf
Oxfam América. 2008. “Minería de metales y desarrollo sostenible en Centroamérica: Una valoración de costos y beneficios,”
Oxfam América. 2008. “La Minería de Metales en Centroamérica: Dolor y Resistencia.”
2. Véase “Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo presiones” - junio de 2009 - http://guatemala.at/ido%20smi/ido_sanmiguel.pdf
3. Un papel firmado por los representantes de la empresa y algunos comunitarios.
4. Entrevista con Javier de León – 18/06/2009.
5. Véase “Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo presiones” - junio de 2009 - http://guatemala.at/ido%20smi/ido_sanmiguel.pdf
6. Para más información, ver el Convenio. [en línea] http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv169/convenio.shtml
7. Entrevistas con miembros de ADISMI – 18 y 19/06/2009.
8. Según el comunicado de las comunidades afectadas por la mina, de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán, de ADISMI, de la Pastoral Juvenil y de Derechos en Acción – 12/06/2009 y entrevistas con miembros de ADISMI – 18 y 19/06/2009.
9. Según el comunicado de las comunidades afectadas por la mina, de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán, de ADISMI, de la Pastoral Juvenil y de Derechos en Acción – 12/06/2009.
10.Entrevistas con miembros de ADISMI – 18/06/2009 y 19/06/2009.
11.Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y Mexico (CIFCA), Plataforma Holandesa Contra la Impunidad en Guatemala, APRODEV, Grupo Sur y CIDSE. Julio, 2009. Recomendaciones Sobre Guatemala al Consejo de la Unión Europea.
12.Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Abril, 2009. “Informe Preliminar de Defensores y Defensoras de Derechos Humano: Enero-Abril 2009.”
13.Prensa Libre. 18 de junio de 2009, “Marcha por la paz.” – página 38
14.Entrevista con el Padre Erick Gruloos – 19/06/2009
15.Prensa Libre. 31 de julio, 2009. “Diócesis de San Marcos denuncia presencia de metales en fuentes de agua.” http://prensalibre.com/pl/2009/julio/31/331904.html
16.Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE). 2009. “Segundo Informe Anual del Monitoreo y Análisis de la Calidad del Agua.”
17.Prensa Libre. 10 de agosto, 2009. Campo Pagado de Montana Exploradora. Página 31.
18.Entrevistas con miembros de ADISMI – 18 y 19/06/2009.

Un año de lucha de SITRAPETEN y la situación sindical en Guatemala

El 3 de mayo de 2009 conmemora un año de lucha para SITRAPETEN, un sindicato formado de trabajadores de la Distribuidora del Petén. Después de la formación de SITRAPETEN, los miembros fueron despedidos, y desde entonces han sido sometidos a intentos de sobornarlos para que dejen el sindicato. En febrero de este año, fue ordenada su reinstalación. Sin embargo, hasta la fecha, la orden no ha sido respetada. Dentro de un contexto en el cual el Consejo General de la Organización Mundial de Comercio ha nombrado “insuficiente” la protección de los derechos sindicales, los miembros de SITRAPETEN siguen luchando. ACOGUATE les ha acompañado desde mayo de 2008.(1)

El primero de mayo es sinónimo a nivel mundial con la adquisición de los derechos laborales. Sin embargo, el año pasado, pocos días después del Día Internacional de los Trabajadores, los derechos laborales de un grupo de empleados guatemaltecos fueron violados después de haber formado un sindicato. Al analizar la situación sindical que existe actualmente en Guatemala, se ve que este caso de SITRAPETEN no está aislado.

El caso de SITRAPETEN
Los empleados de la Distribuidora del Petén, que distribuye Agua Pura Salvavidas, empezaron el proceso de formalizar un sindicato en febrero de 2007 para manifestarse en contra de salarios bajos y presión de cumplir con cuotas exageradas. Sus intentos a registrarse con el Ministerio de Trabajo fueron rechazados seis veces.(2)

El 3 de mayo de 2008, la empresa convocó a los miembros del sindicato, informándolos que deberían renunciarse de la Distribuidora del Petén, ya que estaba en quiebra. Según miembros de SITRAPETEN, otros trabajadores fueron ofrecidos contratos con cuatro otras empresas, pero la oferta no fue extendida a ellos.(3) En frente de la Cervecería Centroamericana, algunos trabajadores manifestaron en contra de estas acciones de la empresa. Este grupo de unas 40 personas fue desalojado por la Policía Nacional con sus fuerzas antimotines, y miembros de la seguridad privada de la empresa .(4) En un clima de intimidaciones y amenazas, Fredy Morales, dirigente de SITRAPETEN, fue baleado a una cuadra de su casa el 8 de junio de 2008 en circunstancias no esclarecidas. La muerte de Morales queda en la impunidad. Hasta la fecha, los miembros de SITRAPETEN siguen siendo sometidos a intentos a sobornarlos para que dejen su lucha.(5)

El 6 de febrero de 2009, el juzgado sexto ordenó la reinstalación de los miembros de SITRAPETEN. Hasta la fecha, siguen sin ser reinstalados. Dentro del contexto de la situación sindical guatemalteca, la lucha por los derechos laborales de los integrantes de SITRAPETEN nunca iba a ser fácil.

Violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas
En un ámbito general de los derechos humanos que ha sido clasificado por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, (6) entre otros, como “preocupante”, los sindicalistas forman el grupo de defensores más amenazados. Datos publicados por la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA)(7)informan que entre enero y octubre de 2008, los sindicalistas fueron víctimas de más que una cuarta parte (47) de todas las agresiones registradas en contra de defensores de derechos humanos (180).

Tales agresiones en contra de sindicalistas pueden contribuir al bajo nivel de participación en sindicatos en Guatemala. El Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un informe de febrero de este año estima el índice de sindicalización a sólo el 3% de la fuerza laboral. La situación es aún peor en las Zonas Francas Industriales (las “maquilas”).(8) Además, el Consejo General denunció el hecho de que “aunque Guatemala ha ratificado los dos convenios de la OIT relativos a los derechos sindicales, la protección de los derechos definidos en los mismos resulta totalmente insuficiente”.(9)

La publicación del informe de la OMC viene después del anuncio en enero de este año por parte del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos (DOL por sus siglas en ingles) que cinco denuncias presentadas por sindicalistas guatemaltecas en abril de 2008 se consideran como graves violaciones del Código Laboral. No obstante, el DOL avisó que no iba a recurrir a sanciones por incumplimiento del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).(10) En una entrevista con ACOGUATE, Edwin Álvarez de SITRAPETEN ha mostrado su preocupación por esa situación, diciendo que ve “algo en conjunto (sic) apoyar a esa situación, porque si ellos vieron de que realmente había una violación a los derechos laborales será justo que lo sancionaran... si ellos no han sancionado a Guatemala o no lo quieren sancionar, es que tal vez han sido engañados. Pero para no ser engañados, que manden comisiones a ver qué realmente la clase trabajadora en Guatemala sí está sufriendo las violaciones”.(11)

Con la actual crisis económica, existen preocupaciones que la situación de los derechos laborales se va a empeorar aún más. El 29 de abril de este año, estaba previsto a llegar una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de Ginebra, Suiza con el objetivo de “facilitar un diálogo entre el sector empleador y el sector trabajador, para lograr poner en vigencia el Convenio 175”.(12) Este convenio permitiría la contratación a tiempo parcial. Sin embargo, discusión del Convenio aquí en Guatemala ha generado mucha angustia. Rigoberto Dueñas, representante del sector sindical ante la Comisión Tripartita para Asuntos Laborales, muestra preocupación de que el Convenio resultará en la contratación de trabajadores sin contratos por un período indefinido, carencias de prestaciones laborales, o la facilitación del despido de miles de trabajadores.(13) Edwin Álvarez de SITRAPETEN reitera las mismas dudas: “esta situación, lo que viene a empeorar la situación laboral, debido a que los empresarios que se dedican a explotar a todos los trabajadores van a contratar a las personas trabajadoras con un horario y sin prestaciones y a ellos es muy fácil según la ley...”.(14)

Sigue la lucha para el sindicalismo...
En junio de 2000, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) presentó su informe sobre los derechos laborales, donde indicó que aún estaba presente “la creencia de que la organización sindical es fuente de problemas y obstruye la buena marcha de la empresa. Es fundamental erradicar el uso del despido como medio para evitar el ejercicio del derecho de asociación de los trabajadores”.(15) Nueve años después y todavía hay despidos para evitar el derecho de asociación en Guatemala, como en el caso de SITRAPETEN que el 3 de mayo cumplió un año de lucha por su derecho de sindicalizarse.

Escrito por ACOGUATE
Foto de ACOGUATE: La nueva manta de las instalaciones de SITRAPETEN en frente del Palacio Nacional.
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Notas de referencia:
1. Para más información véase Acoguate blog, 18 de julio de 2008, Los trabajadores de Salvavidas – SITRAPETEN, www.acoguate.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
2. Véase entrevista con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, Acoguate, 7 de julio de 2008, www.acoguate.blogspot.com/2008_07_01_archive.html
3. Conversación con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, 30 de abril de 2009
4. Ibid.
5. Varias conversaciones con miembros de SITRAPETEN durante este año (2009)
6. Prensa Libre, 10 de diciembre de 2007, Denuncian precaria situación de los derechos humanos en Guatemala, www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/10/190082.html
7. Informe preliminar de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala del periodo de enero a octubre del año 2008, UDEFEGUA
8. Informe para el examen de la política comercial de Guatemala por parte del Consejo General de la OMC, Ginebra, 2 – 4 de febrero de 2009, www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Examen_OMC_feb2009_-_Guatemala_final_SP.pdf
9. Ibid.
10.El Periódico, 21 de enero de 2009, EE.UU. no sancionará a Guatemala por violaciones laborales, www.elperiodico.com.gt/es/20090121/economia/87421/
11.Entrevista con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, 28 de abril de 2009
12.Prensa Libre, 28 de abril de 2009, Misión de OIT busca consenso para poner en vigencia del Convenio 175, www.prensalibre.com/pl/2009/abril/28/310966.html
13.El Periódico, 28 de abril de 2009, Ejecutivo estudia flexibilizar política laboral ante la crisis, www.elperiodico.com.gt/es/20090428/economia/99088
14.Entrevista con Edwin Enrique Álvarez Guevara, secretario general de SITRAPETEN, 28 de abril de 2009
15.Informe de MINUGUA, 2000, citado en el informe sobre Derechos Laborales (borrador), de la Comisión para el Empoderamiento Legal de los Sectores Pobres y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, www.undp.org/legalempowerment/reports/National%20Consultation%20Reports/Country%20Files/11_Guatemala/11_5_Labor_Rights.pdf

Importantes acontecimientos en el caso por genocidio

El caso nacional por genocidio llevado por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) está empezando su noveno año dentro del sistema jurídico guatemalteco. Los/as involucrados/as en el caso y varios grupos e individuos nacionales e internacionales siguen en la espera del cumplimiento de la justicia. El día 25 de febrero – Día de las Victimas del Conflicto Armado - tenía que marcar otro paso importante en el proceso ya que según orden judicial emitido por la Corte de Constitucionalidad se terminó el plazo para que el Ministro de Defensa, Abraham Valenzuela, entregara los cuatro planes militares (1) al Ministerio Público para que después puedan ser utilizados como pruebas y eventualmente evidencia en el caso por genocidio. Sin embargo este importante avance se frustró por lo que varias organizaciones de derechos humanos lo llaman un incumplimiento del debido proceso y “una burla para los familiares de las víctimas que buscan justicia”(2).

ACOGUATE ha acompañado a la AJR y CALDH a lo largo de este proceso, desde 2000, y sigue acompañando y monitoreando su participación en los casos de genocidio.

El 25 de febrero, a las 12 de la tarde, había alrededor de 5000 personas de varios departamentos reunidas en el parque central como parte del evento organizado por el gobierno de Álvaro Colom y el Programa Nacional de Resarcimiento en conmemoración del décimo aniversario de la publicación de los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico(3). En su discurso el Presidente Colom anunció que hace una hora y media los cuatro planes militares habían sido entregados por el Ministro de Defensa al juez segundo de primera instancia, Jorge Mario Valenzuela(4).

Sin embargo, alrededor de una hora antes, en una audiencia(5)entre el juez Valenzuela, el Ministro de Defensa, el Ministerio Público y CALDH/AJR, el Ministro de Defensa puso dos carpetas sobre el escritorio del juez indicando que eran los planes Firmeza 83 y Victoria 82. Cuestionado sobre los dos otros planes que tenía que entregar, el Ministro de Defensa decía que desconocía el paradero de estos planes y que no sabía de su existencia(6). Al final, el juez no recibió ninguno de los planes presentados, indicando que el juzgado no era un lugar seguro para guardarlos. El Ministro de Defensa los llevó de nuevo terminando así la audiencia.

Varios activistas de derechos humanos critican lo sucedido manifestando lo siguiente:

Carmen Aída Ibarra de la Fundación Myrna Mack: “Las autoridades del Ministerio de la Defensa actuaron con cinismo e incurrieron en desacato, al no presentar los cuatro planes militares. El juez (Jorge Mario Valenzuela) actuó con desconocimiento de sus funciones, al no haber exigido la entrega de estos documentos al Ejército, porque tenía la potestad para pedirlos y guardarlos en un lugar seguro.”

Iduvina Hernandez de Seguridad en Democracia - SEDEM: “Al no haber entregado los cuatro planes militares, el ministro de la Defensa (Abraham Valenzuela) incurrió en obstrucción a la justicia; si se niega a entregar estos documentos es porque está encubriendo a los responsables del genocidio durante las masacres en la guerra interna.”

Juan Francisco Soto y Mario Minera, CALDH: “Hubo anomalías en esta diligencia, porque no fuimos notificados, y fue una burla para los familiares de las víctimas que buscan justicia”. Agregó que al no entregar los planes se demuestra que (el Ministerio de la) Defensa insiste en proteger a Ríos Montt y a militares afines(7).

Mañana, el 27 de febrero, a las 10am se está convocando a la sociedad civil y la prensa “para solicitar al Ministerio Público la investigación del Ministro de la Defensa por los delitos de desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento propio al no cumplir con la resolución de la CC y la solicitud del MP de entregar los cuatro planes militares”(8).

Por ACOGUATE
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1) Plan Sofía, Operación Ixil, Firmeza 83, Victoria 82
2) http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/297982.html
3) Cabe mencionar que en estos informes se responsabiliza al gobierno guatemalteco de haber cometido actos de genocidio.
4) El juez segundo de primera instancia, Jorge Mario Valenzuela, es el mismo juez que el 12 de marzo, 2007 resolvió que el Ministerio de la Defensa exhibiera los cuatro planes militares.
5) CALDH/AJR no fueron oficialmente avisados sobre esta audiencia y que de todos modos el procedimiento oficial era de que el Ministro de Defensa tenía que entregar los documentos al Ministerio de Defensa en la sede de este mismo.
6) http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/298241.html
7) http://www.lahora.com.gt/notas.php?key=44875&fch=2009-02-25
http://www.prensalibre.com/pl/2009/febrero/26/297982.html
http://www.sigloxxi.com/noticias/26807
http://www.elperiodico.com.gt/es/20090226/pais/92550/
8) Comunicado emitido por la Coordinación Genocidio Nunca Más.

Caso El Jute: Pasado, Presente y Futuro de una Lucha

La Corte de Constitucionalidad ampara a militar acusado de la desaparición de 7 personas

Foto: Activistas critican la aplicación de la Ley de Reconciliación en casos de crímenes de lesa humanidad

A finales de los años 1970, una pelea personal entre el comisionado militar Salomo Maldonado y miembros de familias de la aldea El Jute tuvo como resultado que Maldonado denunciara a varias personas por tener vínculos con la guerrilla. En los años más violentos de la política contra-insurgente, el día 19 de octubre de 1981, ocho de estas personas fueron desaparecidas bajo las órdenes de Mario Enrique Sánchez Samayoa, coronel de la zona militar de Zacapa, con la participación de Maldonado y de dos comisionados militares más.

En el año 2000, familiares de las víctimas formaron el Comité con el objetivo de enjuiciar al coronel y a los tres comisionados por crímenes de tortura y desaparición forzada. Desde entonces están llevando una lucha jurídica sembrada de apelaciones y amparos. El juez de primera instancia penal decidió en 2005 que no iba a haber juicio para desaparición forzada, sino por plagio y secuestro. Los 4 acusados llevan más de tres años encarcelados en prisión preventiva.

Al inicio de diciembre del 2008, el Comité de víctimas de El Jute y sus grupos y organizaciones acompañantes conocieron cómo se hacía efectiva la decisión de la Corte de Constitucionalidad, por la cual se amnistía al coronel Sánchez Samayoa y se retiran las medidas de coerción, argumentando que los crímenes de plagio y secuestro pueden pasar bajo la Ley de Reconciliación Nacional, lo que no es el caso de los crímenes de desaparición forzada.

ACOGUATE lleva 3 años acompañando el Comité de víctimas, constatando la situación precaria de seguridad en la cual viven las familias por llevar esta lucha por la justicia.

UN LENTO PROCESO JURÍDICO

El proceso jurídico comienza en el año 2001, cuando la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) interpone un recurso de exhibición personal a favor de los desaparecidos. A lo largo del proceso se han dado múltiples recursos, apelaciones y procedimientos que iban inclinando la balanza alternativamente a un lado y al otro. En concreto, el caso avanza en 2005 cuando la Procuraduría de Derechos Humanos, a raíz de las investigaciones realizadas, formula acusación y solicita apertura de juicio oral en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal.

LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO

La tipificación del delito como plagio o secuestro y no como desaparición forzada, delito éste último de lesa humanidad y que no admite la extinción de la responsabilidad penal, supone una de las claves del proceso. La Procuraduría de Derechos Humanos formuló la acusación por los delitos de: desaparición forzada, delitos de deber de humanidad y detención ilegal en concurso real, mientras que el juez de primera instancia penal, Cojulum, cambió la tipificación del primero por la de secuestro o plagio, el cual sí es amnistiado bajo los artículos 2 y 4 de la Ley de Reconciliación Nacional.

Además de GAM, distintas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos (Fundación Myrna Mack y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) han subrayado la preocupante actitud de la Procuraduría, al silenciar dicho cambio, como también su pasividad al ser retirada como parte no involucrada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones en el 2005 (1).

No ocurrió lo mismo en Choatalúm, donde se abrió juicio penal contra Felipe Cusanero, ex-comisionado militar acusado de la desaparición forzada de 6 personas entre el 82 y el 84. La juez en este caso sí admitió esta tipificación. El caso lleva desde Abril en la mesa de la Corte de Constitucionalidad, al haber alegado los abogados de Cusanero la irretroactividad de la ley. El delito de desaparición forzada no existió hasta el año 1996 (véase artículo anterior para más información del caso).

Pero volviendo a El Jute, cabe mencionar que los testimonios de los testigos y familiares de la aldea señalan el delito de tortura como uno de los practicados por los acusados.

En el contenido de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se hace mención a que los actos de los acusados se enmarcaban dentro o bajo los verbos “prevenir, impedir, perseguir o reprimir delitos políticos”, lo que inevitablemente relaciona a las personas desaparecidas con la guerrilla. Pero los recursos de la PDH y del MP han señalado que este argumento no ha sido suficientemente probado y no es excusa para la desaparición de estas personas (2).

Además, el Estado de Guatemala ha firmado numerosos tratados internacionales que le obligan a garantizar la protección de las personas y la responsabilidad del Estado ante los delitos de lesa humanidad. La decisión de la Sala de la Corte de Apelaciones, ratificada ahora por la Corte de Constitucionalidad contraviene peligrosamente la Convención de Ginebra, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, las recomendaciones del Comité Contra la Tortura sobre no usar la Ley de Reconciliación Nacional en estos procesos, y a las mismas autoridades de la CSJ (3).

“SENSACIONES ENCONTRADAS” EN EL JUTE

El comité está formado por 27 personas, testigos y familiares de los desaparecidos del 1981, que viven en El Jute pero también en aldeas vecinas como en El Limón, de donde viene el comisionado Maldonado. Los miembros del grupo viven al lado de los familiares de los comisionados encarcelados desde 2005, y esta conflictividad siempre constituye un riesgo para ellos. En los últimos años, ya enfrentaron varias intimidaciones y amenazas de muerte por parte de los familiares de Maldonado.

Con la decisión de amnistiar al coronel Sánchez surge para los miembros del comité una nueva ola de inseguridad. Se preguntan sobre los posibles actos o reacciones del coronel hacia ellos, cuando vaya a salir en enero de 2009 después de tres años encarcelado. Se preocupan también de que los tres comisionados lleguen a salir, lo que les parece muy probable frente a la amnistía de Sánchez.

GAM subrayó que los tres comisionados, observando el caso del coronel, hicieron una solicitud para ser amnistiados también. Mientras tanto el Estado no se está responsabilizando frente a las amenazas que reciben sus ciudadanos y no se puede confiar en las instituciones oficiales para cuidar la seguridad de los miembros del grupo. A la vez GAM considera que las instituciones tampoco tienen las capacidades y los recursos suficientes para garantizar la seguridad de la gente del comité, lo que les preocupa no sólo ahora, sino a largo plazo, en la óptica de seguir luchando varios años en otros niveles de la justicia. La desprotección física, diaria y local se acentúa más con la desprotección jurídica que se siente (4).

Esta decisión de la Corte es un golpe duro para los miembros del Comité que llevan años de gastar energía para luchar y para mantener vivas la voluntad y las esperanzas frente a una impunidad generalizada. Criticando fuertemente la liberación del coronel Sanchez Samayoa un miembro del comité expresó “El coronel es el que lleva el peso de la culpa, los tres comisionados sólo eran mensajeros. El coronel, es él quien pensó y premeditó los actos, y a él lo liberan!”

La gente evoca sentimientos de impotencia, de frustración y de vergüenza viendo cómo puede ser difícil afectar la impunidad de los militares en Guatemala. “Los militares tienen poder, dinero, y amistades” declaró un miembro del comité refiriéndose a la sospecha de parcialidad que evocó el GAM en su comunicado del 7 de diciembre (3). Dicho comunicado señala que “el abogado defensor del coronel Sánchez Samayoa ha compartido oficina durante más de 30 años con el magistrado Francisco Flores”. También la Fundación Myrna Mack, en su comunicado del 10 de diciembre, menciona que “en toda la gestión del caso El Jute ha habido litigio malicioso y numerosas anomalías (...) que han servido a la impunidad de diversas maneras” (1).

Es importante destacar la gravedad de la decisión de la Corte en relación con la dignificación de las víctimas. Como representantes de GAM señalan, originalmente, con la acusación de desaparición forzada se buscaba reconocer que los individuos desaparecidos en El Jute en el 1981 eran campesinos inocentes, víctimas de la represión violenta por parte del Estado. Al no ser aceptada la acusación original se suponía que las víctimas tenían vínculos con la guerrilla y que su desaparición era justificada por los tiempos de guerra contra-insurgente. Ahora, al amnistiar a los responsables bajo la Ley de Reconciliación Nacional, la Corte reafirma este punto de vista. Para los familiares de los desaparecidos, esta amnistía contribuye a negar la dignificación de las víctimas, y a deslegitimizar su lucha (4).

Con referencia a miembros del comité, algunos miembros expresaron su cansancio y desilusión por luchar tantos años para el caso de El Jute, en un contexto de inseguridad y amenazas, exponiéndose a la conflictividad y a los riesgos en su propia aldea. Pero muchos están listos todavía para ver con el apoyo de GAM qué estrategias jurídicas se pueden llevar a cabo, para no abandonar la lucha por este fallo. “Nosotros perdimos el juicio, pero podemos seguir haciendo más cosas, tal vez no para nosotros mismos” (5).

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Escrito por ACOGUATE
Foto por ACOGUATE

Fuentes
(1) Comunicado de la Fundación Myrna Mack, 10 de Diciembre 2008
(1) Comunicado del CEJIL, 12 de Diciembre 2008 : http://cejil.org/comunicados.cfm?id=870
(2) Resolución de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, Apelación Número 07-2007, 12 de Noviembre 2008.
(3) Campo pagado de la Procuraduría de Derechos Humanos: un grave retroceso para los derechos humanos. Prensa Libre, 11 Diciembre 2008
(3) Comunicado de la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo, 7 de Diciembre 2008.
(4) Reunión con GAM, 18 de Diciembre 208.
(5) Visita en El Jute, 14-16 de Diciembre 2008

Otras fuentes:

Ley de Reconciliación Nacional de 27 de Diciembre de 1996, Decreto n° 145-1996

Prensa Libre:
Edición electrónica, http://prensalibre.com/pl/2008/abril/09/230922.html
Edición impresa de 8 de Diciembre 2008, página 10.

La Hora:
Edición impresa de 10 de Abril 2008, página 12.
Edición impresa de 12 de Diciembre 2008, página 13.
Edicición impresa de 13 de Diciembre 2008, página 3

Caso Ixcán y la hidroeléctrica Xalalá

Debido a la falta de ofertas el 7 de noviembre se declaró desierta la licitación de la Hidroeléctrica Xalalá, planificada para la región del Ixcán. Al final, ninguna de las nueve empresas que habían mostrado interés en el proyecto, concretizó su propuesta. Además salió a luz publica que una empresa manifestó que había identificado riesgos sociales, ambientales y financieros en la implementación del proyecto. Funcionarios del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informaron que seguirán impulsando el proyecto que generaría 181 megavatios y aseguraron que están analizando otras opciones para financiar el proyecto. Desde febrero de 2007, ACOGUATE ha brindado acompañamiento a varias comunidades que se verían afectadas por la represa Xalalá en el caso de que fuera construida.
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Traducción de artículo que fue publicado en el
San Francisco Chronicle, 8 de junio de 2008
Versión original en inglés
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[Alejandro Che] Paau nació en Las Margaritas Copón, una aldea de 300 habitantes ubicada a la orilla de los ríos Chixoy y Copón en la región norte de Guatemala. Cultivos de maíz y cardamomo rodean varias decenas de casas, adonde solo se puede llegar por barco o a pie.

El cruce de los ríos, a 20 minutos de la casa de Paau, es el sitio propuesto para la segunda represa hidroeléctrica más grande de Guatemala – la represa Xalalá. La comunidad de Paau es una de 18 comunidades que podrían ser inundadas por el embalse de 7.5 kilómetros cuadrados.

La represa Xalalá se suma a otros proyectos que el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) ha elaborado para atraer inversión extranjera en energía renovable. Se espera un aumento de 10 por ciento de las reservas nacionales de energía, la generación de beneficios anuales de entre 100 millones y 150 millones de dólares, y energía a precios accesibles para más de 2 millones de personas, mientras se ahorran 4 millones de barriles de petróleo al año.

Fredy López, el vocero del INDE, indicó que el proyecto hidroeléctrico presenta una oportunidad para que Guatemala reduzca su dependencia en el petróleo y en la energía importada. "Utilizando tecnología limpia, la hidroeléctrica aumentará la productividad de Guatemala y el acceso a energía."

Por otro lado, la represa podría inundar las casas de 2,338 personas a lo largo de 41 kilómetros del río Chixoy y 16 kilómetros del río Copón, afectando a 36 comunidades. El gobierno no ha presentado un plan de resarcimiento y según López, el Gobierno se niega a declarar acerca de dichos planes por el momento.

En abril del 2007, comunidades afectadas por la represa Xalalá realizaron una consulta acerca de mega-proyectos como Xalalá y la exploración de petróleo en el territorio - un derecho que les concede la Constitución y la ley municipal - de 21,155 votantes, 89.7 % votaron “No”. Sin embargo, el máximo órgano judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, ha fallado que los resultados de las consultas no son vinculantes si el tema de la consulta es considerado un asunto de interés nacional.

Paau espera que la consulta sea respetada y cita como base legal los respectivos pasos de la Constitución y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los dos documentos reconocen el derecho de los pueblos indígenas de definir "sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural"

En 1982, las fuerzas armadas masacraron a 177 mujeres y niños en Río Negro, una aldea a la orilla del Río Chixoy, 50 kilómetros al sur de Las Margaritas Copón, para construir la hidroeléctrica más grande de Guatemala. En ese entonces, las comunidades Achí se opusieron claramente a la represa de 300 megavatios. Ocurrieron tres masacres más en 1982, en las que 444 de los 791 residentes de Río Negro fueron masacrados, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico. La represa Chixoy fue financiada en gran parte por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La comunidad de Río Negro y más de 27 caballerías de tierra cultivable fueron inundadas. Las fuerzas armadas obligaron a los sobrevivientes a vivir en un pueblo militarizado a más de cuatro horas de distancia de la comunidad inundada.

Hoy en día, sobrevivientes de Río Negro aún están luchando para recibir resarcimiento. Viven en lotes chiquitos y áridos a ocho horas de distancia de las parcelas cultivables que el gobierno les proporcionó. A pesar de que el plan de reubicación del INDE les prometía energía eléctrica y agua potable gratuita, la mayoría de la gente no puede pagar sus facturas eléctricas o de agua, ni siquiera pueden pagar el pasaje para llegar a sus parcelas para trabajarlas. El INDE mantiene que ya ha cumplido con las obligaciones de reubicación y que desde la privatización de las empresas de servicio público en 1998, ya no se hace responsable de proveer energía eléctrica a las comunidades reubicadas ni de responder a las quejas relacionadas con el resarcimiento.

Aunque, hasta la fecha, oficiales del INDE aún no se han acercado a los residentes de Las Margaritas Copón, Paau teme que el proyecto Xalalá deje a su comunidad con los mismos problemas que los de Río Negro. "Sabemos que no están construyendo esta represa para nosotros," dijo Paau.

Aviva Imhof, directora de campañas de International Rivers, un grupo sin fines de lucro basado en Berkeley, California, dice que el gobierno no debe impulsar el proyecto de la represa hasta que cumpla con sus obligaciones de resarcimiento anteriores.

"El gobierno debe hacer una evaluación amplia de todas las opciones para lograr las necesidades energéticas del país, y debe resarcir a las comunidades afectadas por la represa Chixoy, antes de hacer cualquiera decisión para avanzar con el proyecto Xalalá," dijo Imhof.

Emiliano Panjoj, alcalde de Santa María Tzejá, una aldea donde la mayoría de la gente votó en contra del proyecto en el año 2007, manifiesta que proyectos de ecoturismo de pequeña escala, una escuela diversificada y un centro de salud mejorado beneficiarían más a su comunidad. "No es que estamos en contra del desarrollo,” dice Panjoj, “Solo queremos que sea desarrollo bajo nuestras propias condiciones.”

Para mientras, Paau está a la espera de cualquiera información que pueda afectar el destino de su aldea. "Los periódicos dicen que esta área está deshabitada, que sólo hay unas familias que tendrían que ser reubicadas,” manifestó Paau. "Pero somos miles. Para el gobierno, los ríos significan dinero. Para nosotros, los ríos son nuestras vidas.”
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Foto: Comisión Coordinadora de la Consulta, Ixcán
1 Solano, Luis: Fracasa licitación para Xálala; INDE insistirá, Inforpress 1778, 14/11/08.
2 NISGUA: NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
3 INDE: http://www.inde.gob.gt/xalala/Xalala.html
4 Entrevista con Fredy Lopez, 1-8 mayo 2008
5 Ibíd.
6 NISGUA’s Report on Guatemala, Volume 28 Number 2, Summer/Fall 2007
7 San Francisco Chronicle, “Placing Blame For Genocide: Guatemalan massacre survivors seek damages from dam financiers,” 16 noviembre 2000, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2000/11/16/MN94314.DTL&hw=chixoy+dam&sn=002&sc=591
8 Ibíd.

V Encuentro sobre Racismo y Genocidio

El 19 y 20 de noviembre del año en curso, 380 mujeres y hombres de 101 organizaciones sociales que trabajan, entre otros, en los temas de Derechos Humanos, Justicia y Memoria Histórica – e incluyendo varias organizaciones que ACOGUATE acompaña o ha acompañado – participaron en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala. Desde 2003, la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han organizado este encuentro anual con el objetivo de crear un “espacio para debatir, reflexionar y sensibilizar entorno al racismo y el genocidio en Guatemala, sus causas, la necesidad de recuperar la memoria histórica y luchar por la justicia en las graves violaciones de derechos humanos.” El Encuentro se celebró bajo la lema de Justicia y Resistencia, garantías de la NO repetición.

Ponencia Inaugural – Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición
La ponencia inaugural del Encuentro, en la cual participaron Marc Drouin, Edgar Pérez, Luís Alexis Calderón y Florentino Gregorio Pérez, se hizo bajo el tema Genocidio, recursos naturales y justicia como garantía de NO repetición. Pérez y Calderón presentaron, respectivamente, acerca de la sentencia y la apelación que se dieron en el caso de Río Negro, aldea de Rabinal, Baja Verapaz (Véanse artículos anteriores de este blog), mientras Florentino Gregorio Pérez habló acerca de la Jurisdicción Universal.

Destacaron unos elementos de la ponencia de Marc Drouin, quien expuso las conclusiones de investigaciones que había llevado a cabo en 2005. En su presentación, “El genocidio guatemalteco de 1982”, Drouin discutió sobre la definición de genocidio según la ley internacional y la aplicación de tal calificación a los crímenes cometidos en el altiplano guatemalteco a principios de los años 1980. Explicó que en estos años, el ejército guatemalteco siguió el mismo modus operandi en los ataques que cometió en contra de poblaciones indígenas en casi todo el altiplano guatemalteco, en distintas zonas y destacamentos militares –demostrando la intención genocida con la cual actuó el ejército guatemalteco. También planteó que una de las posibles ‘motivaciones’ tras esta intencionalidad de exterminar a las poblaciones Mayas se encuentra en el movimiento cooperativista que representaba un intento de parte de las poblaciones indígenas de organizarse para buscar su propio camino hacia el desarrollo y su independencia económica. Esta voluntad de buscar “una manera de no ir a la costa,” como explicó Drouin, ponía en peligro el esquema económico dominante que desde la colonización española está basado en la explotación de la mano de obra barata que representa la población indígena despojada de tierra y con escaso acceso a modos de producción.

A continuación, los participantes se dividieron en varias mesas de trabajo según diferentes áreas temáticas. Entre ellas estaban los temas de “Mujeres y Resistencia” y la “Re-militarización”.

Mesa de trabajo “Mujeres y Resistencia”
En el seminario “Mujeres y Resistencia”, se juntaron unas 40 participantes para discutir y compartir acerca de las formas en las cuales las mujeres están resistiendo en la coyuntura política actual. Andrea Barrios, representante del Sector de Mujeres abrió la mesa de trabajo presentando la experiencia que tuvo esa agrupación de mujeres en movilizarse y luchar para organizarse y tener un espacio como mujeres en las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Explicó que en ese entonces, se planteó que el conflicto armado interno había afectado a las mujeres en una forma específica y que, por lo tanto, se tenía que incluir en los Acuerdos de Paz una respuesta específica. También se planteó que para mujeres Mayas durante el conflicto armado, el papel de reproducción social tomó un carácter de resistencia: el hecho de dar a luz y de cuidar niños en medio de una campaña genocida así como de mantener vivas costumbres, culturas e idiomas era de enfrentarse al intento de genocidio del ejército guatemalteco.

Barrios planteó que una confluencia de factores históricos se ha sumado para formar estructuras de poder – patriarcado, racismo, capitalismo neo-liberal – de las cuales estaban, y sigue siendo excluida la mayoría de las mujeres. El Sector de Mujeres ha llegado a un análisis de que, dada esta realidad, para muchas mujeres la resistencia empieza desde su casa y que el hecho de organizarse ya es una forma de resistencia. Asimismo, la idea sería empezar la resistencia desde lo personal y de vincularla a luchas sociales más amplias, es decir, recuperar espacios y territorios empezando con sus propios cuerpos.

Mesa de trabajo “Re-militarización y Acuerdos de Paz”
En la mesa de trabajo acerca del tema de “Re-militarización y Acuerdos de Paz”, Amilcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, y Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, hablaron sobre una nueva forma de militarización que se está dando en la coyuntura actual. Mencionaron al mismo tiempo que Guatemala ha sido militarizada permanentemente desde la revolución liberal en el año 1871. Afirmaron que, a pesar de que los Acuerdos de Paz de 1996 consignaban que el ejército tenía que redefinir sus funciones, su papel sigue igual. Justificando su presencia en algunas regiones por la presencia de narcotraficantes y por el aumento de violencia y delincuencia, el ejército sirve todavía hoy de herramienta para la estructura económica, imponiendo una estabilidad que asegura la explotación masiva de los recursos naturales y las inversiones extranjeras, y que mantiene fijos los poderes económicos. Pop y Canteo añadieron que, por lo visto, no es una casualidad que las áreas más re-militarizadas hoy en día se ubiquen cerca de los megaproyectos capitalistas.

Los ponentes en esta mesa de trabajo concluyeron que a casi doce años de la firma de la paz, el Estado guatemalteco no ha cumplido con las responsabilidades de justicia transicional que debían seguir los acuerdos de paz, sean la verdad, la justicia, la reparación, y la desmilitarización del país. También insistieron en la importancia de romper la impunidad, de la cual se beneficia el Ejército, relacionada tanto con eventos del conflicto armado como con eventos más recientes, para que exista una garantía de no repetición de los actos de genocidio y un ejercicio democrático funcional en el país.

“Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación”
En el foro de la mañana del 20 de noviembre, Luís Ramírez, Edgar Morales, Ramón Cadena y Alejandro Rodríguez presentaron sus ponencias como parte del foro titulado “Justicia y garantía de no repetición desde la perspectiva del Sistema de Justicia, Sociedad Civil y Medios de Comunicación.”

Dos ponencias destacaron de este foro: la presentación de Edgar Morales, quien expuso el tema del punto de vista de los medios de comunicación, así como la presentación de Alejandro Rodríguez quien habló del punto de vista del Sistema de Justicia

Morales explicó que la mayoría de los medios de comunicación en Guatemala son medios comerciales de propiedad extranjera que tienen un objetivo fundamental lucrativo (y no informativo) y que, por lo tanto, no están actuando en el interés de la mayoría de los guatemaltecos. Afirmó que no piensa que sea muy probable que estos “des-medios de comunicación” se sumen a la lucha de los que buscan la justicia por un conflicto armado “que ellos mismos se encargaron de ocultar”. 2 Al contrario, propuso que, para que los medios de comunicación puedan contribuir a garantizar la no repetición de los hechos cometidos durante el conflicto armado interno, habría que empezar por la construcción de nuevos medios de comunicación alternativos y de mecanismos o redes propios de información en las comunidades.

En su ponencia, Alejandro Rodríguez, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), ofreció una exposición de cómo Guatemala se construyó históricamente como un estado racista y colonial basado en la exclusión y la explotación de los pueblos indígenas; en resumen: un estado de apartheid. Expuso también que, a pesar de que han estado sometidas a condiciones mínimas de existencia, los pueblos indígenas se han rebelado a lo largo de la historia del Estado guatemalteco para resistir a estas condiciones. Según Rodríguez, es esta lógica que condujo al Estado guatemalteco a adoptar las masacres y el genocidio como una política contra-insurgente en los años 1980. Por lo tanto, afirmó que el proceso de transformación del MP y de construcción de una Fiscalía de Derechos Humanos capaz de dar respuesta a las demandas de los pueblos indígenas no sólo es una forma de garantizar la no repetición sino también el cumplimiento de una “deuda histórica.”

Este último foro del V Encuentro sobre Racismo y Genocidio se terminó con una recomendación por parte de Ramón Cadena que invitaba a evitar caracterizar esta lucha por la verdad y la justicia como “utópica” – que significa que nunca se puede alcanzar – porque sí es alcanzable, precisando que la presencia en la sala de sobrevivientes y familiares de víctimas “atestigua que hay gente que tiene ánimo para seguir y que están buscando este cambio.”

Escrito por ACOGUATE
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Notas
1 Declaración Política “Justicia y Resistencia, Garantías de la No Repetición” Quinto Encuentro Sobre Racismo y Genocidio en Guatemala.
2 Edgar Morales, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
3 Alejandro Rodríguez, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.
4 Ramón Cadena, ponencia del 20 de noviembre 2008 en el V Encuentro sobre Racismo y Genocidio, Ciudad Guatemala.

Finca Nueva Linda: Entrevista con Bety Reyes Toledo

El 31 de agosto del 2008 el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda marcó el cuarto aniversario de un desalojo violento y el quinto aniversario de su lucha exigiendo justicia por la desaparición del ex-administrador de la Finca Nueva Linda Héctor Reyes. Desde su desaparición en 2003, la familia de Héctor Reyes y el Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda han presionado al Estado de Guatemala para que se esclarezca el caso. En 2004, la ocupación de la finca por parte del Movimiento como medida de presión resultó en uno de los desalojos más violentos en años recientes, durante el cual se murieron 9 campesinos y 3 policías, cuando la seguridad de la finca y las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron a los campesinos el 31 de agosto del mismo año. Posteriormente, el Movimiento se instaló en unas champas a la orilla de la carretera frente a la entrada de la Finca Nueva Linda para seguir exigiendo justicia en el caso de Héctor Reyes y el caso del desalojo.

El 30 de agosto de este año se juntaron para marcar el aniversario a la orilla de la carretera, celebrando el día después una misa para dar homenaje a los que se murieron durante el desalojo del 2004. El 1 de septiembre centenares de personas marcharon en la capital departamental de Retalhuleu para exigir la justicia ante las autoridades.

A lo largo de su estancia a la orilla de la carretera, el grupo ha sido víctima de amenazas e intimidación por parte del finquero y la seguridad de la finca. ACOGUATE ha acompañado el grupo desde 2006.

ACOGUATE: Son años que están llevando esta lucha. ¿Cuál es su impresión de esta larga lucha?

BRT: Ya [llevamos] cuatro años de lucha en la carretera. No hay nada fácil de estar allá resistiendo en la lucha, pero nosotros decimos de que le vamos a echar ganas donde podamos nosotros para ver que se esclarezca la desaparición de mi padre. Ya llevan 5 años desde la fecha en que se le llevaron y nosotros no sabemos nada. Por esos motivos, todavía seguimos allá en la orilla de la carretera. Nosotros no nos quitamos de allí hasta que se esclarezca la desaparición de mi padre, qué hicieron con él, hasta que se haga justicia.

ACOGUATE: Aparte del caso de Héctor Reyes, también hay el caso de la masacre [del desalojo en 2004]. ¿Cómo está el otro caso?

BRT: Igual está, no avanza el caso de 31 [de agosto]. Varios compañeros se murieron ¿y quién fue responsable? [El finquero] y las autoridades que vinieron a la par [de la seguridad de la finca]. No hay nada en este caso que avanza. No se ha hecho nada para que se haga justicia.

ACOGUATE: ¿Nos puede contar de las actividades del aniversario?

BRT: Estuvimos en el aniversario de 31 de agosto que se realizaba. Se hizo una actividad allí. Se puso una película donde se mira todo lo que pasó el 31 de agosto. Hubo mucha gente apoyando, recordando lo que pasó el 31 de agosto cuando se murieron los compañeros allí en el desalojo. Nos parecía bonito. La marcha del lunes también [estuvo bonito] porque hubo mucha gente. Así puede presionar al Ministerio Público para que puedan ellos agilizar o puedan hacer el caso que avance. Si no miramos nosotros de que sí, ellos nunca van a tomar los papeles a la mano y decir lo vamos a hacer. Tal vez haciendo estas marchas puedan tomar ellos de que estamos todavía nosotros viendo, que todavía estamos nosotros exigiendo la justicia.

ACOGUATE: ¿Cómo es la relación con las autoridades, por ejemplo el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el actual gobierno del Presidente Álvaro Colom?

BRT: No hemos visto ni un avance en el Ministerio Público. No hemos visto qué es lo que se ha hecho. No hemos visto que ellos tengan voluntad de hacer algo, de hacer que se capturen a los responsables. Si ellos estuvieran investigando ya se hubiera avanzado en algo pero no hay nada del caso, se está quedando...Ya cinco años, no es justo de que no se esclarezca la desaparición de él

Sabemos que los responsables todavía andan sueltos y tenemos nosotros la prueba que ellos lo fueron a traer, [el finquero] y [un miembro de la seguridad privada de la finca] y no hay nada de que ellos los puedan capturar. El Ministerio Público no hace nada para agilizar que se haga justicia.

De la PDH [Procuraduría de Derechos Humanos] no hemos tenido nada de información, tal vez voluntad no hay para seguir apoyando el grupo de Nueva Linda.

Hubo cambio de gobierno y [con] el cambio que hubo no se ha visto nada. Vamos en el cambio de gobierno quien es Álvaro Colom, con él no tenemos ni una esperanza tampoco. Nunca hemos tenido la reunión con ellos. No nos han escuchado a nosotros.

ACOGUATE: ¿Como ha sido la relación con los supuestos agresores, y también con la seguridad de la finca?

BRT: Ha sido un poco difícil con ellos porque nosotros estamos en la orilla de la carretera, los tenemos casi a la par. Hay momentos que las seguridades nos han sacado corriendo. Ellos nos han venido presionando. Intentaron envenenar el agua del chorro. Ocho días antes de que nosotros nos fuimos a Europa, fueron a tirar unas golosinas con veneno en el rancho para que las criaturas las comieran. Es una situación muy dura. Estamos amenazados por parte del finquero, también la seguridad del [finquero]…tenemos aquel temor de que nos puedan venir a hacer algo. No podemos estar tranquilos. Ellos saben que nosotros estamos peleando la ida de mi papa y para ellos no es fácil que nosotros estemos siguiendo esta lucha, entonces nosotros tenemos miedo que algún día nos puedan venir a hacer algo.

ACOGUATE: ¿Cómo es la situación del grupo, cómo es el ánimo del grupo de seguir? ¿Que tipo de apoyo ha recibido?

BRT: Nos han venido apoyando varias organizaciones que nos están echando la mano, dándonos el apoyo. Y por otro lado nos ha estado apoyando gente que mira que estamos en esta situación. Tal vez va a haber más gente, y así tal vez va a haber más presión. Ahorita nosotros sentimos más contentos, porque hay más apoyo con tanta gente que nos ha venido a apoyar. Ellos han decidido también a aguantar esta lucha [hasta] que haya justicia.

ACOGUATE: También ha hecho unos viajes. ¿Cómo ve esto de hacer público el caso a nivel internacional?

BRT: Tuvimos la gira en Europa. Yo fui allá por casi un mes. Hicimos el esfuerzo para ir a dar a conocer toda la impunidad que se está viviendo aquí en Guatemala...la verdad es que no es solo uno sino hay un montón de casos. Nosotros queremos llevar este caso que se esclarezca y que no haya todos los casos que andan en la impunidad.

Tal vez por medio de allá todos los países donde nosotros fuimos puedan presionar al gobierno de acá de Guatemala para que se agilice justicia, para que no todo se quede en la impunidad…nosotros tenemos bien claro de que ellos fueron responsables y, saber, con el apoyo de la gente que está alrededor nuestro, podamos lograr lo que nosotros estamos pidiendo, que se haga la justicia.

ACOGUATE: ¿Y a usted personalmente cómo le ha afectado esta lucha?

BRT: Para nosotros ha sido difícil cinco años de que él no ha estado. Es duro que hayan hecho esto con él porque con toda la gente él tenía amistad, nunca se portó mal con la gente. Él era bueno con todos...

Es duro llevar una lucha ya de cinco años, estar en la orilla de la carretera. Nosotros tenemos hijos y hay que darles estudios y estando uno allí uno no tiene como va a poder darles los estudios a los hijos. Hay momentos de que se enferma un hijo, uno no [puede] decir tengo a la mano de todo para poderlo sacar a un médico. No lo tenemos...

Pero nosotros hacemos lo posible para luchar para que el secuestro, el asesinato de mi papá no se quede en la impunidad. Estamos dispuestos seguir hasta ver hasta dónde se llega la justicia. Llegamos a creer que un día se va a esclarecer lo que hicieron con él.

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Entrevista: ACOGUATE
Foto: ACOGUATE